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In-Justicias: Pueblos originarios en la era Cambiemos

Publicada

hace 7 años

11/10/2018

A tres años de la foto entre Macri y Félix Díaz, referentes indígenas cuentan qué hizo y qué no hizo el gobierno. Entre el despojo territorial, la represión, el asesinato de Rafael Nahuel y el cáncer del racismo. POR DARÍO ARANDA
Siete días después de asumir la presidencia, Mauricio Macri recibió en el Museo del Bicentenario a una comitiva de pueblos indígenas, encabezada por Félix Díaz, referente qom de Formosa, y Relmu Ñamku, mapuche de Neuquén. “Vamos a empezar a construir un camino distinto, que los pueblos originarios puedan crecer y desarrollarse”, prometió el presidente.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, sostuvo que la situación indígena era para el Gobierno “un tema prioritario”, y se animó a decir: “Es como la gran deuda pendiente de los derechos humanos en la Argentina, y la idea es trabajar sobre los puntos que ellos nos han trasladado”. El secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, quien fue otro de los que participó en la mesa, precisó algunos puntos: “La agenda de trabajo involucra el tema tierras, y el tratamiento simultáneo de enormes problemas de acceso a la justicia, a la educación, medio ambiente, alimentación, acceso al agua potable, trabajo”.
A casi tres años de aquella reunión-foto, Félix Díaz evita hacer una crítica directa al gobierno nacional pero reconoce que “el problema de los pueblos indígenas se ha agravado mucho, la gran preocupación sigue siendo la problemática territorial, siempre fue así, no es nuevo, y tiene que ver con que se arrastra la falta de titulación de las tierras indígenas”. Sigue Díaz: “Nunca tuvimos una respuesta contundente de ningún Gobierno. Y nunca se ha mejorado la situación indígena”, avisa. Señala que se ha logrado que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) intervenga de forma más directa en casos de salud o de la detención policial de indígenas. Al mismo tiempo que reconoce la disminución del presupuesto para el área.
Sobre los compromisos de Macri con los pueblos originarios, señala que “se han trabado por cuestiones internas de diferentes ministerios”. Avisa que la represión en Formosa se ha frenado, pero que el gobierno provincial disminuyó mucho la ayuda social porque alega que la Nación no le envía fondos. Díaz aclara que desde el gobierno nacional aseguran que sí giran las partidas presupuestarias. “Pelean ellos y nosotros quedamos en el medio”, lamenta. Aclara que desde el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas (espacio creado por decreto presidencial y que ha tenido muchas críticas de otros referentes de comunidades originarias) impulsan un proyecto de ley de “propiedad comunitaria indígena” que avance en la titulación de tierras. “A los pueblos les falta agua, salud, educación, trabajo, vivienda. Nada de eso fue resuelto”, afirma Díaz. Y apunta a otro poder del Estado: “La Justicia es ágil cuando está denunciado al indígena pero es muy lenta cuando el indígena es el que denuncia”.
Relmu Ñamku es una dirigente mapuche de Neuquén que en 2015 enfrentó un juicio oral por defender el territorio del avance petrolero. Estuvo a punto de ir a prisión por ese motivo y Amnistía Internacional tomó su caso como referencia de criminalización de la lucha indígena.
Ñamku también participó de la reunión con Mauricio Macri en diciembre de 2015 y es la secretaria general del Consejo Consultivo. Dice: “En ningún Gobierno hemos sido (los pueblos indígenas) agenda seria. Siempre ha sido pantalla para las campañas”, denuncia Ñamku, pero al mismo tiempo aclara que no tiene “ninguna autocrítica” para hacer por las reuniones con Macri. Y compara: “En todo caso fue al comienzo del Gobierno. Y hoy a pesar de la política nefasta me volvería a sentar. Al igual que en Neuquén, donde el MPN (Movimiento Popular Neuquino) gobierna hace más de 50 años y jamás logramos nada, sólo palos y persecución”.
Aclara que su trabajo en el Consejo es ad-honorem. Como aspecto positivo del Gobierno destaca que se “avanzó en asistencia social”, pero nada en lo central: territorios y seguridad jurídica. Ñamku evita cuestionar de lleno a Macri, sólo lo define como “la cara visible de una política”.

Colonialismo 2.0

Israel Alegre es un histórico referente indígena de Formosa, de la comunidad NamQom, conocida por una feroz represión en 2002, cuando una razzia policial con métodos propios de la dictadura militar ejecutó una feroz represión que terminó con una decena de heridos y 80 detenidos. La causa aún tramita en la Comisión Intermericana de Derechos Humanos. Alegre formó parte del acampe indígena Qopiwini (Pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaklé), pero siempre tuvo mirada muy crítica sobre Macri, Cristina Fernández de Kirchner y Gildo Insfrán.
“No se hizo nada en tres años de Macri. No cumplió ninguna de las promesas que hizo en el acampe de 9 de Julio. Sólo se pasó el INAI de Desarrollo Social a Derechos Humanos, pero igual no respetan ninguno de nuestros derechos”, denuncia el referente qom. Y resume: “Macri y el Gobierno tienen una mirada colonial”.
Informa que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, visitó Formosa hace poco pero “no dio ninguna solución”. El referente qom resume la política indígena del macrismo: “Entrega mercadería. Y no respeta los derechos indígenas”. “Al indígena no se lo trata como un ser humano. Al indígena nos quieren tratar como animales, nos quieren arrodillados”, denuncia Israel Alegre. Y vuelve a remarcar la importancia del territorio para los pueblos indígenas, esa relación fundamental que desde amplios sectores no indígenas no se entiende (o se entiende y no se respeta): “Nuestra espiritualidad, nuestras costumbres, nuestra cultura están atadas al territorio. Día a día nos acorralan más, nos dejan sin espacio, nos quieren llevar al exterminio”.
Se lo escucha enojado al líder qom. Recuerda que en Formosa hay un mismo gobernador desde hace casi treinta años. “Provincia y Nación parecen del mismo partido porque hacen lo mismo, ninguno respeta los derechos indígenas”, ironiza. Y deja un aviso, de dos palabras: “Seguiremos luchando”.

Derechos torcidos

Silvina Ramírez es una referente del derecho indígena, docente de esa especialidad en la Facultad de Derecho de la UBA y autora del libro Horizonte político del movimiento indígena. Conversaciones con sus líderes. “Ya llegando a los tres años de gobierno de Mauricio Macri, la relación traumática del Estado con los pueblos indígenas no sólo no se modificó sustancialmente, sino que las tensiones se han profundizado”, afirma.
Ramírez destaca como puntos de quiebre la “brutal represión” de Gendarmería Nacional en Chubut, con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel por parte de Prefectura en Río Negro. “En ambos casos la Justicia no ha reaccionado como hubiera sido esperable en un Estado de Derecho”, resume y recuerda que a casi un año del asesinato de Nahuel no existe ningún imputado de las fuerzas de seguridad, y contrariamente el juez libró orden de captura para dos jóvenes mapuche que intentaron ayudar a Rafael Nahuel cuando fue herido.
Destaca como puntos positivos “fallos excepcionales” como el del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal (a cargo de la jueza María José Sarmiento) que benefició la comunidad mapuche Trypay Antu y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que escriture a favor de la comunidad indígena los títulos comunitarios de las tierras, sin la necesidad de una ley especial del Congreso. También subraya como avance la sentencia de la Sala Segunda de la Cámara Contencioso Admnistrativa de Chaco que evitó que un territorio indígena (“Reserva Grande”) fuera titulado en favor de familias criollas.
Ramírez, miembro fundadora de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), subraya que entre lo más preocupante sobresale el accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en septiembre pasado falló en favor del gobierno de Neuquén y anuló la personería jurídica de seis comunidades mapuches (Lof Maripil, Lof Gelay Ko, Lof Wiñoy Tayin Raquizuam, Lof Lonko Purran, Lof Lefiman y Lof Wiñoy Folil). El fallo abre la puerta a que otras provincias sigan el mismo camino, es decir que desconozcan comunidades, que implica también desconocer sus derechos.
“Llama la atención que los jueces no hayan incluido ninguno de los derechos colectivos específicos de los pueblos indígenas. La personería jurídica es un derecho de las comunidades, y su reconocimiento no debe ser entendido como una potestad discrecional del Estado, ya sea en su dimensión local como federal”, explica Ramírez, y afirma que el fallo genera “un estado de incertidumbre” frente a las personerías jurídicas (otorgadas por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas) de las que gozan numerosas comunidades indígenas en todo el país y las deja en situación de mayor vulnerabilidad.
“Como balance de tres años de la actual gestión de gobierno, los pueblos indígenas siguen reclamando por sus derechos, el Estado no formula las políticas públicas necesarias para garantizarlos y el Poder Judicial mayoritariamente no cumple con su deber de ser la salvaguarda final de estos derechos”, cuestiona la abogada.

Bullrich x 2

Diana Lenton en doctora en antropología y una de las referentes de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. Señala que la situación de los pueblos indígenas es “muy complicada” por las políticas macroeconómicas del gobierno, atadas a las industrias extractivas. “Es una política agresiva para los territorios y para las personas que viven en los territorio”, denuncia. Señala, como actividades que violan los derechos indígenas, a la minería, agro, petróleo, forestales e incluso el turismo. Aclara que esta situación venía del gobierno anterior pero que con la gestión Macri se incluyeron nuevos territorios a la explotación.
Otro factor es el que llama la “violencia económica” que implica la pérdida de fuentes de trabajo y de subsidios que eran paliativos para situaciones de vulnerabilidad. Puntualiza en la baja de planes sociales, eliminación de subsidios por discapacidad, disminución de planes de atención para determinadas enfermedades. “Esto se combina con un incremento en la represión a la protesta y con un discurso de odio para con los senegaleses, pibes con gorrita y, en el caso de los indígenas, es un claro discurso racista que los pone como el antiguo ‘civilización o barbarie’, una nueva teoría de los ‘dos demonios’, y hasta se incluye el componente nacional/extranjero para atacar a los pueblos indígenas”, afirma Lenton. No tiene dudas de que desde el gobierno nacional se ha realizado un “campaña irresponsable, totalmente criminal” contra los pueblos indígenas y en particular contra el Pueblo Mapuche. “Fogoneraron un discurso de odio desde la clase media contra los sectores populares”, lamenta.
Lenton puntualiza como dos emblemas de esa avanzada a Patricia Bullrich, que “sin importar las pruebas siempre toma partido por las fuerzas represivas”. Y también puntualiza en el ex ministro de Educación y actual senador por Buenos Aires, Esteban Bullirch, que en en un acto en Río Negro dio la bienvenida a una “nueva Campaña del Desierto, ahora con la educación”. “Imaginemos que alguien pudiera referirse así al Holocasuto, a un nuevo Auschwitz. Sería imposible. Pero saben que pueden decir eso de los indígenas porque tienen impunidad, sigue habiendo impunidad cuando las víctimas son los indígenas”, cuestiona Lenton.
La situación del Pueblo Mapuche es la que más cobertura mediática ha tenido en los últimos dos años. Directa relación con la criminalización de las comunidades en Chubut (epicentro en Pu Lof en Resistencia de Cushamen), Río Negro (Villa Mascardi, asesinato aún impune de Rafael Nahuel) y Neuquén (zona de Vaca Muerta). El insólito documento RAM. Informe conjunto realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Chubut, es el nombre de la “investigación” que presentó Patricia Bullrich en diciembre de 2017. Se trata de 180 páginas repletas de imprecisiones, datos falsos, suposiciones y apunta a los mapuches como enemigo interno, peligroso, terrorista. Es una muestra oficial de la arremetida contra las comunidades mapuches.
Lenton aclara que el tema de fondo es el territorio. La Ley 21160 (de “emergencia territorial”) fue prorrogada el año pasado (a pesar de que sectores del oficialismo intentaron que caiga). Lenton detalla que en este año no se avanzó en relevamientos ni en finalización de trámites. También alerta por la reforma del Código Procesal Penal, que ya tiene media sanción y espera en Cámara de Diputados. Según la nueva versión se sacaría la figura de comunidades indígenas como querellantes. “Se elimina parte del derecho indígena. Una comunidad ya no podrá litigar contra una multinacional, tendrían que querellar de forma individual”, explica. También fija como claro retroceso el fallo de la Corte Suprema que desconoce las comunidades mapuches de Neuquén.
En resumen: “Lo que muestra el accionar de la Corte Suprema es la impunidad con que el Estado, en cualquiera de sus tres niveles, retrocede sobre derechos adquiridos. Derechos que no debieran poder retroceder”.

Racismo sistemático

ictoria Tauli-Corpuz es la relatora especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas. “Se está desarrollando una crisis global. La rápida expansión de proyectos de desarrollo en tierras indígenas sin su consentimiento previo está impulsando un drástico aumento de la violencia y el acoso legal contra los pueblos indígenas. Estos ataques, ya sean físicos o legales, son un intento de silenciar a los pueblos indígenas que se oponen a proyectos que amenazan sus medios de subsistencia y sus culturas”, denuncia en una carta pública titulada Debería haberlo sabido, dirigida a los jefes de Estado del mundo.
Tauli-Corpuz asegura que se trata de un plan global o “patrón de abuso” en el que las empresas actúan en complicidad con los gobiernos para desplazar a los pueblos indígenas de sus tierras por cualquier medio necesario y dar así paso a proyectos de infraestructura, agricultura, minería y de extracción de recursos naturales. Alerta que siempre se suceden desde el poder “campañas de difamación y discursos de odio que caracterizan a los pueblos indígenas como ‘obstáculos para el desarrollo’, o en el peor de los casos, como ‘terroristas’ o ‘matones’”. Luego sobreviene la criminalización, órdenes de arresto y violencia sobre las comunidades. “Existe una impunidad generalizada para quienes cometen actos de violencia contra los pueblos indígenas”, cuestiona la experta de Naciones Unidas. Y resume así lo que sucede a nivel global y aplica para Argentina: “En la raíz de esta crisis mundial está el racismo sistemático y la incapacidad de los gobiernos para reconocer y respetar los derechos indígenas territoriales”.
Por último, en su carta Tauli-Corpuz advierte a los “líderes mundiales”: “A pesar de los increíbles riesgos, los pueblos indígenas siguen levantando sus voces, continúan defendiendo sus formas de vida, sus comunidades y las tierras y bosques de los que depende toda la humanidad”.

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Publicada

hace 1 semana

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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CABA

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Publicada

hace 2 semanas

06/08/2025

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Actualidad

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Publicada

hace 2 semanas

05/08/2025

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.