#NiUnaMás
Femicidios y Estado: Las respuestas que faltan
Tres preguntas surgidas de experiencias con familiares de víctimas, respondidas por funcionarias y referentes, desde la Ministra de Justicia de la Nación hasta el Ministerio de Mujeres y de Seguridad. La diferencia entre las respuestas devela la preocupación por el tema, pero también la falta de una política unificada. Por Anabella Arrascaeta y Lucrecia Raimondi.
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¿Se podría municipalizar la atención de la línea 144 o crearse nuevas líneas municipales específicas para dar respuesta a una mujer que está en emergencia por violencia?
Marcela Losardo, ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El Ministerio de Justicia cuenta con una importante herramienta para desarrollar esta tarea. Desde la línea 137 se atiende a víctimas de violencia sexual y familiar, de explotación sexual y comercial infantil, de grooming y de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Esta línea, que funciona desde el año 2006, es atendida por un equipo interdisciplinario formado por profesionales de la psicología, la abogacía y el trabajo social, profesionales comprometidas y con una extensa experiencia. La línea 137 tiene alcance nacional y atiende las 24 horas durante todo el año. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con Equipos Móviles que, ante situaciones de urgencia, se desplazan junto a personal policial hasta el lugar en que la víctima se encuentre en riesgo inminente. En estos casos el equipo de profesionales la asiste a los fines de radicar la denuncia, y ante una violación o de presentarse lesiones, la acompaña al servicio público de salud para que reciba la atención y la medicación necesarias de manera gratuita. Además, si se evaluara necesaria una intervención más allá de la urgencia, el caso se deriva a área de seguimiento. Tal como funcionan en el ámbito de CABA, los Equipos Móviles se han replicado con recursos locales en las ciudades de Resistencia (Chaco), y Posadas, Oberá y Eldorado (Misiones). Cuando llegan llamadas desde otras localidades del país, el equipo de profesionales articula su escucha con los recursos locales cercanos destinados a la asistencia y la protección de las víctimas. Uno de los objetivos de esta gestión es la progresiva federalización de la intervención de la Línea 137.
Norma Durango, Senadora por la Pampa, Presidenta de la Comisión Banca de la Mujer.
No sé si municipalizar la 144, tal vez sumar nuevas líneas locales, que sobre todos en los lugares más chicos ayuden con más rapidez en poblaciones más pequeñas, como por ejemplo las de La Pampa, donde el teléfono de la municipalidad, de la policía, de la oficina de la mujer suele ser siempre muy directo en la celeridad de la ayuda y la gente, no sé si la víctima, pero sí quienes la acompañan para ayudarla, saben que existen esas vías y cómo pedir auxilio.
Raquel Asensio, secretaria de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación.
La importancia de esta línea es que un número único es muy fácil de incorporar, de conocer, y que se tiene información unificada entonces es un aporte muy valioso el que se puede dar desde la línea 144. Esta misma línea tiene operadores locales y esto no quita que efectivamente hay otros servicios que están municipalizados. La mayor cercanía siempre te da mayor posibilidad de conocimiento de lo que se puede hacer y de los recursos disponibles. Quizás con la vorágine de lo que va pasando día a día con los cambios que se van haciendo y estos nuevos recursos que se van abriendo sería importante mantener actualizados esos recursos de la línea 144, que no sean recursos paralelos sino que puedan confluir todos en ampliar y mejorar la información que se le pueda dar a cada mujer que llama desde cualquier punto del país. A veces se abren recursos tan rápido en la urgencia que sería importante que todo este tipo de nuevas líneas y nuevos servicios sean informadas a la 144 para que no dependa de la mujer que conoció un teléfono o el otro sino que cualquiera pueda contar con la mayor cantidad de información posible. En esto la cercanía te da mejor oportunidad de saber qué funciona, qué no, qué respuesta brinda cada una. Sería importante que eso sea información a la que tengan acceso actualizado en la 144.
Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra las violencias por motivos de género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación.
La Línea 144 ofrece orientación, contención, articulación y seguimiento de casos y consultas ante situaciones de violencia por motivos de género. Es importante destacar que ante una situación de urgencia y riesgo inminente el canal de comunicación es el 911. La Línea 144 es un dispositivo federal y coordina acciones en conjunto con las áreas de género y diversidad de los gobiernos municipales y provinciales, con los diferentes poderes judiciales provinciales y con organizaciones de la sociedad civil a fin de articular recursos y herramientas que garanticen el abordaje integral de las violencias en el marco de la emergencia sanitaria. Por su parte varias provincias y municipios sumaron sus propias líneas locales de asistencia y contención que se complementan y no excluyen el alcance de la Línea 144.
Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las Violencias de género del ministerio de las Mujeres bonaerense
Hay municipios que tienen servicios propios: a los servicios de llamadas que tienen otra característica le suman el de violencia de género y están instalados en la comunidad. Es parte de las autonomías municipales, hay lugares donde el 144 y 911 llegan bien y otros distritos que por cuestiones de distancia prefieren tener sus propios servicios, y funciona. Tiene que haber complementariedad.
Sabrina Calandrón, Subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad de Nación
La línea 144 depende del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, a cargo de la ministra Gómez Alcorta. Sé que están haciendo un trabajo para fortalecer el acceso a sistemas de denuncia y consultas, es un ministerio nuevo que tiene grandes desafíos por delante.

¿Es posible abrir tribunales de género de emergencia para atender en contexto de aislamiento las denuncias por violencia? ¿Podrían crearse tribunales que en particular resuelvan casos de femicidios?
Marcela Losardo
Lo importante es sensibilizar y capacitar al Poder Judicial, a las Fuerzas de Seguridad, a los efectores de la salud y a todos los actores con responsabilidad en la asistencia y la protección de las víctimas de violencias de género, para que sus intervenciones sean contenedoras, efectivas y no revictimizantes. El Ministerio de Justicia está absolutamente comprometido con esta tarea. Desde el Programa Las Víctimas Contra Las Violencias, del que depende la Línea 137, se brinda capacitación en la temática, con perspectiva de género y derechos humanos, a miembros de las Fuerzas de Seguridad, del Poder Judicial, de organismos públicos y de entidades de la sociedad civil. Los equipos de profesionales del Programa dictan una materia obligatoria de la currícula de las escuelas de la Policía Federal: Introducción al Conocimiento, Abordaje y Prevención de las Violencias.
Norma Durango
La creación de tribunales es una competencia del Poder Legislativo nacional y provincial por lo que es un proceso lento sobre todo en este momento que además requeriría nombramiento de jueces a través del Consejo de la Magistratura, y su aceptación. No es posible desde el Senado ahora, no creo que en este momento sea una medida rápida de tomar. Creo que en este momento lo que tiene que estar trabajando son las fiscalías de género. De hecho en La Pampa a pesar de haber feria las fiscalías están trabajando y recibiendo todas las denuncias. En todo el país sería recomendable que cada juzgado cuente con un fuero específico vinculado a casos de violencia de género.
Raquel Asensio
Nosotros lo impulsamos. No tenemos un proyecto de ley ni una cosa modelo pero sí creemos que las respuestas actuales que en algunas partes van al fuero de familia, en otras al fuero penal, y en la Ciudad de Buenos Aires además tienen la jurisdicción propia (y si tenes un problema habitacional tenes que ir a otro lado a pedir un subsidio de vivienda). Es toda una fragmentación de un conflicto que es único que se lo traducimos a la mujer en varias causas judiciales civiles o penales a donde intervienen múltiples actores, con distintos abogados y fiscales y defensores de menores y oficinas de atención a víctimas y juzgados. Esto hace no solamente una práctica de revictimización a la mujer que tiene que ir recorriendo de manera fragmentada todas estas oficinas, sino también una pérdida de vista de la dimensión total que adquiere la violencia de género en estos casos. Y creemos que básicamente este diseño judicial está hecho para las necesidades masculinas. Cuando se pensó cómo es la organización judicial y la distribución de distintos fueros no estaban pensando en las necesidades de las mujeres. Entonces se están tratando de aggiornar los mecanismos para llevar adelante situaciones de violencia de género que antes se accedía de forma muy marginal a la justicia y que cada vez se denuncian más, se trata de adecuar a un mecanismo que no fue pensado para esto. Y pensamos que los juzgados de violencia pueden recoger mejor cuáles son esas necesidades y esas violencias de las mujeres. Después están las discusiones que son la letra chica sobre las que no tenemos una posición tomada ni unificada, sabiendo que la justicia actual no ha sabido responder a las necesidades de las mujeres.
Josefina Kelly Neila
La creación de tribunales requiere de una reforma legal que debe debatir y aprobar el Poder Legislativo de la Nación. En el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se intensificaron las vías de articulación y coordinación con los organismos y autoridades del Poder Judicial de la Nación y los poderes judiciales provinciales para garantizar el acceso a la justicia de las personas que están en situación de violencia por motivos de género. En particular, se solicitó la prórroga automática de las medidas de protección judiciales que vencían durante la cuarenta. Si una persona se encuentra con la situación de que en alguna comisaría o fiscalía no le quieren tomar la denuncia o no sabe dónde recurrir, puede comunicarse con Línea 144 y se le brindarán los datos actualizados sobre los lugares disponibles para que pueda hacerlo. Además, se convocó especialmente a una reunión con la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y equipo, a representantes de la Oficina de la Mujer y Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación y representantes del Ministerio Público de la Defensa para evaluar entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial la situación del acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencias por motivos de género en el contexto de la emergencia sanitaria. Se acordó promover medidas para ampliar las bocas de recepción de denuncias, coordinar con los equipos la toma de denuncia en los hogares, comunicar las medidas en el marco de la emergencia a procuradores y fiscales federales, entre otros temas relevantes.
Flavia Delmas
Es algo que se está discutiendo. En realidad lo que tendría que haber en este momento, y en eso estamos trabajando, es un rapidísimo acceso a la justicia que es lo que no está aconteciendo. Lo que vemos ahora es que las mujeres no están accediendo a los diferentes espacios para hacer denuncias, que las vías no están siendo efectivas y lo que se está haciendo es crear canales para que sean efectivas. Lo que necesitamos es resolución rápida de medidas.
Sabrina Calandrón
Estos temas son competencia de otras reparticiones y funciones del Estado. Establecer cambios en la estructura del Poder Judicial requiere un profundo análisis y la evaluación de varios factores. Esta no es responsabilidad del Ministerio de Seguridad que, por supuesto, actúa colaborando y atendiendo las disposiciones e investigaciones judiciales cada vez que se lo requiere.

¿De cuánto debería ser el presupuesto por mujer para aplicar la ley 26.485 de Protección integral de las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia?
Marcela Losardo
La ministra no respondió la pregunta por considerar que estaba fuera de su competencia.
Norma Durango
El presupuesto debe ser tan grande como sea posible para lo que se necesita. Ese es el horizonte deseado. Tanto el presupuesto nacional como los provinciales deben tener perspectiva de género y cuando digo eso, digo que todos los ministerios deben tener esta mirada para actuar no solamente en estos casos sino en todos, dándole importancia a todo lo inherente a las mujeres, desde el salario igualitario, las ayudas y la asistencia, hasta las situaciones de violencia. Por último, recordar que son premisas básicas en violencia de género, la necesidad que haya una articulación entre Seguridad- Justicia- Educación – Trabajo, un abordaje integral del tema, que trabaje sobre la prevención.
Raquel Asensio
La funcionaria no respondió la pregunta por considerar que estaba fuera de su competencia.
Josefina Kelly Neila
Pensar en la inversión del Estado en términos de un valor exacto por mujer no es un ejercicio que consideremos útil ni necesario, porque generalmente cuando se hace ese cálculo, se divide el presupuesto asignado al mecanismo para el adelanto de los derechos de las mujeres por la totalidad de las mujeres del país y esto implica desconocer que las políticas de género son transversales a todas las áreas del Estado. Lo que invierte el Estado en materia de género y derechos de las mujeres y personas LGBTI+ es mucho más que el presupuesto que asigna a un ministerio específico. De hecho, las políticas educativas, laborales, culturales e incluso ambientales tienen impacto en materia de género. Si solo se considera el presupuesto destinado a políticas contra las violencias de un organismo, se evalúa una fotografía recortada e incompleta. Trabajar en políticas sanitarias, laborales, educativas y económicas, entre otras, impacta directamente en la reducción de las violencias porque atacan su matriz cultural, que es la desigualdad. Es decir, para poder pensar en un número exacto por mujer, lo que habría que analizar es toda la inversión que todos los organismos hacen en incorporar perspectiva de género a las decisiones que toman y a los programas que implementan. Por otro lado, y a sabiendas de la situación presupuestaria, fiscal y en términos de deuda pública en la que la actual gestión de gobierno asumió, que incluso no le permitió aprobar aún el presupuesto 2020, no resulta posible hacer ese análisis de manera responsable.
Flavia Delmas
No se puede tomar el presupuesto para la protección integral por mujer porque lo fraccionás de una manera que no es real y tenés que pensarlo de manera real porque para hacer políticas contra la violencia necesitás que haya políticas para el empleo, políticas de vivienda, políticas para la autonomía, políticas de educación, políticas de prevención. Hay que pensar en un presupuesto transversalizado por el género, eso es fundamental, y pensar, lo que veníamos haciendo hasta que llegó el coronavirus, que la planificación en el área de políticas contra las violencias es una planificación integral que va desde la prevención, la asistencia, la atención y la salida de la violencia, en eso están los ministerios específicos y todas las demás áreas del gobierno, por eso es tan importante el tema de la transversalización: el presupuesto creo que hay que verlo de ese lugar.
Sabrina Calandrón
El presupuesto debe ser uno acorde a la necesidad de tratamiento integral de la violencia por razones de género y que permita dar respuestas concretas a las personas que se encuentran en esa situación. En la actualidad contamos, como nunca antes, con una estructura ministerial dispuesta para la ejecución de esta ley, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. La inversión presupuestaria es visible y eso habla de la importancia que tiene para el Presidente este tema. Además, otros ministerios y entidades estatales también tienen responsabilidades en la ejecución de esa ley, con lo cual también hay allí una apuesta presupuestaria importante para encontrar soluciones.

#NiUnaMás
Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez
Femicidios y transfemicidios: 271
Tentativas de femicidios 243
Infancias huérfanas por femicidios 153
Femicidas suicidados 31
Marchas para exigir justicia 223
Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.
Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.
¿Por qué?
Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.
¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?
Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.
Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.
Veamos cómo.
En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:
Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.
En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.
Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.
El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.


En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.
Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.
Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.
Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.
Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.
Año 2025
Femicidios por mes
Enero 31
Febrero 27
Marzo 27
Julio 27
Octubre 25
Junio 19
Abril 18
Agosto 18
Noviembre 18
Septiembre 16
Mayo 14
Diciembre 31
Funcionarios denunciados por violencia de género
Poder Ejecutivo 22
Poder Judicial 16
Fuerzas de Seguridad 12
Poder Legislativo 7
Iglesia Católica 4
TOTAL 61
Violaciones
| PROVINCIA | 2024 | 2023 | % de aumento | |
| CABA | 498 | 309 | 38% | |
| SAN LUIS | 61 | 52 | 18% | |
| CÓRDOBA | 261 | 229 | 12% | |
| CORRIENTES | 111 | 101 | 10% | |
| CHUBUT | 214 | 201 | 6% | |
| BUENOS AIRES | 2.307 | 2.242 | 3% |
Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación
Femicidios territoriales
2025-2022
Santa Fe 104
Buenos Aires 35
Córdoba 4
Otras 10 provincias 11
TOTAL 154
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Lucía Pérez: la trama de la injusticia

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.
Por Claudia Acuña
Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.
El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:
- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.
- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.
- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.
- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.
En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”
Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.
El doctor Gallego replicó:
“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.
El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.
En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.
#NiUnaMás
Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.
Por María del Carmen Varela
Foto: Lina Etchesuri

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