Las mujeres que se prostituyen en Plaza Once la definen como un campo de concentración. Lo que allí sucede está a la vista y ha dejado heridas imborrables, como la de Cromañón. Ésta es una crónica de lo que allí hacen y no hacen prostituyentes, policías y fiscales. Pero también es un llamado de atención sobre lo que todas y todos podemos decir o callar al respecto. ¿Un modelo del concepto del espacio público para la dictadura del libre mercado? ¿O una postal de las batallas de la modernidad? Aquí, dos posibles respuestas: la de la boliviana María Galindo y la del norteamericano Michael Hardt.

Plaza Once no es una plaza: es un campo de concentración. Me quedo sorprendida con la frase que escupe una de las mujeres que están paradas ahí doce horas por día, prostituyéndose. Hace varios días que estoy dando vueltas tratando de encontrar una forma de contar lo que ahí pasa para que le importe a alguien y, cuando finalmente la encuentro, me doy cuenta de que el problema es exactamente ése: sin indiferencia no hay campos de concentración.
Y hace falta mucha para construirlos sin rejas, a cielo abierto.
Son las 6 de la tarde y estoy parada frente a lo imposible: el nuevo grupo de mujeres dominicanas que se vende por 25 pesos, sin condón. Son terriblemente jóvenes y brutalmente bellas. Todas tienen más de dos hijos y el destino de enviar todo el dinero que ganan a sus familias. Sus voces son cálidas y se encienden aun más cuando recuerdan el nombre de su pueblo, la edad de sus críos: sus tesoros. Trato de imaginar las respuestas a las preguntas que nunca les podré hacer porque en sus miradas encuentro el límite. Leo el miedo y les digo adiós.
Al llegar al cordón, el patrullero de la Comisaría 7ª se detiene junto a mi pie y el policía que está sentado al lado del conductor me mira fijamente. ¿Cuántos segundos? Ahora me doy cuenta de que no puedo calcularlo: la impunidad siempre se percibe eterna.
Por detrás del patrullero veo pasar a dos de las dominicanas con las que estuve conversando. Van de prisa, directo al Hotel Leblon (Rivadavia 3009), donde funciona un albergue transitorio. Trece pesos, media hora. El Leblon entrega a cada mujer una tarjeta celeste en la cual, por cada prostituyente, le firman un renglón. Cuando suman cinco firmas, les “regalan” los 13 pesos de esa sesión.
Pero ahora las dominicanas no van acompañadas por ningún hombre. La más alta cruza el semáforo casi a la carrera y entra sola. La segunda se queda demorada por un colectivo que dobla sin piedad y en ese segundo es interceptada por un muchacho joven, de barba, con mochila, remera gris, jeans: un pibe cualquiera. La ceremonia del arreglo es breve, así que los dos ingresan al hotel antes de que el semáforo guiñe rojo otra vez. Respiro aliviada. A una, al menos, no le van a pedir explicaciones sobre nuestra charla. Lo confirmo al día siguiente, cuando paso por delante del grupo y veo sólo a una de las dos. Imaginen ustedes a cuál no.
 
Al lado del Hotel Leblon hay una puerta negra sin numeración y en la puerta, una silla donde está sentado un musculoso hombre de musculosa negra. A veces hay más de un hombre y otras, no hay silla, pero siempre hay por lo menos un musculoso con cara de no hacer nada más que estar ahí, custodiando esa puerta negra. Tengo que estar parada varias horas para ver salir a una mujer, pero apenas unos minutos para ver entrar y salir a un hombre, dos, tres. Las mujeres que se prostituyen en la plaza se refieren a la puerta negra como “el sauna” y nadie sabe si existe alguna relación entre el Hotel Leblon, la puerta negra y las dominicanas, aunque varias de ellas están paradas a lo largo de esa vereda. Les pregunto a las más veteranas de las mujeres que se prostituyen en la plaza si alguna vez hubo algún tipo de control sobre esos locales. Me responden: “Esto es zona liberada”. Lo confirmo: en una de las esquinas de esa misma manzana está el santuario que recuerda a los 194 muertos en República de Cromañón.
El único dato que encuentro sobre el Hotel Leblon es el nombre de quienes serían sus propietarios: Roberto Casal del Rey y Andrés Lozada. La última información disponible dice que está habilitado como hotel de dos estrellas, lo cual implica –entre otras cosas– que no puede funcionar como albergue transitorio. Pero funciona. Cuando por teléfono pregunto por Andrés, me dicen que está en alguno de “los otros hoteles”. Me indican dos: La Cité (Rodríguez Peña 1423) o Ruos (Catamarca 278).
En la Cámara de Empresarios de Albergues Transitorios me informan que hay tres Lozada: uno que integra la comisión directiva; otro que es contador y el tercero que es abogado y vocal. Otra curiosa coincidencia: en la página web de la Cámara encuentro fotos de la Comisión Directiva reunida con el jefe de gobierno de la República de Cromañón, Aníbal Ibarra.
 
Hace ya cinco años que la Organización Internacional para las Migraciones (oim) presentó un informe sobre las mujeres dominicanas prostituidas en Argentina. Son 110 páginas que desnudan el alcance de la red de explotación:
 
Desde el año 97 hasta 2002 se calcula que ingresaron al país unas 15.000 personas dominicanas. Sólo el 16% eran hombres.
La mayoría de esas mujeres llegó a Argentina a través de un “reclutador” que les ofrece trabajo, papeles y vivienda. Por tal gestión, entre pasajes y honorarios, contraen una deuda estimada en 2.000 dólares, avalada con la hipoteca de la casa familiar.
Las acompañan durante el viaje, las esperan en Ezeiza, las ubican en una pensión junto a otras compatriotas y las disponen a prostituirse en la calle o en saunas “donde una encargada organiza los turnos, cobra al cliente, liquida los porcentajes (que van del 40 al 60% de lo que paga el cliente) y arregla con la autoridad policial local”, dice textualmente el informe.
 
La autoridad policial local de Plaza Once es la Comisaría 7ª, investigada por el delito de cohecho en una causa que fue sobreseída en 2002; en otra cuyo destino perdí en los laberintos de Tribunales, y en una tercera que en mayo de este año llegará, por fin, a juicio oral: la causa Cromañón. En el extenso fallo que confirma el procesamiento de todos los implicados en esa masacre, la Cámara de Apelaciones resume las pruebas del rol que la Comisaría 7ª tenía en el funcionamiento de la máquina de impunidad en Plaza Once: los comisarios arreglaban la tarifa de la coima y los agentes se dedicaban a controlar que se respetara el arreglo. Por eso, en el banquillo estarán por primera vez todos los eslabones de la cadena: dos comisarios, un subcomisario y dos agentes.
Los antecedentes de la Comisaría 7ª no fueron obstáculo para que los fiscales contravencionales que debían controlar la zona –Marcela Solano y Adrián Martin- dependan exclusivamente de la iniciativa policial para intervenir. Por eso, no hicieron nada en Cromañón, por ejemplo, porque ni sabían de su existencia. Así lo declaró literalmente y bajo juramento la fiscal Marcela Solano en la Comisión de Juicio Político de la Legislatura porteña y así lo ratifico su entonces jefe, el fiscal general Luis Cevasco. “La policía es quien debe iniciar el proceso contravencional”, reiteró. Entiendo entonces lo que me explican las mujeres que se prostituyen en la plaza. La máquina contravencional se enciende, en la calle, con una pregunta: ¿coima o acta? Pero en Plaza Once, me aclaran, la máquina se activa selectivamente. Señalan con el dedo el cielo y repiten: “salvo para nosotras, esto es zona liberada”.
 
Una policía ciega y unos fiscales mudos dejaron los controles de Plaza Once a merced de la iniciativa de las cámaras empresarias. Generalmente, son ellos quienes expresan sus demandas al poder político y estas quejas en Plaza Once se concentran en una competencia natural: la venta ambulante. Así motivada, la fuerza de control municipal se concentró en los últimos años en sacudir a quienes se ganan la vida en la calle en forma independiente y solitaria. No parece ser el caso de las mafias que controlan la venta ambulante a gran escala. Un ejemplo: en una causa que involucra a la Comisaría 7ª se da cuenta de cómo funciona para ellos el aparato de control. La causa se inició con la denuncia de Mirta Carrizo, empleada de la fiscalía 7ª, encargada de la zona. El 14 de febrero de 2002 estaba parada en la esquina de Pueyrredón y Rivadavia, esperando que llegara el resto del equipo fiscal a cargo del procedimiento, cuando escuchó que por un handy les comunicaban a los vendedores: “Guarden todo que se viene un operativo”. Así resume el diario La Nación lo que pasó entonces:
“Con esa frase Carrizo constató lo que para muchos es un secreto a voces desde hace tiempo: policías vestidos de civil habían alertado a los puesteros del barrio de Once sobre la inminencia de un procedimiento en el que ellos mismos participarían un rato después. Por eso, efectivos de la Comisaría 7ª e inspectores municipales son investigados por la justicia por los delitos de cohecho, encubrimiento e incumplimiento de los deberes”.
En el fuero contravencional me informan que Mirta Carrizo está de licencia y cumple funciones en otra fiscalía: la 4ª.
 
En un país donde la prostitución no es delito se supone que la justicia debería concentrar sus esfuerzos en perseguir a quienes las leyes consideran delincuentes: los fiolos. Se supone también que en un año en el cual las agencia internacionales han invertido miles de dólares para promover campañas contra “la trata de personas” este delito debería ser perseguido aun más firmemente. Sin embargo, en Once sólo hubo en el último año un operativo contra un antro de explotación sexual de mujeres. Fue en el séptimo piso de Uriburu 578. Así lo resumió la agencia oficial Télam:
“La justicia desbarató un prostíbulo en el barrio porteño de Once, donde ocho mujeres dominicanas que habían llegado engañadas al país con la promesa de trabajar de camareras, eran obligadas a prostituirse. Un hombre dominicano fue detenido acusado de reducción a la servidumbre, delito que prevé una pena de entre 3 y 15 años de prisión. Las víctimas son chicas de entre 18 y 24 años que por día realizaban entre 10 y 15 servicios sexuales. El hombre detenido, William García, anteayer recuperó la libertad luego de obtener una excarcelación”.
La crónica periodística también relata cómo se logró esa única vez poner en marcha un operativo: “El caso se descubrió gracias a que una de las ocho esclavas tuvo que ser internada por una afección cardíaca, les contó a los médicos del Hospital de Clínicas su odisea y éstos radicaron la denuncia”. Le pregunto a las mujeres que se prostituyen en la plaza qué piensan de las campañas contra la trata. Me dicen que el problema es la palabra. “Parece que hablan de la trata de blancas y acá somos todas morochas”. Se ríen y entonces suena como un chiste. Pero no.
 
El fuero contravencional fue creado con varios fines. Uno, establecer pautas de convivencia en la ciudad: qué se puede hacer y qué no. Por eso, el Código Contravencional tiene sus normas ordenadas por capítulos: unas están referidas “a la seguridad y tranquilidad de las personas” y otras, al “espacio público”. No persigue delitos, sino contravenciones, que sanciona con multas a los infractores. El que no puede pagar, debe compensar su culpa con tareas comunitarias o prisión. La otra finalidad explícita de ese fuero es sistematizar información sobre estos temas, de modo que está obligado a producirla y darla a conocer. Veamos cómo ejerce en los hechos estos propósitos.
 
Según las estadísticas elaboradas por el fuero en 2005, las actas que se realizaron ese año por contravenciones a la seguridad de las personas sumaron un 4%. La protección del espacio público, en tanto, concentró el 57% de las actas. Ése fue el último año que el Fuero clasificó la información de esa manera y es fácil imaginar por qué. Pero por si la imaginación no alcanza, conviene reparar en las cifras que se desprenden de cotejar, una por una, la agenda de audiencias que ocupó a ese fuero durante todo 2007: por los artículos que sancionan el uso indebido del espacio público llegaron a esa instancia 132 causas; por el que sanciona la “omisión de recaudos de seguridad” o “inducir a un menor de edad a mendigar”, ninguno.
Sin embargo, hay que poner estos datos en su debido contexto: durante el mismo 2007 se labraron en la Ciudad de Buenos Aires más de 5.000 actas contravencionales, pero se celebraron sólo 525 audiencias en todo el fuero. Teniendo en cuenta que hay 31 juzgados, el promedio indica que cada uno atiende menos de dos audiencias al mes.
La justicia contravencional es una justicia sin juicios: según sus propias estadísticas, en 2005 sólo el 13% llegó a instancia de juicio oral. El resto se arregla en los pasillos de esos tribunales. Lo pude comprobar en los corredores del edificio de la calle Berutti. De un lado del pasillo están las fiscalías; del otro las defensorías. Es común, entonces, que los empleados de ambos bandos conversen amigablemente sobre sus cotidianidades, mientras sostienen carpetas en la mano. Son las causas que proponen que se arreglen con un juicio abreviado o probation. Esto es: el contraventor acepta su culpa, recibe una pena menor y “se saca el problema de encima”. La mujer que está a mi lado en el pasillo me lo explica de otra manera: “Me confiscaron la mercadería. Me dicen que si firmo me la devuelven ya y si no, tengo que esperar al juicio, que tarda meses”.
Recorrí uno por uno los juzgados contravencionales solicitando que me informaran cuántos juicios abreviados o probation habían tramitado. No fue posible obtener más que excusas, aun cuando la indagación me llevó hasta la persona encargada de elaborar la estadísticas del fuero. El dato dejó de hacerse público en 2005.
El último: la fiscalía del fuero promociona su trabajo ofreciendo los datos de las contravenciones que persigue. La venta ambulante “ilegal” –como la llama la prensa, a pesar de que el Código la autoriza en casos de mera subsistencia– es la favorita. La segunda del ranking es la oferta ostensible de sexo, sancionada con el artículo 81 y que, según el fiscal general Germán Garavano, es la protagonista de un promedio de 14 actas por día. En una conversación informal, un juez del fuero me informa que en cuatro años nunca llegó a su estrado un juicio oral por infringir ese artículo. ¿Significa que se arreglan antes, que se desiste la acusación o que la mujer en situación de prostitución nunca accede a defenderse en un juicio? El juez no tiene respuesta, aunque sí sospechas: “Se trata de personas que tienen, en general, menos posibilidades de acceso al ejercicio pleno de sus derechos, en cualquier ámbito y en cualquier fuero”.
 
Les pregunto a las mujeres que se prostituyen en Plaza Once qué idea tienen de la palabra justicia. Me contestan una grosería.
 
Hace algunos años que converso con las mujeres que se prostituyen en Plaza Once. Siempre son las mismas y cuando no veo a alguna, pregunto y pregunto hasta saber dónde está: en el hospital, en un geriátrico, en el cementerio. La mayoría son mayores y con el tiempo tienen que estar más horas para obtener el mismo resultado. “Por menos guita hay que aguantar cada vez más mugre”. En los últimos meses, la llegada de un nuevo tropel de dominicanas cambió el ecosistema de la plaza. Hay más peleas entre “las viejas” y “las nuevas”, reproches por el espacio, las tarifas o las condiciones que aceptan de los prostituyentes. La miseria es madre de estas divisiones que tensan el alambre de púas invisible que divide a las nuevas dominicanas del resto. El resultado es que casi no se hablan si no es para ladrarse, convertidas en perras de la calle por el mercado de prostituyentes más miserable de la ciudad. Alrededor de ellas, la ciudad se agita con multitudes que hacen cola en las paradas de los colectivos truchos, escuchan a falsos profetas o compran gaseosas en puestos que ocupan tres veces más espacio que el autorizado. A las mujeres que se prostituyen en Plaza Once nadie las mira ni las ve, aunque todos las consumen. Los prostituyentes, por supuesto, pero también las oenegés, las trabajadoras sociales, los sindicatos. De cada cual obtienen algo –preservativos, cajas con alimentos, datos para un trámite de ayuda social– pero a cambio deben entregar mucho. “En el último año nos vinieron a hacer encuestas cuatro veces. Tuvimos que darles nuestros datos, el de nuestras familias, contarles la historia de nuestras vidas. A dónde va todo eso no tenemos idea, porque nunca te lo explican bien”.
Hace ya ocho meses decidí que había escuchado lo suficiente. Resumí todo lo que me habían dicho las mujeres que se prostituyen en Plaza Once en un manojo de consignas que pinté con aerosol en el piso de la plaza. Mientras las escribía, grité a viva voz: “Ésta es una zona liberada para fiolos y policías”.
Las escribí con aerosol azul, con aerosol negro y con aerosol rojo y tres veces, como para que quedara bien claro: en Plaza Once primero, en Plaza Congreso después y finalmente, en Plaza Tribunales. Fue ahí donde me rodearon tres patrulleros y la policía me labró un acta. Con letra manuscrita el oficial apuntó:
“En circunstacias en las que el subinspector Patricio Miguel Osti recorría el radio jurisdiccional a cargo del móvil 103 observó a una mujer que escribía con aerosol, sobre la acera consignas tales como ´El Código Contravencional es la coima policial´ ensuciando de este modo bienes de propiedad pública. Por ello procedió a identificarla resultando ser…”
A partir de allí, se inició una causa contravencional contra Claudia Acuña, integrante de lavaca, del equipo que edita mu y el libro Ninguna mujer nace para puta y los talleres en los que conversé con las mujeres que se prostituyen en Plaza Once, entre otras cosas.
La fiscal Marcela Solano ordenó días después que una consigna policial se apostara en el domicilio particular de Claudia “con el fin de identificar a todas las personas de sexo femenino que ingresen o egresen de ese domicilio”.
Luego, la defensoría oficial le sugirió tres veces que aceptara una probation “para sacarse el problema de encima”.
Finalmente, la causa llegó a manos de la jueza, quien determinó que no se trataba de una contravención sino de algo peor, ya que estaba en juego “la protección del espacio público”. Por lo tanto, consideró que se trataba de un delito y lo calificó de “daño agravado”, cuya pena alcanza los siete años de prisión y su trámite debe seguirse en el fuero penal.
Esta nota está escrita por la misma persona que pintó los graffiti por los que ahora procesan a Claudia y por la misma persona que estaba junto a ella cuando le labraron el acta contravencional, aunque allí la policía no escribió otros nombres. Es una persona plural, compuesta por todas y todos los que estuvieron, están y seguirán estando en Plaza Once, conversando con las mujeres que allí se prostituyen y denunciando aquello que ellas no pueden decir y tantos no quieren oír. Es una voz única, pero no es solitaria: los que para esta nota fueron consultados, interrogados, interpelados, ya lo saben porque fuimos muchos los que estuvimos rondándolos.
Es esa voz que escribe estas líneas como una invitación para que quienes la lean sean parte de ella, reproduciendo lo que aquí se cuenta donde sea y como puedan. O simplemente mirando en Plaza Once lo que hay que ver porque está a la vista, impúdica e impunemente.
Sé –sabemos, porque ya lo aprendimos– que los campos de concentración tienen la dimensión de nuestros silencios. Entonces, podemos romperlos.
 

María Galindo: el graffiti como medio de comunicación

En junio de 2007, las autoras del libro Ninguna mujer nace para puta decidieron presentarlo con una acción pública en Plaza Once. Convocaron a mujeres artistas, periodistas y activistas a bautizar ese espacio como Plaza de los Prostituyentes. La intervención consistió en pintar en el piso de la plaza las consignas que sintetizaban los pensamientos recogidos en las charlas con las mujeres que se prostituyen en esa plaza. Esos graffiti originaron un proceso judicial contra una de las mujeres que participaron de esa acción, ahora imputada penalmente. Ésta es la reflexión sobre la propuesta y sus derivaciones de una de las autoras, María Galindo, integrante del colectivo feminista boliviano Mujeres Creando:
 
Cuando se realizó la acción en Plaza Once dejaste en claro un concepto: «Estamos aquí para construir teoría y propuesta». Visto desde la perspectiva actual, ¿qué crees que debe leerse sobre lo que allí fue escrito?
El pensamiento social no puede nacer por fuera de una postura de compromiso, que no es una simple declaración de intenciones del intelectual. O estás implicada entera y ese compromiso pasa por tu propio cuerpo o estás fuera. En ese sentido, nuestra opción como Mujeres Creando es la construcción de pensamiento desde la práctica social y el cotidiano. A partir de allí lo acontecido en Plaza Once no es una anécdota, ni tampoco un acto de protesta. No nos ubicamos en la plaza no en son de misioneras, ni de cara a las mujeres en situación de prostitución. Todo el planteamiento de la acción tuvo como interlocutora a la sociedad, a la policía y al prostituyente. Fue parte de una serie concatenada de acciones que forman una estrategia de lucha. Primero, con la muestra que hicimos en el Centro Cultural Borges, para colocar en el mundo del arte y la cultura lo que corresponde al mundo de la comisaria y la muerte. Y luego, en Plaza Once, para colocar al libro en la plaza y plantarlo desde allí. Por eso era muy importante el sentido de anfitrionas que le dimos a todas estas acciones, porque como anfitrionas nos apropiamos de nuestro propio espacio y prostituyentes, policias y company nos tuvieron que contemplar desde afuera de nuestro espacio, que servía de soporte y de altavoz al mismo tiempo.
Este tipo de acciones tiene perspectiva y fuerza interpeladora cuando son parte de una estrategia de lucha para sus propias protagonistas. Lo digo como Mujeres Creando: para nosotras cada acción se concatena con la siguiente. Nos hemos situado a lo largo de más de diez años desde la calle, desde el graffiti y desde la acción directa. Lo de Buenos Aires yo lo viví como parte de esa continuidad en la lucha, que para mí es fundamental. Porque una acción suelta puede ser anecdotizada por sus propios protagonistas. La forma convencional en la que los movimientos sociales nos hemos relacionado con la calle, con los medios de comunicación y con el espacio público nos entrena en una actitud misionera, en una actitud ocasional y no como construcción de un escenario propio, ni menos como el lugar de construcción de teoría. En cambio, esta estrategia de ocupación de la calle se parece más a la ocupación que hacen las vendedoras ambulantes de la calle, porque llevan al espacio público el mundo privado.
 
¿Por qué el graffiti es la herramienta para comunicar este tipo de acciones políticas?
El graffiti tiene que ver con la toma de la palabra y, nuevamente, con la toma de la calle. El graffiti -que para nosotras tiene sentido en una línea de constancia y permanencia, de terquedad- se convierte en un texto publico de relectura del lugar de las mujeres en la sociedad. Es también el medio de comunicación más poderoso. Las características del graffiti son para nosotras muy importantes: es sencillo, es poético, no es proselitista. Toma posición simultáneamente y a través de frases cortas sobre diferentes puntos. El graffiti es lo que nos ha permitido, a la velocidad y la dinámica de los propios acontecimientos, acompañar los hechos sociales con una inmediatez impresionante que casi ninguna otra forma de lucha nos ha permitido. En el graffiti también tiene tanto sentido escribir sobre la libertad de una persona en concreto, con nombre y apellido, como al mismo tiempo sobre el neoliberalismo, el racismo o lo que sea. Te permite todas las combinaciones imaginables.
 
Hoy en Argentina en general y en la Ciudad de Buenos Aires en particular el espacio público es escenario de puja política, impulsada principalmente por los sectores que quieren imponer un control a través del derecho de admisión: quién puede y quién no puede estar, y dónde. No es siquiera un tendencia local, sino una de las grandes batallas contemporáneas: el control de las fronteras sociales. Tú has tocado el tema en casi todas las intervenciones artísticas que realizaste a título personal y colectivas, con Mujeres Creando. ¿Por qué elegiste la calle como ámbito para dar ese debate?
Estoy de acuerdo que es una de las batallas más importantes y más significativas. Es una batalla que no da tregua. La relación con la calle, la ocupación de la calle, la presencia en la calle, tiene que ver con una constante, con una vocación política del movimiento. ¿Por qué la calle y no la universidad, o cualquier otra palestra? Primero, porque la calle implica un cuerpo a cuerpo con la sociedad que no te lo ofrecen ni la radio, ni la televisión, ni la universidad, ni nada. Estás ahí, a la mano, cerca. Estás ahí y eres parte de la misma dinámica. Recoges y aprender las lógicas de ambulantes, de locas, de mendigos, de putas. Esas lógicas de los personajes de la calle son lógicas muy profundas, de relacionamiento social. Aprendes a incomodar, por decirlo de alguna manera. Por último -y quizás es lo más importante- la calle no es un espacio prestado, por eso las batallas respecto de la ocupación de la calle, su normatización y su disciplinamiento, están colocadas en el terreno de la expropiación: te quitan la libertad que es tuya. La calle tiene el carácter de patio común, por eso la resonancia de la calle es inmediata, rotunda e imposible de invisibilizar.
¿Cuál era el objetivo de la acción en Plaza Once, Tribunales y Congreso?
Interpelar al poder y situarnos simbólicamente frente a la policía, el poder político y también el mundo del arte, puesto que la acción en Plaza Congreso estaba «integrada» al evento que organizó la Universidad de Nueva York.
 
¿Se cumplió ese objetivo?
No quisiera medir el trabajo en función de objetivos porque me parece muy peligroso. El trabajo en la calle es una siembra sin cosecha. A veces se queda en la simple preparación del terreno, a veces resulta ser la cosecha de otra siembra en la que no participaste. Es peligroso apropiarse de lo que sucede en la calle.