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10° Marcha de la Gorra: el Estado Policial impugnado

Publicada

hace 7 años

25/11/2016

Desde Córdoba, Rául Zibechi analiza el impacto de la 10° Marcha de la Gorra. La realidad que viven los jóvenes en los barrios periféricos: represión policial y desborde callejero, bronca y festejo, acoso y desafío. Cómo se vio y vivió la mayor movilización cordobesa.

Por Raúl Zibechi, desde Córdoba, para Brecha.

“Ni yuta, ni tuya”, dice el cartelito que la chica lleva colgado al cuello, anudando en una sola frase dos luchas potentes de estos días. A su alrededor revolotea un inmenso caleidoscopio de cuerpos y voces, sonidos y cánticos, danzas y ritmos que emanan de gargantas y de instrumentos, bombos, trompetas y platillos; las calles céntricas se convirtieron, el viernes 18, en un enorme tablado donde 20 mil jóvenes (y un puñado de mayores de 40) escenificaron la alegría de caminar como son, con sus colores y olores, con sus ropas y gorras, sin ser molestados por la policía. Es, dicen, el día de fiesta.
La décima Marcha de la Gorra recorre con cansina lentitud el centro de Córdoba. La cabeza es villera. Destacan las madres de los asesinados y desaparecidos portando enormes pancartas que claman “Justicia”. Las chicas villeras lucen como saliendo a la bailanta, pelos pintados, calzas de colores, y exageran poses de estrellas pop. Los varones caminan con sus infaltables gorras. Murgas, batucadas, teatro espontáneo, arte popular circense y cuerpos pintados; múltiples colores sobre cuerpos marcados porque, en los barrios de la periferia, ¿quién no fue golpeado por la policía?
Los grupos que hacen teatro escenifican las razias, arrodilladas con las manos en la nuca, los brazos en alto contra la pared y las piernas bien abiertas, acosados por “canas” que forman parte de la parodia. Algunas pancartas y muchos carteles, frases y consignas pintadas sobre las remeras y sobre la piel. Llama la atención que la piel se convierta en tela de pancarta. Quizá porque sientan todos los días, en el alma y en el cuerpo, la hondura de la frase de Paul Valery: “Lo más profundo es la piel”.
“Los ricos pasean, los pobres merodean”, dice un cartelito, en referencia al Código de Faltas que utiliza la figura del “merodeo” para ensañarse con los pibes de los barrios que tienen prohibido acercarse al centro. Un grupo de más de cien estudiantes universitarios portan, a modo de banderas, balas negras desplegadas al viento, en una danza circular y macabra imposible de eludir.
En la segunda fila marchan los organismos de derechos humanos y detrás las organizaciones sociales. La anarquista Federación de Organizaciones de Base con una nutrida columna de madres y pibes de los barrios, el autonomista Encuentro de Organizaciones, un vistoso grupo de La Poderosa, el grupo surgido en torno a una revista villera, Barrios de Pie con una enorme pancarta y la agrupación estudiantil La Bisagra, cerrando el tramo donde se agrupan hasta trece movimientos que trabajan en los territorios de la pobreza de la capital cordobesa. Más atrás las juventudes de los partidos, haciendo realidad una frase de una investigación sobre las marchas: “A medida que nos alejamos de la ´cabeza´ la cosa se pone más opaca”*. Los gestos grotescos y el desbunde dan paso a la seriedad de lo que, en términos sistémicos, se conoce como “la política”. Con mayúscula, claro.

10° Marcha de la Gorra: el Estado Policial impugnado

Foto: Marcha de La Gorra

Código de faltas

Decir que cada año hay 73 mil detenidos puede sonar exagerado. Lo cierto es que los jóvenes son indagados por “portación de rostro” en las vías públicas, por una policía que los para en función del aspecto. La policía de la provincia ha venido creciendo a la par de las detenciones. En 2007 había 13.400 uniformados. En 2009 ya eran 16.700 y al año siguiente treparon casi a 20 mil. Hoy se calcula que hay 25 mil policías en una población de poco más de tres millones.
Los detenidos por “portación de rostro” escalaron de forma similar: de 27.000 en 2009 pasaron a 42.700 en 2011 y se puede estimar que superan los 50 mil este año, aunque la policía se niega a facilitar datos. El abogado Sergio Job asegura que el 80 por ciento de los jóvenes de la ciudad fueron alguna vez detenidos por la policía. Entre los jóvenes pobres de 18 a 25 años habría que esforzarse para encontrar alguno que no haya sido detenido.
El Código de Faltas fue aprobado en 1994 pero su impronta en la ciudad empezó a hacerse visible desde 1999 cuando asume la gobernación José Manuel de la Sota. Desde los primeros días en el cargo estableció alianzas con el Instituto Manhattan, defensor de la “tolerancia cero”. El Código es considerado inconstitucional porque viola el derecho a la defensa y el acceso a la Justicia consagrados en la Constitución, y porque anula los criterios de parcialidad e independencia ya que otorga a la Policía (según el artículo 114) la autoridad para detener, instruir y juzgar en cualquier punto de la tramitación del hecho.
Como el Código es “simplemente” administrativo, no es necesario que haya jueces que sentencien sino que esa labor corresponde al comisario de cada distrito, quien decide la pena en base a los informes de sus subordinados. “Varios comisarios han sido denunciados penalmente por sus propios dirigidos, luego de que estos recibieran castigos desmedidos por no haber logrado el número de detenciones que cada policía está obligado a hacer por turno”, asegura Job.
Entre las figuras más polémicas por las que se puede detener a personas en la calle, figuran “mendigar” (artículo 46), “prostituirse escandalosamente” (art 45), concurrir a reuniones públicas tumultuarias, autorizadas o no (art 99) y sobre todo “merodeo” (art 98). Es tan general que permite detener a quienes “permanecieran en las inmediaciones de edificios o vehículos en actitud sospechosa”, algo que sólo la policía puede determinar. En los hechos, la figura no permite distinguir entre pasear y merodear lo que, dice el abogado, “se resuelve en los hechos con criterios racistas, clasistas y culturalmente discriminatorios”.
En abril pasado se aprobó un Código de Convivencia que “no es otra cosa que el Código de Faltas dibujado”, según los organizadores de la Marcha. Por eso el lema central fue “El Estado es responsable”, a la vez que exigen la derogación del nuevo código.

Foto: Marcha de La Gorra

Pibes que sobran

El asesinato de Güere fue uno de los crímenes policiales que mejor desnudan la violencia contra los jóvenes pobres. Fernando Güere Pellico y su amigo Maximiliano Peralta, de 21 y 18 años, salieron en su moto a comprar vino un sábado por la noche. Cuando regresaban fueron emboscados por un patrullero que los siguió con las luces apagadas. Dispararon cinco veces. Maxi salió corriendo, herido al caerse de la moto. A Güere lo mataron de cuatro disparos. Los dos trabajaban en los cortaderos de ladrillos.
El viernes, al día siguiente de la Marcha, comenzó el juicio contra los dos policías que les dispararon, el sargento Ruben Leiva y el oficial Lucas Chávez, imputados por homicidio calificado agravado. Güere es uno de los 150 muertos registrados desde 2011, que incluyen los femicidios que en su inmensa mayoría son mujeres asesinadas por sus parejas con armas reglamentarias, o sea son policías, según miembros del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, inspirador de la Marcha de la Gorra.
Es evidente que una política de seguridad este tipo responde a intereses de los grupos privilegiados, algo que los jóvenes tienen muy claro. “La orientación de sus gobiernos ha fortalecido los intereses de minorías que explotan y disgregan al pueblo. Un plan semejante sólo puede imponerse si logran derrotar a quienes hoy estamos de pie enfrentando sus políticas represivas y de ajuste”, señala la “Carta Abierta al Estado Policial”, manifiesto leído en el cierre de la Marcha, que recuerda el título de la misiva de Rodolfo Walsh a la Junta Militar en 1976.
Dicen que el Estado es patriarcal además de policial, y denuncian “las violaciones y abusos en las cárceles y en los barrios, para no detener a las jóvenes y el pedido de teléfonos y datos, son prácticas que aparecen de manera permanente”. Agregan que el aparato policial es la principal fuente de delitos por su connivencia con el crimen organizado. “El Estado que ustedes administran es un Estado policial, que no comete excesos en nombre de la seguridad, sino que es la fuente misma del delito que dice combatir, y que en estos diez años no ha dejado de subir”, sacude el manifiesto.
Apuntan contra la ley antiterrorista aprobada por el gobierno de Cristina Fernández, que lleva a una creciente intervención militar en el espionaje de organizaciones sociales. Trazan un mapa transparente de sus alianzas: apoyan el Encuentro Nacional de Mujeres, rechazan la criminalización de lesbianas, gays, trans y bisexuales; están contra la penalización del consumo de marihuana y la persecución a las trabajadoras sexuales, y contra la represión a los movimientos sociales.
En suma, una suerte de alianza informal de los que no caben en un sistema dominado por el capital financiero. O, como destaca Job, “quien no consume, sobra”. En su opinión, el hecho de colocar las contravenciones del Código de Faltas al mismo nivel que los delitos establecidos en el Código Penal, dibuja una policía preventiva, de saturación y ocupación territorial que es el núcleo del Estado Policial, que “responde y debe estar enmarcado en la reconfiguración que ha sufrido el sistema capitalista en las últimas décadas”.
Un Estado Policial funcional a la hegemonía del extractivismo, que se resume en la expulsión de campesinos de sus tierras, pero también en la incapacidad del modelo de cobijar con empelo digno a los millones de jóvenes que no tienen otro futuro que trabajos de baja calidad, precarios y mal pagos.

Foto: Marcha de La Gorra

Colectivo de jóvenes

Lucrecia Cuello egresó de la Facultad de Psicología para volcarse, a comienzos de la década de 2000, en los barrios populares desde la psicología social comunitaria. La revuelta de diciembre de 2001 estaba fresca cuando empezaron a organizar encuentros de jóvenes de diversos barrios, que venían realizando talleres de teatro, murga, revistas y cuanta iniciativa les sirviera para sobrellevar la amarga cotidianeidad.
En uno de los barrios más pobres de Córdoba, Barranca de Yaco, poblado por carreros y cartoneros con viviendas precarias, Huayna explica una realidad tremenda. “Hace unos meses se incendió una vivienda, llamamos a los bomberos y llegó la policía. Alguien se enferma, llamás a la ambulancia y llega la policía. Es lo único que nos mandan”. Lucrecia dice algo similar: “Hacíamos una revista, y si se hablaba por ejemplo de salud sexual y reproductiva, terminaba saliendo la cana, era imposible que no saliera”.
Hacia mediados de la década, la política de seguridad del gobierno De la Sota impuso que los jóvenes de los diversos barrios se empezaran a reunir. “En un encuentro en 2007 los pibes nos dicen a los técnicos que basta de esta lógica que ustedes arman el tallercito y nosotros tenemos que decir lo que ustedes quieren. Queremos tomar las decisiones y queremos salir a la calle”, relata Lucrecia
Sigue: “Fue muy fuerte porque nos interpelaban, pero aceptamos el desafío, hubo un primer momento en que nos separamos y ellos nos decían ustedes los técnicos vayan allá y nosotros nos reunimos por nuestro lado y al final de la reunión nos encontramos. Estuvimos como un año así y nos bancamos”.
Con el tiempo, reflexiona que estaban “reproduciendo el tutelaje colonial sobre los pobres, que siguen siendo subalternos en relación a las ONG y también en las organizaciones de la izquierda”. Fue posible porque venían de un proceso muy intenso con asambleas de hasta 300 de diferentes barrios. “Creo que lo que pasaba es que en cada barrio ellos iban generando cosas muy interesantes, hacían teatro, murga, y cuando se encuentran los barrios, eso explotó. Recuerdo cómo se miraban, cómo descubrieron la geografía en la vivían todo eso”.
El proceso que describe Lucrecia, como parte de una generación de activistas universitarias que se comprometieron en el ciclo de luchas que cuajó en los hechos de 2001, es menos excepcional de lo que parece. Durante años los “técnicos” trabajaron con dinámicas de educación popular para fomentar actividades recreativas. En cierto, momento, las relaciones dieron un vuelco. “Desbordaron la educación popular. El encuentro entre ellos fue determinante para romper con el técnico o con el militante que va al territorio”.
Diez años después de la primera marcha, a la que fueron apenas 50 personas, los jóvenes de los barrios están más seguros de sí mismos, tienen menos miedo y mucha más decisión de seguir adelante. Durante la marcha alguien saca un celular donde aparecen escenas de lo sucedido en Villa La Tela cuatro días antes. La policía hizo disparos y el barrio entero salió a la calle. No es el único caso.
“Está pasando en muchos barrios, creo que eso empieza hace cuatro, cinco años. Después del período del 2000 al 2001, cuando hubo una explosión, vino una anestesia porque las políticas sociales lograron frenar lo que sucedía en los barrios. Pero desde 2010 hay otra cosa, una confianza con el que vive al lado de tu casa. Entra la cana y los vecinos salen con piedras como sucedió en Los Cortaderos, sin saber por qué entró”, explica Lucrecia.
El objetivo de los chicos es llegar al centro, traspasar las fronteras de sus barrios cercados, trascender los límites.
-¿No tienen miedo?
-No tienen. A Güere lo fusilaron dos policías en Los Cortaderos. Los pibes nunca más se detuvieron, aunque saben que los pueden matar por la espalda como a Güere. Es un barrio de cinco kilómetros y la única entrada es la ruta. En ese camino la cana los persigue, pero dicen: “No vamos a parar nunca, si vemos un cana seguimos en la moto”. Y no van a parar.
Muchos consideran la Marcha de la Gorra como una expresión de un mundo en movimiento que cobra visibilidad ese día, aunque en los barrios es lo cotidiano. Una realidad que el Estado y los partidos no parecen reconocer.
Córdoba no es cualquier lugar. En 1918 fue el epicentro de la lucha por la reforma universitaria. En 1968 el Cordobazo fue la insurrección obrera y estudiantil que echó por tierra la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. En 2016 se realizó la décima Marcha contra la represión policial, la mayor movilización anual de la ciudad.
-¿Quiénes saldrían si hubiera un nuevo Cordobazo?
-Los barrios saldrían. Tengo mucha más confianza política en ellos que en cualquier otro sector. Ahí no hay democracia, hay dictadura. El sentimiento de “qué más vamos a perder” está en el cuerpo de generaciones.

Temas:

#TomáLaPalabra #TomáLaCalle : palabras de mujeres en acción

#GritazoTrans: la primera ronda trava a la Pirámide de Plaza de Mayo

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4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

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hace 8 horas

26/04/2024

La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años.

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio de contundencia, ignorado.

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas — Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión.

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”.

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”.

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género.

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”.

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló.

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

“Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”.

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder.

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

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hace 1 semana

19/04/2024

Séptima entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa de lavaca Lina Etchesuri.

Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Ese jueves hacía 38 grados de calor pero parecían 43. El calor quemaba y picaba.

Faltaba el aire, el que había estaba caliente y la humedad pegoteaba.

El día que acompañé a la Ronda haciendo fotos para este proyecto, fui descubriendo imágenes a medida que los pasos y las sillas de ruedas daban vuelta como siempre, hace 2392 jueves.
La ronda siempre me emociona. Mucho. Las miro a las madres y veo proyectada las fotos de sus hijxs en su mirada, hacia delante, repitiendo Presente como un mantra de presencia y resistencia. Lxs veo a ellxs en imagen, mirando de frente en su juventud detenida. Veía a Elia, que ronda en silla de ruedas, con la foto de su hijo Hugo Meidan, desaparecido el 18 de febrero de 1977, hace 47 años, y pensaba si ese día hizo tanto calor, si la luz tenía esta misma inclemencia.

En las rondas transcurre un tiempo extraño, persistente y atemporal. Las hermanas abrazan las fotos de sus desaparecidxs, gritan sus nombres con contundencia, caminan junto a las madres, junto a nosotrxs.

Transforman el tiempo y la imagen en un futuro posible.

Sobre Lina

Soy Lina Etchesuri. Fotógrafa, editora y docente

Soy parte de la cooperativa Lavaca desde hace más de 12 años donde hago todo lo que me describe y más. Me hace sentir muy orgullosa y feliz.

Estudié con Filiberto Muganini en el Rojas durante los 90s. Hice la carrera de fotógrafa en la Escuela de foto y artes visuales de Avellaneda, durante el 2001 y los años siguientes.

Me seguí formando en talleres visuales con mi querida Julieta Escardó y muchxs más.

Viajé haciendo fotos durante algunos años: conocí al subcomandante Marcos y le saqué una foto en la que se está riendo. Estuve en Cisjordania, Palestina, durante 3 meses, viviendo retratando la vida bajo la ocupación.

Junto con algunas personas y amigxs fundamos MAFIA en 2012, un colectivo de fotógrafxs que sigue hasta hoy.

Coordino talleres de foto e imagen.

Soy mamá de Fermin.

Y me encanta hacer todo lo que hago.

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Un abrazo contra la motosierra

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hace 1 semana

18/04/2024

Sin presupuesto actualizado (“cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2” informa el rector de la UBA) las universidades y los hospitales en “modo ahorro” deben cortar la luz, los ascensores, reducen cirugías, no tienen insumos. La imagen del Clínicas, uno de los más importantes del país: “Los pacientes se están quedando sin comida”. Hoy una gran concentración frente a ese hospital escuela simbolizó un abrazo en defensa de la salud y la educación pública, mientras el gobierno nacional juega a pelearse con las prepagas, y el de la Ciudad a subvencionar a quienes mandan a sus hijxs a colegios privados. ¿Qué pasa con lo público? ¿Cuándo comenzó el desastre? Distintas voces (directores de hospitales, rectores de universidades, trabajadorxs) relatan la realidad y los datos motosierra; la organización como única salida; y el canto “la UBA no se vende”, mientras la realidad, o los números, parecen indicar otra cosa.

Por Francisco Pandolfi

“Se defiende, la UBA se defiende”, fue uno de los hits / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Clarisa y Caetana acaban de salir de cursar dermatología. Clarisa tiene 24 años y lleva puesto un ambo azul marino. Caetana, de 23, uno verde oscuro. Son alumnas desde hace seis años de la Facultad de Medicina y hace tres caminan por los pasillos del Hospital de Clínicas, ya en la etapa de las prácticas. “Hace un rato terminamos una clase en la que no teníamos vendas”, dice Clarisa. Su compañera agrega: “El otro día, en un práctico, nos faltaba vaselina para curar las úlceras; sí, vaselina, probablemente el producto más básico y barato que se necesita”.

Alrededor de ellas hay una multitud, con ansias de visibilizar la gravedad de la situación.

Clarisa, Caetana y la marea contra el ajuste / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“Estamos funcionando al 30%”, comparte Marta, médica desde hace 38 años en el Clínicas.

“Los pacientes se están quedando sin comida”, cuenta Susana, auditora.

“Soy empleado de limpieza del hospital, monotributista, trabajo cinco días por semana, siete horas por día y mi sueldo no supera los 150 mil pesos”, confiesa Diego Ruiz.

“Ya debimos reducir las cirugías y no atender a algunos pacientes”, expresa Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas.

“Estamos económicamente por debajo de un 80% sobre el presupuesto que deberíamos tener. Cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2”, precisa Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Susana Dionisio, y la esperanza que genera el juntarse / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tiempos de abrazos

“La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestro ejército”.

José de San Martín.

Al libertador de la patria se lo homenajea con su nombre en calles y avenidas; clubes deportivos, teatros y centros culturales; plazas y parques; hospitales y universidades.

Y también en un hospital-escuela: el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y dedicado a tres ejes clave para el desarrollo de cualquier sociedad: la asistencia, la docencia y la investigación.

Son tiempos de clases abiertas; de paros y movilizaciones; de una marcha nacional universitaria a realizarse el próximo martes 23 de abril. Son tiempos de contar en cuántos meses y en cuántos días las universidades se quedarían sin presupuesto hasta cerrar sus puertas.

Son tiempos de abrazos.

Uno de ellos se forma con un montón de brazos, este jueves por la mañana, en la puerta del Hospital de Clínicas. Médicos, docentes y no docentes, estudiantes, le brindan un espaldarazo simbólico al Hospital de Clínicas, ubicado en el límite de los barrios porteños de Recoleta y Balvanera. Sobre la Avenida Córdoba, miles de personas se reúnen en la puerta principal para reclamar por el recorte presupuestario en todas las universidades del país, y en particular de las universidades escuelas.

Hay equipo en el Hospital de Clínicas /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Los cuerpos aplauden. Están vestidos con guardapolvo blanco; con ambos celestes y azules; con chaquetas bordós y verdes. De fondo, un telón negro enorme sirve de súplica para estos momentos. Es un ruego a la sociedad toda; y una exigencia, también, puertas adentro: “Defendamos la UBA”. Delante de la banderota se sostienen grandes letras blancas, hechas con cartulina, a mano, a pulmón, a necesidad de que el reclamo se vea un poco más. “La salud se defiende”, se lee, mientras se canta al unísono: “No se vende, la patria no se vende”. Minutos después, se cambia sólo una palabra: “No se vende, la UBA no se vende”.

Pero la realidad no parece indicar lo mismo.

Problemas de fondos

Luego del abrazo, se rodea al hospital y en otra de las puertas de la institución, sobre la calle Paraguay, se lleva a cabo una conferencia de prensa. Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas, va al hueso: “Ya tuvimos que optimizar los recursos, que son insuficientes; no podemos comprar insumos, ni hacer transferencias porque no hay licitaciones de presupuesto que avalen las compras. Mientras, tenemos un montón de pacientes internados”. Sigue: “Es muy difícil no usar la luz en un hospital; no usar los ascensores cuando los pacientes necesitan usarlo… Lo mismo pasa con la calefacción. El año pasado estábamos orgullosos de haber comprado y cambiado la caldera, y este año no sabemos si va a funcionar, porque el modo de ahorro va a estar en el gas, en la luz, en todo”.

Le cambia la cara. Se tensa, aún más. “Poner a un hospital en modo ahorro es una agresión al médico. Es muy difícil mi lugar, el tener que decirle a mis colegas si pueden atender o no a alguien. No estamos haciendo una buena medicina con estas cosas”.

Marcelo Melo y Ricardo Gelpi en conferencia de prensa /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

A su lado está el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, acompañado por el Secretario de Hacienda Matías Ruiz. Juntos, definen lo terrible: “La UBA tiene dos partes principales en las que se divide el presupuesto. Una es la salarial, que consume entre el 85% y el 90%; y después está el gasto de funcionamiento, que consume entre el 10 y el 15%”. Desmenuzan: “En lo salarial hubo un recorte en términos reales ajustado por inflación del 35%, lo que significa que si en noviembre un docente o un trabajador cobraba 100 pesos, hoy cobra 65”.

Sobre los gastos para el funcionamiento: “Lo dividimos en salud y en educación. En educación este año las partidas arrancaron congeladas al presupuesto del año 2023; hubo una actualización parcial del 70% desde marzo; pero en términos interanuales eso significa un 58% de actualización, comparado con una inflación de casi un 300% interanual. Por el lado de la salud, empezamos el año sin presupuesto, ya que la partida devengada del año 2023 no había sido asignada hasta esta semana”.

Tomar la calle en defensa propia / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Peligro de cierre

¿La partida ya firmada –pero aún no depositada–, es un remedio? “No, para los hospitales universitarios será de la misma magnitud nominal del año pasado. O sea, no es una actualización, ni un incremento”. Subraya el rector: “Estas partidas no están ajustadas por inflación, lo que significa que sólo podrán estirar un tiempo esta situación, pero estamos lejos de estar conformes. Si se mantiene esa partida, podremos funcionar como venimos dos o tres meses más. Y después, así las cosas, la UBA cierra, porque si no hay plata, no hay plata”.

El Secretario de Hacienda suma un dato, que agudiza el cuadro: “El pago de la energía eléctrica en el último año se multiplicó por siete. Y si comparamos con febrero de este año, sólo los últimos dos meses, se multiplicó por cuatro”. Y ejemplifica con una cuenta que no cierra: “El crecimiento del gasto, sumado a las partidas congeladas, hace que crezca más rápido el gasto que tenemos la universidades y empeorando cada vez más el funcionamiento”.

La educación, la salud y la ciencia, en juego; en venta / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“El mal funcionamiento es de hace años”

La falta de recursos no empezó en la era Milei. Marta, médica desde hace 38 abriles, describe: “El mal funcionamiento viene de años, como consecuencia de malas administraciones anteriores. Y ahora, este recorte presupuestario es el tiro de gracia”. ¿En qué se venía mal? “De 12 quirófanos funcionan 5 y hay numerosas salas cerradas; cada vez se va achicando más la estructura, deteriorando y no hay presupuesto para mantenerlo”.

Clarisa, alumna, añade: “El edificio tiene un montón de falencias, es muchísima la cantidad de arreglos que harían falta y esto viene desde hace años. Con este recorte, el único futuro que veo es que se caigan las paredes… Me da mucho miedo e impotencia”.

Florencia trabaja hace 10 años y el amor que siente por la entidad viene de familia: “Mi mamá trabajó ahí; mis dos hijos fueron a ese jardín; le salvaron la vida dos veces a mi mejor amiga; curaron a mi papá, a mi abuela”.

Admite que el hospital “siempre tuvo pocos recursos; siempre hubo carencia de insumos”. Profundiza: “La situación no viene bien hace mucho; las personas que deben hacer el presupuesto no valoran la calidad humana ni la cantidad de atenciones que se realizan por día. El hospital siempre tuvo lo básico, y en muchas oportunidades debimos conseguir insumos por fuera, siempre tardó en llegar el material que se necesitaba”.

Carteles, ruido, sonrisas: estrategias contra el recorte / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Orgullo nacional

El Hospital de Clínicas es considerado uno de los hospitales más importantes de la Argentina y de América Latina. Se fundó en 1881 y allí se realizaron varios procedimientos por primera vez. Algunos hitos que nacieron entre sus paredes que hoy yacen descascaradas: la aplicación de la insulina, el cateterismo cardíaco, las residencias médicas, las punciones de riñón, las operaciones filmadas. Dice la médica y hoy auditora Susana Dionisio: “En este hospital se formaron la mayor parte de los médicos de renombre que hay en toda la medicina prepaga”. Suma otro caso testigo: “Hay que acordarse de acontecimientos como el de la AMIA, cuando sucedió el atentado este hospital recibió a la mayoría de los heridos, y fue gracias a este hospital que se salvó a muchísima gente. Entonces, podés hacer un comité de crisis, pero si al mismo tiempo desfinanciás a la educación, está muy mal. El presidente se merece un juicio político y la oposición tiene que pararse y ser una oposición real, sino perdemos la democracia”.

Marta Cora Eliseht es médica de obstetricia del hospital de Clínicas y docente de la Facultad de Medicina. “El Clínicas es fundamental, un orgullo nacional; no sólo cumple funciones asistenciales, sino también de docencia en áreas de pregrado y postgrado; esta es la sede de infinidad de carreras. Somos especialistas en obstetricia y atendemos muchos embarazos de alto riesgo, casos que no se atienden en otros lados”.

Marta es médica en el Clínicas desde hace 38 años /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

En el hospital trabajan más de 3.200 empleados y se atienden alrededor de 365 mil personas al año. En lo educacional, cursan por año cerca de 1500 alumnos. “Hay cinco cátedras y estudiamos 300 personas promedio en cada una. Este es el hospital escuela más grande del país”, explican Clarisa y Caetana, estudiantes de medicina.

Las palabras de Sofía, que integra la comisión interna, laten: “El hospital-escuela literalmente es el corazón de la UBA, donde se retroalimenta la ciencia, la investigación, la educación, pero sobre todas las cosas la salud pública, con todo lo que conlleva ese concepto de gratuidad e inclusión. Queremos seguir brindando la atención de calidad a los y las pacientes, pero sobre todas las cosas contar con un financiamiento que nos permita que nuestra casa, como así consideramos al hospital, siga funcionando. No queremos tener el privilegio de pisar la UBA, sino el derecho de seguir en ella”.

Una que pedimos (casi) todxs /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Un dolor inenarrable

El hit se vuelve a cambiar: “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode se jode”, se vocifera con angustia y con firmeza, en un clamor popular que hiela la sangre. Las y los laburantes le dan magnitud al problema. La obstetra Marta Cora Eliseht dice: “En el sector no tenemos espéculos, vidrios para hacer papanicolaou, guantes, gasas, algodón, lo básico. Los profesionales de la salud estamos intentando conseguir donaciones de entidades privadas para suplir las faltas”. Sintetiza: “Estamos sufriendo un ataque artero a la universidad pública”.

Susana Dionisio es médica desde hace 49 años. Quince los trabajó en el Clínicas, donde ahora es auditora. “Sentimos un dolor que no se puede narrar. Los pacientes se están quedando sin comida y solidariamente se intenta ayudar entre sindicatos, médicos y administrativos, pero los insumos médicos no los podemos comprar. Ya se está cortando la luz a cierta hora, no se puede creer”.

La potencia de Elsa Carrizo, la potencia de lo colectivo /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Elsa Carrizo es delegada general de la comisión interna del Hospital de Clínicas. Tiene puesto un guardapolvo blanco, que lleva el logo de la institución. Se lee: “Fundado en 1881”. Dice: “Trabajamos con obras sociales, pero es impresionante la cantidad de gente sin obra social que viene, alcanza con ver las colas que se forman a la mañana. Ya no tenemos insumos ni para el mantenimiento, ¿con qué vamos a limpiar? Hay un combo de muchísimas necesidades en el hospital”.

“Últimamente no nos estuvieron entregando secadores”, detalla Diego Ruiz, empleado de maestranza. Cobra menos de 150 mil pesos por mes y sólo el monotributo para facturar (no está en planta permanente) le cuesta alrededor de 18 mil. “Estamos en una situación de mierda, personalmente para mí es imposible llegar a fin de mes”.

Diego cobra menos de $150 mil por mes. Y no es una joda / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tomás trabaja en el área de personal hace 5 años y es delegado de la comisión interna. “No hay paritarias y los sueldos quedan muy bajos. Tenemos poco más de 300 contratos que salen del bolsillo del hospital y son los que más corren peligro. Estamos hace un par de meses sin aumento y no hay respuesta del gobierno ni comunicación. Estamos estancados, no da para más”.

Carolina Nadal es empleada desde hace 30 años. Hoy es la jefa del departamento de Trabajo Social. “El presupuesto que se está ejecutando es el del año pasado y esto es inviable en términos de sostenimiento, de todo lo que se necesita para que funcione el hospital de manera integral. El gobierno va a tener que responder de una manera diferente a la que está respondiendo ahora. Siento mucha bronca e indignación, pero al mismo tiempo tengo la esperanza de que en las calles, con la resistencia, haya otro desenlace que no sea cerrar las puertas”.

“Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

José de San Martín.