CABA

Viaje al infierno: a 5 años de la muerte de Diego Borjas

Publicada

hace 6 años

22/12/2019

La ex directora y un celador del Instituto Agote fueron procesados por la muerte de Diego Borjas, 17 años, incendiado en su celda. La historia familiar y una espiral de violencia que incluye al Estado. Un emblema del maltrato a menores de edad mientras, más que soluciones, se proyectan negocios inmobiliarios. LUCRECIA RAIMONDI

Viaje al infierno: a 5 años de la muerte de Diego Borjas

Don Sancho, Cuartel V, Moreno. En el cruce de las calles Malabia y Gabriela Mistral se termina el asfalto. Sobre Mistral hay una casa de ladrillos sólidos con una pequeña ventana a la calle y techo de chapa. La construcción se ve como una sola habitación. El ingreso es por una puerta de rejas que, para tapar la vista a lo que hay en el fondo, tiene una lona verde corroída. Es una de las casas de material más precarias de la cuadra.

Liliana y Francisco Basualdo llegaron a este barrio en 1978, cuando la última dictadura erradicó definitivamente la villa de Colegiales, en la Ciudad de Buenos Aires. La mayor parte de su vida Liliana la recuerda en Don Sancho. A los 14 años quedó embarazada por primera vez. Parió tres hijos que nacieron sietemesinos. El primero se llamó Diego y murió a los tres meses. La segunda hija -que tuvo a los 21- se llama Daniela, la crió sola y es la única que le queda con vida. Siete años después nació el tercero: Diego Iván Borjas. El bebé estuvo un mes en incubadora y los siguientes seis con respirador porque le faltaba madurar los pulmones.

La historia de Diego es tan sufrida como la de su madre. Pasó la infancia en Don Sancho, mayormente en la casa de Mistral. “En mi familia lo despreciaban. Todos se la agarraban con él”, recuerda Liliana. Ella es empleada doméstica, limpiaba casas en Capital. Se iba a las 7 de la mañana, volvía a las 9 de la noche. Daniela y Diego quedaban solos. O con Francisco, su abuelo, que los maltrataba, lo mismo que a Liliana.

La primera golpiza visible alarmó a las autoridades del Instituto Aguilar, donde Diego hizo la primaria hasta 6° grado. En la clase de educación física se quejó de que le dolía la espalda. El profesor lo revisó y detectó una marca violácea a la altura de los riñones. Su abuelo le había pegado con un palo de escoba porque pensó que Diego, de 7 años, le estaba haciendo burla. Durante la adolescencia ese vínculo empeoró: “La pasaron muy mal mis hijos con mi papá. Era un calvario vivir con él. Pero así y todo nos quedamos ahí. Como las mujeres golpeadas. No me quedaba otra”. Pudieron salir de allí cuando en 2010 Liliana compró un terreno apenas a tres cuadras y construyó su propia casa en Don Sancho. Fue un alivio.

Maldito momento

Diego era callado. No le gustaba hablar de sus sentimientos ni de lo que le pasaba. “Los amigos no existen”, cuenta su mamá que decía sobre la amistad. Los compinches eran sus primos Agustina y Sebastián, que tenían casi su misma edad. A los 12 años, acompañado por sus padres y tías, Diego pudo hacer sus primeros viajes a Capital. A los 15 se movía solo y empezó a salir con Sebastián, su primo dos años mayor.

“Nos descuidamos mucho en esa etapa, la adolescencia. Ahí empezó. Maldito el momento cuando Sebastián le dijo ‘vamos a limpiar vidrios’ y yo aflojé. De hecho, se me escapaba igual, porque yo me tenía que ir a trabajar”.

Liliana recuerda el último año de Diego, antes de caer preso: “Fue terrible, el peor. Las macanas se las mandaba cuando se empastillaba. Yo lo llamaba al primo, que vivía en Capital, diciéndole que Diego no había vuelto a dormir. Quería que lo traiga a casa. Pero Diego se escondía. Yo podía estar días buscándolo. Por eso a mí me molesta que digan que era un pibe de la calle, porque él tenía su casa, su mamá y su papá que lo buscaban”.
Diego comenzó a parar en la esquina de Córdoba y Jerónimo Salguero, barrio porteño de Almagro. Al principio eran viajes de ida y regresaba con su primo a Don Sancho.

Pero a los pocos meses empezó a consumir “de todo”, explica Liliana. Los días eran giras con regreso incierto. Dormía en un auto abandonado o en el piso de algún comercio. Podía estar semanas viviendo en la calle. Su papá se impresionaba cuando lo encontraba sucio, desprolijo, él que siempre había sido un chico obsesivo con bañarse, tener su ropa limpia y el pelo bien cortado.

Sin escape

Las caídas de Diego al Centro de Admisión y Derivación “Úrsula Inchausti” (CAD) fueron frecuentes desde 2012. “No me acuerdo cuándo fue la primera vez que lo busqué en el Inchausti, pero varias veces lo retiré. Una vez nos mandaron a una psicóloga y a un centro de rehabilitación, que después me llamaron para avisarme que se había escapado. No sé bien las causas que tenía. Él no quería hablar de nada, ‘ya pasó’ decía en el Agote cuando le preguntamos por qué había caído”.

En mayo de 2014 el juzgado de menores decidió su detención en el Agote. Entró por un intento de robo en banda. “No le gustaba estar encerrado. En mi casa vivía en el patio. Me acuerdo una visita que estábamos en el Agote, él miraba para todos lados y nos dijo ‘acá no te podés escapar por ningún lado’” recuerda la madre.

Estuvo seis meses preso, hasta que no aguantó más el encierro ni el régimen de premios y castigos. El 12 de diciembre de 2014, día que hubiera cumplido 18 años, se definía su detención. Diego quería festejar su cumpleaños afuera, en libertad. Murió diez días antes prendido fuego en una celda de castigo.

El peor final

Jueves 26 de noviembre de 2014. Lo despertaron a las 7:00, le dieron el desayuno. No se sentía bien. Las últimas semanas había estado irritable, contestador. No acataba las normas. Estaba enojado porque el juzgado le había negado la libertad y el traslado. La convivencia con los otros pibes era difícil. Quería salir. Lo llevaron a la escuela para cursar la única materia que había podido sostener y aprobar: Educación Cívica. En una reunión con un operador del instituto discutió y lo insultó. La vicedirectora ordenó a las 11:30 que lo apartaran de su sector por 48 horas.

Era miércoles, día de visita. A las 14 lo bajaron. Su hermana Daniela lo fue a ver y llevó a su hijo de 6 años. Recuerda que estaba “raro”. Mencionó que lo habían sancionado y que le pidió que avisara a su mamá que no podía llamarla porque estaba castigado. A las 17 el guardia lo llamaba y no se quería ir. Volvía y les daba besos, los abrazaba. Daniela le dejó un paquete de cigarrillos.

Lo llevaron de nuevo a la celda de “engome”: aislamiento en la jerga tumbera. Era de 3 por 1,80 metros, no tenía baño ni ventilación. Solo una pequeña ventana hermética. El colchón de la cama de hierro era de espuma. Diego tenía un encendedor. A las 18:30 la reja ya estaba con candado. Habitualmente los dormitorios se cerraban a las 22.

Según la causa, les dijo a dos jóvenes presos en una celda frente a la suya que iba a prender fuego algo, así lo trasladaban al instituto Roca o al Belgrano. A las 20 inició un fuego que se extendió hasta el colchón combustible. El guardia que debía estar supervisando el sector no estaba en su puesto y se había llevado las llaves. Diego no tenía escapatoria. Estuvo cinco minutos entre las llamas y el humo tóxico pidiendo auxilio a los gritos.

Martes 2 de diciembre de 2014. Instituto del Quemado. Tras cinco días de internación, Liliana se quería quedar en el hospital esa noche. No le importaba dormir un día más en la calle. Pero la convencieron de volver a Don Sancho. Llegó a su casa a la una, tomó unos mates. Se acostó con la ropa puesta y se durmió.

Soñó con Diego, vestido de blanco.

A las 4 la despertó su sobrina. La llamaban para que fuera urgente. No le anunciaron lo peor. Pero se lo imaginaba. Dormida, con lo puesto y destrozada volvió a Capital para reconocer a su hijo muerto. Diego Iván Borjas falleció “como consecuencia de congestión, edema pulmonar y de las quemaduras graves sufridas”.

Liliana recuerda que cuando Diego murió había unas mujeres en el hospital que, al verla llegar, se escabulleron. “No sé quiénes eran, si de la SENNAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) o del Instituto. No se me acercó ninguna. Eso me molestó. Me quedé sola en un rincón, no sabía para dónde disparar ni qué trámites hacer. Yo confié en la institución, pensé que le podía hacer bien. Su responsabilidad es que no me cuidaron a mi hijo”.

Los responsables

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó en noviembre el procesamiento de la entonces directora del Instituto Agote, Lidia González y del celador Eduardo Alberto Morales “por ser considerados autores penalmente responsables del delito de homicidio culposo” por la muerte de Diego Borjas. La Cámara dictaminó la falta de mérito para procesar o sobreseer a la vicedirectora y los tres jefes de seguridad. Queda abierta la investigación en su contra. El juez de instrucción Alberto Baños del Juzgado Nacional N° 27 había resuelto el procesamiento de los seis funcionarios por considerar que todos eran responsables.

Las principales acusaciones responden a que Diego Borjas estaba encerrado con candado antes del horario estipulado, en una celda de aislamiento de un sector en condiciones deplorables, cuadro que se completa con que el joven contaba con elementos prohibidos.

La sanción que le habían impuesto no fue correctamente supervisada y violó los derechos de detención del joven. La dirección había informado de incendios anteriores pero no solicitó formalmente el cambio de los colchones y las máximas autoridades de SENNAF tampoco se ocuparon de renovarlos. La requisa fue inadecuada y el personal de seguridad no estaba en su puesto para prevenir la situación de riesgo. La muerte de Borjas fue el resultado de variadas negligencias e imprudencias respecto de su cuidado.

El abogado Pablo Rovatti, titular del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, que representa a la familia de Diego Borjas, explicó a MU que la investigación no se limita a los directivos del Agote. Los funcionarios de la SENNAF y la DINAI (Dirección de Niñez y Adolescencia) eran los encargados de la compra de colchones y la supervisión de los mismos. El Agote había sido protagonista de sucesivas quemas de colchones en 2014: una en marzo, una en octubre, dos en noviembre (una, la que se cobró la vida de Borjas) y tres en diciembre. La DINAI y la SENNAF habían sido informadas de estos hechos y su recurrencia. Además, se habían iniciado actuaciones judiciales contra los jóvenes por estos incendios. Resultaba evidente que los colchones no eran ignífugos, que el producto retardante estaba vencido y que los adolescentes tenían a su alcance elementos capaces de encenderlos. Rovatti entiende que estas imprudencias fueron comprobadas y que “el efecto retardante no ha sucedido en ninguno de los dos casos (Borjas y Simone) ni en otros casos de incendios con menores, que milagrosamente no se cobraron más vidas”.

Al cierre de esta edición estaba por confirmarse si serán llamados a indagatoria los tres funcionarios que entonces ejercían cargos de alto rango en la SENNAF.

El juez Baños debe decidir además si corresponde citar a Gabriel Lerner, ex secretario nacional y posible candidato a ocupar nuevamente ese puesto en la gestión del actual presidente Alberto Fernández. También a Carlos Fagalde, entonces subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia de la SENNAF y la ex directora Alejandra Aguilar Paladino.

El contexto

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que actúa también como querellante en la causa de Borjas, publicó un informe a partir de la información que brinda la Sección Penal Juvenil de la Policía de la Ciudad sobre sus intervenciones. Esta base de datos de la fuerza porteña reveló que durante el período junio de 2018-junio 2019 se registraron 2.064 detenciones a niños y adolescentes de entre 9 y 17 años.

Un promedio de 159 detenciones por mes y 40 detenciones por semana.
De esos niños, 400 fueron apresados solo en la Comuna 1, que agrupa a los barrios con más turismo en la ciudad. “En su gran mayoría, se trata de detenciones ante delitos contra la propiedad o vinculados con la ley de estupefacientes, y casi en la mitad de los casos, en grado de tentativa”, informó la PPN.

Según la Procuración Penitenciara hasta el 20 de noviembre de 2019 hubo un total de 56 niños y adolescentes privados de la libertad alojados en los Centros de Régimen Cerrado: 13 en el Belgrano, 29 en el San Martín y 14 en el Agote. El Centro de Admisión y Derivación Inchausti no posee las condiciones edilicias necesarias para resguardar a los niños y es considerado de tránsito. Sin embargo, hay casos de niños y adolescentes que permanecieron ahí durante meses detenidos, sin traslado ni acceso a la educación.

Códigos de silencio

La Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación en su último informe de 2018 marcó que “los edificios donde se asientan los centros son muy antiguos y no se condicen con los estándares de derechos exigidos”. También que “continúa pendiente, y es de reclamo continuo por parte de la Comisión, la refrenda de las normativas de la SENNAF o, en su defecto, la aprobación de nuevas, en especial en lo que hace al marco normativo de los Centros Cerrados” respecto de las requisas, las funciones de los operadores y la organización interna de la seguridad.

La Comisión advirtió una disminución de las denuncias en instituciones penales, “que no necesariamente indica una reducción de los niveles de violencia, sino que podría denotar menores niveles de visibilización institucional de esas situaciones”.

De las entrevistas a los jóvenes detenidos surgió que “en la mayor parte de los casos, los adolescentes se negaron a formular denuncias por temor a posibles represalias y por los códigos de silencio que rigen en las instituciones de encierro”.

“El personal de seguridad tiene más poder que el profesional. Muchas veces eso dificulta el trabajo porque pareciera que quienes definen las estrategias de los pibes dentro de las instituciones terminan siendo más los encargados de seguridad que los operadores y equipos técnicos”, explica Romina Piccirillo, delegada general de ATE Consejo y trabajadora de la Defensoría de Zabaleta.

Además, Piccirillo destaca como alarmante que la gestión Penal Juvenil haya empezado a contratar personal de seguridad profesional para las direcciones de los institutos. Y agrega que tales funcionarios están muy vinculados a la gestión oficial del gobierno porteño, por lo que se quiebra el sesgo de autonomía que la ley impone para la regulación de los centros.
En 2014 murió Diego en el Agote, en 2015 Lucas Simone en el Roca. En 2016 las cárceles para niños pasaron a depender de Ciudad.

En este 2019 la Legislatura Porteña aprobó la venta de los centros. Justo el año en que avanzó la causa penal que intenta investigar a los funcionarios de la SENNAF, y que podría tener repercusiones sobre las condiciones de alojamiento. Además del negocio inmobiliario redondo que proyecta el gobierno porteño con la venta de los actuales centros, quedan las preguntas sobre cómo el Estado va a relacionarse con estos casos para no cobijar los infiernos y la impunidad.

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Publicada

hace 7 días

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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CABA

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Publicada

hace 1 semana

06/08/2025

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Actualidad

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

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hace 1 semana

05/08/2025

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.