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Injusticia perpetua

Ramón Cortés y José Rosales son dos de los sentenciados a prisión perpetua por el crimen del policía Jorge Sayago. Las pruebas: una confensión arrancada bajo tortura. Qué paso aquel día de furia, cómo se armó la causa, quiénes se beneficiaron y qué se puede esperar ahora de la justicia. La pregunta sigue siendo ¿quién mató a Sayago?

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hace 11 años

05/05/2014

Ramón Cortés en su casa el día que la Presidente defendió la sentencia a prisión perpetua que le impusieron por el crimen de un policía.

Ramón Cortés está desconcertado: “Estoy condenado a prisión perpetua, pero en libertad. Me acusan por un asesinato, pero no maté a nadie”.
Vive en su casa de siempre en Las Heras, Santa Cruz, conserva su trabajo de siempre como empleado municipal, pero a la vez fue acusado por el homicidio del policía Jorge Sayago ocurrido el 6 de febrero 2006. Pasó Ramón tres años de terror en la cárcel (2006-2009) y lo soltaron, como a los demás, al vencerse los plazos en los cuales se puede tener detenida a la gente sin causa. Pero el año pasado se consumó el juicio oral, y en diciembre fue sentenciado a ser huésped eterno del sistema penitenciario. No está preso porque el fallo no es firme hasta que pase por las cortes supremas provincial y nacional. Además de desconcertado, Ramón está angustiado.
Tiene 5 hijos. La casa respira hospitalidad y eso que se llamaba educación. Las más pequeñas dan besos con declaraciones: muá. Silvana, 32 años, sonrisa grande y cálida, es la compañera de toda la vida de este hombre retacón, que dice: “No soy un asesino, no maté al policía. No hubo ni una prueba. Todo lo que presentaron en el juicio es falso. Torturaron y le pegaron a la gente para que dijese cualquier cosa. A mí también. La presidenta del tribunal me absolvió. Todos me conocen en Las Heras, cualquiera puede decirle quién soy yo. No se hace justicia para el policía muerto condenando a gente inocente”. Joan, 11, Gilda, 8, y Bárbara, 6, hacen muá y salen a jugar con sus amigas del barrio corriendo por la calle de ripio.
Hace unos minutos, mientras llegábamos a Las Heras, la Presidenta de la Nación cuestionó frente a la Asamblea Legislativa a quienes reclaman por estas condenas: “Les voy a contar lo que es lo de Las Heras: en 2006, un policía que salió a defender su comisaría en Pico Truncado fue muerto a palazos en el piso, lo patearon, le reventaron todos sus órganos entre cuatro o cinco. Un chico muy joven. Néstor recibió a su viuda, una chica muy joven, y yo entré. Lo habían matado como a un perro. La Justicia finalmente llegó y condenaron a los responsables de ese homicidio terrible, alevoso”.
Algunos detalles: la comisaría era de Las Heras, no de Pico Truncado. Sayago había caído por un balazo que le dieron por la espalda: por la posición, pudo provenir de la propia comisaría, mala puntería producto del caos de aquella noche. Efectivamente, luego fue golpeado en el piso por manifestantes. No es cierto que lo mataron como a un perro, es peor: nadie mata así a los animales. No resulta muy evidente que los condenados sean los responsables del homicidio, ni que la justicia haya llegado.
Le describo a Ramón lo que dijo la Presidenta. “Pero no fui yo. No puede decir eso. ¿Por qué me acusa si no me conoce? Yo podría ser su hijo o su nieto (Ramón tiene 39 años) pero no lo soy, lamentablemente soy una persona humilde”. Silvana, que también es empleada municipal, agrega: “Yo vi las fotos. Vi cómo quedó Sayago. Leí la causa. Acá tienen que pagar los hijos de puta que lo hicieron mierda. Estaba indefenso. Lo mandó al muere la propia policía. Y lo mataron de un modo cobarde. Pero que paguen los asesinos, y no los perejiles a los que les armaron una causa terrible”. Perejil es el nombre que se da a personas inocentes acusadas de delitos, para encubrir a los verdaderos responsables y simular que se está haciendo justicia. Curiosidad: el primer nombre de Ramón, que jamás usa, es Inocencio.
Silvana: “A lo mejor yo no entiendo mucho, pero ¿se puede hacer eso? ¿Se puede acusar a cualquiera?” pregunta sinceramente asombrada, señalando al televisor que funciona según cierta norma muy difundida: encendido y mudo.

José Rosales y su familia, otro condenado a perpetua, en Las Heras. «Culpar a inocentes no es hacer justicia».

Ahora entendí

José Rosales es otro de los tres condenados a prisión perpetua por aquel homicidio. También tiene 5 hijos, también tiene 39 años, también fue huésped de las cárceles argentinas y sus aberraciones durante tres años. En la periferia de Las Heras, que parece la periferia del mundo, José está ampliando su casa en sus ratos libres (aprendió el valor de los ratos libres, como construcción). Trabaja en la misma petrolera de siempre, Indus, 12 horas por día, en la que no parecen considerarlo un asesino. Tipo serio, curtido en los campos petroleros y en esos años de prisión. “Estoy un poco nervioso. Nunca hablé con un periodista” dice, como disculpándose.
“De 100 testigos ninguno me acusó de nada. El único testigo en mi contra fueFlavio Torres, con el que nos armaron toda la causa y detuvieron a 20 personas. Torresdespués confesó que había declarado bajo torturas de la policía,que le daba los nombres de la gente a la que tenía que acusar. Pero no tuvieron en cuenta eso, y sí tuvieron en cuenta lo que él mismo confiesa que declaró bajo torturas”.
Claudia, 22 años, segunda pareja de José, ha preparado mate con agua de bidón: es imposible tomar agua en Las Heras, mutada en veneno gracias a las petroleras. Claudia: “Nunca me interesé por los conflictos de los trabajadores ni nada de eso. Pero ahora entendí: el juicio fue una cosa de la política para que condenen a cualquiera, y así le meten miedo a la gente para que no salga a reclamar más”, explica, y luego amamanta a Rodrigo, 3 meses.
Quizás el monocultivo argentino de soja está empezando a tener competencia: perejiles transgénicos, aptos para ser fumigados con una prisión perpetua. Ramón: “A nadie le importa investigar lo que realmente pasó. Por eso también yo sigo preguntando: ¿Quién mató a Sayago?”

La escena

Nunca sabemos cuándo podemos ser golpeados. Así comienza El tercer hombre, de Graham Greene, una historia de intrigas. Santa Cruz no tiene intriga que envidiarle a nadie y la madrugada de Las Heras preparaba golpes para demasiadas personas que no podían saberlo. El 6 de febrero de 2006 venía gestándose un conflicto que reunía a:
a) Trabajadores petroleros que reclamaban por el impuesto a las ganancias que les había hecho estallar casi el aguinaldo entero, junto a trabajadores tercerizados de la construcción (UOCRA) que además querían ser encuadrados como petroleros.
b) Un malestar creciente en Las Heras (12.000 habitantes entonces) donde todos se conocían y compartían una especie de cansancio histórico frente a la hipoacusia política y empresaria, reforzada por la violencia policial. En Caleta Olivia hubo represión y seis detenidos durante casi un año en 2005. En Las Heras a fines de 2004 los trabajadores de Oil, contratista de Repsol, reclamaban el cumplimiento de un acuerdo y 25 de ellos fueron detenidos, incluyendo a Karina Sauco que perdió su embarazo de 4 meses por los golpes en la vagina y el vientre que le propinaron los policías–consta en la causa judicial- gritándole que no había lugar para más “bastardos” e “hijos de subversivos”.
c) En términos de interna santacruceña, el gobernador Sergio Acevedo, ex titular de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y kirchnerista de la primera hora, se iba convirtiendo en un antikirchnerista de la segunda hora, en situación crecientemente conflictiva con el ex gobernador y entonces presidente Néstor Kirchner. Ellos eran los titiriteros de cientos de políticos, intendentes y sindicalistas (incluyendo al gremio petrolero personificado en Héctor “Chaco” Segovia) que expresaban una interesante discrepancia: ¿quién gobierna la provincia?
Los trabajadores cortaban la ruta a la salida de Las Heras desde un mes antes, en disidencia con las conducciones gremiales que, a veces pasa, jugaban en contra de quienes tenían que defender. Habían elegido un vocero, Mario Navarro, cercano al Partido Obrero, y dirigente respetado en la zona (el propio Kirchner así lo declaró). La noche del 5 de febrero Navarro llegó a FM Soberanía a una entrevista. Allí fue a buscarlo la policía, lo detuvo, y lo trasladó a la Comisaría 2ª. Todo sin orden de detención, y sobreactuado. El propio sumario policial denunció más tarde lo incomprensible de la acción, que se llevase a cabo de noche, y en ese momento caliente que vivía la ciudad. Habían derivado policías de otros lugares: Sayago (de Puerto Deseado) venía entre quienes habían custodiado la Fiesta de la Cereza, en Los Antiguos.
Detenido Navarro, se corrió la voz por Las Heras. Desde la ruta los trabajadores resolvieron acercarse al lugar para reclamar su libertad. Iba llegando cada vez más gente. Conocidos y desconocidos (grupos que no eran vecinos, ni estaban en el corte).Se calcula que eran unas 1.000 personas: una pueblada. Estaban incluso dos concejales kirchneristas (Roxana Totino y Teodoro Camino), un diputado radical (Juan Acuña Kunz), y el presidente del PJ local Francisco Vázquez. Según todos los testimonios la policía por orden del comisario Gustavo Iñigo (quien dijo a los concejales: “No hay nada que dialogar”) abrió el infierno, disparando gases lacrimógenos y balas de goma. En Las Heras sobra el ripio. La gente devolvió la provocación con esas piedras que tomaba del suelo. La policía mandó dos grupos a la calle. En el sumario policial, revelado en 2008 por Opi Santa Cruz, constan los actos de cobardía de oficiales escondidos en la comisaría. Jorge Sayago quedó adelantado con respecto a sus compañeros y frente a la multitud. Allí recibió un balazo que lo hizo caer. Fue por la espalda, bajo el hombro: no es claro si le disparó alguna de las patotas recién llegadas, o si fue mala puntería e ineptitud de algún policía de los que debían cubrirlo.
Los otros policías se replegaron. En medio de esa pesadilla oscura y gaseosa, mientras cientos de personas se desbandaban huyendo, un grupo se acercó a patear y apalear al caído. Un rato después los policías fueron a retirarlo, pero Sayago murió esa misma madrugada.
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Cómo se borran pruebas

La policía acordonó la escena del crimen una semana después, lo que permitió que desaparecieran todas las huellas y pistas que hubiesen ayudado a desentrañar el caso. “Al día siguiente andaban los policías, vecinos y hasta chicos levantando los casquillos, objetos, revolviendo y llevándose todo como si fueran souvenires” dice a Mu Roxana Totino, aquella concejal kirchnerista que hoy es Secretaria de la Mujer provincial.
Simultáneamente comenzó la llamada caza de brujas. Persecuciones, razzias, allanamientos, detenciones ilegales, golpes, torturas, apuntando a vecinos que tuvieran relación con los conflictos laborales. “Fue una cosa tremenda, no era como si estuviéramos en democracia sino en épocas anteriores, con grupos policiales y parapoliciales persiguiendo gente” sostiene Totino. Sin lugar al cual huir, cientos de personas se refugiaron en la parroquia de Las Heras, conducida por el sacerdote Luis Bicego, y allí viajó especialmente, además, Hebe de Bonafini. Palabras de aquellos días, declaradas a la agencia lavaca.org.
Bicego: “Me han venido a ver policías reconociéndome que tenían la orden de provocar a los trabajadores para que hubiera violencia, viniera Gendarmería, y terminar con la huelga. A la gente la llevaban a palos, haciéndolos declarar lo que querían. Después aparece la izquierda, porque a río revuelto ganancia de pescadores: no soy boludo. Pero mientras tanto sacrifican gente a los dioses que aquí vienen a ser el petróleo, las empresas, el gobierno y los sindicatos”.
Hebe discrepó con Kirchner, que había hablado de “excesos” policiales. “No fueron excesos, fueron delitos. Yo lo que vi es que las torturas existieron, las reconoció el propio gobierno, y esas violaciones a los derechos humanos hasta se acreditaron con médicos policiales. Pero la jueza (Graciela Ruata de Leone) no citó a nadie a declarar. Evidentemente está del lado de los que torturaron”. Su explicación de lo sucedido: “Los trabajadores tienen toda la razón en reclamar. Y cuando reclaman los despiden. Estas empresas, que saquean todo, han pagado para que detengan a todos los trabajadores delegados”.
La ex concejala Totino confirma los apremios: “Decenas de testimonios fueron tomados así. A Flavio Torres lo hicieron declarar con una pistola en la cabeza, en un lugar que ni siquiera era la policía sino un edificio de Vialidad. Se lo dijimos a la jueza y no hizo nada”. Detalle crucial: esa “declaración” de Flavio Torres originó 24 detenciones. Pese a que Torres denunció que el testimonio era fraguado, quedó en pie como válido durante todos estos años. Y en 2013 fue el único sustento para enjuiciar a 15 personas.

La bolsa en la cabeza

Por esa razón el fiscal de la causa, Carlos Rearte, se negó en dos oportunidades a elevar la causa a juicio oral al considerar el pedido “impreciso e infundado” y a la causa “plagada de nulidades”. A la tercera vez, ya en 2013, fue desplazado, y relevado por Ariel Candia, un fiscal menos sensible a imprecisiones, nulidades y otras plagas. Las defensas recordaron que Candia recomendó a los jueces “apartarse de la legalidad” para poder juzgar ciertas cosas, y dijo, literalmente: “Darle un cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza (a un testigo) no implica decirle lo que debe declarar”. Ramón me cuenta que la bolsa plástica la usaban cerrándola en el cuello para que la persona se ahogue (submarino seco). Las “cachetadas” incluían palizas y pateaduras en las zonas genitales, una de las cuales obligó a que Franco Catrihuala tuviera que ser operado de un testículo, según declaró en el juicio.
De los 15 imputados por el testimonio de Flavio Torres, 6 fueron acusados con esa declaración como única prueba que en realidad no probaba nada. Por esa razón la Presidenta del Tribunal Oral de Caleta Olivia, Cristina Lembeye, absolvió a los acusados, incluyendo a José Rosales, uno de los condenados a perpetua. Los otros dos votos, Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera, condenaron a los trabajadores sin que se verifiquen pruebas concretas y creíbles.
Ramón Cortés también fue condenado por 2 a 1. La Presidenta del Tribunal lo absolvió porque la única prueba que encontraron fue su teléfono celular, que Ramón había perdido a una cuadra de la comisaría. La única declaración contra él fue la de Domingo Nahuelcura, quien a su vez había sido “denunciado” por Ramón: “Claro, te ponen la bolsita para que no respires, te dicen nombrá a este o a aquel. Yo a Nahuelcura dije que lo conozco. Los policías pusieron que yo decía que era culpable. Y a él le habrán hecho lo mismo”. La jueza Lembeye escribió: “Por qué uno fue ‘elegido’ como testigo y el otro como imputado, no tiene mayores explicaciones lógicas, ni han sido dadas en la causa”. La Presidenta del tribunal da cuenta así de esta digitación de culpables sin lógica ni pruebas. Las personas son inocentes hasta que se demuestra lo contrario, dicen. Los otros dos jueces siguieron en cambio el argumento policial y, con el imputado ya elegido, condenaron a Cortés.
La jueza condenó en cambio a perpetua a Hugo Morales (resultó imposible detectarlo en Las Heras), aunque de la lectura del fallo tampoco resulta demasiado clara (lo condenan por un testimonio de una cuñada que dijo y desdijo y etc). Las defensas realizadas por Claudia Ferrero de APEL y Rosa Razuri de Las Heras, entre otros, apelaron todas las condenas, que fueron rechazadas también por el Comité por la Absolución que apoyan Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer, gremios (ambas CTA, ATE, Subterráneos, Zanon de Neuquén, FOETRA, Garraham) organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierda. Además de las 3 perpetuas hubo 6 condenados a 5 años de prisión por coacción y lesiones, todo producto en gran medida del mismo sistema probatorio: bolsita, pistola en la cabeza, y borceguíes con punta de acero.
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Hipótesis

La propia familia del policía Jorge Sayago, a través de su tío Víctor Álvarez, planteó en el juicio que los acusados “son los perejiles” y que no se investigó a los responsables políticos, policiales, ni a los verdaderos autores materiales.

La doctora Verónica Heredia (que ha llevado varias causas contra petroleros y el caso de la desaparición forzada de Iván torres en Chubut) plantea que Sayago fue víctima del propio sistema policial de violencia institucional. El argumento empalma con el que proponía Bonafini.
Otra idea que nadie plantea en voz alta: la interna política hizo que Acevedo atizara la conflictividad, aliado a las empresas, para culpar a los petroleros y controlar finalmente el conflicto. O que lo hicieran sus oponentes, para inutilizar a Acevedo. En esa teoría figuran los que sospechan que los concejales y sindicalistas kirchneristas tuvieron un rol poco ingenuo en ese clima previo.
Otra hipótesis: que las empresas hayan fogoneado las cosas, como sugieren Bonafini y Bicego, entre otros, como forma de control social ante las protestas.
O de todo un poco, teniendo en cuenta que entre funcionarios, sindicatos, empresas y policía, la frontera suele ser esponjosa.

Resultados: a 40 días del estallido, Acevedo renunció a la gobernación. De Mario Navarro nunca volvió a saberse por la zona (en Las Heras dicen que anda por Neuquén). El concejal kirchnerista Camino ahora es intendente (tuvo que salir a desmentir que pretendiera dotar de pistolas-picana a grupos de seguridad urbana). La concejala Totino es secretaria provincial. El ex diputado radical Acuña Kunz ahora es concejal. El presidente del PJ Vázquez continúa en lo suyo. El ultraoficialista Chaco Segovia, perdió las elecciones tras dos años de intervención al sindicato petrolero por fraudes y malversaciones. Y las empresas siguen gobernándolo todo. Otra rareza: salvo Totino ninguno de los aquí nombrados fue citado a declarar al juicio.

Libertad

José Rosales reflexiona: “La política no es lo mío, pero en todo esto, antes y ahora, hubo siempre mucha presión de arriba ¿no? Acá dijeron: agarremos gente, no importa si son culpables o inocentes. Y no hubo justicia para Sayago, sino para las corporaciones grandes”.
Sobre la izquierda: “Se interesan por nosotros, porque somos publicidad. Ellos nos usan, como nosotros los usamos o le tratamos de sacar provecho”. Sobre la cárcel: “Mamita, lo que fueron esos años. Además de los golpes, las amenazas, te meaban y escupían la comida. Pero lo peor es que me robaban las fotos de mis hijos. Y nos psicologeaban para que nombráramos más gente que pudieran meter presas. Dicen que la cárcel es para corregir. Olvidate: de ahí salís con la cabeza pinchada”. Sobre Flavio Torres, el testimonio armado por la policía para inculparlo: “Hoy Torres es delegado en Indus, donde yo trabajo. Me querían descontar los días de juicio, pero él discutió y se la ganamos. Mi dolor es que nunca vino a decirme: Rosales, me cagaron a golpes, por eso declaré en tu contra”. La experiencia: “Me hizo cambiar mucho. Antes me decían ‘cayó en cana Fulano’ y yo decía ‘alguna cagada habrá hecho’. Hasta que me pasó esto. Empecé a darme cuenta de cómo son las cosas”. A Claudia, su compañera, le pasa lo mismo: “No me interesaba nada. Pero ahora sí. El otro día fui a una asamblea en BACSSA porque metieron presos a otros cinco petroleros que estaban reclamando”. Sobre el discurso de Cristina, dice Claudia: “No es una persona que tenga derecho de juzgar a otros. Mi marido es inocente, se rompe el lomo laburando, trabajó siempre. El que no lo entienda, no está a la altura de decirnos cómo son las cosas”. José me dice que aprendió a valorar la libertad. “Hasta en la cárcel tenés que ser fuerte de la cabeza porque si no te querés colgar de una reja. La cuestión es la mente. Sin libertad, no sos nada. Y si la gente, por miedo, se queda sin la libertad de salir a plantear las cosas, nos van a pisar la cabeza”.

La Sirenita

Ramón era delegado en el complejo comunal del gremio SOEM (empleados municipales). “Yo no fui a participar de la pueblada, sino a mirar, como todos, porque era a dos cuadras de mi casa. Después me vinieron a buscar, me torturaron al llevarme para Puerto Deseado. En la camioneta me cagaron a piñas, vea. Y después hasta me arrancaron mechones de pelo. Yo tenía lindo pelo, pero me lo arrancaban y me golpeaban la cabeza contra la pared. ¿Eso no es tortura? Yo soy de decir las cosas como son. Lo único que les faltó fue violarme, y creo que ganas no les faltaban. También nos decían que me iban a tirar al mar con las manos precintadas, así íbamos a parecer La Sirenita nadando sólo con los pies”.
Además de ser empleado municipal (“ni siquiera soy petrolero”), entrena un equipo de fútbol femenino. A través del legislador porteño Gustavo Vera, Ramón le mandó una carta al Papa Francisco. Dos frases: “Yo soy muy humilde y no quiero pagar los platos rotos que rompieron otros” y “La Justicia de la Provincia de Santa Cruz quiere cargar sobre mi y otros trabajadores de mi pueblo, Las Heras, el peso de un asesinato que no hemos cometido”. Contestó Francisco: “Le aseguro que su vida no me es indiferente y haré lo que pueda en lo que me pide”. Ramón: “No sé si servirá de mucho, pero da orgullo que me conteste. Estas cosas no le pueden pasar más a nadie”. Sobre la libertad: “Es psicológica. Pensar en cosas buenas, en buenos sueños y verlos hechos realidad. Mi sueño es ver a mis hijos felices”. Silvana: “Y que este tormento se termine de una vez por todas. Capaz que Dios tiene un propósito para hacernos pasar esto. Lo que sé es que nos quisieron destruir. Aquí destruyeron un montón de familias. Pero con nosotros no lo lograron”. Estas personas parecen tener un proyecto político temible: que las dejen vivir y trabajar en paz. Siempre se trató de eso.
Ramón y Silvana hacen un programa de radio en FM Emoción: Sábados y Domingos diferentes. Folklore y cumbia. “La gente manda mensajes felicitándome por la onda que le pongo, pese a toda esta situación”. Le pido que me recomiende un par de temas. Ramón elige una milonga que dice: “Todos sabemos que el pueblo es pobre, todos sabemos que el suelo es rico” y “tanta pobreza es un disparate, pero está todo premeditado para no encontrarle el agujero al mate”. Se llama Ay Patria mía, de Argentino Luna. “Y una cumbia puede ser la de Gilda, que es tan linda” sugiere Ramón: “Se llama No es mi despedida”.

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El restorán Lalo de Buenos Aires: Cubiertos en resistencia

Parir justicia

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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

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hace 1 día

17/10/2025

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.

El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.

El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas — Atilio Benedetti, UCR-Entre Ríos, principal promotor del proyecto, expone en la reunión del pasado martes.

Exposiciones sin consenso

El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.

En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.

Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.

Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

La evidencia del modelo

Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.

Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.

Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.

Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.

María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Antecedentes que enferman

Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.

Misión imposible: la ¿increíble? historia de Sabrina Ortiz

Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.

Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.

Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.

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Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza

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hace 1 semana

09/10/2025

Al llegar al país luego de estar 8 días detenida (junto a otros tres argentinos, entre un total de 443 personas que conformaban la flotilla Global Sumud) la legisladora habló con lavaca.

Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza — Celeste Fierro al llegar a Ezeiza. Fue recibida por decenas de personas que se acercaron a apoyarla y recibirla.

Celeste Fierro durmió sólo algunas horas, y de manera intermitente, y apenas se levanta habla con lavaca. Llegó anoche de Jordania, donde fue trasladada desde la cárcel de Ktzi’ot. Allí estuvo presa del 3 al 7 de octubre, después de que el Estado israelí interceptara el barco en el que pretendía llegar a Gaza como parte de la flotilla Global Sumud. Del 1 al 2 tuvo dos días de traslados, y el día 7 la llevaron también a Jordania, desde donde partió el vuelo a Buenos Aires.

La historia es conocida: en aguas internacionales, el Estado de Israel interceptó todos los barcos de la flotilla, tomó su mando y los dirigió a tierra para detener a sus tripulantes. “Sabíamos que, lo más probable, era que pasara lo que pasó”, se sincera Fierro respecto a la misión humanitaria que buscaba 1) romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza y 2) hacer visible la crisis humanitaria allí.

Lo primero no lo lograron. Lo segundo, sí.

Lavaca fue el único medio argentino presente en la masiva movilización en Roma que, tras conocerse la noticia de la detención de los tripulantes de esta flotilla, reunió a un millón de personas para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza y, entre otras cosas, la liberación inmediata de los recientes detenidos. Ese mismo día, por la noche, llegaron a la capital 26 personas italianas que habían sido detenidas, las primeras que largó el Estado de Israel.

Los cuatro argentinos (Ezequiel Peressini, Carlos Bertola, Nicolás Calabrese, y Celeste) fueron de los últimos.

Finalmente ayer, después de 8 días, volvieron a pisar su tierra.

Desde aquel 1 de octubre hasta ahora, Celeste no había vuelto a tomar mate. Está en eso mientras conversa y revela que su mate, al igual que todas sus pertenencias (a excepción del pasaporte) le fueron sustraídas por el Estado de Israel.

La primera pregunta es obvia: ¿Cómo estás?

Entera, lo cual es un montón. Y muy contenta de estar de nuevo acá. Eso es lo primero, pero también muy preocupada porque entiendo que todavía hay compañeros detenidos de la Global Sumud y que, además, interceptaron a la Freedom Flotilla (145 detenidos). Así que poniéndome en contacto con compas de otros países para estar a disposición.

Durante dos días no se supo nada de vos; luego lo que llegaba era casi nada. ¿Qué pasó en esos primeros momentos?

Lo que nos pasó no se compara con lo que pasan los presos palestinos en las cárceles de Israel; no se compara con lo que viven las familias palestinas en la franja de Gaza. Pero, en ese momento, lo que más preocupaba era que no supieran que estábamos vivos. Desde que nos detuvieron estuvimos 48 horas hasta que logramos ver a un abogado. Y después, la visita de la cancillería fue recién el viernes o el sábado, 3 días después de la intercepción. Lo único que yo quería que avisaran era que estábamos vivos.

¿Les iban informando qué harían con ustedes?

Los primeros que salen son los italianos. En las intercepciones preguntaron por los italianos, ya veíamos claramente que iban a liberarlos más rápido. Los que quedamos detenidos fuimos los del sur global, no solo América, Sudáfrica, Nueva Zelanda.

¿Por qué Italia primero?

Lo de Italia fue por la presión social hacia el propio gobierno italiano de ultraderecha. Hubo una huelga general una semana antes de la intercepción; eso hizo que Meloni mandara un barco, que fue directamente para responder a la huelga; y también para que los italianos desistan de esas misiones. No lo lograron.

¿Cómo fueron los días previos a que los interceptaran?

Ya habíamos tenido una situación previa el día anterior, donde rodearon dos de los barcos de la flotilla. Con alguna cosa magnética cortaron los radares, los teléfonos, como que esos barcos perdieron la comunicación. Y luego se retiraron. Ahí tuvimos el primer intento, ya antes habíamos tenido los ataques con los drones.

¿Cómo es un ataque con drones?

Los primeros dos ataques fueron en puerto de Túnez. Nosotros no habíamos llegado ahí todavía. Pero también entendimos que eran para intimidar, para amedrentar. Es un ejército muy preparado: si hubieran querido hundir un barco lo hacían. Lo que hicieron en el puerto dos días distintos a dos embarcaciones distintas fue tirar como unos explosivos. Y se logró contener ese fuego rápidamente y no pasó a mayores y lograron seguir esas embarcaciones.

En altamar también siguieron las intimidaciones

Todas las noches teníamos drones arriba. Una vigilancia permanente 24×7, fundamentalmente a la noche. Dos días antes de llegar a Creta, entre Sicilia y Creta, ya no eran algunos sino que eran decenas de drones que pasaban por todos los barcos. Y a las 11 de la noche empezamos a tener interferencia en las radios. Empezó a sonar ABBA a todo volumen, nos mirábamos porque no sabíamos qué estaba pasando… Y a los 15 minutos escuchamos la primera detonación… Tiraban esos explosivos que explotan cuando tocan algo; a uno de los barcos les tiraron uno de los mástiles… a otro directamente le rompieron una vela. A otros era solamente el sonido y veías una luz muy fuerte. Era sistemático: cada 15 minutos sentíamos una detonación. A otro le cayeron líquidos, que no sabemos qué eran. No los escuchábamos, veíamos luces, era mucho el miedo.

¿En algún momento temiste por tu vida?

Creo que todo el tiempo. Desde ese momento, hasta que logramos salir (por anteayer). En el momento de los drones, al día siguiente hablábamos: siguen intentando que no continuemos. Y la fuerza estaba puesta en continuar. Y a la noche siguiente estaba en la guardia y no hubo drones. Fue una guardia muy tranquila. Fue el primer día que dije: y mirá si llegamos… Había crecido la presión internacional. Pero no pasó.

Y el día en que los interceptan, ¿cómo fue?

Cuando nos interceptan –no me acuerdo la hora pero era de día, habrán sido las 7PM- nos llega un mensaje de uno de los barcos que en un radar habían visto que se acercaban 10 o 12 barcos. Ahí nos preparamos con los protocolos que veníamos manejando, y en menos de una hora y media ya habían llegado. Empezaron a rodearnos lanchas rápidas, no las veías porque era de noche. Nos tiraron primero agua a todos los barcos. Luego por un altoparlante decían que no teníamos que seguir navegando, que si nos quedábamos ahí iba a estar todo bien… Todo eso duró como una hora. Hasta que se subieron alrededor de 10 o 12 marines israelíes, con armas largas, caras tapadas. Lo primero que hicieron fue desactivar todas las conexiones de Internet. Y ahí efectivamente nos detuvieron, agarraron el mando de nuestro barco. Nos cachean, nos piden los pasaportes. Revuelven todo. Y nos metieron en los camarotes, éramos muchos más de los que entran en los camarotes, estábamos todos amontonados. Estuvimos 24 horas metidos ahí, sin comer nada. Hasta que llegamos al puerto, 24 horas más, y después a la cárcel, donde nunca nos dieron agua potable, estuvimos hacinados, con precintos; a compañeros les vendaron los ojos. Sufrimos maltrato físico. Y la mayor preocupación era que se sepa dónde estábamos.

¿Cómo se siente en el cuerpo esa impunidad?

Nosotros sabíamos que el escenario más probable era lo que nos terminó sucediendo. También hay que decir que lo que significó la flotilla en cuanto al impulso, a multiplicar las acciones, es muy fuerte. Es fuerte saberse parte de una acción internacional que hace lo que los Estados no hacen, dando una respuesta solidaria, humanitaria, a una causa que es de toda la humanidad; fue muy importante. A mí me recordaba a las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española, Nicaragua… Y creo que eso también fue lo que nos protegió, más allá de la violencia que se sufrió, que todos los ojos estén puestos en Gaza y en la flotilla hace que hoy estemos en casa. Esa firmeza de continuar a pesar de los ataques. Y repito: lo que a nosotros nos pasó, ni se comprara con lo que pasa Gaza. Eso es lo que nos daba más fuerza y firmeza para continuar y de estar juntos.

¿Qué pudiste compartir con los compañeros y compañeras de otras partes del mundo, respecto a lo que estaba pasando, a la situación de Gaza, a cómo articular el reclamo a nivel global?

Para mí fue muy importante. Como experiencia militante, como experiencia de vida. Quienes somos militantes, internacionalistas, lo vivimos de forma permanente, pero esto fue encontrarnos con gente que nunca habíamos tenido contacto, que hablamos distintos idiomas, que venimos de distintas historias. Había sindicalistas, periodistas, enfermeros, médicos, compañeras activistas, artistas. Eso es lo que fortaleció la misión y sobre todo el reclamo y le dio potencia. El internacionalismo, sabernos todos levantamos una misma causa logró potenciarlo y ver que en todos los rincones del mundo se esté denunciando el genocidio y levantando la causa palestina, porque la causa del pueblo palestino es hoy la causa de toda la humanidad. Ese fue el sentido de la flotilla.

¿En qué nivel ves que está el reclamo en Argentina?

En los últimos meses se ha multiplicado la participación. Nosotros lo venimos levantando desde hace décadas, pero creo que hubo un cambio grandísimo. Me acuerdo patente el domingo que fue el Día del Padre, que hubo una movilización gigante, había familias enteras. Desde ese día hasta ahora se ha multiplicado el acompañamiento, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lugares inhóspitos del país. Se fue extendiendo y tenemos que ser cada vez más.

Ahora hay un supuesto nuevo “alto al fuego”. ¿Cómo lo interpretan?

No hay que conformarse hasta el alto el fuego que hay ahora, que no sea un nuevo invento. Lo que venga del imperialismo yanqui creo que es un nuevo acuerdo de ocupación colonial que no va a resolver de forma definitiva las necesidades del pueblo palestino. Acá una paz justa es una paz donde haya derecho al retorno, donde la Palestina sea única, del río al mar y no es lo que se está proponiendo. Hay que seguir multiplicando las acciones por eso, y en nuestro país seguir exigiendo: no en nuestro nombre. Tenemos que tomar lo que dicen nuestros compañeros judíos: que este Estado apoye a ese genocidio, a ese criminal de guerra como es Netanyahu, no es en nuestro nombre, cuando sabemos lo que significa un genocidio en nuestra historia. El genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de la última dictadura: tenemos que decir no en nuestro nombre y seguir reclamando la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Hoy es un momento en el que Israel está aislado internacionalmente, así que hay que presionar.

El gobierno nacional también parece estar en ese mismo aislamiento…

Por eso, hay que seguir denunciando a este gobierno que no solo es cómplice de ese genocidio sino que viene llevando adelante un desastre en materia económica y social y que por eso está recibiendo fuertes golpes. Acá vamos a estar para plantear una alternativa.

¿Cómo se comportó el gobierno nacional con ustedes los detenidos?

Cancillería hizo… el trabajo administrativo para saber que estábamos ahí, y comunicarse con nuestra familia. Nos lo dijeron con claridad: estuvo el cónsul, pero no fue el embajador. Y esa es una decisión política. Hubo una decisión política de no exigir nuestra inmediata libertad y eso fue lo que sucedió. Estuvimos en Jordania con los diplomáticos de Uruguay, que fueron quienes nos buscaron y acompañaron en el proceso de volver a casa.

Llegaste. Y ahora, ¿qué vas a hacer?

Hoy pretendo quedarme un rato en mi casa. Ayer no me despegué de mi hija desde que llegué al aeropuerto… Y después que la logré dormir me fui a Aeroparque a recibir a Cascote, el compañero que llegó de madrugada. Volví, dormí unas horitas, y acá estoy.

¿Qué edad tiene tu hija?

9 años.

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Nota

9 años sin Lucía Pérez

Publicada

hace 1 semana

09/10/2025

La familia de la joven realizó una marcha en Mar del Plata a nueve años del crimen. Lucia tenía 16 años al ser víctima de un narcofemicidio. El aniversario llega en el marco de un nuevo proceso que tiene a sus padres, Marta y Guillermo, otra vez en los laberintos de una justicia que no resuelve el caso y hasta descartó que se haya tratado de un femicidio. «Hoy es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama estamos luchando por todos», dijo Marta (en la foto de portada, rodeada por Guillermo y su hijo Matías). Recordó que hace nueve años habla de «narcofemicidio», figura que hoy se pone de relieve con los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Por eso, la familia pidió: «Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos».

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, agarró el micrófono durante la marcha en Mar del Plata y lo primero que hizo fue agradecer: “Gracias por estar juntos una vez más, por esta lucha que llevamos todos, por ustedes, nuestros padres y abuelos”. Después, mirando a la marcha de jubilados y jubiladas que había llegado hasta el monumento a San Martin en Mar del Plata, unió agendas y resistencias: «Hoy ustedes cumplen 2 años de su lucha”. Y, finalmente, abrazó: “Hoy se cumplen 9 años del femicidio de Lucía. Para nosotros es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama, estamos luchando por todos”.

Marta Montero pronunció estas palabras en un aniversario que tiene a la causa sumida en un laberinto que la justicia no resuelve hace nueve años. Primero, fue un juicio que absolvió a los acusados de femicidio: los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale dictaminaron que no hubo femicidio ni abuso sexual sino que condenaron a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por comercialización de estupefacientes.

Imágenes del acto en las calles marplatenses. Foto: Florencia Ferioli.

La familia logró iniciar un jury político a los jueces Urso y Viñas (Carnevale consiguió la jubilación anticipada en tiempos de María Eugenia Vidal en la gobernación), pero resultaron absueltos. El proceso sentó un precedente sobre el control social y político a nivel judicial.

En 2023, la lucha de la familia, apoyada por todo una red de organizaciones nucleadas en la Campaña Somos Lucía, logró tirar abajo ese primer juicio y realizar otro que terminó condenando a perpetua a Farías por «abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio«. En el caso de Offidani, le dieron 8 años de condena como partícipe secundario del femicidio que, sumados a la condena previa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, le significan 15 años de prisión.

Foto: Florencia Ferioli.

Sin embargo, este año la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, integrada por los jueces Víctor Violini y María Florencia Budiño, descartó que haya sido un femicidio y remitió las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata para que establezca una nueva pena para Farías, pero sólo por el delito abuso sexual con acceso carnal agravado, cuya pena máxima es de 15 años. La instancia judicial de «cesura», como es llamada, reveló las contradicciones de un sistema judicial que expone a la familia nuevamente ante el dolor de tener que explicarlo todo otra vez. Así, entre instancias de apelación a la Corte Suprema, en un país cuyo presidente y ministro de Justicia niegan la figura de femicidio, con la sociedad conmovida ante otro triple narcofemicidio bonaerense, llega el noveno aniversario de Lucía.

Foto: Florencia Ferioli.

En Mar del Plata, las columnas caminaron por las calles de la ciudad hasta llegar a la Municipalidad donde se gritó “Presente” cada vez que se nombró a Lucía y a larga lista de víctimas de femicidios que sacuden nuestro país: según el Observatorio Lucía Pérez son 203 los femicidios y travesticidios solamente en lo que va del año. La marcha fue una de las más de 170 que recorrió calles de todo el país exigiendo justicia durante el 2025.

“Hace 9 años cuando mataron a Lucia hablábamos del narco, del dealer, y hoy desgraciadamente lo vemos con el triple femicidio y con cada una de las mujeres que nos matan”, dijo Marta. Y se preguntó: “Lucía era la hija que cualquiera tiene, eso era Lucía. Nuestra lucha es por nuestras hijas, por nuestros hijos. ¿Qué país queremos construir? ¿Qué país queremos dejar? Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos”.

En diálogo con lavaca Marta mandó un video que termina en una pregunta. Mirando a cámara interpeló: “Hoy se cumplen los 9 años del narcofemicidio. Esto era lo que nosotros hablábamos hace 9 años. Lo que estábamos viendo. Lo que hoy nos está pasando con nuestras pibas. El tríple femicidio, narcofemicidio quedó muy al descubierto. Esto nos pasa en los barrios. Esto es lo que nos está pasando hoy. ¿Qué hacemos?”