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La corrupción transgénica

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Conabia 2017. El organismo que aprueba los transgénicos en Argentina fue modificado y amplió el dominio de las empresas: sobre 34 integrantes, 26 pertenecen a las mismas compañías que producen semillas o son científicos con conflictos de intereses. Por Darío Aranda

Los transgénicos en Argentina son aprobados por las mismas empresas que los producen y comercializan. Se trata de un selecto y secreto grupo que decide qué semillas se aprueban y, al mismo tiempo, elude responsabilidades sobre el impacto que eso implica: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos, afecciones en la salud. Se presentan como “científicos”, “técnicos” o “expertos” que ocultan sus vinculaciones con las empresas que producen los transgénicos y que hoy forman parte del organismo oficial que los aprueba. Según el listado “confidencial” al que pudo acceder MU, la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) está integrada por Monsanto, Bayer, Syngenta, Indear/Bioceres, Pioneer/DuPont, Don Mario, ASA (Asociación de Semilleros), Aapresid (Productores de Siembra Directa), Argenbio y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

Secretos

La Conabia fue creada el 24 de octubre de 1991, cuando el gobierno de Carlos Menem tomó la decisión de introducir los transgénicos en Argentina. Su perfil se autodefinía como “científico-técnico”. De forma insólita, su composición se mantuvo secreta hasta 2014, cuando se filtró en medios independientes su composición (en el Periódico de la CTA, en MU N° 86 y La Jornada de México). De 47 integrantes, más de la mitad (27), eran parte de las empresas de transgénicos y de científicos con conflictos de intereses.

Caso emblemático: Martín Lema, el máximo responsable de la Conabia y actual director de Biotecnología (Ministerio de Agricultura), publicó papers científicos con las empresas que debe controlar: Monsanto, Syngenta, Bayer, Basf y Dow Agroscience.

La noticia no fue retomada por ninguno de los cientos de  periodistas “agropecuarios”, que -casualmente- dependen de la pauta de esas mismas empresas y suelen repetir el eslogan “los transgénicos son seguros”.

Intactos

Dentro de la Conabia se sintieron expuestos por primera vez: se negaron a dar entrevistas, y ni intentaron explicación alguna. También impactó una denuncia de la ONG Naturaleza de Derechos por la aprobación de la soja llamada Intacta (Monsanto). El abogado Fernando Cabaleiro puso en evidencia que la Conabia funcionó durante dos décadas sin reglamento interno y sin participación ciudadana, con lo cual objetó todo el procedimiento.

El año pasado la Comisión festejó sus 25 años. Para celebrar anunciaron entonces “la aprobación de dos eventos biotecnológicos” , según tituló la gacetilla del Ministerio de Agroindustria del 2 de noviembre de 2016. El secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, destacó “la contribución de la Conabia al desarrollo tecnológico de la actividad agropecuaria”. El acto de celebración se realizó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Allí aprobaron nuevas semillas de soja y maíz, con uso de los agrotóxicos 2,4-D, glifosato y glufosinato de amonio. La beneficiada fue la compañía estadounidense Dow AgroSciences.

Sin grabador

Martín Lema, director de Biotecnología en Agroindustria y responsable de la Conabia tiene tres puntos en común con el ministro de Ciencia, Lino Barañao: son férreos defensores del modelo transgénicos; tienen vínculos y trabajos junto a las empresas del sector; y ambos pasaron de la gestión kirchnerista al gobierno de Mauricio Macri.

Lema no habla con la prensa. MU intentó entrevistarlo en reiteradas oportunidades pero sólo una vez propuso un encuentro, sin grabador ni anotador mediante. “Te quiero aclarar algunas cosas”, invitó. MU insistió que sólo se reunía con fines de entrevista. El encuentro nunca se realizó.

Lema sí habló con el suplemento Rural de Clarín el 4 de noviembre de 2016. El título de la nota: “La Argentina es un referente mundial en biotecnología agrícola”. Lema destacó que la Conabia “garantiza la seguridad para el medio ambiente y para las personas de todos los productos que se utilizan en el campo argentino”. Y señaló que las críticas a los transgénicos se deben a “quienes desinforman debido a que atienden diferentes intereses, están relacionados a alguna intencionalidad política”.

Lema celebró que Argentina sea el tercer lugar con más transgénicos, después de Estados Unidos y Brasil. “Esta semana se aprobaron dos eventos más en soja y ya se acercan a los 40 que fueron autorizados en el país y un tercio fueron bajo mi mandato”, aclaró. Y detalló el futuro: transgénicos en “árboles que producen mejores maderas, flores mejoradas, arroces más nutritivos y plantas resistentes a sequías”.

Listas secretas

La campaña maquillaje de la Conabia incluyó un “llamado a nuevos integrantes de instituciones científicas y técnicas”. El 28 de abril de 2017 anunciaron que se realizó la primera reunión con la nueva conformación. “Fomentando el desarrollo biotecnológico para aumentar la producción”, la tituló el Ministerio de Agricultura.

Allí se evaluaron dos cultivos de la empresa argentina Indear/Bioceres. En la misma gacetilla, Martín Lema, volvió sobre la campaña de maquillaje: “Resalto el impulso dado a la transparencia y la participación pública en la toma de decisiones en el campo de la biotecnología agroindustrial”.

El Ministerio precisó que “se revisó la pertinencia de las instituciones preexistentes y se agregaron reglas de selección de expertos para prevenir cualquier conflicto de intereses”.

No precisaron qué organizaciones ni personas integran la Conabia 2017.

MU lo solicitó al Ministerio de Agroindustria. El área de Prensa prometió respuesta. Nunca sucedió. Martín Lema tampoco respondió correos ni llamados.

Los ganadores

A través de un ex integrante de la Conabia MU pudo acceder a su listado actualizado. Al antiguo plantel, ahora se sumaron otros funcionarios con conflictos de intereses:

Natalia Ceballos Ríos. Coordinadora General del Grupo de Biotecnología o “Grupo Bio”,  integrado y financiadopor semilleras, cámaras de cereales y empresas de agrotóxicos como Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, Pioneer/DuPont, entre otras.

Alejandro Tozzini, ex gerente de Monsanto, actual de Syngenta.

Gustavo Abratti, responsable del área de “regulaciones” de DuPont-Pioneer.

Miguel Rapela y Fabiana Malacarne (Asociación de Semilleros de Argentina, donde están todas las empresas multinacionales de semillas transgénicas).

Gabriela Levitus de Argenbio, organización de lobby científico-político fundado por las empresas Syngenta, Monsanto, Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera y Pioneer.

Claudio Gabriel Robredo, “líder de Asuntos Regulatorios” de Monsanto entre 2000 y 2011. En la actualidad posee una empresa propia, AgroReg, donde brinda “servicios de asesoramiento y gestión en el área regulatoria de cultivos y semillas”. AgroReg es miembro de ASA (Asociación de Semilleros Argentinos).

Silvia Lede, de la multinacional Basf.

Mariano Devoto, ingeniero agrónomo y docente de botánica general en la Facultad de Agronomía de la UBA. Trabaja en el marco de un convenio con Syngenta en un proyecto de investigación: “Polinización de la soja: un estudio a diferentes escalas”.

Jorge Zavala, ingeniero agrónomo, docente de la cátedra de bioquímica junto a Eduardo Pagano, ex vicedecano y uno de los referentes del agronegocio en la Facultad de Agronomía de la UBA. Zavala también es subdirector del Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales (INBA, de la Fauba), donde trabajan en vinculación con empresas transgénicas.

Santiago. D´Alessio, director de Fauna Silvestre de la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Nación.

Abelardo Portugal. Ingeniero agrónomo, ex presidente y referente de Aianba (Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires) y parte de la organización Maizar, en la que participan todas las empresas del sector. Aianba es auspiciada por Bayer, Dow y Monsanto, entre otras empresas.

Mauro Meier, de la Asociación de Cooperativas Argentinas, se autodefine como “uno de los principales operadores de granos del país en la comercialización de cereales y oleaginosas”. Parte del negocio transgénico.

Elba María Pagano es otra de las referentes del INTA para la promoción de transgénicos. Vinculada a Red Bio Argentina (Red de Laboratorios de Biotecnología), espacio donde confluyen impulsores científico-técnicos del agronegocios.

Mariano Podworny, de la Coordinación de Proyectos Especiales de Biotecnología el Instituto Nacional de Semillas (Inase).

Viejos conocidos

Siguen ocupando sus sillas en la Conabia:

Dalia Marcela Lewi (INTA). Parte del Instituto de Genética del INTA. Autora del libro Biotecnología y mejoramiento vegetal II, en coautoría con Clara Rubinstein, de Monsanto Argentina. También investigó, junto a la empresa Bioceres (otra de las referentes del agronegocios), la resistencia del maíz transgénico al frío y a la salinidad, y formó parte del Comité de Biotecnología de ILSI, junto a investigadores de Monsanto, Syngenta, Bayer y Dow Agrosciences.

Miguel Alvarez Arancedo, director de asuntos regulatorios de Monsanto.

Magdalena Sosa Beláustegui, gerenta de asuntos regulatorios y semillas para Bayer Cono Sur.

Mirta Antongiovanni, gerenta de asuntos regulatorios de la semillera Don Mario.

Gerónimo Watson, director de tecnologías de Bioceres/Indear, donde están presentes como accionistas Gustavo Grobocopatel (unos de los mayores pooles de siembra del continente) y Víctor Trucco (presidente honorario de Aapresid).

Fernando Bravo Almonacid (Conicet) es investigador “independiente” del Conicet en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular (Ingebi-UBA) y trabaja en la mejora genética de la papa. Luego de seis años, en 2013 logró una nueva variedad, que sería más resistente a los virus del campo. En 2015 logró la aprobación del la Conabia –que él mismo integra- de una papa resistente a un virus. La empresa a cargo de la papa transgénica es Tecnoplant, del Grupo Sidus.

Mónica Liliana Pequeño Araujo y Ana Vicario (por Inase).

Silvia Passalacqua y Leonardo Gorodsky (Senasa).

Gustavo Schrauf,  de la Facultad de Agronomía de la UBA.

Sara Maldonado (Facultad de Ciencias Exactas de la Uba).

Hugo Permingeat, de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario. Como secretario general de la Facultad y junto a la decana (Liliana Ramírez), justificó abiertamente la incidencia privada en la universidad pública: “Monsanto forma sus cuadros aquí. Son ingenieros agrónomos a los que les brinda la capacitación de posgrado y Monsanto valora esa capacitación que brindamos”. Fue la forma de justificar que Monsanto, Pioneer y Syngenta hayan “donado” un laboratorio de biotecnología en la Facultad y equipamiento por 300 mil dólares.

Lucas Lieber, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario. Su CV detalla su trabajo en la empresa Indear/Bioceres.

Andrés Venturino, del Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología de la Universidad del Comahue.

Atilio Castagnaro es el referente de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (de los grandes ingenios azucareros de Tucumán). En 2011 formó parte de un equipo de científicos del Mercosur que creó que un robot que busca las plantas de soja más aptas para resistir la sequía. En el grupo de trabajo (y patentamiento) participaron dos empresas: Nidera (una de las grandes multinacionales del agro) e Indear/Bioceres (Instituto de Agrobiotecnología de Rosario).

Alejandro Petek, de la organización de empresarios Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), espacio de lobby transgénico que promueve al modelo. Hoy presente en el Ministerio de Agroindustria.

Luis Negruchi, también de Aapresid.

Por goleada

La Conabia 2017, que según las gacetillas oficiales apuesta a la “transparencia”, cuenta con 34 integrantes para la aprobación de semillas transgénicas. Una amplia mayoría, 26 de ellos, pertenecen a las empresas que producen los transgénicos o son científicos/empresarios con conflictos de intereses.

Es decir: están de ambos lados del mostrador, son juez y parte del negocio transgénico

El organismo responsable en liberar semillas de soja, maíz, algodón, papa y caña de azúcar (y se siguen sumando cultivos) no cuenta con ningún científico crítico al desarrollo de organismos genéticamente modificados. Mucho menos cuenta con entidades que representen a la sociedad civil.

En audiencias privadas y sin registros públicos, 34 personas deciden el futuro de 24 millones de hectáreas con transgénicos que implican el uso masivo de agrotóxicos.

También ocultan los expedientes de aprobación de esos transgénicos.

Si una universidad, un instituto de investigación, una organización social o un periodista quiere acceder al expediente de aprobación de las semillas de soja, maíz, algodón o papa transgénica, no puede: son “confidenciales”.

Los resultados son conocidos: desde 1996 se aprobaron en Argentina 41 transgénicos de soja, maíz, algodón y papa. Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, Tecnoplant y Pioneer y Nidera, entre otras. Las mismas empresas que dominan la Conabia.

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