Un día después de que la comisión de salud de la Cámara de Diputados discutiera el proyecto que legaliza y despenaliza el aborto, Naciones Unidas le pidió al Estado argentino “acelerar la adopción del proyecto de ley para la interrupción voluntaria de embarazo». Un paso más e importante para que se consagra el derecho que nos falta. Qué dice el informe sobre las políticas públicas en temas clave: glifosato, paridad, explotación sexual, femicidios, educación. Una nota de Florencia Alcaraz para lavaca

El comité que monitorea el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) exigió al gobierno argentino:

• «Acelar la adopción del proyecto de ley» que despenaliza el aborto.
• Que “inicie procedimientos de rendición de cuentas para asegurar que todas las provincias aprueben protocolos sobre la práctica del aborto no punible, de conformidad con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012 y en consonancia con el Protocolo Nacional de Atención integral a las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”.
• Con la linterna puesta sobre los médicos que aplican la objeción de conciencia y las mujeres criminalizadas por abortar, el organismo internacional insistió en el derecho a decidir de las niñas, adolescentes, mujeres y trans en la Argentina.
• El comité anunció que hará un seguimiento los próximos dos años a las medidas que se tomen en torno a la legislación de interrupción legal del embarazo y los protocolos de atención de abortos legales. Hoy, sólo 9 provincias respetan el fallo FAL de la Corte, mientras que otras 7 elaboraron protocolos restrictivos. Este es el caso de la provincia más populosa del país, Buenos Aires, que dio marcha atrás a una iniciativa reciente de ajustarse al pedido del máximo tribunal judicial. Hace cuatro años que Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán no elaboran sus protocolos.
• El organismo internacional pondrá la lupa especialmente sobre dos temas más: por un lado, la aprobación de legislaciones que garanticen paridad en el ámbito político, ejecutivo y judicial; y por el otro, en que el Ministerio de Salud revise y atienda los efectos de pesticidas, fertilizantes y uso agroquímicos en las mujeres indígenas.

Se trata de la respuesta final del Comité de la ONU al informe oficial que había presentado la delegación argentina, encabezada por Fabiana Tuñez- titular del Consejo Nacional de las Mujeres- en Ginebra en noviembre último.

Lxs expertxs también habían recibido los contra-informes de los organismos de derechos humanos: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y Amnistía Internacional, entre otros.

“El comité le pide al Estado nacional que, en materia de género, deje de hacer declamaciones y grandes anuncios y que se comprometa en serio. Por ejemplo, en relación al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, le pide que tenga los recursos suficientes para concretar las acciones que promete”, dijo a lavaca, Edurne Cárdenas, abogada especialista en temáticas de género del CELS, luego de conocer las observaciones finales.

Un paso adelante, un paso atrás

El escrito comienza con los “aspectos positivos” y el primero que enumera es la aprobación de la Ley N°27.210, en noviembre de 2015, que establece la creación del cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia machista el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Este fue uno de los reclamos de la primera movilización masiva por #NiUnaMenos en junio de ese año. Sin embargo, a un año de su aprobación, el gobierno aún no puso en marcha este mecanismo de acceso a la justicia.

Entre los avances el Comité también señaló el Código Civil y Comercial, que reconoce el valor del trabajo doméstico; la Ley N° 26.862 de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida; la Ley N° 26.844 que estableció el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, la Ley de identidad de género, la de Matrimonio igualitario y el fallo F.A.L., entre otros.

La necesidad de un presupuesto acorde

Naciones Unidas se enfocó en el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y habló de “los limitados recursos para promover la igualdad de género, así como para apoyar su función como órgano de coordinación de la Plan de acción para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y asistencia a las víctimas (2017-2019)”. En ese sentido, señaló la falta de una coordinación sistemática e institucionalizada entre el gobierno federal y los provinciales. Y exigió que se asignen recursos presupuestarios adecuados para la aplicación efectiva del Plan anunciado. Propuso aumentar recursos humanos, técnicos y financieros. Y, a su vez, le pidió al Estado que jerarquice al CNM con un rango ministerial.

La violencia machista mata

El Comité destacó el aumento de los casos de femicidios en Argentina y la persistencia de la violencia física, psicológica, sexual y económica tanto en el ámbito privado como esferas públicas.

Reflejó las disparidades provinciales en la prestación de reparación a las víctimas con respecto a los números de refugios, el acceso al asesoramiento psicológico y la asistencia jurídica. También destacó, con preocupación, la falta de información sobre la accesibilidad de refugios para mujeres mayores, mujeres pertenecientes a minorías étnicas, mujeres migrantes y refugiadas y mujeres con discapacidad.

Para lxs especialistas es prioritario mejorar la prevención de los femicidios y asegurar la investigación, el procesamiento y la condena de los autores de estos crímenes.

Travestis y trans

Lxs expertxs de CEDAW recibieron por primera vez en su historia un informe sobre los derechos de las travestis y personas trans en Argentina realizado por una coalición de 22 organizaciones.

En las observaciones finales, el comité recogió esos datos y mostró preocupación por la falta de estadísticas respecto de los crímenes de odio contra personas lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, incluyendo informes de hostigamiento por parte de la policía, asesinatos de mujeres transexuales y la muerte de activistas. Exigió al gobierno nacional adoptar programas en los distintos niveles del Estado para promover el acceso al trabajo a esta población.

“Es importante que haya pedido al gobierno de la provincia de Buenos Aires que avance en la implementación del Cupo laboral trans”, dijo a lavaca, Laurana Malacalza, titular de Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Malacalza estuvo en Ginebra y recibió hoy las conclusiones del Comité.

Acceso a la justicia

Sobre el acceso a la Justicia, el comité celebró la legislación de patrocinio jurídico gratuito y la existencia de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), así como también el programa Programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, resaltó la discriminación y la mirada estereotipada con la que se encuentran las mujeres cuando se acercan al sistema de administración de justicia. También resaltó con preocupación el uso de la mediación en los casos de violencia machista. Además, cuestionó el acceso limitado a la asistencia jurídica y a intérpretes de lenguas indígenas; y las largas distancias a los tribunales de las zonas rurales.

Lxs expertxs de Naciones Unidas recomendaron capacitación sistemática y obligatoria sobre los derechos de las mujeres y la ley 26.485 para magistrados, jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, administradores, mediadores y profesionales expertos.

A su vez, propusieron fortalecer el rol de la Oficina de la Mujer en la Corte Suprema. Y vigilar con especial atención la igualdad en la labor del Poder Judicial

El comité también insistió en que los recursos legales estén disponible para las mujeres víctimas, incluso en las lenguas indígenas y en formatos accesible para las mujeres con discapacidad. Una de las alternativas que sugirió a los obstáculos al acceso efectivo al sistema de administración de justicia fue la posibilidad de creación de un sistema de tribunales móviles para facilitar el acceso a la mujeres que viven en zonas rurales y remotas.

Mujeres detenidas

Para el comité, el Estado debe tomar medidas para limitar el uso de la prisión preventiva, prohibir las requisas físicas invasivas que realizan las y los agentes penitenciarios; asignar recursos para expandir la cobertura de los programas de educación y empleo y de los servicios de salud, para que incluyan a las mujeres detenidas con prisión preventiva, entre otras cuestiones.

También debe acelerar la implementación de la Ley 26.472, de ejecución de la pena privativa de la libertad, y el Estado debe ofrecer alternativas al encarcelamiento para las mujeres embarazadas y las madres de niños menores a cinco años.

Explotación sexual: la complicidad

El escrito resaltó el trabajo del Programa Nacional de Rescate en este aspecto. Sin embargo, hizo foco en la necesidad de que se armonicen las leyes provinciales con las leyes nacionales para el cumplimento de los estándares internacionales en materia de violencia y discriminación contra las mujeres. También señaló que en términos de explotación sexual, Argentina es un país de tránsito para mujeres de Brasil, Bolivia, República Dominicana República, Paraguay y Perú. Y mostró preocupación por los casos de complicidad de funcionarios públicos en casos de tráfico sexual y la explotación de la prostitución. En ese sentido, recomendó al gobierno mejorar el análisis de información que tiene en la temática, fortalecer las investigaciones judiciales, procurar las condenas de los responsables y generar políticas estructurales que apunten al empoderamiento económico de las víctimas de explotación sexual

La violencia simbólica

Lxs especialistas dedicaron un apartado especial para hablar de la “cultura machista profundamente arraigada” en Argentina. A pesar de las campañas y  las legislaciones específicas que abordan la sensibilización del público respecto de la temática, para el Comité persisten estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad, que derivan en formas de discriminación y violencias contra las mujeres que se expresan en abuso sexual y femicidios. Pidieron al Estado que intensifique esfuerzos para disipar estas actitudes sexistas. Y fortalecer la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil mediante campañas de sensibilización del público, como la “campaña #Ni Una Menos».

Participación de las mujeres en la política y la vida pública

El Comité celebró que el Congreso nacional esté discutiendo una ley de paridad. También destacó que Córdoba, Santiago del Estero, Río Negro y Buenos Aires hayan adoptado leyes que exigen la paridad de género en las listas de candidatxs. Sin embargo, el comité señaló preocupación por la subrepresentación de las mujeres en los sindicatos, el Poder Ejecutivo, en los puestos de toma de decisiones, en el sector privado y en las administraciones municipales. Señaló, en ese sentido, “las barreras que enfrentan las mujeres en la vida política y pública, para conciliar tareas de crianza y tareas domésticas”. Lxs expertxs señalaron que “la participación democrática de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres en la vida pública es un requisito para la plena aplicación de los derechos humanos de la mujer”.

Educación

Cada 5 minutos nace un bebé de una madre adolescente menor de 20 años en Argentina. Y cada tres horas una menor de 14 años se convierte en madre. El 60% de estas jóvenes tiene que abandonar sus estudios. El Comité puso un especial énfasis en el alto número de chicas que abandonan la escuela por un embarazo temprano. Y, en ese línea, llamó la atención sobre la “limitada implementación” del Programa de Educación Sexual en las provincias.

Asimismo, con respecto a la educación señaló la sub-representación de las mujeres y las niñas en campos de estudio, tales como matemáticas, ingeniería y nuevas tecnologías de la información.

Empleo

Si el desempleo promedio en Argentina es del 9,3 por ciento, para las mujeres es del 10,5. La brecha salarial en Argentina es del 27 %. Naciones Unidas recomendó equiparación salarial entre varones y mujeres. Esto es, igual pago por la misma tarea. El Comité pidió que Argentina adopte medidas estructurales para reducir la pobreza y mejorar la vida económica de las mujeres. También recomendó adoptar medidas específicas, como el microcrédito especial. Hizo hincapié en la necesidad de servicios de guardería adecuados y el fortalecimiento de los incentivos para que los hombres, como por ejemplo, las licencias parentales.

“Es interesante que han avanzado en reconocer los derechos sociales y económicos de las mujeres. La violencia machista no se explica exclusivamente por una cuestión cultural sino que tiene que ver con desigualdades económicas y sociales”, dijo a La Vaca, Laurana Malacalza.

Mujeres rurales

El Comité enfatizó en las situaciones de pobreza de las mujeres rurales y el limitado acceso a la justicia, educación y servicios de salud. También el riesgo en el que viven ante el desalojo forzoso y la violencia sexual.

Mujeres indígenas

El Comité observó con preocupación que las mujeres indígenas se enfrentan a formas específicas de discriminación y puso el foco en los los desalojos forzosos de tierras tradicionales indígenas en regiones como Gran Chaco. También cuestionó el acceso limitado de las mujeres al agua. Y el impacto negativo sobre la salud de las mujeres y niñas indígenas por el uso de pesticidas, fertilizantes y agroquímicos.

Mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

Al comité le preocupó la ausencia de programas dirigidos a la integración social y económica de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Argentina. Así como también la exclusión de estas mujeres a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones por discapacidad

A pesar de que en la audiencia en Ginebra una de las primeras preguntas fue por la detención arbitraria de Milagro Sala, en este reporte el nombre de la dirigente de la Tupac Amaru presa en Jujuy, no apareció.

La Cedaw es la convención internacional más importante de derechos humanos dirigida específicamente a proteger a las mujeres. Fue aprobada por Naciones Unidas en 1979, ratificada por Argentina en 1985 y tiene jerarquía constitucional desde 1994. En la presentación que hizo el Estado argentino en noviembre, los volantes del paro de mujeres estuvieron presentes. En el informe que se presentó hoy, los reclamos del #NiUnaMenos quedaron materializados en un escrito de Naciones Unidas. La próxima vez que Argentina rinda cuentas ante este organismo será en 2020.