Nota
Qué hay detrás de la campaña antimapuche
Las presiones de terratenientes y empresas. La operación de los medios. El rol del modelo económico. Y un genocidio que no termina. Darío Aranda explica en esta nota el marco de la avanzada del gobierno contra los mapuches.
Por Darío Aranda
El modelo extractivo: petrolero, minero, agropecuario, forestal.
Una multinacional (Benetton) con directa influencia en el poder político y judicial.
Políticas de Estado de despojo y sometimiento.
Un genocidio que jamás tuvo su “nunca más”.
Sólo algunos de los elementos detrás de la campaña que pide represión para el Pueblo Mapuche.
Extractivo
Durante el menemismo se aprobó la ingeniería legal que dio pie a la profundización del extractivismo en Argentina: leyes mineras, privatización de YPF, ley forestal, aprobación de transgénicos con uso de agrotóxicos. Pero la implementación en los territorios se dio durante el kirchnerismo. Dos ejemplos: se pasó de 40 proyectos mineros en estudios (en 2003) a 800 proyectos (en 2015); de 12 millones de hectáreas con soja transgénica se pasó a 20 millones (22 en la actualidad).
El macrismo continúa esa línea: quite de retenciones a la minería, baja de retenciones al agro, flexibilización laboral para trabajadores petroleros. Más extractivismo, más avance sobre territorios rurales, donde viven pueblos indígenas y campesinos.
Amnistía Internacional contabilizó un piso de 250 casos conflictivos, entre los que detectó un punto en común: detrás siempre hay empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos.
Cómo sucedió con la Campaña del Desierto, que tenía como fin económico incluir tierras al mercado capitalista, la Argentina del Siglo XXI repite la historia de avanzar sobre los pueblos indígenas.
Preexistente
“Mapuche” significa en mapuzungun “gente de la tierra”. Los mapuches, como todos los pueblos indígenas del continente, son a partir del vínculo con el territorio. De allí proviene su historia, su cultura, su filosofía, su vida y de ese territorio dependen sus hijos, nietos y su futuro como pueblo.
Un argumento falaz para atacar a los indígenas del sur es que decir que son chilenos. Los pueblos indígenas tienen miles de años de historia, y el Pueblo Mapuche en particular existe desde muchos antes de la conformación de los Estado-nación. Es decir, son previos a la existencia de Argentina y Chile. El artículo 75 de la Constitución Nacional lo reconoce: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano (…). Asegurar la participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.
Ante cada campaña mediática de ataque a los mapuches, académicos repudian las falsedades de sectores periodísticos. En enero pasado, investigadores del Conicet escribieron un texto que resume cientos de estudios académicos: “Afirmamos que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches (…) Los mapuches no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina”.
Periodismo represivo
“Denuncian vínculos de grupos mapuches con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, tituló el diario Perfil el domingo 8 de enero en un extenso artículo, referido al conflicto del Lof (comunidad) Resistencia Cushamen con la empresa Benetton. La nota, firmada por Cecilia Moncalvo, acusó: “A medida que aparecen más datos, la acción de (Facundo) Huala y su grupo puede ser leída como el germen de una forma violenta de protestar y de hacer política. Hay datos, como que en zonas limítrofes la Gendarmería envió más personal, mientras que diputados chilenos y periodistas y productores argentinos mencionan a las FARC colombianas como parte de la financiación del grupo (…). Abre interrogantes sobre una zona liberada previamente y de tráfico de armas de Argentina a Chile. Facundo Jones Huala sería el nexo”.
Dos días después, el martes 10 de enero, hubo feroces represiones sobre el Lof Mapuche. Una por la mañana (Gendarmería Nacional). Otra por la tarde (policía de Chubut). El miércoles se produjo un tercer operativo violento. Tres represiones en dos días. Una cacería de mapuches. Una decena de presos. Otro tanto de heridos. Dos de gravedad. La imagen de Fausto Jones Huala, con un balazo en el cuello, recorrió el país.
A la campaña anti-indígena se sumó el diario Clarín, con un extenso artículo anunciado en tapa el domingo 22 de enero y doble página interna. “Facundo Jones Huala, el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina y Chile”, fue el título, firmado por Gonzalo Sánchez. Citó en seis oportunidades voces oficiales del Ministerio de Seguridad de Nación, Cancillería y Secretaría de Seguridad. Todas voces en “off”, sin nombre ni apellido, que acusan al Lof Cushamen de hechos tan insólitos como ajenos a la realidad. Según Clarín:
-Los mapuches están vinculados a grupos kurdos y a la ETA del país Vasco.
-Recibieron financiamiento del kirchnerismo.
-Afirma que el Lof Cushamen ocasionó incendios, secuestro de personas e intento de asesinatos, entre otros hechos.
No se aporta ninguna prueba de todos estos hechos. Sólo la opinión del gobernador Mario Das Neves y voces en off.
Gonzalo Sánchez, autor de la nota y editor del diario, repite lo de Cecilia Moncalvo en Perfil: vincula al Lof Cushamen (y a Jones Huala) con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuando la comunidad nunca ha declarado ser parte de esa organización. Segunda coincidencia: Sánchez no otorga ni una línea a la voz del Lof Cushamen, ni de sus abogados, ni de las organizaciones de derechos humanos que acompañan.
Infobae no se quedó atrás. “Violencia, anarquía y apoyo externo: el perfil de dos grupos mapuches que tienen en vilo a Chile y la Argentina”, tituló el 9 de agosto un artículo de Martín Dinatale, con todas voces en off y ninguna entrevista a mapuches. Un artículo que podría haber sido escrito por Patricia Bullrich.
Insólita la nota de Claudia Peiró en Infobae. Acusó a los mapuches de estar financiados por ingleses. “The Mapuche Nation, el pueblo originario con sede en Bristol, Inglaterra”. No aporta una sola prueba que acredite esa relación.
Clarín retrucó. “Jones Huala redobla la apuesta: llamó a la rebelión y la lucha armada. Desde el penal donde está detenido, el referente mapuche convocó abiertamente a la acción violenta”. Firmada por el corresponsal el Bariloche, Claudio Andrade, conocido de las organizaciones mapuches por sus continuas que rozan el racismo.
Por otro lado, también sobresalen comunicadores, intelectuales, artistas y políticos no dudaban en echar sospechas sobre el líder qom Félix Díaz de Formosa y, al mismo tiempo, silenciar las atrocidades del gobierno feudal de Gildo Insfrán. Figuras radiales afines al kirchnerismo relativizaban el reclamo qom y hasta hacían entrevistas condescendientes a Insfrán. En el “mejor de los casos”, se llamaban a silencio ante la violación de derechos. El periodismo afín al kirchnerismo apoyó fervientemente la explotación petrolera en Vaca Muerta, aunque allí se violaban derechos indígenas y también se reprimía (y se reprime). Con el macrismo en el poder, esos mismos periodistas, intelectuales y artistas se horrorizan y repudian la violencia que sufren los mapuches.
Periodistas de uno y otro lado tienen una coincidencia: escriben sobre un hecho sin recorrer el territorio. No visitan (ni visitarán) las comunidades indígenas. Son periodistas de escritorio. Y sus mentiras repercuten de la peor manera: legitiman represiones.
Genocidio
Robo de bebés. Desaparición de personas. Torturas. Campos de concentración. Asesinatos.
Lo sufrió la sociedad argentina en manos de la última dictadura cívico-militar.
Lo sufrió el pueblo judío en manos del nazismo.
El Pueblo Mapuche también padeció robó de bebés, desaparición de personas, torturas, campos de concentración, asesinatos. Pero no hubo jamás pedido de perdón, tampoco reparación ni justicia. No hubo un “nunca más” para lo sufrido por los pueblos indígenas.
Diana Lenton, doctora en antropología y docente de la UBA, lo resume así: “El Estado se construyó sobre un genocidio. Se requirió que no hubiera más diversidad interna. Se anulan los tratados con los indígenas, el Estado se garantizó que no iban a interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son genocidios que dan origen a un Estado”.
Recuperaciones
“Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu” significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios volver a parcelas que les fueron arrebatadas en el pasado. En los últimos quince años, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el Pueblo Mapuche recuperó 250 mil hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes.
Los pequeños burgueses urbanos deben permanecer tranquilos: los indígenas no ocuparán los departamentos en Palermo o Recoleta, ni les interesan las mansiones de Nordelta. Sólo vuelven a las tierras de sus antepasados que hoy están en manos de grandes empresas.
Los legalistas también deben estar conformes: las recuperaciones territoriales están respaldadas por tratados internacionales, que tienen rango superior a las leyes locales.
“Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”, detalla el artículo 16 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene rango superior a las leyes nacionales. El artículo 14 también apunta: “Deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
La Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, remarca en su artículo 10 “la opción del regreso” frente a los desplazamientos forzados y, en su artículo 28, legisla que “tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución (…) por los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados”.
“Las comunidades indígenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” es el título del trabajo sobre Derecho internacional de Rolando Gialdino, ex secretario de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país. Al analizar la acción de la CIDH, abordó la posesión ancestral: “Los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad”.
La recuperación territorial implica mucho más que hectáreas: instala una concepción diferente de la tierra, que interpela el concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”, imprescindible para el desarrollo como pueblo originario.
Benetton
En 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque volvió al territorio indígena: recuperó 625 hectáreas dentro de lo que entonces era parte de la estancia Leleque de Compañía de Tierras Sud Argentino (Grupo Benetton), ubicada entre Esquel y El Bolsón. El caso tomó repercusión nacional e internacional. Rosa Rúa Nahuelquir y Atilio Curiñanco, autoridades de la comunidad, viajaron a Roma junto al Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Se entrevistaron con la familia Benetton, que prometió la donación de tierras dentro de Chubut. Pero la compañía sólo ofreció parcelas que eran improductivas.
La comunidad no aceptó y aclaró que los pueblos indígenas no aceptaban “donación” sino “restitución” por tierras que habían sido robados por privados. La causa avanzó en tribunales, hubo intento de desalojos, pero la comunidad permaneció en el lugar. Benetton nunca aceptó la derrota entre otras cosas porque habilitaría que otras comunidades repitieran la acción.
En noviembre de 2014, el Estado (provincial y nacional) finalizó el relevamiento territorial de la comunidad Santa Rosa Leleque. En el marco de la Ley Nacional 26.160 reconoció la posesión y uso de las 625 hectáreas por parte del Pueblo Mapuche. La comunidad siempre denunció las irregularidades en el título que adquirió la compañía Benetton (explicadas en detalle en el libro “Ese ajeno sur”, del investigador Ramón Minieri).
El 13 de marzo de 2015 se produjo una nueva recuperación territorial en la estancia Leleque de Benetton. “Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”, explicó como fundamento de la acción el comunicado firmado por Lof en Resistencia del departamento de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP).
Ya no era un sólo mal ejemplo. Ya eran dos. Y pueden ser más.
Benetton descargó todo su maquinaria legal contra los mapuches y contrató una agencia internacional de prensa y lobby (JeffreyGroup) para una campaña mediática, tanto a nivel provincial como nacional. El responsable en Argentina de JeffreyGroup es Diego Campal, que se presenta como “especialista en resolución de conflictos y gestión de crisis”.
Periódicamente llegaban las gacetillas de prensa y fotos en alta definición de los “atentados” que sufría la estancia Benetton. Sus principales destinatarios: el diario Jornada (Chubut), Río Negro (el más leído de la Patagonia), Clarín y La Nación. Los mismos comunicados llegaban al despacho del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y sus ministros.
La campaña mediático daba sus primeros pasos y vinculaba a los mapuches con grupos paramilitares (ETA, FARC).
Mapuche vs. Benetton: la corte no reconoce derechos originarios
Enemigo interno
En diciembre de 2016, el gobernador Das Neves pidió juicio político para el juez Guido Otranto por no haber condenado a Facundo Jones Huala (lonko del Lof en Resistencia de Cushamen). “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, refirió en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acusó en un informe interno de agosto de 2016 a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar ninguna prueba. El informe interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconocía que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales y catalogaba los reclamos como “amenazas para la seguridad social”. El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”, cuestionó al gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.
El 21 de junio pasado, un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta, Neuquén), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.
La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.
Peligro
“Ser indígena hoy es ser subversivo”, resumió con simpleza en una mateada Jeremías Chauque, mapuche, músico, productor de alimentos sanos (sin agrotóxicos). Y amplió: “Los indígenas no aceptamos el extractivismo. Nunca lo aceptaremos. Y vamos a morir luchando contra las mineras, petroleras, empresas transgénicas. Por eso nos consideran un peligro”.
Facundo Jones Huala, desde la cárcel de Esquel, fue en línea similar: “El Pueblo Mapuche impulsa la reconstrucción de nuestro mundo, y la expulsión de extractivas del territorio. Como mapuches no podemos ser en tierras desbastadas, no podemos ser mapuche con pozos petroleros o con mineras. Necesitamos nuestra tierra sana, en equilibrio y armonía. Restablecer ese equilibrio es hoy revolucionario, es alterar el orden actual del capitalismo extractivo. Por eso los mapuches somos un problema para el poder”.
Disparen
Ante la desaparición de Santiago Maldonado, en el marco de una represión de Gendarmería Nacional el 1 de agosto, la ministra Patricia Bullrich apuntó contra las comunidades indígenas: “No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina. Esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista”.
La Sociedad Rural Argentina, impulsora de la Campaña del Desierto y parte de la última dictadura cívico-militar, aportó un comunicado: “Tiene que terminar la impunidad para los grupos delictivos y violentos del Sur” (en referencia a los mapuches).
La Confederación Mapuche de Neuquén le contestó a la Ministra de Seguridad: “La funcionaria Patricia Bullrich en sus declaraciones cargadas de desprecio racial e ignorancia, construye una verdadera ensalada de conceptos errados. Desconoce conceptos básicos de estados modernos y evolucionados que se asumen como Estados Plurinacionales. Nuestra condición de Nación Mapuche está basada en la preexistencia milenaria que reconoce la propia Constitución Argentina. Negar esta realidad es propia de los estados autoritarios y colonialistas que desconocen la diversidad”.
“Un estado prlurinacional no depende del permiso de una funcionaria. Está relacionado a una existencia de miles de años, ante un estado moderno de solo dos siglos de existencia”, explicó la Confederación Mapuche y afirmó: “La plurinacionalidad no es una propuesta separatista ni excluyente. Por el contrario, es una herramienta para la unidad en la diversidad. Si los mapuches no asumiéramos nuestra nacionalidad, seríamos un pueblo sin historia y peor aún, seríamos un pueblo sin futuro”.
El Consejo Asesor Indígena (CAI), histórica organización mapuche de la Patagonia, también emitió un documento: “Repudiamos el accionar del Estado frente los hechos que han sucedidos (el Cushamen) y manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia estatal y sus familias. Exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado y responsabilizamos al Estado Nacional por la actual situación de militarización que sufren los pueblos originarios”.
“No queremos que la actitud de Estado y la sociedad frente a nosotros sea de represión, discriminación y racismo”, precisó la organización indígena. Recordó que el Pueblo Mapuche ha sufrido incendios, persecuciones judiciales y policiales, amenazas de muerte, acosos, allanamientos e intentos de desalojo. Y el CAI dejó una aclaración: “Mantenemos nuestros reclamo y la firmeza en nuestra lucha”.
¿Solución?
Una pregunta recurrente es por dónde pasa la solución. Y la respuesta indígena suele ser simple: “Que se respete la ley”.
Argentina tiene frondosa legislación que favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Ley 26160 (freno a los desalojos), Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. La legislación vigente establece que los pueblos indígenas deben contar con “tierras aptas y suficientes” y que se debe realizar la “consulta libre, previa e informada” ante cualquier hecho que los pudiera afectar. Traducido: ninguna empresa extractiva puede ingresar a territorio indígena sin antes realizar todo un proceso de consulta (que puede llevar hasta años) con la comunidad.
De la mano de jueces y fiscales, esas leyes no se cumplen.
¿Por qué el incumplimiento? Porque es una política de Estado que atraviesa a todos los gobiernos: violar los derechos indígenas y beneficiar a petroleras, grandes estancieros, empresas del agronegocio y mineras.
La otra campaña: cómo es el plan contra los pueblos originarios
Nota
La Ronda, en la mirada de Martina Perosa
Quinta entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que se propone transmitir el valor de la constancia, de los pies en el espacio público, de la gota a gota que horada la piedra, la no violencia contra la violencia, su valor social, su peso histórico, sus 40 años de coreográfico diseño: media hora, todos los jueves. Esta cobertura realizada fue por la fotógrafa y artista visual Martina Perosa.
Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.
“Desde hace tiempo me interesa la relación entre fotografía y movimiento. Hay un trabajo que me parece muy interesante, que me inspiró en esta búsqueda, que es la serie fotográfica de Muybridge en el que logra documentar el rápido trote de un caballo en el aire. Mediante esta serie intentaba demostrar, frente a la teoría opuesta de algunos periodistas deportivos, en el que hay un momento de la carrera en el que los cuatro cascos del equino están en el aire. Esas series en movimiento abrieron una nueva discusión en la historia de la fotografía, que incluso dieron comienzo al cine”.
“Siempre me interesaron estos cruces interdisciplinarios entre las diferentes ramas artísticas como el cine, la fotografía y la danza. Pensando la ronda de plaza de mayo, me punzaba mucho la idea de coreografía. Una repetición constante todos los jueves, durante cuarenta años, por media hora. Una serialidad. Una duración y tiempo concreta. En un espacio determinado. Unos cuerpos, y una relación entre ellos, con una calidad de movimiento que a lo largo de los años fue mutando según el contexto: explosivo, suave, sutil. Y una música que hilvana el movimiento, los sonidos de la calle y el grito popular”.
Sobre Martina Perosa
Artista visual, nacida en la ciudad de Buenos aires. Su formación se centró en distintas disciplinas artísticas, que hoy confluyen en su obra. Estudió cine, indagó en el teatro, la performance y danza contemporánea y luego se especializó en talleres de fotografía y clínicas de obra. Esta multiplicidad de intereses le permitió construir una mirada interdisciplinaria sobre la fotografía con un principal interés en el movimiento, y en la potencia de la imagen para construir ficción y contar historias. En 2019 editó su primer fotolibro “Shinsekai”, finalista del Premio Publicación Latinoamericano en el FELIFA 2021 y en diciembre 2023 editó su segundo fotolibro Proyecto Dallas.
Nota
Rosario narco (1): la infiltración y la complicidad
Reflexiones, datos de la realidad e hipótesis sobre lo que ocurre en Rosario a partir del recrudecimiento de la violencia, a través de esta entrevista con Francisco Broglia, Defensor Público del Servicio Público de la Defensa Penal de la ciudad de Rosario y especialista en Derecho Penal. Desde la desestructuración económica a la descripción y atomización del mercado narco. Las complicidades policiales. La demagogia punitiva y las lógicas de la guerra, frente a otro tipo de esquemas de seguridad. La ineficacia de la violencia y la mano dura. Y la necesidad de una reforma policial y penitenciaria para poder ir al corazón del problema.
Texto: Sergio Ciancaglini
Rosario sigue sufriendo la violencia narco por un lado, y las políticas de “saturación” policial por el otro (llenar las calles de efectivos) que no parecen encontrar soluciones. El gobierno santafesino exhibió mayores controles y restricciones en las cárceles, con presos supuestamente relacionados al negocio narco y considerados de “alto riesgo”, sin ropa, en el piso, ante personal policial armado y encapuchado. Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad provincial, publicó las fotos en Instagram bajo este título: “Cada vez la van a pasar peor”. Se emularon así las imágenes conocidas en El Salvador presidido por Nayib Bukele.
Se acumularon otras escenas, o aparentes respuestas: un colectivo penitenciario baleado, el asesinato de dos taxistas (Héctor Figueroa y luego Diego Celentano, en ambos casos utilizando balas policiales) y un colectivero (Marcos Daloia) a los que se sumó el crimen del trabajador de una estación de servicio, Bruno Bussanich. Todo acompañado por las amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro, y una nota dirigida al propio gobernador y a Cococcioni en la que se pronosticaba: “carguen con muertes inocentes”.
Sobre ese panorama habló con lavaca Francisco Broglia, abogado, especialista en Derecho Penal, Magister en Ciencias Sociales, docente universitario y actualmente Defensor Público del Servicio Público de la Defensa Penal de la ciudad de Rosario.
“Hay un endurecimiento de las condiciones de detención en algunos penales y quizás esta respuesta tiene que ver también con eso porque se empieza a dar desde hace algunos meses atrás. Esto que sucedió con la foto a lo Bukele, como se le dice. No se sabe si fue la gota que rebalsó el vaso o bien ya se venía dando una situación de agravamiento de las condiciones carcelarias que derivó en estos atentados en los que, además, están demostrando que tienen armas de la Policía y material balístico provisto por las fuerzas de seguridad. Hay un mensaje bien, claro: ‘estamos infiltrado en el Estado, o el Estado es cómplice nuestro’” explicó Broglia.
La precarización y la identidad
¿Cómo describir este panorama? “Rosario era de las ciudades más seguras de Latinoamérica, con una tasa de homicidios más baja que la media nacional, y hoy la estamos cuadruplicando. Hay una conjunción de cosas. Un fuerte cambio estructural del mercado del trabajo en Argentina y en el mundo en los últimos 30 años, relacionado con la precarización laboral. La situación es muy fuerte en los territorios, con situaciones de exclusión de jóvenes de sectores populares. Los materiales disponibles para construir identidad, para esos jóvenes, son prácticamente nulos. Los tradicionales, la escuela o el trabajo, dejaron de operar para ellos”.
¿Y entonces? “Aparecen otras formas de construir identidad, respeto y reconocimiento. Por ejemplo, la violencia. Y en ese marco aparecen estas economías delictivas vinculadas con la comercialización de sustancias como forma de generar esa identidad, ese prestigio social para los jóvenes. Ser soldadito (como se llama a quienes integran las bandas narco) de algún modo es esto: construir un yo, un ser, y hacerlo de una manera que la lógica actual de precarización no permite”.
La lógica de matar
Para Broglia la situación en los barrios empieza por algo aparentemente sencillo: “Estamos en un modelo económico salvaje, donde tirar un tiro, matar a alguien, aparece como una lógica acumulativa. Hace un tiempo el que ganaba prestigio era el que se enfrentaba al ‘poronga’ del barrio. Pero luego aparece una lógica más capitalista, donde esto se mide en términos de cuánta gente esa persona es capaz de matar. ¿Cuántos muertos te cargás? Y con ese número te enfrentás y te imponés al ‘poronga’. Por eso hablo de lógica acumulativa”.
Cómo funciona el mercado: “Otra cuestión que cambió es la atomización del mercado de comercialización de sustancias. En las décadas del 80 y 90 era mucho más chico y concentrado. Pero ahora se transformó la lógica, mucho más atomizada y descentralizada. Y también se transformó el sistema de las complicidades”.
Las internas policiales
¿Qué significa esa transformación? “Que no hay una verticalización de cómo se estructuran sobre todo las fuerzas de seguridad en el mercado. Y entonces aparecen varias internas, distintas complicidades y varias bandas policiales operando con diferentes grupos también enfrentados entre sí. Es una atomización de las burocracias penales”.
¿Qué quiere decir eso? “Estoy pensando en algo que se ha manifestado en las causas penales, investigaciones y juicios federales que hemos tenido en Rosario: la complicidad de las fuerzas de seguridad, particularmente de la policía. No digo que toda la fuerza sea cómplice en esto. Pero hay varios grupos en pugna, operando para distintas bandas, lo que permite ver que no hay una estructura centralizada, como tampoco un cartel que domine el mercado”.
El resultado: “Al no haber carteles lo que hay son bandas sueltas, atomizadas, con poder de fuego y mucho uso de la violencia con la mano de obra de los pibes, los soldaditos. Son los más intercambiables, pero a la vez son los que están dispuestos a intervenir disparando por unos mangos, o haciendo cualquier otra cosa”.
Soldaditos y financistas
¿Cuál es la respuesta estatal? Broglia lo explica como una especie de marketing: “La respuesta típica es la saturación policial. Militarizar la ciudad es muy vendible hacia afuera. Es obvio que a todos nos puede llenar de tranquilidad tener un policía más cerca, en un contexto de miedo. Pero no parece como una solución de fondo porque en realidad en estas estructuras delictivas hay manejo del dinero y distintos niveles de jerarquía. Obviamente, la intervención de la fuerza de seguridad en el territorio no va a llegar a las cúpulas que financian el negocio, donde el financista ni siquiera se conoce con el que está tirando tiros en el barrio. Son cosas mucho más anónimas, con muchas intermediaciones”.
Agregado de contexto: “Estamos inmersos en un capitalismo neoliberal financiero que funciona también con estas lógicas, y que se alimenta también del dinero que se produce por esta vía”, referencia que empalma con las industrias de lavado de dinero que contienen a todo este fenómeno.
“El otro punto es la amplificación de la violencia. La violencia fue escalando a partir de la visibilidad de grupos o bandas como Los Monos, por ejemplo. Empezó a aparecer el tema en los diarios, se lanzó la ‘guerra al narcotráfico’ y a algunos grupos en particular con nombre y apellido. Y eso está amplificando la respuesta violenta. Entonces aparece una escalada, al estilo de otros países donde se aplicaron las mismas recetas. México y Colombia por ejemplo. El Estado amplifica la violencia que va escalando en forma desmedida. Pero esos países son un ejemplo: por más escalada, el problema no se soluciona y es más: se agrava”.
El espectáculo
En estos días ha habido distintas intervenciones mediáticas del Presidente Milei y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich (que anunció contradictoriamente en la misma oración que Milei iría a Rosario en 25 días, o en dos semanas, o en una, confirmando la proverbial dificultad o manipulación del oficialismo con los números).
Sostiene Broglia: “Todo es muy nuevo, hay mucha información cruzada. Es cierto que hubo una situación en la unidad de Piñero, pero otros dicen que no. Hay distintas versiones del gobierno provincial, y varios hábeas corpus presentados por la Defensa Pública debido a relatos bastante tremendos de personas privadas de su libertad. Entonces no sabemos qué es lo cierto y lo que no, por lo que me parece aventurado hoy decir algo en relación a si lo ocurrido fue una respuesta a la situación en la cárcel, o no”.
La ministra Bullrich sonríe y saluda en Rosario. (Foto distribuida por el Ministerio de Seguridad).
Traducción: Broglia pone en tela de juicio las versiones difundidas mediáticamente. Duda, además, sobre el tema de la autoría de los crímenes y ataques de los últimos días: “Tampoco me animaría a coincidir ni a disentir en términos de quiénes son los que preparan los atentados. De lo que sí estoy seguro es de que cuanto más violencia se genera, la escalada termina siendo peor. Claramente la solución no va a ser la espectacularización de la violencia. Entiendo que el Estado tiene que ser firme y echar mano de las herramientas que le corresponden dentro del marco legal”.
Broglia no quiere cargar las tintas en los actuales gobernantes. “Son gobiernos que están hace poco, lo digo como no votante de ambos. Pero al margen de la simpatía que se les tenga, conviene pensar las cosas con coherencia. Venimos de un proceso de mucho tiempo, desde los 90, que instaló lo que suele denominarse demagogia punitiva. La alternativa al problema de la seguridad aparece como un discurso de guerra al delito, guerra al tráfico de sustancias. Se construye un enemigo que generalmente está en los barrios populares, entre personas pobres. Y se ha ido avanzando hacia un planteo en el cual prácticamente hay que exterminar a ese otro convertido en enemigo, pero sin resolver el problema de fondo, que incluye lo económico y las burocracias penales. Y eso no es privativo de ningún gobierno en especial sino que atraviesa a todos, provinciales y nacionales, durante los últimos 30 años”.
El rinde electoral
“Hubo algunos avances y muchos retrocesos en materia de seguridad, intentos de lograr una idea de seguridad más democrática, y la contrapartida de situaciones muy hacia atrás. En todos los gobiernos. A la política le cuesta mucho correrse de los discursos habituales porque los políticos interpretan que esas medidas duras, espectaculares, son lo que la población quiere. Piensan que rinde electoralmente. Hubo matices, gobiernos que atemperaron esa actitud y que intentaron algunas transformaciones, pero al final siempre fueron hacia el punitivismo, por esa idea electoral. La lógica de una guerra absurda que no existe, y que no es ninguna solución. Lo que se precisan son soluciones multi agenciales”.
¿Por ejemplo? “Un abordaje con intervención de diversos actores, no solo las fuerzas de seguridad. Encarar el problema del delito en toda su complejidad como fenómeno social, multi causal, con la intervención de otros actores sociales que pueden influir en el fenómeno, no solo la policía. Fijate que en esta misma charla estamos viendo varias aristas distintas. Entonces el tema es la operatividad de las intervenciones que tienen que ver con la política social del Estado, por ejemplo, en donde mucho tiene que ver un neolberalismo económico y financiero que funciona también con estas lógicas, que también alimenta a una economía que muchas veces funciona con ese dinero”.
Francisco Broglia, Defensor Público del Servicio Público de la Defensa Penal de la ciudad de Rosario y especialista en Derecho Penal.
La saturación es vieja
“Otra cuestión es hacer un diagnóstico certero. Pensar que el problema de la comercialización de sustancias se va a resolver solamente poniendo más policía en la calle, evidentemente ha demostrado que no va a traer grandes resultados” plantea Broglia. Las noticias postulan que son unos 450 efectivos enviados esta vez a Rosario (se instalarían en 3 barrios) frente a intervenciones como la de Sergio Berni, que recuerda Broglia, con 4.500 efectivos que tampoco resolvieron el problema, puede verse.
“En Rosario ya hubo varias intervenciones según el esquema de saturación policial. La verdad es que es algo bastante viejo, que no solucionó nada. Sergio Berni lo hizo en 2012, de modo mucho más amplio y potente que lo que buscan hacer ahora el gobernador Pullaro y la ministra Bullrich. Recuerdo que una antropóloga, Josefina Martínez, decía que en lugar de pensar tanto en la saturación policial, alguna vez habría que pensar en un esquema de saturación social: cómo hacer frente a las problemáticas del neoliberalismo y la exclusión, que hoy encima se manifiesta de un modo bastante intenso y compleja”.
Menciona el Defensor Público otro tema que no aparece en ninguna agenda: “Hay que pensar de una vez por todas en una reforma policial y penitenciaria integral. Parecería que la política no se anima a intervenir sobre esta autonomía policial, que es el gran tema de todo lo que estamos comentando. Se dieron en el país algunos procesos siempre en situaciones de crisis muy extrema, como en la Policía Bonaerense. Y luego retrocesos cuando se comenzó a calmar el reclamo social: ahí volvieron los avances conservadores y muchas de las reformas fueron para atrás. Sigue siendo un tema pendiente, el gran tema si se quiere encontrar una solución efectiva a lo que está pasando en Rosario, por ejemplo”.
Teoría sobre la demagogia
Señala también Broglia el error de la demagogia punitiva: “Tengo una mirada diferente por lo que me ha tocado ver y trabajar. No lo digo como intérprete ni nada por el estilo, pero sí por algunas cosas que humildemente uno puede escuchar de personas muy castigadas por el problema de la inseguridad, que son las personas más pobres. Son las que más lo sufren porque hay siempre una desatención del Estado de esas victimizaciones, como también desde la política se piensa que la demagogia punitiva es la alternativa, y que la gente quiere más cárcel, más policía y más violencia”.
“Pero cuando uno se acerca un poco a lo que la gente parece necesitar, la gente no pide más violencia desde el Estado para enfrentar el problema. Pide que no le pasen cosas, no ser víctima de delitos, vivir tranquila, no tener miedo. Me hace acordar una cosa que decía David Garland, un criminólogo del Reino Unido, en la década del 90, cuando se discutían las mismas cuestiones. Él decía que la gente no quiere la violencia del Estado. Esa es la interpretación del político y de la opinión publicada en los medios, como salida para demostrar que está haciendo algo diferente. Pero la gente lo que quiere es que no le pase nada. Entonces tal vez habría que plantear otras visiones, que tal vez sean acompañadas también desde el punto de vista de los votos. Pero también hay que tener coraje como para hacer eso, ¿no?. Coraje, capital político y apoyo en general. Pero eso se va a poder lograr cuando se comprenda que lo hecho hasta ahora no soluciona el problema”.
¿Qué le diría a una persona que piensa que la solución es más policía, más mano dura? “Es complejo porque es difícil sacar a la gente de sus cuadros o sus marcos ideológicos. Entonces esa persona está convencida de que la única alternativa es esa. Es complicado que pueda entender que hay otra salida. El problema no se va a resolver con mayor violencia porque no tiene que ver solamente con una cuestión de derecho, sino con la ineficacia de esas políticas”.
Sobre la política del “cada vez la van a pasar peor” en las cárceles a lo Bukele, Broglia propone dos conceptos:
- “Desde el punto de vista de los derechos humanos, nuestra legislación establece la finalidad resocializadora de la pena y la prohibición de la tortura y los malos tratos a las personas detenidas”.
- “Desde el punto de vista de la eficacia del punitivismo para reducir la violencia y el delito, te diría que el endurecimiento carcelario es inútil”.
Nota
La Ronda, en la mirada de Eduardo Longoni
Cuarta entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que se propone así transmitir el valor de la constancia, de los pies en el espacio público, de la gota a gota que orada la piedra, la no violencia contra la violencia, su valor social, su peso histórico, sus 40 años de coreográfico diseño: media hora, todos los jueves, 2.392 veces al 15 de febrero, fecha a la que corresponde esta cobertura realizada por el fotógrafo Eduardo Longoni, autor de uno de los registros a lo largo de la historia de Madres más reconocidos. Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.
Foto: Eduardo Longoni para la cobertura colaborativa de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo.
Una ronda de casi medio siglo
Estoy parado en la Plaza, a la sombra de un árbol, con los ojos entrecerrados por la luz que refleja la blanquísima Pirámide. Es un caluroso jueves de verano, son las tres de la tarde. Y espero que lleguen las Madres a su habitual ronda. Pero mi cabeza vuelve una y otra vez a los jueves invernales de fines de los ´70, plena dictadura. Frío. Por dentro y por fuera. La Plaza llena de servicios de inteligencia, de policías de civil, de personajes oscuros. Y allí iban llegando las Madres, algunas acompañadas por familiares, otras solas con su pañuelo. Todas con desesperación, con coraje y con pequeñas fotos de sus desaparecidos. Yo era joven, como sus hijos ausentes. Ellas tenían la edad de mi madre. En medio de ese lazo tácito de amor que nos fue uniendo, nacieron mis primeras fotos.
Hoy estoy aquí, ya no soy joven. Es mi primera ronda después de la muerte de mi madre. Y ahora sólo llega Norita Cortiñas por un lado y Pina de Fiore por otro. Hay algo que me estruja el alma. Una mezcla del paso del tiempo con tristeza. Pero ellas siguen dando vueltas. Incansables.
La ronda de las Madres es el lugar dónde ahogar las flaquezas, los miedos, es un sitio dónde los obstáculos se vuelven más pequeños. Es el círculo en el que empezó a derrumbarse la dictadura más sangrienta de nuestro país. Nada menos…”
Foto: Eduardo Longoni para la cobertura colaborativa de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo.
Foto: Eduardo Longoni para la cobertura colaborativa de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo.
Foto: Eduardo Longoni para la cobertura colaborativa de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo.
Foto: Eduardo Longoni para la cobertura colaborativa de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo.
Sobre Eduardo Longoni
“Trabajo con fotos, respiro fotografía, las imágenes me asaltan a cada paso. Con la cámara como pasaporte puede viajar por todo el mundo. Expuse mis imágenes en muchas galerías y museos alrededor del mundo, pero guardo un especial orgullo de haber sido uno de los fundadores de la exposición El Periodismo Gráfico Argentino allá por 1981, cuando todo era peligroso en nuestro país. Esa muestra, la más prestigiosa del fotoperiodismo argentino, sigue vigente hasta nuestros días con más de 30 ediciones”.
- Revista MuHace 14 horas
Mu 191: La vanguardia
- NotaHace 3 semanas
165 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad: “No tienen corazón”
- ActualidadHace 3 semanas
Triunfo en Jujuy: liberan a los presos por tuitear
- NotaHace 4 semanas
“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut por el fuego en Los Alerces
- NotaHace 2 semanas
Telam no se cierra: La crueldad es noticia
- Mu167Hace 1 semana
Lo que dice el silencio: la desaparición de Tehuel de la Torre, contada por Selva Almada
- ActualidadHace 2 semanas
Milei: un discurso de humo que contrastó con lo que encendió la gente en la calle
- #NiUnaMásHace 2 semanas
8M: Estamos