Detenciones injustificadas e ilegales, contradicciones, olvidos, confusiones falsas denuncias, falta de criterio y profesionalismo, prepotencia armada: la causa Legislatura, en su segunda jornada, resultó un retrato sobre el accionar policial frente al reclamo social, y la indefensión de las personas que resultan víctimas del mismo.

Afirmativo y negativo. Esas fueron las palabras más pronunciadas en la segunda audiencia del juicio oral y público que busca dilucidar los incidentes ocurridos frente a la Legislatura porteña el 16 de julio de 2004, cuando los diputados se disponían a tratar la reforma del Código de Convivencia. Veinte policías declararon en una jornada que comenzó a las 10 de la mañana y concluyó recién diez horas más tarde, cuando todas las partes ya estaban fastidiadas por el cansancio y el sopor.
Los testimonios -presenciados en su totalidad por lavaca permitieron desnudar el modus operandi de la Policía Federal: arrestos por las dudas, actas irregulares y denuncias a vendedores ambulantes por el sólo hecho de aparecer en la televisión participando de una manifestación, entre otros procedimientos relatados con total naturalidad. En medio de esas aseveraciones, empieza a jugarse la suerte de algunos de los acusados. Ninguno de los policías que detuvo a la vendedora ambulante Maragarita Meira, por ejemplo, pudo adjudicarle delito alguno. A otros, como a Eduardo Suriano, sólo lo acusaron de lanzar piedras. Siguen sin aparecer elementos que permitan justificar una coacción agravada, la imputación más grave que se les adjudica a los 14 procesados.

>>>Señoras, señoritas y menores

El primero de los policías en declarar fue Luis Costa, quien aseguró ver numerosas personas haciendo desmanes y arrojando piedras, aunque –según dijo- no pudo detener a ninguno de ellos.
-¿Recuerda si alguna de esas personas era alguien de los que están sentados ahí detrás? –preguntó Alejandro Noceti Achával, uno de los jueces del tribunal y señaló la abigarrada hilera donde se apretujan los acusados.
Costa se levantó, giró, y comenzó a recorrer con su mirada una a una las caras de los imputados. El suspenso se había apoderado de la sala de audiencias del tribunal oral y criminal 17, en la planta baja del Palacio de Tribunales. El policía, de repente, estiró su brazo izquierdo y apuntó con el índice:
-La señora... y la señorita también –dijo con seguridad, mientras señalaba a Carmen Ifrán y Marcela Sanagua.
-¿Recuerda si cometían algún acto de violencia? –buscó precisar el juez.
-Sí, arrojaban piedras a la Legislatura –contestó el policía sin titubear.
Las caras de Ifrán y Sanagua mezclaban desazón con bronca. Les había dolido el dedo acusador, hasta que Claudia Ferraro –defensora de Ifrán- repreguntó con certeza y con conocimiento del expediente:
-¿El recuerdo de Ifrán y Sanagua se debe a observarlas tirando piedras, como dijo, o a alguna otra circunstancia?
-Ahora que me lo recuerda, en realidad las vi cuando colaboraba con el oficial Campos, que las detuvo en Balcarce y Defensa. Yo modulaba para pedir un móvil –explicó Costa, desdiciéndose absolutamente y no aportando nuevas pruebas en contra de las imputadas. La facilidad con la que primero acusó y luego se desdijo tal vez forme parte de toda la genética de esta causa armada.

En su declaración, Costa reconoció que a la única persona que detuvo fue a un menor mientras iba a asistir al comisario Quinteros, que estaba siendo agredido por algunos manifestantes.
- ¿Vio al menor hacer algo que podría configurar un delito? –preguntó la defensa.
- No- contestó Costa sin inmutarse.
- ¿Qué motivación tuvo para detener a un menor? – ahora la que quería quitarse las dudas era la vocal del tribunal, Silvia Arauz, la magistrada que hasta ahora mayor desconfianza mostró sobre el accionar policial.
- Que estaba en un grupito que charlaban y decían: “Mirá cómo le dimos a ese”.
- ¿Pero por qué lo eligió a ese menor de todo el grupito?
- No recuerdo – dijo, ilustrando involuntariamente a los presentes acerca del profesionalismo de los procedimientos policiales.

>>>Procedimiento ilegal, y confusión de robustos

La cara de Arauz fue de desconcierto. La misma que puso cuando horas después declararon Daniel Curva y Nicolás Silva, los policías que detuvieron a Martín Amitrano (vendedor ambulante de panchos) y reconocieron que no efectuaron el acta de detención en el lugar de los hechos, que los testigos que firmaron ese documento tampoco estuvieron presentes en las inmediaciones de la Legislatura y que cuando realizaron la declaración testimonial de lo sucedido, en la Comisaría 2º, mencionaron el nombre de Amitrano porque se los pasaron vía telefónica desde la sede policial donde a esa altura ya estaba alojados los arrestados. Hasta ese instante, desconocían la identidad del acusado. Andrés Slavin, defensor del vendedor ambulante, presentó un pedido de nulidad por las irregularidades de ese procedimiento. De ser aceptado, todo el proceso en contra de su cliente podría llegar a caer.
Pero mientras aguarda una resolución al respecto, Amitrano continúa sentado en el banquillo de los acusados. Si en la primera audiencia pudo hacer catarsis y conmovió a toda la sala con su relato que declamaba inocencia, en la segunda no la pasó nada bien. Curva y Silva lo acusaron de haberle pegado un codazo a un espejo retrovisor de un carro de infantería –no pudieron precisar si lo rompió- y de arrojar piedras.
Slavin les pidió a los policías si podían reconocer al detenido entre los acusados. Lo hicieron sin dudar. No había otra posibilidad: los testigos habían descripto al detenido como una persona robusta y alta y Amitrano es el único de los acusados que cumple con esas características. “Yo sabía que iban a señalar a mi cliente, pero apostaba a demostrar en las imágenes de los videos que se habían equivocado de persona, que el aparece pegándole al espejo es otra persona ” dijo el abogado, aunque queda por saber cómo valorará el Tribunal los videos que, según quienes pudieron verlos, demostrarían que la policía se confundió de robusto a la hora de detener a Amitrano, quien pasó 14 meses preso en Villa Devoto gracias al malentendido.
Así las cosas, por ahora queda la palabra de Amitrano contra la de los policías que lo detuvieron con un acta irregular. Y si hubo un codazo a un espejo de un carro de infantería, no se comprende su relación con la acusación de “privación ilegítima de la libertad” que convertiría a Amitrano en un secuestrador.

>>> Otro delito: “tomar del brazo”

Curva y Rivas también fueron responsables de las detenciones de Margarita Meira y Jorge Nievas, a quien definieron como “un trasvestido que insultaba y arrojaba puntapiés a una mujer que estaba siendo entrevistada”. A la vendedora ambulante, en cambio, no le imputaron los mismos hechos. Argumentaron que la detuvieron por haber “tomado del brazo” a Amitrano cuando la policía intentaba arrestarlo.
“Eso no es resistencia a la autoridad –opinó luego ante lavaca Claudio Pandolfi, abogado de Meira, lleno de optimismo- porque para que exista esa figura hay oponerse a un funcionario publico ejerciendo violencia. Margarita no los agredió, solo agarró del brazo a Amitrano. Los policías no hablaron de resistir sino de interferir, no es más que una desobediencia. Si eso no es resistencia, y nadie la vio tirando piedras ni encendiendo fuego alguien tendrá que explicar por qué estuvo 14 meses presa”.


Uno de los testigos que más expectativas generaba era Aldo Minola, un longilíneo de jeans, barba desprolija y una melena lacia que le llegaba hasta la mitad de la espalda. El día de los incidentes integraba una de las brigadas de civil que participó del operativo y detuvo a dos de los imputados, Héctor Gómez y Javier Scaramella, quien el viernes debió retirarse de la sala de audiencias después de sufrir una descompensación psíquica.
El testimonio de Minola era considerado clave y esperado con recelo por las defensas. Sin embargo, los acusados respiraron aliviados cuando el fiscal quiso saber quiénes eran las personas que había arrestado:
-Lo único que recuerdo es que un masculino vivía en Quilmes o Bernal. En total eran dos menores y dos adultos, los menores rompían baldosas y tiraban piedras contra la Legislatura –contestó el policía que tampoco recordaba los supuestos ilícitos que lo llevaron a apresar a los adultos.

>>>Policía versus garrapiñada

Antes que Minola había declarado Claudio Leal, el policía que detuvo a Eduardo Ruiz, Carlos Santamaría y César Gerez. Aseguró que los vio tirando piedras y que esperó que se separaran del grupo para detenerlos, porque se consideraba en inferioridad de fuerzas. Además, negó conocer de antes a los detenidos. Ruiz, entonces, pidió la palabra para desmentir al testigo. Repitió el relato que había realizado en la primera jornada, cuando se quebró y lloró.
-Dice que no me conoce. Yo tenía mi parada en Perú y Rivadavia. El siempre llegaba con otra policía, de nombre Mariela, y me venían a levantar el acta. Me decía que me corra y se llevaba paquetes de garrapiñadas. No teníamos una gran relación, pero me conocía. Tanto a mí como a mi primo Gerez, que también lo detuvo –explicó Ruiz, que también desmintió haber arrojado piedras y participado de los incidentes.
El testigo que más animosidad demostró contra los imputados fue Juan Antonio Quintero, el comisario que el día de los incidentes perdió varios dientes y recibió patadas en las costillas, la espalda y la cabeza. Pero unos 20 minutos antes de ser agredido había detenido a Eduardo Suriano, a quien dijo que vio arrojando piedras y con la ropa empapada. El juez Noceti Achával le solicitó que lo reconozca y otra vez el suspenso se apoderó de la sala. El comisario se levantó y también eligió su índice izquierdo para apuntar. Aunque Quintero aclaró que no fue Suriano quien le pegó, el detenido quedó asociado inevitablemente al relato. Los abogados defensores quedaron sumamente preocupados. “Aunque lo máximo que le imputan, es haber arrojado piedras“, señaló el letrado Héctor Trajtemberg subrayando otra vez el despropósito de la acusación por privación ilegítima de la libertad y coacción agravada.

>>> Cómo detener por televisión

El testimonio más sorprendente fue el policía Rolando Ábalos. El brigadista no estuvo ese día en el lugar porque estaba de franco. Sin embargo, cuando vio en el noticiero de TN a dos vendedores ambulantes que conocía manifestando frente a la Legislatura, se presentó espontáneamente en la comisaría segunda para aportar sus nombres.
- ¿Qué vio por televisión? –preguntó Noceti Achával.
- Que uno de ellos, Aguja Mamani, arrojaba piedras a la Legislatura.
- ¿Y la otra persona?
- Estaba dentro de la manifestación, pero no estaba cometiendo ningún hecho ilícito –contestó el policía con total naturalidad.
- ¿Lo mencionó en la comisaría sólo por conocerlo? – interrogó el juez con signos notorios de perplejidad.
- Exactamente.
Además de desnudar el modo de actuar de la policía, la jornada sirvió para observar las distintas estrategias que siguen las defensas de los imputados. Lejos de actuar como un bloque monolítico, pueden observarse dos grandes tendencias. Una de ellas apunta a demostrar que los acusados no cometieron las acciones que se les imputan; la otra prefiere apuntar a que los incidentes fueron provocados y la policía dejó que se produjeran los desmanes en virtud de una finalidad política. A juzgar por los resultados de las primeras dos audiencias, los primeros quedaron mejor parados que los segundos. “A esta altura nadie discute que todo fue armado y que la policía dejó correr. Pero eso no sirve para eludir responsabilidades si alguien participó de los incidentes. Es como si alguien robara en un restaurante y argumentara que no había nadie vigilando. Además de dejar en claro que los hechos respondieron a una interna del poder, es necesario despegar a los procesados de lo que se los acusa, porque la acusación es injusta”, opina un especialista en derechos humanos que viene siguiendo el juicio.
Todos los policías, a su vez, argumentaron que no actuaron porque se vieron desbordados por la cantidad de manifestantes. Sin embargo, el testigo que realizó el cálculo de participación más holgado aseguró que había unas 500 personas frente a la Legislatura. Los veinte que declararon el viernes admitieron, además, que no todas las personas participaban de los incidentes. Algunos hablaron de 50, otros de cien y hubo quien dijo que era la mitad de los presentes. Sólo en este juicio declararán unos sesenta oficiales que participaron del operativo. ¿Cuántos policías por cada manifestante hace falta para garantizar la seguridad de una protesta? La pregunta, todavía no se formuló en la sala.

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