Nota
La otra campaña: cómo es el plan contra los pueblos originarios
Desalojos y represión contra pueblos originarios. Cárcel a sus referentes y militarización de territorios. Leyes que se violan y empresas extractivas que avanzan con complicidad política y judicial. Políticas de Estado contra los pueblos indígenas. Y comunidades que resisten. Cómo es el plan sistemático contra los pueblos originarios.
Por Darío Aranda.
Agustín Santillán, wichí de Formosa, lleva tres meses preso.
Facundo Jones Huala, mapuche, fue encarcelado en Chubut de forma arbitraria por una causa que ya había sido juzgado, hace pocas semanas.
En San Pedro de Colalao, Tucumán, un megaoperativo policial desalojó a familias diaguitas.
Toda una comunidad mbyá de Misiones fue testigo de la destrucción de sus viviendas, con motosierras e incendio incluido.
En Salta, 26 wichís murieron en 23 días por causas evitables.
Éste es el plan sistemático contra los pueblos originarios.
Los detenidos
Ingeniero Juárez está ubicado en el extremo oeste de Formosa, una provincia donde pocas voces se alzan contra el gobernador Gildo Insfrán, gobernador desde 1995. Agustín Santillán es una de esas voces, que reclama los derechos del pueblo wichí.
Santillán fue detenido el 14 de abril: tiene más de veinte causas armadas. Desde hace tres meses está en la cárcel de Las Lomitas. Recibió maltratos, amenazas de muerte y su futuro es complejo. “Son causas armadas. Es un preso político. Quieren aleccionar para que nadie más levante la voz”, resumió Daniel Cabrera, su abogado.
“Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación de la libertad de Agustín Santillán, que se encuentra detenido por demandar el goce de sus derechos”, denunció una escrito público firmado por la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a la Tierra (Gajat), el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (Upndt), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), entre otros.
Habla el lonko Jones Huala desde la cárcel: “La represión es brutal”
También en la cárcel se encuentra Facundo Jones Huala, lonko (autoridad) del Lof Cushamen, en Chubut. Su comunidad cometió el pecado en 2015 de recuperar tierras en la estancia Leleque, propiedad de la multinacional Benetton, el mayor terrateniente de Argentina con un millón de hectáreas. Sobrevinieron denuncias, juicios, represiones hasta que en 2016 Jones Huala fue enjuiciado por un antiguo pedido de extradición a Chile. El juez confirmó la existencia de tortura a testigos, liberó a Huala y la causa tramitaba en la Corte Suprema. El 27 de junio, luego de una reunión entre los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, el lonko mapuche fue detenido en un retén de Gendarmería por el mismo pedido de extradición, y trasladado a Esquel. “Estoy preso de forma ilegal. No se respeta el debido proceso, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Los jueces están violando el estado de derecho, su propia legislación”, denunció Jones Huala.
Desalojados
El 26 de junio la Comunidad Indio Colalao de Tucumán sufrió un violento desalojo de 16 familias. A pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 (que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas y por ello frena los desalojos de este tipo), decenas de policías, policía montada e infantería llegaron hasta el territorio y avanzaron contra la comunidad. El operativo estuvo avalado por la fiscal Adriana Cuello Reinoso y al juez Eudoro Albo.
La comunidad explicó que el trasfondo es el intento de explotación de los recursos naturales del lugar.
En San Ignacio, Misiones, el 8 de julio, una patota atacó a la comunidad Tekoa Kokuere’i. Con machetes y motosierras derribaron las viviendas y luego las incendiaron en presencia de niños y mujeres. “Llaman la atención las frecuentes asociaciones entre la Municipalidad y los propietarios aparentes o empresas cuando se trata de lastimar, atropellar y despojar a las comunidades Mbya de los derechos que tienen como pueblos preexistentes”, denunció el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa). Incluso confirmó que la comunidad cuenta con documentos oficiales que muestran que se trata de territorio ancestral indígena.
La ley y la trampa
Ante cada desalojo a campesinos e indígenas suele las comunidades suelen responsabilizar al poder político y al empresario. Pero también interviene un actor de perfil más bajo: el Poder Judicial, el más conservador y vitalicio de los tres poderes del Estado. Y el único que no es elegido por votación de la población.
Argentina tiene frondosa legislación que favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. De la mano de jueces y fiscales, no se cumplen.
“La ley es como un hacha sin filo”, resume un dicho del Pueblo Wichí. Puede ser una herramienta deseada, ideal, pero si no se implementa, no sirve.
El Pueblo Diaguita de Tucumán marchó el 6 de julio a los tribunales de la provincia. Identificó como responsable de sus abusos al Poder Judicial. Recordaron que desde 2009, cuando asesinaron al diaguita Javier Chocobar, esperan un juicio que nunca llega. Y repudiaron a jueces y fiscales que dan luz verde a los desalojos indígenas.
“Nosotros somos un pueblo preexistente y reclamamos lo que es nuestro. Lo que quieren los empresarios es quitarnos nuestras tierras, despojarnos de lo que nos queda. Hoy decimos basta y nos revelamos ante el poder judicial porque esto no puede volver a ocurrir”, denunció desde la marcha la vocera diaguita Ivana Morales, a la Agencia de Prensa Alternativa (APA!).
Fernando Kosovsky, director del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat) y parte de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), presentó la situación Argentina en el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (que sesionó entre el 10 y 14 de julio en Ginebra) y se entrevistó con la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauili Corpuz. Kosovsky entregó documentación que confirma casos de violaciones graves a los derechos de las comunidades, vulneración de los derechos territoriales e incumplimientos sistemáticos de estado argentino en garantizar la seguridad jurídica de los territorios.
Gajat recordó que la Ley 26.160 (que en 2006 instó relevar los territorios indígenas y prohibió nuevos desalojos) vence este año y el Gobierno aún no ha confirmado la prórroga. “Pasados diez años, menos del 30 por ciento de los territorios fueron relevados.
En 2011, el relator especial de ONU (James Anaya) confirmó numerosos desalojos, incluso violentos, a comunidades de todo el país. La ley no se cumplió y vence en noviembre de 2017”, alertó el abogado ante Naciones Unidas.
Amnistía Internacional realiza desde hace dos años un mapa de conflictos territoriales (disponible en www.territorioindigena.com.ar). Contabilizan un piso de 250 casos, donde el punto común son empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos. “Existe en Argentina una significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación. No obstante los avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, la Argentina debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que siguen reafirmando patrones de discriminación y exclusión”, alertó Amnistía Internacional.
Matar al indio
Carmen Lobo de Quiroga, abuela campesina de Santiago del Estero, falleció en el marco de un intento de desalojo el 25 de junio, en la localidad de La Florida (sudoeste provincial). Su familia denunció que “murió de angustia” ante la posibilidad de perder su tierra, cuando empresarios quisieron hacerse de la tierra campesina.
Sólo la insistencia del periodista Eduardo Duschatzky posibilitó que la agencia oficial Telam emitiera la noticia. Ningún “gran medio” se hizo eco. La Mesa de Tierras Choya-Guasayán, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, denunció el hecho y alertó que los empresarios están con vía libre de parte del poder político y judicial. También resaltaron el aumento de la conflictividad en los parajes Zorro Huarcuna, Sol de Mayo, San José y Santo Domingo.
La abuela Carmen Lobo de Quiroga se suma a una larga y silenciada lista de asesinatos rurales: Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé –beba de 10 meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco), entre otros.
En Santa Victoria Este, región norte de Salta, murieron 26 personas en 23 días, todas por causas evitables y falta de atención básica de salud. Lo denunció la comunidad wichí Cruce Buena Fe Cañaveral, según describió la periodista Laura Álvarez Chamale (en el diario El Tribuno).
Aunque se trató de más de un muerto por día, ningún gran diario porteño (ni radio, ni canal de televisión) replicó la noticia.
“No olvidamos que entre el 16 de diciembre y el 31 de diciembre murieron 16 personas en Santa Victoria Este. Y hasta el 7 de enero murieron 10 más, sumando 26. Esta mortandad es un profundo dolor que quedó en nuestras comunidades”, lamentó el dirigente wichí Pedro Lozano. Y precisó que se trató de cinco adultos y 21 niños, todos menores de 2 años.
Las comunidades indígenas y familias criollas cortaron la ruta provincial 54. Denunciaron a la jefa de enfermería, la falta de insumos básicos y la carencia de agua (con temperaturas de más de 40 grados).
El secretario de Servicios de Salud de Salta, Francisco Marinaro Rodó, reconoció las 26 muertes, pero culpó a los indígenas: “Lo que ocurre en verano es que beben agua de los madrejones y eso les provoca diarrea y deshidratación grave. Son los hábitos higiénicos dietéticos de las comunidades wichís, más que ninguna otra etnia, los que generan estas problemáticas (…) Mi gran ambición es que aprendan a lavarse las manos, a hacer hervir el agua, a cocinar y darles a sus hijos agua y comida segura”.
El funcionario no mencionó la falta de agua potable, la falta de trabajo, la pobreza, ni el histórico y permanente despojo de tierras, que acorrala a las comunidades en pequeñas parcelas donde es muy difícil reproducir su vida.
Enemigo interno
El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acusó (en un informe interno de agosto de 2016) a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconoce que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales. El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”, apunta al gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.
El 21 de junio, un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.
La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.
La unión
Ivana Morales, de la comunidad India Colalao de Tucumán, invitó: “Pedimos a todas las comunidades que nos unamos. Continuamos resistiendo, esto no termina. Llevamos 525 años resistiendo y en el año 2017 continúa esta lucha. Que la Pachamama nos proteja”.
Facundo Jones Huala, desde la cárcel, apuntó a una de las causas de fondo: “Los gobiernos ven un peligro en la organización y levantamiento de los pueblos indígenas. Tenemos formas de vida que se contraponen al sistema capitalista, han mantenido vidas comunitarias, sostenibles, sin intervención del Estado. Los pueblos indígenas son una alternativa para estos modelos de vida modernos e inhumanos. Por eso se ve a los indígenas como un peligro para el capitalismo”.
La Confederación Mapuche de Neuquén está dividida en seis regiones.
La Zonal Xawvn Ko (Encuentro de Aguas) emitió un comunicado el 5 de julio titulado “Los pueblos indígenas, identificados como enemigos del modelo”.
Puntualizó los hechos represivos de las últimas semanas, las detenciones arbitrarias de Santillán en Formosa y de Jones Huala en Chubut.
Dice: “Nuestra condena y repudio a los acontecimientos que demuestran que la escalada de violencia. Como organización Mapuche expresamos nuestra condena y repudio al accionar terrorista de este Gobierno, que además de hambrear al pueblo, ha iniciado una cacería sobre todo pueblo indígena que se oponga a su modelo capitalista , extractivista, saqueador, racista y represor”, remarca. El comunicado finaliza: “Por nuestra libre determinación. ¡Marici wew! (Diez veces venceremos)”.
Las tres patas
El audio es de sólo tres minutos. Circuló por WhastsApp y pertenece a Marcos Pastrana, histórico luchador diaguita de Tafí del Valle (Tucumán), uno de los pioneros en enfrentar a Minera Alumbrera en el norte argentino. Con simpleza, Pastrana realiza un análisis pedagógico, profundo y conmovedor de la situación indígena de Argentina. “Una política de Estado tiene tres patas esenciales: voluntad política, decisión administrativa y presupuesto – dice-. Los desalojos contra pueblos indígenas son claramente una política de estado, actual y desde siempre del estado argentino. Porque los desalojos tienen una voluntad política, por eso se hacen. Tiene una decisión administrativa porque ponen todos los medios a disposición para que se ejecuten. Y tiene presupuesto, donde se moviliza todo el aparato necesario”.
Pastrana, que se lo escucha sereno pero también firme, resume: “La política del Estado argentino y del Estado provincial y municipal es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indígenas. Es la triste realidad”.
Enumera las leyes vigentes que no se cumplen, cuestiona a los tres poderes del Estado y llama a organizarse y luchar. Así resume los últimos 200 años de Argentina: “No son políticos, no son gobernantes, ni son ni funcionarios. Son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes”.
Nota
La Ronda, en la mirada de Martina Perosa
Quinta entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que se propone transmitir el valor de la constancia, de los pies en el espacio público, de la gota a gota que horada la piedra, la no violencia contra la violencia, su valor social, su peso histórico, sus 40 años de coreográfico diseño: media hora, todos los jueves. Esta cobertura realizada fue por la fotógrafa y artista visual Martina Perosa.
Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.
“Desde hace tiempo me interesa la relación entre fotografía y movimiento. Hay un trabajo que me parece muy interesante, que me inspiró en esta búsqueda, que es la serie fotográfica de Muybridge en el que logra documentar el rápido trote de un caballo en el aire. Mediante esta serie intentaba demostrar, frente a la teoría opuesta de algunos periodistas deportivos, en el que hay un momento de la carrera en el que los cuatro cascos del equino están en el aire. Esas series en movimiento abrieron una nueva discusión en la historia de la fotografía, que incluso dieron comienzo al cine”.
“Siempre me interesaron estos cruces interdisciplinarios entre las diferentes ramas artísticas como el cine, la fotografía y la danza. Pensando la ronda de plaza de mayo, me punzaba mucho la idea de coreografía. Una repetición constante todos los jueves, durante cuarenta años, por media hora. Una serialidad. Una duración y tiempo concreta. En un espacio determinado. Unos cuerpos, y una relación entre ellos, con una calidad de movimiento que a lo largo de los años fue mutando según el contexto: explosivo, suave, sutil. Y una música que hilvana el movimiento, los sonidos de la calle y el grito popular”.
Sobre Martina Perosa
Artista visual, nacida en la ciudad de Buenos aires. Su formación se centró en distintas disciplinas artísticas, que hoy confluyen en su obra. Estudió cine, indagó en el teatro, la performance y danza contemporánea y luego se especializó en talleres de fotografía y clínicas de obra. Esta multiplicidad de intereses le permitió construir una mirada interdisciplinaria sobre la fotografía con un principal interés en el movimiento, y en la potencia de la imagen para construir ficción y contar historias. En 2019 editó su primer fotolibro “Shinsekai”, finalista del Premio Publicación Latinoamericano en el FELIFA 2021 y en diciembre 2023 editó su segundo fotolibro Proyecto Dallas.
Nota
Rosario narco (1): la infiltración y la complicidad
Reflexiones, datos de la realidad e hipótesis sobre lo que ocurre en Rosario a partir del recrudecimiento de la violencia, a través de esta entrevista con Francisco Broglia, Defensor Público del Servicio Público de la Defensa Penal de la ciudad de Rosario y especialista en Derecho Penal. Desde la desestructuración económica a la descripción y atomización del mercado narco. Las complicidades policiales. La demagogia punitiva y las lógicas de la guerra, frente a otro tipo de esquemas de seguridad. La ineficacia de la violencia y la mano dura. Y la necesidad de una reforma policial y penitenciaria para poder ir al corazón del problema.
Texto: Sergio Ciancaglini
Rosario sigue sufriendo la violencia narco por un lado, y las políticas de “saturación” policial por el otro (llenar las calles de efectivos) que no parecen encontrar soluciones. El gobierno santafesino exhibió mayores controles y restricciones en las cárceles, con presos supuestamente relacionados al negocio narco y considerados de “alto riesgo”, sin ropa, en el piso, ante personal policial armado y encapuchado. Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad provincial, publicó las fotos en Instagram bajo este título: “Cada vez la van a pasar peor”. Se emularon así las imágenes conocidas en El Salvador presidido por Nayib Bukele.
Se acumularon otras escenas, o aparentes respuestas: un colectivo penitenciario baleado, el asesinato de dos taxistas (Héctor Figueroa y luego Diego Celentano, en ambos casos utilizando balas policiales) y un colectivero (Marcos Daloia) a los que se sumó el crimen del trabajador de una estación de servicio, Bruno Bussanich. Todo acompañado por las amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro, y una nota dirigida al propio gobernador y a Cococcioni en la que se pronosticaba: “carguen con muertes inocentes”.
Sobre ese panorama habló con lavaca Francisco Broglia, abogado, especialista en Derecho Penal, Magister en Ciencias Sociales, docente universitario y actualmente Defensor Público del Servicio Público de la Defensa Penal de la ciudad de Rosario.
“Hay un endurecimiento de las condiciones de detención en algunos penales y quizás esta respuesta tiene que ver también con eso porque se empieza a dar desde hace algunos meses atrás. Esto que sucedió con la foto a lo Bukele, como se le dice. No se sabe si fue la gota que rebalsó el vaso o bien ya se venía dando una situación de agravamiento de las condiciones carcelarias que derivó en estos atentados en los que, además, están demostrando que tienen armas de la Policía y material balístico provisto por las fuerzas de seguridad. Hay un mensaje bien, claro: ‘estamos infiltrado en el Estado, o el Estado es cómplice nuestro’” explicó Broglia.
La precarización y la identidad
¿Cómo describir este panorama? “Rosario era de las ciudades más seguras de Latinoamérica, con una tasa de homicidios más baja que la media nacional, y hoy la estamos cuadruplicando. Hay una conjunción de cosas. Un fuerte cambio estructural del mercado del trabajo en Argentina y en el mundo en los últimos 30 años, relacionado con la precarización laboral. La situación es muy fuerte en los territorios, con situaciones de exclusión de jóvenes de sectores populares. Los materiales disponibles para construir identidad, para esos jóvenes, son prácticamente nulos. Los tradicionales, la escuela o el trabajo, dejaron de operar para ellos”.
¿Y entonces? “Aparecen otras formas de construir identidad, respeto y reconocimiento. Por ejemplo, la violencia. Y en ese marco aparecen estas economías delictivas vinculadas con la comercialización de sustancias como forma de generar esa identidad, ese prestigio social para los jóvenes. Ser soldadito (como se llama a quienes integran las bandas narco) de algún modo es esto: construir un yo, un ser, y hacerlo de una manera que la lógica actual de precarización no permite”.
La lógica de matar
Para Broglia la situación en los barrios empieza por algo aparentemente sencillo: “Estamos en un modelo económico salvaje, donde tirar un tiro, matar a alguien, aparece como una lógica acumulativa. Hace un tiempo el que ganaba prestigio era el que se enfrentaba al ‘poronga’ del barrio. Pero luego aparece una lógica más capitalista, donde esto se mide en términos de cuánta gente esa persona es capaz de matar. ¿Cuántos muertos te cargás? Y con ese número te enfrentás y te imponés al ‘poronga’. Por eso hablo de lógica acumulativa”.
Cómo funciona el mercado: “Otra cuestión que cambió es la atomización del mercado de comercialización de sustancias. En las décadas del 80 y 90 era mucho más chico y concentrado. Pero ahora se transformó la lógica, mucho más atomizada y descentralizada. Y también se transformó el sistema de las complicidades”.
Las internas policiales
¿Qué significa esa transformación? “Que no hay una verticalización de cómo se estructuran sobre todo las fuerzas de seguridad en el mercado. Y entonces aparecen varias internas, distintas complicidades y varias bandas policiales operando con diferentes grupos también enfrentados entre sí. Es una atomización de las burocracias penales”.
¿Qué quiere decir eso? “Estoy pensando en algo que se ha manifestado en las causas penales, investigaciones y juicios federales que hemos tenido en Rosario: la complicidad de las fuerzas de seguridad, particularmente de la policía. No digo que toda la fuerza sea cómplice en esto. Pero hay varios grupos en pugna, operando para distintas bandas, lo que permite ver que no hay una estructura centralizada, como tampoco un cartel que domine el mercado”.
El resultado: “Al no haber carteles lo que hay son bandas sueltas, atomizadas, con poder de fuego y mucho uso de la violencia con la mano de obra de los pibes, los soldaditos. Son los más intercambiables, pero a la vez son los que están dispuestos a intervenir disparando por unos mangos, o haciendo cualquier otra cosa”.
Soldaditos y financistas
¿Cuál es la respuesta estatal? Broglia lo explica como una especie de marketing: “La respuesta típica es la saturación policial. Militarizar la ciudad es muy vendible hacia afuera. Es obvio que a todos nos puede llenar de tranquilidad tener un policía más cerca, en un contexto de miedo. Pero no parece como una solución de fondo porque en realidad en estas estructuras delictivas hay manejo del dinero y distintos niveles de jerarquía. Obviamente, la intervención de la fuerza de seguridad en el territorio no va a llegar a las cúpulas que financian el negocio, donde el financista ni siquiera se conoce con el que está tirando tiros en el barrio. Son cosas mucho más anónimas, con muchas intermediaciones”.
Agregado de contexto: “Estamos inmersos en un capitalismo neoliberal financiero que funciona también con estas lógicas, y que se alimenta también del dinero que se produce por esta vía”, referencia que empalma con las industrias de lavado de dinero que contienen a todo este fenómeno.
“El otro punto es la amplificación de la violencia. La violencia fue escalando a partir de la visibilidad de grupos o bandas como Los Monos, por ejemplo. Empezó a aparecer el tema en los diarios, se lanzó la ‘guerra al narcotráfico’ y a algunos grupos en particular con nombre y apellido. Y eso está amplificando la respuesta violenta. Entonces aparece una escalada, al estilo de otros países donde se aplicaron las mismas recetas. México y Colombia por ejemplo. El Estado amplifica la violencia que va escalando en forma desmedida. Pero esos países son un ejemplo: por más escalada, el problema no se soluciona y es más: se agrava”.
El espectáculo
En estos días ha habido distintas intervenciones mediáticas del Presidente Milei y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich (que anunció contradictoriamente en la misma oración que Milei iría a Rosario en 25 días, o en dos semanas, o en una, confirmando la proverbial dificultad o manipulación del oficialismo con los números).
Sostiene Broglia: “Todo es muy nuevo, hay mucha información cruzada. Es cierto que hubo una situación en la unidad de Piñero, pero otros dicen que no. Hay distintas versiones del gobierno provincial, y varios hábeas corpus presentados por la Defensa Pública debido a relatos bastante tremendos de personas privadas de su libertad. Entonces no sabemos qué es lo cierto y lo que no, por lo que me parece aventurado hoy decir algo en relación a si lo ocurrido fue una respuesta a la situación en la cárcel, o no”.
La ministra Bullrich sonríe y saluda en Rosario. (Foto distribuida por el Ministerio de Seguridad).
Traducción: Broglia pone en tela de juicio las versiones difundidas mediáticamente. Duda, además, sobre el tema de la autoría de los crímenes y ataques de los últimos días: “Tampoco me animaría a coincidir ni a disentir en términos de quiénes son los que preparan los atentados. De lo que sí estoy seguro es de que cuanto más violencia se genera, la escalada termina siendo peor. Claramente la solución no va a ser la espectacularización de la violencia. Entiendo que el Estado tiene que ser firme y echar mano de las herramientas que le corresponden dentro del marco legal”.
Broglia no quiere cargar las tintas en los actuales gobernantes. “Son gobiernos que están hace poco, lo digo como no votante de ambos. Pero al margen de la simpatía que se les tenga, conviene pensar las cosas con coherencia. Venimos de un proceso de mucho tiempo, desde los 90, que instaló lo que suele denominarse demagogia punitiva. La alternativa al problema de la seguridad aparece como un discurso de guerra al delito, guerra al tráfico de sustancias. Se construye un enemigo que generalmente está en los barrios populares, entre personas pobres. Y se ha ido avanzando hacia un planteo en el cual prácticamente hay que exterminar a ese otro convertido en enemigo, pero sin resolver el problema de fondo, que incluye lo económico y las burocracias penales. Y eso no es privativo de ningún gobierno en especial sino que atraviesa a todos, provinciales y nacionales, durante los últimos 30 años”.
El rinde electoral
“Hubo algunos avances y muchos retrocesos en materia de seguridad, intentos de lograr una idea de seguridad más democrática, y la contrapartida de situaciones muy hacia atrás. En todos los gobiernos. A la política le cuesta mucho correrse de los discursos habituales porque los políticos interpretan que esas medidas duras, espectaculares, son lo que la población quiere. Piensan que rinde electoralmente. Hubo matices, gobiernos que atemperaron esa actitud y que intentaron algunas transformaciones, pero al final siempre fueron hacia el punitivismo, por esa idea electoral. La lógica de una guerra absurda que no existe, y que no es ninguna solución. Lo que se precisan son soluciones multi agenciales”.
¿Por ejemplo? “Un abordaje con intervención de diversos actores, no solo las fuerzas de seguridad. Encarar el problema del delito en toda su complejidad como fenómeno social, multi causal, con la intervención de otros actores sociales que pueden influir en el fenómeno, no solo la policía. Fijate que en esta misma charla estamos viendo varias aristas distintas. Entonces el tema es la operatividad de las intervenciones que tienen que ver con la política social del Estado, por ejemplo, en donde mucho tiene que ver un neolberalismo económico y financiero que funciona también con estas lógicas, que también alimenta a una economía que muchas veces funciona con ese dinero”.
Francisco Broglia, Defensor Público del Servicio Público de la Defensa Penal de la ciudad de Rosario y especialista en Derecho Penal.
La saturación es vieja
“Otra cuestión es hacer un diagnóstico certero. Pensar que el problema de la comercialización de sustancias se va a resolver solamente poniendo más policía en la calle, evidentemente ha demostrado que no va a traer grandes resultados” plantea Broglia. Las noticias postulan que son unos 450 efectivos enviados esta vez a Rosario (se instalarían en 3 barrios) frente a intervenciones como la de Sergio Berni, que recuerda Broglia, con 4.500 efectivos que tampoco resolvieron el problema, puede verse.
“En Rosario ya hubo varias intervenciones según el esquema de saturación policial. La verdad es que es algo bastante viejo, que no solucionó nada. Sergio Berni lo hizo en 2012, de modo mucho más amplio y potente que lo que buscan hacer ahora el gobernador Pullaro y la ministra Bullrich. Recuerdo que una antropóloga, Josefina Martínez, decía que en lugar de pensar tanto en la saturación policial, alguna vez habría que pensar en un esquema de saturación social: cómo hacer frente a las problemáticas del neoliberalismo y la exclusión, que hoy encima se manifiesta de un modo bastante intenso y compleja”.
Menciona el Defensor Público otro tema que no aparece en ninguna agenda: “Hay que pensar de una vez por todas en una reforma policial y penitenciaria integral. Parecería que la política no se anima a intervenir sobre esta autonomía policial, que es el gran tema de todo lo que estamos comentando. Se dieron en el país algunos procesos siempre en situaciones de crisis muy extrema, como en la Policía Bonaerense. Y luego retrocesos cuando se comenzó a calmar el reclamo social: ahí volvieron los avances conservadores y muchas de las reformas fueron para atrás. Sigue siendo un tema pendiente, el gran tema si se quiere encontrar una solución efectiva a lo que está pasando en Rosario, por ejemplo”.
Teoría sobre la demagogia
Señala también Broglia el error de la demagogia punitiva: “Tengo una mirada diferente por lo que me ha tocado ver y trabajar. No lo digo como intérprete ni nada por el estilo, pero sí por algunas cosas que humildemente uno puede escuchar de personas muy castigadas por el problema de la inseguridad, que son las personas más pobres. Son las que más lo sufren porque hay siempre una desatención del Estado de esas victimizaciones, como también desde la política se piensa que la demagogia punitiva es la alternativa, y que la gente quiere más cárcel, más policía y más violencia”.
“Pero cuando uno se acerca un poco a lo que la gente parece necesitar, la gente no pide más violencia desde el Estado para enfrentar el problema. Pide que no le pasen cosas, no ser víctima de delitos, vivir tranquila, no tener miedo. Me hace acordar una cosa que decía David Garland, un criminólogo del Reino Unido, en la década del 90, cuando se discutían las mismas cuestiones. Él decía que la gente no quiere la violencia del Estado. Esa es la interpretación del político y de la opinión publicada en los medios, como salida para demostrar que está haciendo algo diferente. Pero la gente lo que quiere es que no le pase nada. Entonces tal vez habría que plantear otras visiones, que tal vez sean acompañadas también desde el punto de vista de los votos. Pero también hay que tener coraje como para hacer eso, ¿no?. Coraje, capital político y apoyo en general. Pero eso se va a poder lograr cuando se comprenda que lo hecho hasta ahora no soluciona el problema”.
¿Qué le diría a una persona que piensa que la solución es más policía, más mano dura? “Es complejo porque es difícil sacar a la gente de sus cuadros o sus marcos ideológicos. Entonces esa persona está convencida de que la única alternativa es esa. Es complicado que pueda entender que hay otra salida. El problema no se va a resolver con mayor violencia porque no tiene que ver solamente con una cuestión de derecho, sino con la ineficacia de esas políticas”.
Sobre la política del “cada vez la van a pasar peor” en las cárceles a lo Bukele, Broglia propone dos conceptos:
- “Desde el punto de vista de los derechos humanos, nuestra legislación establece la finalidad resocializadora de la pena y la prohibición de la tortura y los malos tratos a las personas detenidas”.
- “Desde el punto de vista de la eficacia del punitivismo para reducir la violencia y el delito, te diría que el endurecimiento carcelario es inútil”.
Nota
La Ronda, en la mirada de Eduardo Longoni
Cuarta entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que se propone así transmitir el valor de la constancia, de los pies en el espacio público, de la gota a gota que orada la piedra, la no violencia contra la violencia, su valor social, su peso histórico, sus 40 años de coreográfico diseño: media hora, todos los jueves, 2.392 veces al 15 de febrero, fecha a la que corresponde esta cobertura realizada por el fotógrafo Eduardo Longoni, autor de uno de los registros a lo largo de la historia de Madres más reconocidos. Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.
Foto: Eduardo Longoni para la cobertura colaborativa de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo.
Una ronda de casi medio siglo
Estoy parado en la Plaza, a la sombra de un árbol, con los ojos entrecerrados por la luz que refleja la blanquísima Pirámide. Es un caluroso jueves de verano, son las tres de la tarde. Y espero que lleguen las Madres a su habitual ronda. Pero mi cabeza vuelve una y otra vez a los jueves invernales de fines de los ´70, plena dictadura. Frío. Por dentro y por fuera. La Plaza llena de servicios de inteligencia, de policías de civil, de personajes oscuros. Y allí iban llegando las Madres, algunas acompañadas por familiares, otras solas con su pañuelo. Todas con desesperación, con coraje y con pequeñas fotos de sus desaparecidos. Yo era joven, como sus hijos ausentes. Ellas tenían la edad de mi madre. En medio de ese lazo tácito de amor que nos fue uniendo, nacieron mis primeras fotos.
Hoy estoy aquí, ya no soy joven. Es mi primera ronda después de la muerte de mi madre. Y ahora sólo llega Norita Cortiñas por un lado y Pina de Fiore por otro. Hay algo que me estruja el alma. Una mezcla del paso del tiempo con tristeza. Pero ellas siguen dando vueltas. Incansables.
La ronda de las Madres es el lugar dónde ahogar las flaquezas, los miedos, es un sitio dónde los obstáculos se vuelven más pequeños. Es el círculo en el que empezó a derrumbarse la dictadura más sangrienta de nuestro país. Nada menos…”
Foto: Eduardo Longoni para la cobertura colaborativa de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo.
Foto: Eduardo Longoni para la cobertura colaborativa de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo.
Foto: Eduardo Longoni para la cobertura colaborativa de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo.
Foto: Eduardo Longoni para la cobertura colaborativa de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo.
Sobre Eduardo Longoni
“Trabajo con fotos, respiro fotografía, las imágenes me asaltan a cada paso. Con la cámara como pasaporte puede viajar por todo el mundo. Expuse mis imágenes en muchas galerías y museos alrededor del mundo, pero guardo un especial orgullo de haber sido uno de los fundadores de la exposición El Periodismo Gráfico Argentino allá por 1981, cuando todo era peligroso en nuestro país. Esa muestra, la más prestigiosa del fotoperiodismo argentino, sigue vigente hasta nuestros días con más de 30 ediciones”.
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