Nota

Medios, redes sociales y desapariciones forzadas en democracia

Publicada

hace 8 años

28/10/2017

La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, entregó a la CIDH este informe realizado por lavaca que analiza la relación entre concentración mediática, los ataques de granjas de trolls y desapariciones forzadas en democracia, a partir de dos casos emblemáticos: los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en México y Santiago Maldonado, en Argentina. Publicamos hoy la primera parte del informe y en los días sucesivos sus anexos, con toda la documentación, que quedará disponible con libre acceso para facilitar otros análisis de un material clave para comprender los desafíos comunicacionales de esta época.

Informe presentado en la última audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo por lavaca.org
El comportamiento de los medios de difusión ante desapariciones forzadas padecidas en América Latina ha sido diversamente analizado en el contexto de dictaduras militares. El Caso Maldonado nos expone y compromete a analizarlo en contextos más complejos, como lo son los Estados democráticos y el impacto de las nuevas tecnologías sociales en la difusión de la información. Cuál es el rol de los medios concentrados y las granjas de trolls en esta batalla contra la impunidad del mayor crimen de Estado. Cuáles son las preguntas que nos impone un caso manipulado por operaciones de prensa y ataques virtuales a la dignidad de las personas que reclaman verdad y justicia. Algunas hipótesis para comenzar a construir respuestas urgentes, necesarias y determinantes para el futuro de nuestras sociedades.
Las lecciones de Ayotzinapa
Tenemos como antecedente una tremenda experiencia: la de México, con 30 mil desapariciones forzadas y cientos de periodistas asesinados. En ese dramático espejo podemos encontrar las sombras que se agitan ahora, en forma incipiente pero inquietante, en Argentina y en el caso Maldonado.
El más claro ejemplo está relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en la noche del 26 de setiembre de 2014. Esas desapariciones se perpetraron en un escenario siniestro para el ejercicio de la prensa: la brutal concentración mediática y el crimen de periodistas, que por entonces cosechaba un promedio de 10 asesinatos por año y sumaba más de 90 crímenes de mujeres y hombres de prensa. Y que desde entonces no paró de crecer.
En ese escenario de muerte y concentración mediática , que deja a una sociedad sin posibilidad de generar información independiente, las redes sociales virtuales se convirtieron en una oportuna herramienta para expresar la indignación social. Un ejemplo fue el hashtag #YaMeCansé que se convirtió en tendencia mundial a lo largo de 26 días exigiendo la aparición con vida de los 43 estudiantes. Hoy sabemos que el informático Andrés Sepúlveda –condenado en 2015 a 10 años de cárcel por espiar las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC- confesó haber manejado 30 mil cuentas de Twitter destinadas a desacreditar ese hashtag, generar tendencias a favor del gobierno mexicano y difamar a las familias y organizaciones denunciantes.[1] Sabemos también que Sepúlveda no fue el único que coordinó ataques destinados a manipular la opinión pública en relación a la desaparición forzada de los 43 estudiantes. El 5 de diciembre de 2014 quedó registrado que contra el hashtag #YaMeCansé actuaron 75.000 cuentas automatizadas desde granjas de trolls financiadas por el gobierno.[2] Amnistía Internacional difundió, además, el testimonio de una troll arrepentida que confesó haber cobrado 2.500 dólares por hora para gestionar 150 cuentas contra el hashtag #YaMeCansé. [3]
En setiembre del año pasado, al cumplirse el tercer aniversario de Ayotzinapa, las granjas de trolls lanzaron otro brutal ataque, con amenazas de muerte a periodistas e integrantes de organizaciones de derechos humanos. El mensaje era claro: les advertían que si se sumaban a las movilizaciones convocadas para ese día “su sangre sería derramada”. El hashtag de las amenazas era aterrador: #ElPatrónYaDioLaOrden[4].
La experiencia mexicana nos advierte que los trolls no representan meros ataques virtuales, sino que incitan a crímenes que se concretan. No los justifican: los anticipan. Y en esa anticipación, reiterada al infinito por los trolls, aturden los mecanismos sociales para prevenirlas, impedirlas y juzgarlas dónde y cómo corresponde: la justicia. Es decir, el Estado.
¿Advertimos entonces lo que representa que un crimen de Estado active mecanismos comunicacionales capaces no ya de justificar sus propios crímenes sino también de garantizar su impunidad?
Ese es el interrogante que nos deja la lección de Ayotzinapa.
Las lecciones de Santiago
El escenario argentino es aún más complejo que el mexicano. Desde la asunción del nuevo gobierno de Cambiemos todas las políticas de Estado han favorecido la concentración mediática, pero todavía subsisten medios autogestionados que, al no depender económicamente del Estado desde hace años, han podido adaptarse –no sin dificultad- a esta etapa de privilegios a las corporaciones mediáticas. Un dato sintetiza la situación: la pauta oficial se concentra en tres grupos que han tenido un rol activo en el caso Maldonado: Clarín, Indalo y La Nación. Las últimas cifras disponibles –que corresponden a los primeros 6 meses de 2017- dan cuenta del siguiente reparto:

Para comprender el alcance de esta desigual distribución del dinero estatal, dos datos:

Las 5 primeras corporaciones mediáticas privilegiadas concentraron el 46,3% de los recursos estatales.
En tanto los medios no comerciales (cooperativas y asociaciones civiles) recibieron el 0,4%.[5]

Sin embargo, desde la primera semana de agosto, de este sector fueron los primeros medios (Cítrica y lavaca.org, ambas cooperativas de periodistas) que enviaron profesionales de prensa al lugar en el cual desapareció Santiago Maldonado. Es decir: los medios más “pobres” fueron los únicos que invirtieron recursos humanos y financieros para producir información que fue determinante para desbaratar operaciones de prensa, imponer el caso en la agenda mediática e, incluso, aportar testigos a la causa.
Los medios corporativos no hicieron referencia a la desaparición de Maldonado hasta 3 días después de presentarse el habeas corpus que la denunciaba. Y lo hicieron de manera indirecta, al informar sobre una manifestación en El Bolsón que reclamaba “por un artesano”.
A partir de esa fecha, y de acuerdo al análisis que realizamos de lo publicado por los diarios Clarín y La Nación en sus ediciones impresas –que se adjunta a este informe- la comparación entre lo editado en ambos diarios durante los primeros dos meses muestra diferencias importantes. La Nación pudo mantener, junto con la difusión de la desinformación oficial, una línea de investigación propia. ¿Se justifica esa diferencia en la cantidad de favores obtenidos del Estado por cada medio? Es notable que La Nación recibe mucho menos del Estado, y eso queda en evidencia en los montos de pauta oficial, más si se tiene en cuenta que es apenas una muestra significativamente menor de todos los privilegios que le otorgó el gobierno de Cambiemos al Grupo Clarín. Pero no es menos cierto que hubo en La Nación periodistas que mantuvieron una ética profesional, que por eso mismo han quedado expuestos a peligros y que cuentan con muy pocas herramientas para defenderse de ellos.
Para facilitar la comparación entre lo publicado en ambos diarios, hemos clasificado la información en tres categorías específicas:

Difusión de operaciones de prensa, tendientes a desviar los ejes de la investigación judicial, manipular la opinión de influencers sociales y encubrir responsabilidades estatales.
Difundir la palabra y versión de diferentes funcionarios estatales.
Relacionar el caso con la campaña electoral y en beneficio del partido oficial.

El detalle de las notas, su contenido y sincronía con los acontecimientos sociales –marchas, campañas en redes sociales, etc.- y, en especial, con hechos relacionados con el trámite de la causa judicial, hablan por sí mismo, por lo que nos limitamos a recomendar la lectura de ese anexo.
Destacamos aquí que la importancia de analizar lo publicado por la prensa gráfica es vital para analizar un aspecto central de las desapariciones forzadas en democracia: ya no alcanza todo ese poderoso arsenal para acallar la potencia social que condena este crimen de Estado. Es entonces cuando se activa el ataque de las granjas de trolls que trabajan en la zona más oscura, con argumentos más arteros, sin el bozal de la corrección política ni profesional que, aún en apariencia, deben representar los medios corporativos. Se trata de atacar la dignidad social, a través de personalizar en un blanco todas las indignidades posibles e imposibles de ser expresadas en voz alta y en una democracia.
En el caso de Santiago Maldonado, el blanco elegido fue su hermano Sergio, en particular –que se constituyó públicamente en vocero de la familia- “los hermanos” (Sergio y Germán), en segundo lugar y los organismos de derechos humanos, en particular, tanto los nacionales como los internacionales, que estuvieron activamente presentes en este caso.
En otro anexo adjuntamos el análisis de algunos de estos ataques de trolls, así como una línea de tiempo que reconstruye cuándo fueron ejecutados. Allí hemos identificado tres ataques de trolls sincronizados con dos propósitos detectados:

Inundar esa red social con difamaciones personales, creando un clima de malestar, alteración y crueldad.
Arrobar información falsa o derivada de las operaciones de prensa publicada en los medios corporativos a periodistas, programas de tevé y radio e influencers sociales, inundando así sus cuentas con campañas dirigidas a sembrar caos informativo.

La campaña de trolls se activó luego de que asumiera el nuevo juez que, en principio, representó que el gobierno no tuviera pleno acceso a maniobrar la propia causa, tal como lo hizo impúdicamente durante la gestión del juez Otranto, de tal forma que el responsable del enlace legal del Ministerio de Seguridad se convirtió en un puente entre el juzgado y los medios, filtrando información sesgada.
Medios corporativos y redes se transformaron así en formas de presión a la justicia a través de intoxicar a la opinión pública.

Medios y desapariciones forzadas en democracia: un complejo y pendiente desafío
La pregunta que nos impone estos casos analizados –Ayotzinapa y Maldonado- es urgente, necesaria y preocupante: ¿qué nos revela este escenario de medios concentrados y granjas de trolls?
Tenemos que construir esa respuesta.
Algunas hipótesis para comenzar a esbozarla:

La concentración mediática y la aparición de nuevas tecnologías de difusión han creado un nuevo mapa de audiencias. No hay ya un lugar donde “atrapar” a la opinión pública, sino múltiples escenarios y todos en constante fuga y reformulación.
Esta dispersión y multiplicidad, obliga al poder a desarrollar diferentes estrategias de manipulación de la opinión pública. Por un lado, los diarios impresos siguen cumpliendo el rol de imponer agenda en ámbitos políticos y de toma de decisiones. Por el otro, en diferentes redes virtuales en las cuales se distribuye el público clave para sostener el apoyo social que necesitan estos casos para resquebrajar la impunidad del Estado, se inyectan campañas “sucias” e información falsa.
De acuerdo al Digital News Report de 2017, las redes son la principal fuente de acceso a información entre los jóvenes de 18 a 24 años en 36 países relevados.[6] Un trabajo de los investigadores argentinos Eugenia Mitchelstein, Pablo Boczkowski y Mora Matassi, detalla que las redes sociales se imponen como segunda opción preferida de recolección de noticias (58 por ciento) entre los jóvenes de 18 a 29 años, al igual que los sitios web (41,9 por ciento). Este es el segmento social que impone tendencias, advierten. También el que participa activa y creativamente de la batalla social contra la impunidad de los crímenes de Estado.
Operaciones de prensa y ataques de trolls forman parte del arsenal que se dispara desde el poder para alterar el tejido social, aturdirlo, confundirlo y traumarlo, de forma tal de romper el lazo solidario necesario para sostener la batalla contra la impunidad estatal que representa toda desaparición forzada.
No se trata de una operatoria ornamental, sino central, necesaria y que se está revelando cómo planificada y modelizada, al repetirse casi en forma idéntica en diferentes países, casos y circunstancias.
La centralidad de esta operatoria representa, nada menos, que una desaparición forzada en democracia implica actualmente que el Estado utiliza estas técnicas para producir en la opinión pública un efecto que ya no es de mera adhesión o de neutralización del rechazo, sino de trauma.
Una desaparición forzada en democracia implica ahora que el Estado active un procedimiento comunicacional de shock porque no puede ignorar el factor “opinión pública” como si puede hacerlo una dictadura militar. Algo tiene que hacer con ella y, según se evidencia en estos casos, lo que hace atenta contra el rol que tiene la opinión pública en la vida democrática. En palabras de Noelle-Neumann es una forma contemporánea de La Espiral del Silencio: ya no se trata del aquel miedo a ser castigado por no pensar como la mayoría, sino de perder el parámetro de qué es esa “mayoría”[7]. Desquiciarla, para que esa noción de opinión pública pierda fortaleza y confianza. Contaminar lo común, lo social, aislar a los individuos, conlleva el peligro que describió Giovanni Sartori: “el gobernante gobernándose a sí mismo”.

¿Cómo prevenir que el Estado actúe contra la opinión pública ante una denuncia de desaparición forzada?
¿Cómo investigar qué hizo el Estado y cómo lo hizo cuando hay indicios de que se produjo una?
¿Cómo no dejar impune este ataque a la opinión pública, uno de los pilares fundamentales de la vida democrática?
Son los desafíos que nos toca responder en medio de un crimen brutal y traumático, como lo es una desaparición forzada en democracia, que exige tantas respuestas, todas urgentes, todas necesarias y todas determinantes para el futuro de nuestras sociedades.

[1] https://www.apertura.com/economia/Como-hacer-politica-en-epoca-de-trolls-20170918-0001.html
[2] https://www.vice.com/es_mx/article/8qdz7b/trolls-bots-y-legiones-la-guerra-por-el-internet-en-mexico
[3] https://m.aristeguinoticias.com/2401/mexico/como-las-redes-organizadas-de-trols-atacan-y-hostigan-a-periodistas-y-activistas-en-mexico/
[4] https://m.aristeguinoticias.com/2401/mexico/como-las-redes-organizadas-de-trols-atacan-y-hostigan-a-periodistas-y-activistas-en-mexico/
[5] https://revistafibra.info/publicidad-oficial-2017-concentrada-y-en-aumento/
[6] https://www.apertura.com/economia/Como-hacer-politica-en-epoca-de-trolls-20170918-0001.htm
[7] https://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18omportillo.html

Temas:

Preso por un tuit

La mirada del presidente de la CIDH sobre el caso Maldonado

Nota

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

Publicada

hace 3 días

28/10/2025

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

Seguir leyendo

Nota

Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después

Publicada

hace 1 semana

22/10/2025

Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.

Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla

Fotos Juan Valeiro

El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.

Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después — Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.

Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.

Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.

La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:

“Que no te vendan gato por león”.
“¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.

Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:

Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.

Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.

Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.

Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.

Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.

La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.

Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

Seguir leyendo

Nota

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Publicada

hace 2 semanas

17/10/2025

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.

El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.

El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas — Atilio Benedetti, UCR-Entre Ríos, principal promotor del proyecto, expone en la reunión del pasado martes.

Exposiciones sin consenso

El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.

En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.

Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.

Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

La evidencia del modelo

Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.

Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.

Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.

Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.

María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Antecedentes que enferman

Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.

Misión imposible: la ¿increíble? historia de Sabrina Ortiz

Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.

Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.

Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.