El martes 23, en Formosa una comunidad del pueblo Qom fue brutalmente reprimida a la vera de la ruta 86, donde mantienen un corte hace más de cuatro meses reclamando la restitución de 5 mil hectáreas usurpadas por emprendimientos sojeros y el propio gobierno provincial. Durante la represión murió Roberto López, víctima de la balacera policial. La abogada de la comunidad, Roxana Silva, en diálogo con lavaca, contó que estuvo presente durante la autopsia que se le realizó a López y pudo comprobar que «tenía orificios de bala en la espalda». La abogada resaltó que la mayoría de los detenidos «son mujeres y ancianos. En principio detuvieron a 35, ahora solo queda preso  Eugenio Fernández, al que le armaron una causa».  Silva informó que es grave el estado de salud de Sanuel Garcete, otro integrante de la comunidad que recibió un golpe en la cabeza y está en estado de coma e internado en terapia intensiva. El otro hospitalizado es Sixto Gómez, que recibió un balazo en el muslo, y suman decenas los integrantes de la comunidad heridos con perdigones de balas, resumió la abogada. Por su parte, Enrique Mamani, vocero Qom en Buenos Aires, denuncia además que el cacique de la comunidad, Félix Díaz, continúa desaparecido. La abogada Silva precisó que el cacique tenía un pedido de captura porque le habían imputado los delitos de atentato a la autoridad, daño, robo y lesiones. «Estamos pensando en presentar un Habeas Corpus para protegerlo, porque si bien logramos dejar sin efecto el pedido de captura, no nos garantizaron su libertad cuando se presente ante la justicia». Para este viernes 26, a las 18 horas, convocan a todas las organizaciones, movimientos y asambleas a marchar hasta la Casa de Formosa (Hipólito Yrigoyen al 1.400)y al Congreso Nacional para pedir juicio y castigo a los responsables de la represión y la restitución de tierras.

La causa está caratulada como una investigación por «atentado a la autoridad», es decir, que no apunta a señalar quiénes atacaron a la comunidad, sino todo lo contrario.

La organización Amnistía Internacional señala: «Hace más de 4 meses que los miembros de la Comunidad exigen al Estado acciones claras. No cortan la ruta por placer, lo hacen por desesperación ante la falta de respuestas. Están exigiendo por sus derechos y sufren un desalojo forzoso, son sometidos a la violencia institucional y los hechos relatados los inculpan como agresores«. 

Gabriela Boada, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, recuerda que el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras está amparado no sólo por las compromisos internacionales que el Estado ha asumido, sino también por la Constitución Nacional y otras leyes nacionales, entre ellas la 26.160, que declara emergencia de las tierras y prohíbe los desalojos hasta que se haga el relevamiento de comunidades para la otorgación de los títulos de propiedad. «Los derechos humanos son claros: no se puede desalojar a las comunidades.» señala Boada, quien informa que la semana pasada, Félix Díaz, líder de la comunidad, se comunicó con Amnistía Internacional Argentina para expresar su preocupación porque estaba sufriendo amenazas. «Lo que pasa en Formosa es gravísimo. Las constantes violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en la provincia, el manejo de la información y el doble discurso hacen que las comunidades estén desamparadas y en riesgo. Es vergonzoso: los indígenas reclaman pacíficamente por sus derechos negados históricamente, los quieren callar y castigar, se defienden y salen en los diarios como si fueran pendencieros» señaló Boada, quien exigió que el gobierno formoseño de Gildo Insfrán cumpla sus compromisos y lleve a cabo una investigación completa, pronta e imparcial del los hechosy lleve a la justicia a los responsables de lo sucedido. Al mismo tiempo, exigió que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con sus compromisos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el país, ya que no se puede permitir que se continúe con éste nivel de discriminación, violencia e indiferencia con los pueblos indígenas.

El informe sobre esta comunidad que realizó Amnistía fue difundido hace apenas 4 meses y llevó por título «Exigimos respeto» (ver https://www.amnistiainternacional.org/Publicacion.php?Id=135 )

El territorio usurpado

El gobernador formoseño, Gildo Insfrán, dispuso este año construir una universidad y un parque nacional dentro del territorio de la comunidad del pueblo Qom, ocupando así casi la mitad de las hectáreas concedidas a los aborígenes décadas antes. En ese radio de 5 mil hectáreas los Qom identificaron, además, a decenas de familias «criollas» con parcelas repletas de soja. Mamani cuenta que los territorios están catalogados como comunitarios: «No tienen la posibilidad de ser vendidos, son ancestrales y por eso pertenecen a las comunidades».
Desde hace 4 meses los Qom mantienen un corte parcial sobre la ruta 86 para pedir la restitución de las hectáreas y el cese de la usurpación. Hace algunas semanas, el cacique Félix Díaz había viajado a Buenos Aires para concretar reuniones con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y el INADI que, sigue Mamani, «se pronunciaron a favor, pero todo siguió igual». Y peor: hay tres muertos.
Díaz había recibido amenazas explícitas por parte de las familias sojeras y policías armados. Mamani cuenta: «La semana pasada hubo amenazas en los cortes por parte de la policía, diciendo que si no levantábamos nos iban a reprimir o a matar».

La represión
El comunicado que los Qom subieron a su página (https://comunidadlaprimavera.blogspot.com/) relata los primeros momentos de la brutal represión: «Alrededor de las 18:30 hs., hubo otro intento de desalojo por parte de la Familia Celias, esta vez acompañados con una gran cantidad de policías de la provincia, armados y amenazantes que provocaron un violento enfrentamiento en donde Sixto Gómez, un indígena de la comunidad perdió su vida, al igual que un policía del que no se tienen datos oficiales. El enfrentamiento terminó con varios heridos, y una gran cantidad de indígenas detenidos. En la zona que lograron desalojar, las casas fueron quemadas».
Los miembros del pueblo Qom detenidos son alrededor de 35, de los cuales 6 serían menores de edad.
Ciertos medios de comunicación comerciales hablaron de un «enfrentamiento» entre la policía y la comunidad Qom, e incluso Clarín en su edición digital dio voz al comisario Cajes, quien declara: «Jamás esperamos semejante brutalidad».
Mamani denuncia una operación de prensa para distorsionar los hechos. Se defiende: «No fue un enfrentamiento bajo ningún punto de vista: fue una masacre. Los tobas no usamos armas, los pueblos originarios no nos armamos. La única arma que tienen los hermanos son las flechas, y las usan para cazar. Nosotros amamos la vida, la Pacha, somos parte de la naturaleza y no queremos que nadie muera».
El ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, dio su versión de los hechos: dijo que el choque se produjo cuando unos cien efectivos ingresaron a un campo «usurpado por aborígenes», los cuales comenzaron a efectuar disparos, «uno de los cuales mató al oficial Heber Falcón».
Mamani desmiente que el policía pudiese haber sido asesinado por armas de los Qom. En cambio, afirma que a Sixto Gómez, uno de los Qom asesinados, «lo remató un policía cuando estaba tirado en el piso».
Hoy el juez a cargo de la causa, Santos Gabriel Garzón, realizaba un peritaje en la zona para desenredar estas versiones.
Los Qom, en tanto, decidieron comunicar:
«Por la mañana nos vinieron a disparar e insultar los Celias junto a la policía. El abogado y Celia nos dispararon frente a la policía, pero esta nada hizo. La policía simuló que se les cayeró un arma para luego culparnos de todo, todo estaba planeado de antemano, de hace mucho. Nosotros nos comunicamos con el Ministerio Público de la Defensa para que supieran lo que estaba pasando y particularmente con nuestro defensor público Molina de Resistencia pues no sabíamos que hacer. Los diarios locales venian hablando del fin de la tolerancia. El defensor del pueblo de Formosa Gianluca también publicó en los diarios locales el martes por la mañana de la inminencia del desalojo. Hicieron hechar al delegado de INADI para poner a un asesor del gobernador de formosa. Insultaron y criticaron desde la provincia al INADI, institución que junto al Ministerio Público de la defensa vienen advirtiendo sobre el conflicto. Y a las cuales les presentamos nuestras denuncias. Hemos recurrido a la justicia todas la veces que pudimos. Con denuncias, medidas cautelares, apelaciones, recursos de amparo. Hemos recurrido a organizaciones de derechos humanos para denunciar lo que nos están haciendo, al CELS, a SERPAJ, a GAJAT, a Amnistía Internacional. Recibimos decenas de actos de violencia en el corte que hemos denunciado en los Juzgados. No obstante nuestra modalidad de corte era muy flexible, dejábamos pasar a los vehículos en los horarios de trabajo. Y siempre dejamos pasar a las ambulancias y urgencias. Porque respetamos la vida. No somos violentos, solo queremos que se cumplan las leyes indígenas, como ser respetar el Convenio 169, la Declaración de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, el artículo 75, la ley de emergencia territorial 26.160. Luego de años de golpear cientos de puertas de despachos y que la provincia nos provocara con la instalación de un Instituto Universitario en nuestro territorio no nos quedó otra posibilidad que tomar una medida como la de cortar la ruta. En estos cuatro meses de corte ningún funcionario provincial quizo hablar con nosotros. Ahora nos han reprimido: hay muertos, heridos, detenidos, nuestras casas quemadas. ¡Y la provincia intenta culparnos! ¿Hasta dónde llegarán?».
 
Contacto:
Roxana Silva, abogada Comunidad La Primavera: tel 0371 815541294