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¿Nunca más? 100 días sin Facundo

Publicada

hace 5 años

08/08/2020

La desaparición de Facundo Astudillo Castro profundiza la vieja herida de la democracia argentina: cómo -no- se investiga una causa caratulada como “desaparición forzada”. La lupa sobre la Bonaerense. La desinformación como sistema. El Poder Judicial encubridor. El rol del Estado, y el del gobierno. La memoria de las familias de Luciano Arruga, Daniel Solano y Santiago Maldonado como caminos para construir otras respuestas. Por Lucas Pedulla.

¿Nunca más? 100 días sin Facundo — Ilustración: Sebastián Smok

Al cierre de esta edición hay una noticia que sigue siendo la misma, cada día, cada hora, desde el 30 de abril: Facundo Astudillo Castro, joven de 22 años, oriundo de la localidad bonaerense de Pedro Luro, apasionado de la batucada e hincha de Boca, está desaparecido.

Su mamá, Cristina Castro, pidió la intervención directa a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic: “Estoy cansada de luchar contra un sistema corrupto”.

La ONU le exigió al Estado argentino “inmediatez y exhaustividad” en la investigación, mientras se mantienen las medidas de prueba, rastrillajes, declaraciones testimoniales, contradicciones policiales y una sospecha sobre el accionar de la Policía Bonaerense, y la causa que tramita en el Juzgado Federal Nº2 de Bahía Blanca continúa orientada a establecer o corroborar la hipótesis delictual: desaparición forzada de persona.

Una más este año, luego de Luis Espinoza en Tucumán.

Una más en democracia.

Una más en el país de los 30.000.

Cómo se distorsiona

«Hoy tenemos que gritar que Facundo está desaparecido, que su mamá lo último que supo es que a las 10 de la mañana le labraron una infracción en Mayor Buratovich (localidad a 30 km de Pedro Luro, también en el partido de Villarino) por salir sin permiso para circular, y que hay tres testigos que declararon que lo vieron subirse a una camioneta de la Bonaerene a las 15:30”, dice a MU el abogado Leandro Aparicio que, junto a Luciano Paretto, compone la querella de la familia. “La única forma que nos puedan cambiar esto es que aparezca Facundo con vida. Pero, hasta el momento, lo que tenemos es que la policía ha dejado huellas de encubrimiento por todos lados”.

Una telaraña de testigos, filtraciones a la prensa local y contradicciones policiales anudan para la familia esas huellas que, no de forma casual, se repiten en cada caso de desaparición forzada y que evaden la pregunta central de qué pasó con Facundo, mientras hay patrones que se repiten en tres dimensiones complementarias:

Las fuerzas estatales. El abogado Aparicio enumera: “En los primeros días de junio, un amigo va a denunciar que Facundo no aparece: le dicen que tiene que ir con la madre. Va una segunda vez y le toman la declaración en un papel de rotisería: le dicen que tenga paciencia que ya va a aparecer. Luego, a partir del 15 de junio empiezan a entrar sin orden de allanamiento en distintas casas de hermanos de la exnovia, a otro hermano lo llevan a Mayor Buratovich, lo hacen esperar en la comisaría, lo meten en una habitación con cuatro policías, lo amenazan y después de que declara, lo siguen vigilando. Luego, el 19 de junio se hace el rastrillaje. Querían ir a la comisaría de Mayor Buratovich. A la mamá la frena el comisario, le dice que no tiene nada que hacer allí. Había cinco patrulleros bloqueando el ingreso. Allí aparece otra policía, que era una de las hermanastras de una de las oficiales que lo había parado a las 10 de la mañana, y dice que lo llevó a Facundo hasta Teniente Origone, donde surge otro policía y otra declaración contradictoria: afirmó que Facundo se subió a una camioneta en dirección a Bahía Blanca luego de una infracción. Días más tarde, declaró que se había ido caminando. Al día siguiente, un policía declara que lo vio a Facundo en Cerri, un pueblo al lado de Bahía. Es la primera denuncia que lo ubica ahí. Pero no declara como policía, sino como empleado de un comercio. El fiscal de la Procuvin le cortó la declaración porque estaba incurriendo en falso testimonio”.
La Justicia. Durante la primera parte de la búsqueda, la investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Médanos-Villarino, en manos del fiscal Dimás García, en una causa por “averiguación de paradero”. García rechazó asistencia de la propia provincia alegando que Facundo sólo estaba perdido y se valió de la propia Bonaerense, la principal sospechada. La causa pasó luego al Juzgado Federal Nº2 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, y de la Fiscalía Federal Nº1, en manos de Santiago Ulpiano Martínez, funcionario que llegó a la justicia gracias a un pliego que habilitó Mauricio Macri como Presidente, a pesar de las objeciones de los organismos de derechos humanos que lo señalaron como uno de los principales obstáculos en los avances de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en Bahía Blanca. La familia lo recusó por temor de parcialidad: lo acusa de no haberla recibido, de dilatar medidas de prueba, dar crédito a las versiones que desviaban la atención, y de “filtrar información distorsionada” a los medios locales, entre ellas, la de la persona que el 15 de julio declaró que había llevado a Facundo cerca de Bahía Blanca. Aparicio señala que esa testigo fue aportada por los mismos policías que le labraron la infracción durante la mañana del 30 de abril: “En ningún momento dice que fue Facundo y brinda una serie de datos que no coinciden con él”.
Los medios. La familia sostiene que La Nueva Provincia y La Brújula son las empresas de Bahía que terminan completando el eslabón, y “los principales difusores de las noticias falsas” del caso. Aparicio: “Con la declaración de la flamante testigo, no había ningun dato de que sea Facundo. Pero el día anterior, un editor de La Brújula tuitea que iba a ir a declarar una persona, y que habría novedades. Luego, publican una nota poniendo que hubo un ‘vuelco fundamental en la causa’, con toda una serie de datos falsos. ¿Cómo se filtra una testigo de identidad reservada?”.

No es la primera vez que Aparicio está frente a una causa por desaparición forzada. Fue uno de los abogados que acompañó a Gualberto Solano en la búsqueda para saber qué pasó con su hijo, Daniel, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel (Río Negro) el 5 de noviembre de 2011, tras reclamar por su sueldo como trabajador rural a la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. El 1° de agosto de 2018, después de 7 años, la Justicia condenó a siete policías por ser coautores de “homicidio calificado agravado por alevosía”, fallo que aún espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante un recurso de queja por parte de la defensa de los efectivos. Aparicio: “Están condenados por doble sentencia, pero llevan arma, cobran sueldo y siguen trabajando de policías a la espera del fallo”. El cuerpo de Daniel sigue desaparecido, y Gualberto -luego de años de huelgas de hambre, acampes y encadenarse reiteradas veces al juzgado- murió sin haber llegado siquiera a la sentencia.

Cambian geografías y nombres, pero los mecanismos se repiten. “Con Solano nos decían que estaba en Conesa, en Neuquén, en Bolivia, de la misma manera en que ahora nos dicen que Facundo está en Viedma, en Bahía Blanca o en González Chávez. Lo único que te da son ciertos reflejos para prever lo que va a venir. El fiscal quería poner una recompensa para ayudar a la búsqueda. Le dijimos que si hacía eso ibamos a tener 5000 testigos, una hora cada uno, desviando la investigación. Dijimos basta”.

¿Qué evaluación hace?

Esto no lo solucionás con ningún parche. No es solo la policía: es un sistema judicial corrompido hasta la médula. Entiendo que el cambio se va a dar con la movilización. Y si se da, tiene que salir de abajo y en contextos de crisis, porque esto no da para más.

El estado es el problema

Los pedidos de Cristina y la explicación del abogado Aparicio sobre el encubrimiento, en medio de la falta de certezas de lo que pasó con Facundo, apuntan a echar luz sobre esa oscura matriz que no solo se revela ante cada caso de desaparición forzada, sino que además edifica el nudo central donde los tres eslabones se combinan para que estos casos se repitan sistemáticamente: la construcción de impunidad.

A la situación del caso Solano, otros dos ejemplos:

11 años después de la desaparición y muerte de Luciano Arruga, su familia sigue exigiendo que, sin tener novedades en la causa principal (“todo lo que no se hizo es prueba de lo significa una desaparición forzada”, dicen), se avance en el pedido de jury al juez Gustavo Banco y a las fiscales Celia Cejas y Roxana Castelli, cómplices del encubrimiento judicial. Pero ni la comisión bicameral de la Legislatura bonaerense ni la Procuración provincial acusaron, por lo que la familia quedó sola teniendo que afrontar una caución de 260 mil pesos para continuar con el proceso. Tuvieron que hacer un escrito apelando.
3 años después de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la Sala IV de Casación Penal resolvió no hacer lugar a la recusación del juez Gustavo Lleral, cuando fue el propio magistrado el que decidió cerrar la causa aconsejando por escrito “el cese” de su intervención en el expediente.

Sergio Maldonado dice a MU: “La lucha en las calles, la difusión, todo va generando otra conciencia, pero también me doy cuenta que con eso solo no alcanza. Más allá de que la matriz del Estado de desaparecer, encubrir y matar siempre es la misma, va cambiando: aparece un remedio pero la enfermedad se agrava. Podés presentar leyes, hacer marchas, decir ‘No al gatillo fácil’, ‘Con vida lo llevaron, con vida lo queremos’, todas consignas, pero si no hay una reforma judicial enserio, y empezás a entender que fiscales y jueces son parte del problema porque te encierran en el famoso ocho, donde vas y venís, te dan vuelta y te desgastan, solo son palabras. El único que tiene la facultad de desaparecer, encubrir y mentir es el Estado. Entonces el Estado no puede ser el solucionador, porque va en contra de su forma de ser Estado: sos parte del problema”.

En el caso de Luciano Arruga seis años después de haber encontrado el cuerpo de su hermano, desaparecido el 31 de enero 2009 (había sido visto por última vez también en contacto con la Bonaerense), Vanesa Orieta se pregunta si es correcto hacer recortes temporales en relación a los gobiernos constitucionales. “El rol que han tenido las familias y la organización ha sido apuntar que las desapariciones forzadas, los casos de gatillo fácil y las torturas las enmarcamos en medio de una lógica represiva que se viene dando en todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia. Y para que esta impunidad exista hace falta la participación de un poder nefasto como el judicial, pero también la decisión política de que estas causas se mantengan en ese proceso”.

En ese camino, Vanesa destaca la lucha de las familias. “Hay momentos en que las palabras encuentran un vacío cuando las repetís sistemáticamente y no hay una respuesta contundente frente a eso. Entonces las lucha de las familias es admirable, y ojalá algún día la sociedad entienda el enorme sacrificio, sobre todo de esas mujeres madres, que les arrebataron a sus hijos. La lucha de esas mujeres logró visibilizar la problemática. Es una solidaridad tremenda, porque esos cuerpos hoy están cansados, con dolores, porque entendieron que no pueden avanzar con sus casos y la lucha es colectiva. Yo ya no pienso que vaya a obtener justicia por la causa de mi hermano ni que logremos condena a los responsables materiales, económicos y judiciales, pero sí me entregué a la idea de organizarnos para que haya algún caso que siente precedente para todos”.

Gatillo e ideología fácil

Por historia y memoria, pero además por condenas internacionales por desapariciones en democracia, el Estado argentino está obligado a tener una formación estructural respecto a desaparición forzada: no sólo es un compromiso luego de la aprobación de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Persona en 1995, sino que es una exigencia de la condena de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la desaparición de Iván Torres, en Chubut, en 2003. En 2020, y con la búsqueda de Facundo, el incumplimiento queda a la vista.

Sergio: “El Estado no está capacitado porque no sabe buscar ni investigar. Y sobre organismos, no hay nada por encima de Madres, Abuelas e Hijxs: el resto puede estar y apoyar, pero no entienden la lógica del derecho a saber la verdad. Me remito a las pruebas: ninguna de las cuatro querellas en la causa de Santiago fueron capaces de recusar a Lleral, un juez que dijo que Santiago se había ahogado solo, y tampoco ninguna acompañó el pedido de sostener la investigación de desaparición forzada. Es decir, ¿qué hace la familia que no se pone al frente? Acá encima las distancias son enormes: la fiscalía en Esquel, el juez en Rawson, la Cámara en Comodoro Rivadavia, y en Capital Federal están Comodoro Py y la Corte Suprema. Si yo no estuviera, la causa se habría caído o estarían investigando cualquier cosa, y tendríamos resultados como juzgar algún policía de alguna fuerza, diciendo que fue homicidio, pero sin cuerpo. Ese derecho a la verdad es desde donde yo me paro. Y es el valor que tenemos las familias”.

¿Es posible que ese valor se transforme en mecanismos que puedan romper la matriz? Sergio plantea algo concreto: “Los únicos que pueden entender esto son los propios familiares: no sabés cuál es la solución, pero sí conocés una gran parte del problema. La secretaría de Derechos Humanos tendría que tener un observatorio o una mesa en el que me gustaría que estuvieran distintas familias de distintas épocas. Que sea algo amplio, y se proponga avanzar y fortalecer los derechos humanos, sin ideologías partidarias”.

Vanesa: “Nosotros tuvimos que plantear que podíamos sufrir una desaparición forzada en democracia igual que cualquier otra persona en un contexto mucho más complejo y horroroso. Si depositara una cuota de confianza en el Poder Judicial y político, entiendo que es un trabajo muy serio e interdisciplinario donde se tiene que pensar que hay un gran porcentaje de seres humanos que viven arrasados por situaciones de empobrecimiento y vulneración, muchos sin voz, que no tienen el mismo apoyo, y no queremos que la vida humana se valorice por su condición de clase. Lo que las familias intentamos es concientizar y que sea la sociedad la que genere cierto temblor en las estructuras institucionales. Creemos que algo fue pasando. Que el presidente Alberto Fernández mencione en su discurso al gatillo fácil es por la lucha de esas familias. No basta, pero entiendo que cada día más van quedando un poco más acorralados”.

Berni, Axel y el mareo

Cristina Castro atiende a MU un día después de la audiencia de recusación del fiscal Martínez. “Siento mucha impotencia de ver cómo desde Bahía y Villarino se han fraguado cosas, intentando tapar todo. Duele mucho ver cómo la Bonaerense sigue aportando testigos falsos y el fiscal los avala. Por eso hablo de sistema corrupto: desde el primer día que no me dejaron entrar en Buratovich, el subcomisario desplazado que nos amenazó y el hecho de mirarles a la cara y saber cómo mienten los testigos falsos”.

También dijo que no quería que la llamaran más. “Me refiero a los funcionarios que dicen: ‘Lo siento’. No quiero que nadie lo sienta. Quiero que trabajen, actúen y hagan las cosas. No quiero que Sergio Berni venga y me diga que lo siente. No quiero que Axel venga y me diga que lo siente. Quiero que tomen cartas en el asunto porque es su policía la que está acusada de desaparecer a mi hijo. Berni de acá se fue sabiendo todo lo que se hizo, no soy tonta. Que lo esté cubriendo es otra cosa. O le mintieron demasiado bien o no quiere ver la realidad”.

Cristina sabe que todas las contradicciones y la falta de respuestas apuntan a otro factor que se repite en estos casos: marear a las familias. “No lo van a hacer. Sigo firme. Sé que mi hijo no salió de Buratovich. Yo sé que ahí le hicieron algo malo. No me van a convencer de otra cosa. Y lo voy a seguir gritando hasta que digan la verdad”.

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Publicada

hace 4 días

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Publicada

hace 5 días

06/08/2025

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Actualidad

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Publicada

hace 5 días

05/08/2025

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.