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Justicia y dictadura: Los jueces al banquillo

Publicada

hace 16 años

29/09/2010

El pasado jueves 23 de septiembre se impulsó un nuevo episodio para intentar desactivar la impunidad. Sobre la avenida Libertador, en el gigantesco predio antes conocido como ESMA y que es ahora el Espacio Cultural Nuestros Hijos, se realizó el Juicio Ético y Político a los Jueces cómplices de la dictadura. Como se demostró luego, no sólo fueron cómplices, sino partícipes necesarios para la suspensión de derechos y la primacía del estado de sitio.

Justicia y dictadura: Los jueces al banquillo

foto: Prensa Madres / Seba Romero

Hace unos meses fue el turno de los periodistas (ver: Periodismo y dictadura: juicio ético) y más adelante se seguirán juzgando a los sindicalistas y los miembros de la iglesia católica. Lo que parece tratar de demostrar la Asociación Madres de Plaza de Mayo con estos juicios es anunciarnos que una dictadura requiere de un aval civil expreso en el lenguaje y también en el accionar; que no son monstruos sólo los que perpetran los crímenes, sino también quienes los silencian, los apañan o los incitan.
Unos minutos antes de que comience el juicio, se podía ver a Hebe de Bonafini, que está cerca de cumplir ochenta y tres años, contando anécdotas de la época y con toda la energía para desempeñar su papel, el de miembro del tribunal, que no eran tres, sino dos: Hebe y Eduardo Barcesat. Los fiscales fueron Mariana Seró, estudiante de Derecho en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo; y los doctores Hugo Gallardo y Antonio Rojas Salinas. El auditorio estaba lleno; sólo quedaban algunos espacios vacíos en la tribuna del fondo. Todas esas personas sentadas eran el jurado y llevaban un brazalete azul que marcaba a cada uno como «juez».
La lista de imputados

foto: Prensa Madres / Seba Romero

Al comienzo del juicio, las luces se apagaron y el ambiente se volvió un poco más pesado: sobre una pantalla gigante se proyectaron, una por una, fotos de los acusados. Debajo se narraban sus historias profesionales a modo de prueba para la posterior condena. La presentación incluía ruidos de golpes metálicos, sonidos de bebés gimiendo y de aviones que parecían sobrevolar la sala. La larga lista de imputados mencionó, entre otros:
Eduardo Rafael Riggi: Fue nombrado juez en 1978, durante el gobierno de Jorge Rafael Videla. Había llegado a los tribunales siete años antes, con un cargo en el Camarón, la Cámara Federal en lo Penal creada por el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse para «juzgar la actividad subversiva». En 1973, cuando Héctor Cámpora asumió la presidencia, Riggi fue cesanteado. Volvió al poco tiempo, tras ser rebajado al último puesto del escalafón, pero recuperaría posiciones a medida que se acercaba el golpe de Estado. Luego, Menem impulsó personalmente su nombramiento en Casación. Riggi fue acusado de tener buenas relaciones con los militares y ser del Opus Dei. Lo desmintió en estos términos: «No tengo el honor de ser del Opus Dei».
Luis Francisco Miret: La semana pasada fue suspendido en Mendoza por omisiones en las investigaciones de denuncias. «En su condición de juez federal de Mendoza, aseguró la impunidad de los secuestros, torturas, violaciones y otros vejámenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de seguridad» desde «los años previos al golpe de Estado instaurado en el año 1976». La afirmación es parte del dictamen que votó la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. El documento muestra que conocía los lugares de detención y que incluso se entrevistó con un preso después de la sesión de torturas. También se lo acusa de la detención ilegal de una menor, Luz Faingold, y se le cuestiona el archivo de la causa sobre la apropiación de la hija de un matrimonio desaparecido.

Otilio Romano: Fiscal de Mendoza. Organismos de derechos humanos y sobrevivientes del mayor centro clandestino de esa provincia, que funcionó en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía, lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por no investigar denuncias de secuestros, torturas y violaciones, cometidas por miembros de fuerzas de seguridad antes y durante la última dictadura. El escrito destaca el «compromiso ideológico» de Romano «con la persecución sistemática de población civil emprendida por el régimen militar»

foto: Prensa Madres / Seba Romero

Wagner Gustavo Mitchell: La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, presentó una denuncia contra el actual miembro de Cámara Nacional de Casación. En 1976 era titular del Juzgado Nacional de Instrucción Número 16 y firmó la entrega definitiva del bebé al policía, un mes después del secuestro y desaparición de la madre. Fue también quien ordenó suspender las pruebas de ADN para los supuestos hijos adoptados por Ernestina Herrera de Noble.

Juan Martín Romero Victorica: El fiscal que suele jactarse de sus «cuarenta y siete años en la Justicia» fue denunciado ante la Procuración por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el abogado Alejo Ramos Padilla por su «parcialidad», que lo lleva a obstaculizar causas que investigan delitos de lesa humanidad. Para defenderse, reiteró que en los ’70, en Argentina, «hubo una guerra», por la que responsabilizó a «marxistas fascistas», algunos de los cuales «están hoy en el poder», y defendió a Jaime Smart, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura.
Víctor Hermes Brusa: Fue secretario del juez Fernando Mántaras en la provincia de Santa Fe durante la dictadura. Presenció sesiones de tortura, tomó declaraciones en centros clandestinos de detención (Comisaría 4ª de Santa Fe y en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR)) y obligó a los detenidos-desaparecidos a firmar testimonios obtenidos en la tortura, amenazándolos.
Pedro Cornelio Federico Hooft: «Actuó en evidente complicidad con el aparato represivo que tenía como epicentro al GADA 601; como principal referente al Coronel Barda y como identificación a la subzona 15», consigna la denuncia presentada por organismos de derechos humanos contra este juez marplatense que en marzo de 2009 se resolvió llevar a juicio político.

Norberto Giletta: En tiempos de la dictadura su juzgado fue conocido por el record de rechazo de habeas corpus que presentaban los familiares de desaparecidos. «Hubo «una guerra subversiva», en la que se cometieron «errores y excesos». El actual proceso de justicia es sólo el producto «del descomunal esfuerzo desarrollado por la izquierda nacional e internacional». «Es la ley del Talión a través de la Justicia». Las afirmaciones pertenecen Giletta, quien así pidió en septiembre de 2009 la absolución de su cliente, el general retirado Jorge Olivera Róvere, imputado por un centenar de privaciones ilegales de la libertad y cuatro homicidios en 1976, cuando era jefe de la subzona militar Capital Federal.

Guillermo Rivarola: Fue el juez que tendría que haberse encargado de investigar la masacre de los sacerdotes palotinos, masacrados en 1976. Cuando el periodista Eduardo Kimel investigó el caso, lo querelló porque afirmó en el artículo la siguiente conclusión sobre su actuación: «La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto». Kimel fue condenado y su caso fue llevado ante la Comisión de Libertad de Expresión de la OEA. Fue el caso Kimel el que inspiró la derogación de los delitos de calumnias e injurias en el ámbito penal
Luis María Fernández: La abogada del Ceprodh, Ivana Dal Bianco, denunció que «fue asesor del Ejército durante la dictadura militar del año 1977 a 1992«. En junio, este magistrado querelló a integrantes de organizaciones de derechos humanos que lo cuestionaron durante la lectura de fallo por torturas en la U11. El camarista realizó personalmente la denuncia penal, causa que tramita ante la Fiscalía Nº 3 de Neuquén. Acusa a Oscar Ragni, integrante de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Neuquén y padre de Oscar Ragni, desaparecido en la dictadura; a Héctor Ramírez, padre de Pablo Ramírez, fusilado por la policía neuquina; a Mónica Damicelli, secretaria general de Aten y a Ivana Dal Bianco, abogada del Ceprodh, querellante en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad de la zona.

Guillermo Gordo: Miembro del TOF º5, fue el único juez que absolvió a militares el año pasado, por la causa «Jefes de área».

Luis María Vera Candiotti: El magistrado está imputado en una causa en la que se investiga la supresión de identidad de María Carolina Guallane, que sobrevivió al asesinato de sus padres biológicos a manos de la dictadura, cuando ella era sólo una beba.

Juan Carlos Marchetti: «Muerto el perro se acabo la rabia», le gritó en 1977 el juez de Menores Juan Carlos Marchetti a una pareja de San Nicolás que insistía en preguntar por el destino de Manuel. El niño de seis meses era el único sobreviviente de una masacre perpetrada por militares y policías en la que murieron su madre y la familia Amestoy, incluidas dos criaturas de tres y cinco años, y el magistrado ya lo había encomendado a personas de su confianza. Manuel Gonçalves Granada se crió con un nombre falso, recuperó su identidad en 1995, logró el procesamiento de varios de los asesinos de sus padres y exigió en 2009 que los funcionarios judiciales que consintieron la supresión de su identidad y nada hicieron por devolverlo a su familia rindan cuentas como imputados.

Julio Demetrio Petra: Camarista mendocino que fue recusado de causa que investigan delitos de lesa humanidad por «parcialidad». En su momento, Ángela Urondo, hija del asesinado poeta y periodista Paco Urondo, denunció en una carta pública que ese camarista que debía actuar en la investigación de la desaparición de su madre, «dejó en libertad a todos los represores imputados, otorgándoles el beneficio de prisión domiciliaria (con la amenaza que esto significa para los sobrevivientes) y sus resoluciones, inclusive le permitieron a uno de ellos irse de vacaciones a Mar del Plata, sin importarles que están acusados de delitos gravísimos como: la desaparición de personas, secuestros, torturas y homicidios».

Carlos Pereyra González El abogado puntano José Samper, ante los miembros del Tribunal Oral, aseguró haber escuchado de boca de Pereyra González que «había presenciado una sesión de tortura practicada a Graciela Fiochetti», joven que apareció muerta en las Salinas del Bebedero un par de días después de haber sido secuestrada por efectivos militares de su domicilio en la localidad de La Toma.

Alicia María Di Donato y Alberto Durán: El Espacio Justicia Ya recusó a estos dos miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de La Plata, quienes debían resolver una presentación realizada por los querellantes del caso López mediante la cual exigen que la causa sea recaratulada como desaparición forzada de persona. El pedido de recusación se funda en la estrecha relación que existe entre los magistrados y la Policía Bonaerense, sospechosa de la desaparición del testigo clave en el juicio que condenó a cadena perpetua al represor Miguel Etchecolatz.
Nicasio Dibur: Fue juez federal de la última dictadura, luego defensor de militares acusados de crímenes de lesa humanidad y con el menemismo se convirtió, desde 1992, en un hombre influyente dentro del Ministerio de Justicia, tanto que su palabra fue determinante en el nombramiento de los jueces de los noventa. Dibur permaneció en ese ministerio durante todos los gobiernos que siguieron, incluso el de Néstor Kirchner. Su extensa supervivencia como funcionario público terminó recién en 2008.

Abel Bonorino Peró: Durante la dictadura, tenía a su cargo el Juzgado de Sentencia N°2, desde donde rechazaba los hábeas corpus que presentaban familiares de desaparecidos. Fue uno de los jueces que en 2003 ordenó el desalojo de la fábrica recuperada Brukman.
Horacio Enrique Prack: Fue fiscal durante la dictadura militar y hoy es uno de los miembros de la Cámara de San Martín, increpada por los abogados de Justicia Ya por paralizar el «caso Febres». El 10 de diciembre de 2007, cuando estaba por declarar, el represor Héctor Febres apareció muerto en su celda con una gran dosis de cianuro en su cuerpo. De acuerdo con la querella, la investigación se estancó cuando la causa pasó de San Isidro a San Martín: «allí les dictaron falta de mérito a todos los imputados y los acusaron de delitos menores a los prefectos que estaban en la lista de homicidas. De esta manera, esgrimen los querellantes, mataron dos pájaros de un tiro. Dejaron en libertad a los principales acusados y evitaron seguir investigando»hacia arriba en las responsabilidades institucionales».
Néstor Luis Montezanti: Apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica desde la década del ’60 y profesor de la UNS desde 1971, a lo largo de su carrera Montezanti defendió y/o asesoró al militante de la Concentración Nacionalista Universitaria Néstor Beroch, al fascista interventor de la UNS Remus Tetu, al dueño de la vida y la muerte de La Escuelita general Adel Vilas y al médico acusado de prestar servicios en ese centro clandestino, Humberto Adalberti. Tiene una nota de agradecimiento del ex general Guillermo Suárez Mason
Justo Rovira: Es titular de la Fiscalía de Instrucción en lo Criminal Nº 7. Su nombre, número de documento y fecha de nacimiento figuran en las listas de agentes del Batallón 601, recientemente desclasificadas.

Alfredo Bisordi: Presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal. En sus fallos se ha referido a la ex detenida – desaparecida Graciela Daleo como «delincuente terrorista», y se ha excusado de intervenir en causas de lesa humanidad «dado que se consideraba enemigo manifiesto de los querellantes, varios de ellos representantes de autodenominados organismos defensores de algunos derechos humanos».

Alejandro Máximo Sánchez Freytes Es titular del juzgado Federal N° 2 de Córdoba Capital. Ordenó que se proceda a destruir documentación y expedientes acumulados en su juzgado que comprenden los años que van entre 1968 y 1978.

Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia y Abelardo Rossi, Alejandro Caride, Federico Videla Escalada, Emilio Miguel Daireaux y Elías Guastavino: Integrantes de la Corte Suprema de la dictadura.

Jorge Gabriel García Collins: En febrero de 1986 emitió una orden de prisión preventiva contra la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini por «resistencia a la autoridad y desacato». Fue cuando Hebe reclamó, en el momento de la exhumación, que se investigue a los asesinos de Liliana Pereyra y Alberto Fonseca, desaparecidos en Mar del Plata.
Eduardo Vocos Conesa: Era titular de la Sala II de Apelaciones. Renunció en enero de este año. Se encontraba desde fines de 2009 bajo licencia psiquiátrica por lo que evitó un eventual juicio político. Fue acusado por levantarse contra la democracia luego de reivindicar a través de un obituario publicado en uno de los principales matutinos porteños al ex carapintada Mohamed Alí Seineldín citando frases de Primo Rivera, creador de la Falange Española (organización política que precedió a la dictadura franquista). Mientras era camarista, insultó públicamente a un grupo de familiares de desaparecidos
Guillermo Federico Madueño: Entre 1975 y 1978 fue la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Por las noches visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército «para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión», según contó el general Adel Vilas. De día, como juez federal, rechazaba los hábeas corpus a favor de desaparecidos y archivaba sin investigar los fusilamientos que los comunicados oficiales publicitaban como enfrentamientos. Fue miembro del Tribunal Oral Federal 5 hasta 2004, cuando se reveló su historia negra y se pidió su juicio político.

Leopoldo José Russo: Fue juez federal de la Plata en tiempos de la dictadura. En los Juicios por la Verdad, un familiar que buscaba a su esposo secuestrado contó que fue a verlo y el magistrado le espetó. «»No siga con las gestiones porque en lugar de uno van a ser dos».

Eduardo Marquardt y Ángel Martínez: La Cámara Federal platense, cuando confirmó los procesamientos a los imputados por los crímenes de la Unidad 9, ordenó desglosar la pesquisa e iniciar una investigación penal contra estos dos jueces federales por serias irregularidades en la muerte de Alberto Pinto.

Martín Anzoátegui: Juez federal durante la dictadura. En 1981 ordenó la detención de las autoridades del Cels. Fue en represalia por la presentación que hizo Augusto Conte en París de un documento que describía detalladamente el funcionamiento del terrorismo de Estado. Allanaron la sede del Cels y se llevaron dos cajas con documentación, una estufa, dos teléfonos, tres máquinas de escribir y un ventilador. «Nos llevaron a Coordinación Federal -recordó en una nota periodística la madre de Plaza de Mayo Carmen Lapacó-. Los que manejaban dijeron: ‘¿A dónde vamos? ¿A la caja o a dónde?’. Nos llevaron a Coordinación Federal. Por suerte, a la semana, nos soltaron.» El mismo día detuvieron en su casa a Emilio Mignone.

Amelia Lidia Berraz de Vidal: Fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado, por obstaculizar las causas sobre los crímenes dictatoriales. Se excusó en las megacausas de derechos humanos por su amistad con uno de los militares imputados

Oscar Hermelo: Fiscal. Trabajó en la ESMA durante la dictadura militar en la dirección de talleres automotores. El represor Alfredo Scilingo lo condecoró por su colaboración con la Marina y denunció en democracia que era un hombre de confianza de la patota y que estaba al tanto de todo lo que pasaba en la ESMA.

Norberto Quantín: Durante la dictadura, el juez Raúl Zaffaroni ordenó la libertad de un detenido a disposición del Poder Ejecutivo. El fiscal Quantín apeló porque el Poder Judicial no puede «inmiscuirse en la esfera política» si la patria sufre una «guerra revolucionaria». La Cámara del Crimen confirmó el fallo de Zaffaroni. Quantín recurrió a la Corte Suprema alegando que el detenido carecía de «posibilidades ciertas y positivas de recuperación para acceder a su reinserción en la sociedad». En 1990 y 2003 aceptó dictaminar en el fuero federal, que no es el suyo, en favor del indulto para procesados y en defensa de las leyes de punto final y de obediencia debida

Rafael Sarmiento: Fue juez federal de Capital Federal hasta 1979 y, como tal, rechazó sistemáticamente los recursos de hábeas corpus presentados por las familias de los desaparecidos.

Luis Rueda. Actual presidente de la Cámara Federal de Córdoba. El ex policía del Departamento de Informaciones (D2) Carlos Yanicelli lo acusó en julio de este año de trabajar «para los servicios de inteligencia» durante la dictadura. El ex policía dijo que Rueda, trabajó «como pinche para los servicios de inteligencia» militar cuando ocupaba el cargo de escribiente (auxiliar) de la justicia cordobesa. Además, mostró una foto en la que supuestamente aparece el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones en una reunión con autoridades del Servicio Inteligencia de la Aeronáutica (SIA) en la dictadura.
Cuando terminó la presentación el ruido de los aviones continuaba.
Los testigos

foto: Prensa Madres / Seba Romero

Fueron seis los testigos que subieron al estrado a dar testimonio. El primero fue Roberto Bergalli, quien vino especialmente de Europa para declarar. Había sido encarcelado durante el año 76′ y todavía no sabe por qué. En la facultad había compartido las clases con Julio Strassera -quien fuera luego fiscal en el Juicio a las Juntas- y también con Andrés D’Allesio, secretario de la Corte de Videla, quien recibía las peticiones para aceptar o rechazar los habeas corpus. Cuando estuvo preso, su ex -compañero propuso que su habeas corpus fuera desestimado. Bergalli dirá luego: «No se puede denunciar nada con un Poder Judicial cómplice», y «la prisión es un hierro candente sobre la carne y la memoria de cada uno».
El testimonio de Bergalli se robó los últimos momentos de la tarde, y cuando Enrique Arias Gibert, Juez Nacional del Trabajo, subió los escalones que lo separaban del escenario, ya era de noche. Dijo: «Este proceso de genocidio tuvo un objetivo racional: destruir el movimiento popular.»
Y también: «Los criminales que recorrían las cámaras empresarias y los despachos, que sabían perfectamente que derogar el derecho de huelga o derogar los convenios colectivos de trabajo, no era una medida necesaria frente a un estado de cosas, sino el objetivo real que se buscaba mediante este estado de cosas. Esto es el avasallamiento de los derechos de los trabajadores para que los dueños del país sigan siendo los dueños del país».
Alicia Oliveira, abogada, mencionó a Mario Penna, quien siendo Presidente de la Cámara del Crimen, avalaba que algunas patotas entren a los juzgados para detener investigaciones, aniquilando gente y llevándola luego a la morgue de su propia Cámara. Lo más notable fue su comentario sobre las Madres: ella las veía caminar llorando porque no sabían cómo hacer los habeas corpus, y los abogados se quitaban el peso de encima queriéndolos cobrar muy caros; tanto, que una madre no lo podía pagar para saber dónde estaba su hijo.
Carlos Zamorano fue quizás el testigo más lúcido, mezclando humor con frases terribles. Contaba, riéndose, que él pasó seis años preso a causa de un decreto, y que en ese momento lo único que él sabía era que la duración de su arresto dependía de la perpetuación del Estado de Sitio. Pasó por ocho cárceles, recorrió 8.000 kilómetros por el aire sin saber a dónde lo llevaban. Fue rehén de una de las prisiones de Córdoba y recordó cómo a uno de sus compañeros, que pertenecía al ERP, lo ejecutaron. En el 80′ a Zamorano – que es ahora abogado de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre- lo liberaron. Ahora dice: «Esos ministros de la Corte establecieron una doctrina reaccionaria». Mientras habla y recuerda, en la sala hay un buen clima. Con sus palabras logró que el síntoma de la risa le gane a la indignación moral.
La quinta en subir al estrado fue Mirta Mántaras, abogada especialista en derechos humanos. Sus comentarios refirieron sobre una «familia judicial»: esto significa que hay, a lo largo de todo el país, apellidos que se repiten y se renuevan mientras pasan los años, que forman un estamento mafioso, el judicial, que se pretende noble y está corrupto. En su seno hay un juego de acomodamientos y favores, toda una serie de condescendencias que perpetúan el poder en relación a una familia. Dijo: «Anteriormente – a la dictadura- no eran un Poder muy respetable, pero los jueces conservaban cierta vergüenza.»
Julio Piumato fue el último testigo. Abogado y Secretario de Derechos Humanos de la CGT. Un fragmento de sus palabras: «Uno puede ver la forma en que han trabajado analizando toda la jurisprudencia de la época de la dictadura: en el fuero del trabajo, cómo avanzaron sobre las conquistas obreras. Sí hubo, a mi juicio, una complicidad sistemática». «La preocupación nuestra no es solamente historiar lo que pasó en la dictadura, si no cuánto de eso hoy sigue vigente en el Poder Judicial. Nosotros vemos que la ideología de la dictadura militar, sigue estando representada por los sectores más retrógrados. Los jueces fueron cómplices históricamente de esos sectores que siempre detentaron el poder económico en Argentina.»
La conclusión

foto: Prensa Madres / Seba Romero

Luego de escuchar a los testigos, la Fiscalía tomó la voz. Estos son algunas de las frases más contundentes:
«Se los acusa de seguir siendo cómplices, generando impunidad en los procesos que se siguen por los crímenes de lesa humanidad. Y por ello de ser partícipes necesarios del delito de genocidio.»
«No fueron simplemente partícipes secundarios en el avasallamiento de los derechos de la población argentina, en la desaparición de los compañeros sino que fueron un engranaje concreto y directo y fueron la dictadura misma. Ellos fueron, al igual que los militares, la dictadura.»
«Consideraron razonable la vigencia del estado de sitio por casi nueve años; se aceptó la validez de actas de defunción emitidos por médicos policiales que hablaban de muertos en enfrentamientos evitando las autopsias que revelaban que habían sido fusilados; aceptaron la vigencia de normas dictadas por un engendro del Poder Legislativo como fue la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo que además derogó leyes de orden público que tienen a resguardar los derechos del trabajador.
Han violentado el principio constitucional de conocer para decidir y el principio que los obliga a afianzar la Justicia. Fueron partícipes del Estado terrorista porque fueron un engranaje necesario para la impunidad.»
Después de semejante acusación, con dos horas y media de alegatos interminables sobre la negligencia, la complicidad, y las muestras de cooperación, el llamado para la defensa fue un paso simbólico.
Quizás acá, en el invisible banquillo acusatorio, falten muchos nombres, y esto sólo sea una pequeña muestra de lo que hay que mirar, como claves que revelan una época. Personas que por omisión o por accionar ilícito prefirieron olvidar aquello por lo que habían jurado, demostraron que pueden ser vasallos de un régimen que quiso desarticular todo mecanismo de justicia, y que quiso adormecer todo aquello que estos hombres y mujeres, hoy imputados simbólicamente, habían estudiado.
Traicioneros del común acuerdo de su oficio, conspiradores de sí mismos, hoy encuentran una justicia que no olvida y que por un grito unánime los convirtió en culpables

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La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

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hace 1 día

12/05/2026

Pese a que el Congreso Nacional votó la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, y rechazó con más de dos tercios de ambas cámaras la intentona de veto presidencial, y a que fallos judiciales ordenan su cumplimiento inmediato, el Gobierno de los Milei & los Caputo no la aplica. Para los organizadores de la movilización calculada en más de 1.500.000 personas en todo el país, esto no solo rompe lo relativo al presupuesto universitario “sino el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”. Todo lo contrario a lo que sucede hoy en la calle, donde la democracia queda expresada en la gente moviéndose en esta 4° marcha durante el período libertario, y de sectores que se plegaron y convocan a seguir resistiendo este tipo de políticas de daño social. Voces desde la calle que explican sin casettes por dónde moverse.

Por Franco Ciancaglini. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Hay muchos jóvenes.

Muchos docentes, directivos, no docentes.

Egresados, profesionales.

Muchas personas en todo el país.

En Mar del Plata, Córdoba, en Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca y así.

Hay una Plaza de Mayo repleta.

Hay gente que llega y gente que se va.

Gente que estuvo todo el tiempo.

Hay jubilados y jubiladas que marchan todos los miércoles.

Está el movimiento disca, también siempre presente.

Hay sindicatos, como la UOM o los Aceiteros, y parte de la CGT que brindó su apoyo y movilizó algunas columnas dispersas.

Hay carteles conmovedores.

Hay muchos jóvenes, de todos lados, sobre todo llegados de fuera de la Capital Federal.

Muchas personas que viajaron desde lejos para sumar su cuerpo, su cartel, su grito, su aplauso.

Que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.

Y no callarse.

“Milei cumplí la ley”

Es la cuarta.

Las tres primeras Marchas Federales Universitarias fueron las más masivas contra el gobierno de Milei. Esta no fue la excepción.

Desde el escenario calcularon alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.

Lo incontable es todo lo que sucede alrededor de esta bandera argentina que significa la universidad pública.

Una bandera que cobija a miles de generaciones que se reunieron hoy en la Plaza de una manera conmovedora: relatando, en esta crónica, cómo el acceso a la educación libre, gratuita y de calidad “cambia vidas, motoriza el ascenso social y brinda soberanía a un país”. Así lo sintetizaron en un documento leído por la FUA (Federación Universitaria Argentina” que se tituló: “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”.

El planteo central: “El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.

Algunos datos de contexto:

Los salarios de quienes trabajan en las universidades argentinas bajaron el 34,5% en el mejor de los casos, o más del 40% según otros cálculos. Es como si en los últimos dos años no hubieran cobrado entre 8 y 10 salarios. Los números simbolizan lo presupuestario, pero tal vez no logren mostrar el daño institucional, social, familiar y personal que provoca la política del gobierno.
El actual es uno de los menores porcentajes históricos que el Presupuesto Nacional asigna a las universidades, en las que el 57,6% de los graduados son primera generación de sus familias en llegar a los estudios superiores. Esa posibilidad es una de las cosas que se está quebrando, como lo señalaban los cartones manuscritos en los que se leía: “Sin educación no hay futuro”.
La importancia que el gobierno de Milei le da a la educación se expresa en la aplicación de un nuevo recorte del Presupuesto Nacional de 3 billones de pesos en temas de energía, obras públicas, urbanización y hasta tratamientos contra el cáncer (63.021 millones de pesos que explican que la palabra crueldad tal vez ya no alcance para definir lo que está ocurriendo). Para el tema educativo, el recorte es de 78.768 millones de pesos.
Ese incalificable decreto de ajuste fue firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El lado B de la situación aparece en casos como el $LIBRA o el ANDIS, donde se detectaron sobreprecios en sillas de ruedas, andadores, medicamentos y tecnologías para diversos tipos de tratamiento del orden del 200% en los casos más leves, hasta productos sobrefacturados en un 4.239%. A lo que habría que agregar 3%, Spagnuolo, Esper, Nucleoeléctrica, Adorni, posibles sobresueldos oficiales, entre otras cosas.
Volviendo a lo estrictamente universitario, esta licuación económica va generando, además, un éxodo permanente de docentes que está vaciando una educación de calidad históricamente reconocida a nivel continental y global.

Docentes Uber

Los testimonios desde la calle permiten entender de manera simple la complejidad de lo que está en juego.

Primero, pequeñas escenas concretas. Lucía Darandal, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, resume “lo más visible”: el salario de los docentes. “Cada vez les está costando más llegar a fin de mes. Muchos están teniendo más de un trabajo para poder sostenerse, muchos tienen familias que mantener. Ahí está el primer deterioro que se va acentuando. Lo mismo pasa con los trabajadores no docentes”.

Las becas: “La beca Progresar quedó congelada en 35.000 pesos y eso prácticamente no alcanza. Hay estudiantes a los que cada vez se les complica más pagar el alquiler, porque recordemos que también hay estudiantes que viajan desde otros lugares de la Argentina”. Y los horarios: “Faltan horarios en el turno noche. Entonces hay menos posibilidades para que el estudiante trabajador pueda cursar”.

Desde Rosario, el médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, Damián Verzeñassi, lo traduce en una imagen todavía más brutal: “Más de la mitad de los trabajadores universitarios cobran por debajo de la línea de pobreza” y agrega que hay docentes “que con lo que cobran no pueden pagar siquiera el costo del transporte para llegar a dar clases”.

Rosario Kairuz, estudiante de Sociales UBA, cuenta cómo eso impacta directamente en las cursadas: “Las materias de la orientación en investigación prácticamente no cuentan con ningún tipo de horario. Se ofertan un cuatrimestre sí y otro cuatrimestre no”. Y agrega otro ejemplo síntoma del deterioro: “Quienes siguen la orientación de producción no cuentan con materiales ni con equipos para realizar los distintos talleres audiovisuales”.

Nicolás Núñez, docente de Sociales e integrante de AGD, completa la escena desde el otro lado del aula: “El incumplimiento de la ley y los dos años de profunda pérdida del poder adquisitivo de la docencia universitaria nos empujaron a todos a buscar otras formas de sobrevivir: desde las clases particulares hasta manejar Uber o hacer trabajo freelance”. Le pone una cifra al éxodo: “Hay 10.000 docentes que ya decidieron abandonar las clases”.

Plata para la deuda

Más acá de los números, lo que aparece en la calle es que el conflicto universitario dejó de leerse hace rato solamente en términos presupuestarios. Ya no se trata únicamente de números, partidas o balances, sino de una marcha que Gonza Giles, escritor, periodista y divulgador sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) y neurodivergencias, planteó,como “una defensa colectiva contra el descarte humano”.

Gonzalo habló en nombre del movimiento de personas discapacitadas: “Nos quieren convencer de que ajustar es gobernar, que destruir derechos es modernizar, que dejar gente afuera es eficiencia. Necesitan que la sociedad mire al otro con sospecha, porque cuando logran que el pobre sospeche del que tiene una discapacidad, que el trabajador sospeche del estudiante y que todos sospechen de todos, el ajuste entra más fácil”. Por eso insiste en que “no es un problema económico, es ideológico. Porque plata hay. Lo que no hay es humanidad. Hay plata para deuda, hay plata para represión, hay plata para departamentos que no pueden utilizar, pero no hay plata para que una persona con discapacidad viva dignamente, no hay plata para universidades, no hay plata para ciencia, no hay plata para salud”.

En la marcha volvió a quedar en evidencia que no solo la universidad es una consigna de unidad, sino que las luchas comienzan a entrelazarse unas y otras: los hospitales, la discapacidad, los jubilados, el trabajo. Por eso tuvo tanto peso simbólico la presencia de sindicatos como la UOM. “No es frecuente que los estudiantes y los laburantes estén juntados”, reconoce Darío Dani Román, metalúrgico, “pero en estos tiempos hace falta estar juntos”. Y agrega: “Estamos presentes en todas las luchas populares en las que haga falta estar para dar vuelta esta situación”. Desde la medicina, Damián Verzeñassi amplía: “Esto que está pasando con la universidad —que es lo mismo que pasa con los hospitales, con las personas con discapacidad y con los jubilados— debería ser un elemento más que suficiente para que todo el arco político no fascista se decida a organizarse, a unirse y a encontrarse”.

En Sociales UBA, Rosario Kairuz cuenta que ya empezaron a discutir cómo sostener esa articulación: “Hay que unir esa lucha con docentes y no docentes. Los reclamos estudiantiles no pueden darse solos”. Nicolás Núñez, de AGD Sociales, insiste en que “esta marcha no puede ser un punto de llegada sino un punto de partida” y plantea recuperar algo de lo que ocurrió en 2024 con las asambleas interclaustros y las tomas de facultades. Para él, que habla desde la academia, “nuestra suerte está atada también a los reclamos de discapacidad y a los reclamos de tantos sectores postergados por este gobierno, con los que tenemos que unirnos, como los jubilados”.

El contagio

Pero… ¿cómo? La respuesta más repetida en la calle vuelve a ser la movilización. “Hay que seguir viniendo a las marchas, hay que seguir visibilizando y exigiendo”, plantea Gonza, y agrega que tanto el Poder Judicial como el Legislativo “tienen que ponerle un límite a este gobierno”. Darío Dani Román de la UOM, coincide: “La única arma que tenemos nosotros es salir a la calle, manifestarnos y sostener la pelea hasta el final”. Milagros y Facundo, estudiantes, lo resumen todavía más simple: “Seguir marchando, seguir protestando, para que se den cuenta de lo que quiere la gente”. Damián Verzeñassi suma otra dimensión: “La marcha de hoy tiene que decirles claramente que no les vamos a dejar pasar ninguna más”. Pero además propone “avanzar en una estrategia jurídica muy fuerte por incumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos, desde el presidente para abajo, contra todos los responsables de no cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación”.

La última imagen que brota en la calle no es solo la de la crueldad, sino la de una brutalidad planificada. Gonza Giles lo explica claramente: “Necesitan universidades vacías porque el pensamiento crítico molesta. Necesitan personas aisladas porque los derechos organizan. Necesitan trabajadores cansados y estudiantes endeudados porque así envían un mensaje”.

Lo mismo dicen Vladimir y Adriana, de 19 años, pero ya orgullosos técnicos químicos. Mientras hablan levantan dos carteles que llaman la atención de todos:

“Cuando la educación sea privada, seremos privados de todo” y
“No se puede adoctrinar un cerebro lleno de conocimiento”.

Las letras están prolijamente dibujadas, en colores, y recortadas con paciencia y dedicación. “Estuvimos haciéndolos desde ayer, buscando frases, viendo todo lo que dice la gente, juntando opiniones. Y quedaron estas”, cuentan ellos, que hablan sosteniéndose la mano uno al otro.

Ella es de Moreno, él de José C. Paz. Egresaron de una secundaria técnica pública. Ella ahora estudia Ingeniería Aeronáutica en la UTN de Haedo. Él piensa anotarse en Agronomía. A ellos, además de todo, la universidad pública les dio el amor. Y desde ahí hablan:

“Vamos a ayudar a un comedor cerca de Cuartel V, en un barrio muy pobre. Hay familias a las que se les complica hasta estudiar. Regalamos hojas, útiles, lo que se pueda. Yo era de un barrio también muy humilde y mi primo no pudo estudiar, tuvo que dejar para ir a trabajar. Hacemos lo que podemos. Muchas veces no alcanza. Pero aunque sea una persona más que pueda estudiar, ya es una victoria”.

Él da vuelta el cartel y muestra la frase del otro lado: “Estamos acá también por vos, que pensás distinto”. Adriana dice: “Mucho se habla de que el odio se contagia, que vivimos una época de odio, que las redes muestran eso. Pero también el amor y la solidaridad contagian”.

Y sonríe.

Con esa sonrisa que contagia, y ese cartel colorido, revela que ella fue la responsable de que viniese su novio: “Esta es la primera vez que viene a una marcha. Yo ya había venido a la marcha antifascista. Así que bueno, ya traje a alguien más”.

Y la próxima, uno más.
Sí, sí. Ya hay dos amigos que querían venir y no pudieron por otros temas, pero tenían ganas.

Vladimir: ¿y qué te pareció tu primera marcha?
Nervioso al principio, la verdad. Pero estuvo muy bueno.

¿Por qué nervioso?
No sé, siempre las veía desde afuera y parecía otra cosa. Pero estuvo re bien la experiencia.

Ahora sonríen ambos.
Y saludan antes de desconcentrar por Diagonal Norte rumbo a tomarse dos micros y un tren para volver a su casa.

Sobre esa avenida céntrica, donde se recorta el Obelisco, pasarán

junto a un joven con una remera de 2 Minutos y un cartel que dice: “Estéticamente superiores”, con la cara deforme del Presidente. Una ironía sellada con la firma de la Escuela Superior de Bellas Artes Antonio Berni.
Cerca de Luna, de siete años, de la mano de Gloria, su mamá, chocha porque está caminando por la calle y no por la vereda.
De una joven que tiene un cartel que da ganas de llorar: “Mi sabiduría viene de esta tierra”.
De un ruidoso grupo de la Escuela Secundaria de la Universidad de San Martín que trajo varios hits. El mejor:

“Con las lágrimas de Adorni
vamos a hacer una cascada
para que se metan todos
los pibes de la barriada”.

La gente desconcentra y va cantando “eaea” y también:

“Si el presupuesto no está
qué quilombo que se va a armar”.

La sensación es, como decía Gonza, que este es un punto de largada y no de llegada.

Que la cosa sigue.

En la calle, pero también en los barrios, en los comedores, y en las aulas.

Sigue cada miércoles en el Congreso.

Y todas las veces que hagan falta.

Porque hay muchos jóvenes.

Docentes, directivos, no docentes.

Egresados, profesionales.

Muchas personas en todo el país.

En Mar del Plata, en Córdoba, Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca.

Hubo otra Plaza de Mayo repleta.

Hay gente que, aun cuando todo terminó, sigue llegando.

Hay más carteles conmovedores.

Hay muchos jóvenes que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.

Y no callarse.

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Nota

Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Publicada

hace 6 días

07/05/2026

Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.

Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol

–El sueldo no alcanza ni para comer.

Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.

También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.

Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.

Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.

Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Salir a la calle

El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.

La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.

La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.

Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:

Docentes con sueldos indecentes.
Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
Basta de mentiras, amenazas y presión.
Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
Salud mental es llegar a fin de mes.
Ratas.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Migajas

Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.

–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.

–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.

Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas

-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.

Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.

¿Cómo sigue el curso de esta historia?

Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

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Nota

MU 212: El fin de un mundo

Publicada

hace 1 mes

09/04/2026

MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.

Descargar la Mu en PDF

El principio de todo: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Javier Milei intervino el puerto de Ushuaia sin provocar un rechazo opositor visible. Un sitio clave en la geopolítica y a la vez una caja de 30.000 millones de pesos anuales que mezcla industria marítima, turismo, y la puerta a la Antártida. Los testimonios sobre la falta de control . Hablan el gobernador, funcionarios, trabajadores, ex combatientes. Trump y el misterioso avión, China y los acuerdos, Gran Bretaña adentro, la forma de la crisis y la resistencia contra el vaciamiento de un país.

POR FRANCISCO PANDOLFI

El industricidio: Crónica desde el polo fabril de Río Grande

Un predio lleno de fábricas vaciadas. Trabajadores organizados resistiendo al desempleo, la apertura de las importaciones y la reducción de aranceles de promoción en una provincia que de 16.000 obreros pasó a tener 6.400. Una política que golpea a empresas de todos los tamaños y rubros: tecnológicas, textiles, metalúrgicas, electrodomésticas y electrónicas. Y todo esto sin que todavía se aplique la reforma laboral. Las propuestas para que los propios trabajadores se hagan cargo de las empresas en crisis. Los gestos de solidaridad, las donaciones de quienes todavía tienen empleo, el bingo provincial y cómo se va recuperando desde abajo una idea de hermandad para enfrentar estos tiempos.

POR FRANCISCO PANDOLFI

A contracorriente: La lucha fueguina frente a la industria salmonera

De espaldas a la sociedad y bajo presión del gobierno nacional, la Legislatura fueguina (la misma que en 2021 votó en contra) aprobó un proyecto que permite la instalación de megafactorías marítimas del salmón, uno de los productos que más se exportan al mundo. El impacto ambiental es conocido y hay un ejemplo cercano en la vecina Chile: peces hacinados, contaminación por antibióticos y heces, destrucción de otras especies, y una precarización total de las condiciones de trabajo. El cuadro de situación ante un “pescado químico”, la lucha de la asamblea, y el gobernador que responde sobre los principales contrapuntos.

POR FRANCISCO PANDOLFI

Agroecología en el principio del mundo: El modelo Panchito

Cultiva alimentos y medicinas en medio de temperaturas extremas, sin venenos y con semillas propias: “Una semilla viva significa una familia sana”, dice el productor agroecológico Francisco Pancho Barria. Cosechas asombrosas, zanahorias de 3 kilos, nabos de 12, acelgas de metro y medio de alto. Cómo volver posible lo inimaginable con ideas simples, ancestrales, trabajo a conciencia y sentimiento. La política para la foto, el lugar de los niños, la idea de agacharse, y los números que muestran que la vida sana es, además, rentable.

FRANCISCO PANDOLFI

La guerra invisible: la Antártida en la mira

Juan Rattenbach recoje el guante de su abuelo, autor del Informe Rattenbach que denunció a las jerarquías militares por los errores y delitos cometidos en Malvinas. El significado hoy, con Gran Bretaña ocupando el 25% de la superficie argentina. La Antártida y el Atlántico Sur en la geopolítica actual. El rol de Estados Unidos y China. El ataque a la industrialización fueguina. Dos cuestiones: ¿Cuál es nuestro centro geográfico? ¿Y cuándo nació el pueblo?

SERGIO CIANCAGLINI

Efecto Trump: Valeria Carbone y su mirada sobre EE.UU.

Es doctora y docente de la Cátedra de Historia de los Estados Unidos en la UBA y en la UNLP. Integra grupos de trabajo sobre EE.UU. en CLACSO y universidades en Alemania y México, además de coordinar programas de intercambio internacional. Y acaba de dictar un curso sobre el tema en MU. En esta entrevista explica las movidas de Trump intentando sostener un imperio en crisis en medio de una conflictividad que él mismo provoca o acompaña: Irán, China, Israel, petróleo, Ormuz, Venezuela, OTAN, Malvinas, Antártida. Y hasta el caso de Jeffrey Epstein.

POR LUCAS PEDULLA

Decolonizar el presente: Walter Mignolo y el pensamiento decolonial

En medio de conflictos geopolíticos, disputas culturales y crisis del modelo occidental, el pensamiento decolonial nos recuerda una serie de preguntas fundamentales. Aquí, una conversación breve y magistral sobre la esfera pública, la organización social y las formas de acción colectiva vistas desde una perspectiva para ampliar, o retomar, los horizontes propios.

POR CLAUDIA ACUÑA

Tierras raras: Florencia Levy, artista, y su trabajo sobre el litio

Trabaja con instalaciones visuales y materiales que representan y denuncian las distintas formas del extractivismo. Su trabajo sobre el litio es impactante, pero también investigó sobre el fracking en Vaca Muerta, el basurero del mundo en China y la relación entre el cáncer y el agronegocio en Entre Ríos, motivada por su padre oncólogo. Cómo hablar de temas que casi nadie conoce desde un video o una sala de exposiciones, y hacer algo para transformar miradas, sentimientos e ideas.

POR MARÍA DEL CARMEN VARELA

Patagonia rebelde

Crónicas del más acá por Carlos Melone.

Astrolo-guías: Elisa Carricajo y su nuevo libro sobre Tarot

Dramaturga, actriz y directora, plantea al Tarot como un objeto “popero” e invita a jugar y llenar de sentido ese lenguaje. Un modo de recuperar la espiritualidad capturada por el mercado, para sentir, entender y actuar en tiempos espantosos. Lo individual y lo comunitario. Los fantasmas y cómo imaginar un mundo mejor. Un libro que es un oasis y una invitación a re-pensar el arte y lo político, tirando las cartas.

POR FRANCO CIANCAGLINI

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