El informático que reportó fallas en el sistema de boleta electrónica fue perseguido. Los informes en Internet que mostraban códigos del software, censurados. La Justicia Contravencional y la Policía Metropolitana actuaron en tiempo récord para allanar – literalmente- toda duda. La gente, contenta porque el voto resultó rápido. ¿Quién ganó?

La auditoría hackeada

En la página oficial de la empresa Magic Software Argentina S.A (MSA), la compañía que obtuvo la licitación en tiempo récord para ejecutar la boleta electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, la imagen principal muestra a una chola tocando la famosa pantalla. El mensaje parece claro: si ella puede, cualquiera puede.
Lo que también quedó claro en la elección porteña es que cuestionar el sistema de boleta electrónica tiene riesgos. Joaquín Sorianello no imaginó qué mecanismo activaba cuando, a diez días de las elecciones, se comunicó con la propia MSA para advertirles que había encontrado fallas en sistema. Según explicó a Télam, el informático denunció la filtración en la web de “los certificados SSL (son los protocolos criptográficos que proporcionan la privacidad de la información en Internet) de las terminales que envían los datos desde las escuelas al centro de cómputos”. Esos datos, especificó, estuvieron publicados en la web por “una deficiente configuración en sus servidores”. ¿Cuál es la gravedad del asunto? Sorianello explicó que se trataba de un “grave y crítico” error de seguridad del sistema, porque permitía a cualquier persona utilizar esos certificados para enviar resultados falsos del escrutinio o, también, transmitir una carga tan grande de datos que el sistema no pueda procesarlos. Un ejemplo: introducir más votos que personas en el padrón.
La auditoría realizada por la Universidad de Buenos Aires sobre los equipos y el software utilizado no había detectado “problemas graves” ni indicios de “inconvenientes insalvables” para que el sistema se implemente en la elección del 26. Sin embargo, el informe detallado del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales manifiesta una crítica de base: “los defectos en la documentación (presentada por la empresa contratada, MSA) representan un punto débil en el software que dificulta no sólo la auditabilidad del mismo, sino también el mantenimiento y evolución”. El informe indica dos vulnerabilidades que el sistema es capaz de sufrir:

1. La lectura del contenido del chip – antes de ser introducido en la urna- “podría llegar a hacerse a través de un smarthphone” .
2. Usando una antena especial, “se puede llegar a leer la terminal en el momento en que está grabando el voto sobre el chip”.

La conclusión del informe, entonces, no se corresponde en rigor con los aspectos técnicos (vulnerabilidades) y formales (documentación insuficiente) que señalan los profesionales auditores. Ante estas deficiencias, la auditoría se sale de su control técnico y llama a extremar los controles para la boleta electrónica: “los principales custodios de los comicios siguen siendo las autoridades de mesa y los delegados del Tribunal, como los fiscales de las agrupaciones políticas y los mismos electores”.
Según un informe de Poder Ciudadano sobre la elección con este sistema en la ciudad de Salta, ocurre en la práctica exactamente lo contrario: “En escasas oportunidades los electores verifican que el chip de la boleta contenga la misma información que está impresa, y, a su vez, los fiscales no exigen a la autoridad de mesa que ésta muestre la impresión de cada BUE, priorizando la velocidad a la transparencia.
¿Entonces?

Joaquín Sorianello

La democracia privatizada

Dos días antes de las elecciones porteñas, la división de delitos informáticos de la Policía Metropolitana allanó la casa de Joaquín Sorianello por orden de la jueza María Luisa Escrich, del Juzgado N°20 del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas. La denuncia la activó la propia empresa MSA, a quien Sorianello había llamado para advertir los errores. ¿Por qué una jueza contravencioal y una policía municipal ejecutaban un allanamiento? La excusa que manifestó el candidato del oficialismo porteño fue el temor a un posible “hackeo”.
Sorianello estaba en Bariloche y se enteró del allanamiento a través de un tío. Cuenta que secuestraron el disco externo y cualquier elemento que pudiera almacenar información. «No soy un hacker. Soy un programador preocupado porque no nos roben la democracia», dice Sorianello en conversación telefónica con lavaca. Cuenta: “El jueves pasado vi un tuit que mostraba la contraseña del sistema del voto electrónico. Entré y era posta. Hice público eso. Lo que difundí es que cualquier persona podía acceder a las terminales de recuento de votos. Es un sistema que pone en peligro a la democracia y sentí el deber de compartir la información que tenía. Soy parte del movimiento de libre conocimiento. Nuestra ética es compartir información. Y si la democracia está en peligro, lo decimos”.
Diego Saravia – ingeniero, docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) y uno de los mayores expertos de Argentina, además de candidato a diputado en su provincia por el FPV- explica la parte técnica de este descubrimiento: “Lo que se descubrió fue la posibilidad de grabar  boletas con muchos votos para un candidato. Si bien lo descripto sería detectable por un observador atento, nada le impide a la empresa activar una rutina que rectifique las inconsistencias y logre certificados de escrutinios perfectos”. ¿Qué significa esto? Que el sistema es poco vulnerable para un agente externo, pero muy manipulable por la propia empresa: “Lo que se descubrió – la posibilidad de grabar boletas con muchas votos para un candidato- es la última gota que confirma esa hipótesis. Lo grave del descubrimiento es que se reveló que las auditorías efectuadas fueron inefectivas. Y si la auditoría no es eficaz, no hay nada que impida a la empresa hacer fraude. En definitiva, nada le impide a la empresa definir a un ganador”.
Diego Saravia fue una de las personas que denunció las irregularidades del sistema de boleta electrónica durante las PASO en Salta, y que por ello tuvo un round directo con el titular de MSA en Argentina, Nicolás Deane. Otro dato de escándalo es que el titular de MSA, Nicolás Deane, cuya empresa tiene el monopolio del voto electrónico en el país (acaba de ganar la licitación para implementar el sistema en Resistencia), fue Secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral hasta al menos el 2011 (https://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184578/norma.htm).

Diego Saravia

El round salteño

En las elecciones salteñas de este año, la empresa MSA reconoció que tuvieron que reemplazar 299 máquinas que presentaron fallas. Saravia, por su parte, demostró otra más: a modo de fiscalización informática, con conocimiento del presidente de mesa, logró poner (junto a otras personas) a la máquina en la cual las personas debían votar en modo de mantenimiento para demostrar la debilidad del sistema de MSA.
En el antecedente salteño el sistema fue contratado por el gobernador Juan Manuel Urtubey (144 millones) y los primeros en denunciar irregularidades fueron los candidatos del PRO. El problema, entonces, no parece tener color político, sino estar atado al control del oficialismo. Los abogados del Frente de Romero y Olmedo denunciaron, sin embargo, a la empresa: “La empresa MSA eludió el control de la autoridad electoral y de los fiscales informáticos designados por cada partido o frente participante en los reemplazos; se observó manipulación de los DVD sin control alguno de las autoridades electorales y no se dispuso vigilancia a los efectos de evitar tales reemplazos arbitrarios y discrecionales».
Saravia se hace otras preguntas más allá de la coyuntura: “¿Para qué sirve esto? No veo que este sistema aporte nada nuevo ni amplíe la capacidad de decidir de los electores. Lo único destacable es la velocidad del escrutinio provisorio. Dicho esto, ¿hay otras formas de hacer voto electrónico? Sí, y mejores. Para empezar, el sistema debe ser transparente: eso implica publicar el código fuente y no allanar a quien lo investiga”.
En una entrevista con El Intransigente, Nicolás Deane, contesta las críticas a Saravia con una respuesta particular: “Desde que trabajamos en Salta, él dice que quiere ver el código fuente. Quiere que lo publiquemos en Internet y que él y toda la comunidad puedan verlo. Esto es algo ideológico que genera más problemas de los que supera con este tipo de información”.
Deane sostiene que “los informáticos” confunden urna electrónica (que tienen memoria y un router interno que contabiliza votos) con boleta electrónica. “El dato no se guarda en la máquina sino en la boleta, en el mismo soporte físico y el chip. Eso se carga en la máquina con dvds que se queman frente a todos los partidos políticos. Pero antes de grabar, no solamente tienen la posibilidad de revisarlo, sino que también se verifica”, defiende.
A Saravia no le cierran las explicaciones públicas de Deane, y se remite a los hechos: afirma que Sorianello demostró la verdadera cara del negocio. Propone dos opciones. Una: “La empresa actúa de mala fe”. Dos: “La empresa es tan incapaz que es extraño que el sistema funcione correctamente”. ¿Dos más dos es cuatro? Su conclusión: “La única opción que queda es que esos agujeros están ahí a propósito”.

Tomala vos, dámela a mí

La preadjudicación de MSA (Magic Software Argentina S.A )no llevó ni un mes. Según consta en el propio Boletín Oficial porteño, la licitación se abrió el 14 de enero, la apertura de sobres con las dos empresas oferentes se realizó dos semanas después (28 de enero a las 15 horas) y el 4 de febrero la Comisión de Evaluación de Ofertas ya tenía la conclusión de “que la oferta más conveniente para la adjudicación correspondiente” era la de MSA.
La Ciudad lo oficializó el 20 de febrero a través de un decreto donde se comprometía a desembolsar 216 millones de pesos por los servicios de MSA para las PASO, las elecciones generales y, también, para una eventual segunda vuelta (bingo: con el ballotage factura 12 millones de pesos más). Como, finalmente, el sistema no fue utilizado en las primarias, el Gobierno renegoció las pautas con la empresa de cara a lo que venía: Magic Software Argentina cerró en 151 millones de pesos por un escrutinio provisorio y otro tipo de servicios (instalación de máquinas para la capacitación de la población y personal, además de la infraestructura tecnológica) para las elecciones generales.
Las cuentas realizadas por el diario contrainformativo Clarín establecen que la implementación del voto costó 6 veces más que la antigua modalidad de boletas impresas y que por cada votante, el gobierno gastó 60,4 pesos.
La otra empresa que se presentó a la licitación fue Smartmatic Internacional Holding B.V, una compañía holandesa con sucursales distribuidas por todo el mundo, a la que ciertos sectores de la prensa local vincularon rápidamente con el “fraude chavista” y las “irregularidades” en la implementación del voto electrónico en Brasil.
La oferta de Smartmatic superaba los 203 millones de pesos, pero estaba por debajo de la de su competidora, que ascendía a los 218 millones de pesos.
La Comisión de Evaluación de Ofertas, encargada de evaluar la documentación que cada empresa presentó en la licitación, estuvo integrada por:

• Roberto Gigante, por el Ministerio de Hacienda.
• Bruno Screnci Silva, por el Ministerio de Gobierno.
• Felipe Miguel, por la Jefatura de Gabinete.
• Eduardo Alberto Macchiavelli, por la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
• Gustavo Lonegro, por el Ministerio de Justicia y Seguridad.

MSA ganó la licitación, literalmente, por goleada, pero Smartmatic no se quedó callada:presentó un amparo contra el gobierno porteño por considerar que el pliego y el proceso estuvieron hechos “a la medida” de MSA. El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 11, a cargo de la jueza Ana Paola Cabezas Cescato, rechazó “in limine” el amparo por considerar que el Gobierno “pareciera haber obrado dentro de las posibilidades que el marco normativo le permitía, sin que se vislumbren la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta alegadas” por la firma holandesa.
El sistema de evaluación de la licitación estuvo basado en los puntajes que la Comisión fue otorgando a las empresas en los diversos tópicos. Por ejemplo, MSA goleó a Smartmatic en los antecedentes empresariales: 35 a 15. Allí pesó la valoración sobre los antecedentes específicos de cada compañía en relación al sistema de boleta electrónica. En este punto, la Comisión de Evaluación de apoyó “en la opinión técnica” de la Dirección General Electoral, cuyo informe le otorgó 10 puntos más a MSA que a Smartmatic, ya que esta última sólo acreditaba –según el organismo oficial- una elección a cargos públicos en una ciudad de Ecuador.
La opinión de la Dirección General Electoral también pesó a la hora de definir las características de los sistemas ofertados, y Smartmatic sufrió una quita de puntos ya que los dispositivos presentados “se ajustan al sistema de voto electrónico y no al de boleta única”. A estas quitas se le agregan la falta de CUIT de la firma holandesa en Argentina y la incapacidad de presentar una certificación de stock de bienes de dispositivos electrónicos en el país.
Por su parte, el Grupo MSA se presenta como un holding de capitales “100% nacionales”. Además del ex funcionario de la Cámara Nacional Electoral, el presidente es Sergio Osvaldo Orlando Angelini y el director titular, Gabriel Oscar Serio. Sus mandatos vencen el 23 de octubre de este año.
En la página de la empresa se jactan de estar hace más de quince años “brindando servicios de alto valor agregado en el mercado nacional e internacional”. MSA está conformado por varias empresas, entre las que se destaca el servicio de boleta electrónica, pero también sistemas de software “de administración pública”. De eso se trata “Punto Gob: “Desde principios del año 2000, el gobierno de la Municipalidad de Rafaela y GRUPO MSA han incursionado en la conformación de esta Software Factory bajo el modelo de sociedad anónima, para producir y comercializar software de administración pública”, dice la empresa. De esa experiencia también se destaca la coincidencia de otro empleado municipal devenido miembro de MSA: Germán Gabriel Burcher, ex secretario de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela.

Consejos de un experto

¿Y Sorianello? La pesadilla judicial lo obligó a conseguir un abogado que aportó una onegé. Por consejo del letrado, dejó de hablar con la prensa. Al mismo tiempo, alguien creó un perfil falso (fake) de Twitter con su apodo.
El verdadero es @_joac
El falso le agrega otra “c”.
En Twitter, justamente, comenta que también le recomendaron cortarse el pelo.
Y aconseja:
“Cuando votes, chequeá que lo que votaste en la pantalla sea lo que sale impreso en la boleta. Y luego, revísalo con el lector. Sé tu propio fiscal de mesa”.