CABA

El proceso

Publicada

hace 16 años

28/09/2009

José Iglesias es abogado del mayor grupo de querellantes en la Causa Cromañón. Y es el padre de Pedro, una de las víctimas. ¿Dónde está la violencia en esta causa? Iglesias propone una radiografía para entender cómo funciona la impunidad.

El proceso Ni la bengala
Ni el rocanrol
A nuestros pibes los mató
La corrupción

Así cantan los familiares de víctimas de Cromañón, los sobrevivientes y hasta seguidores de Callejeros; aun con las evidentes diferencias que salieron a la luz entre ellos el día mismo del fallo (no es lo mismo tener un familiar muerto que ser fan de un grupo). Las cartas se barajan entre culpables e inocentes; víctimas y victimarios. Y aquí es donde las opiniones chocan.
El factor común: la corrupción.
La objeción: hasta dónde llega ese entramado.
Si uno siguió el fallo por tv y es susceptible a sus mensajes, es probable que imagine a los familiares de Cromañón como un puñado de gente violenta, en el mejor de los casos enceguecida por el dolor. En Tribunales en cambio, ese 19 de agosto, se vio mejor cómo fueron los incidentes, quiénes eligieron mantenerse al margen y quiénes se armaban un festín con cámaras y micrófonos.
El filósofo esloveno Slavoj Zizek apuntaría la lupa hacia otro lugar; en su reciente libro Sobre la violencia, describe la violencia sistémica como “las consecuencias a menudo catastróficas del funcionamiento homogéneo de nuestros sistemas económico y político”. Y sigue: “La violencia subjetiva es simplemente la parte más visible de un triunvirato que incluye también otros tipos objetivos de violencia”. Es decir: la violencia visible –destructiva, verbal, o cualquier otra– es producto de una violencia que queda oculta por aquella evidente. La violencia del sistema provoca, a la vez que nos ciega.
Hace casi 5 años que José Iglesias soporta esa violencia. Nadie le intentó pegar, y pocas veces lo insultaron directamente. Pero Iglesias, y miles de familiares y amigos de los 194 chicos muertos en Cromañón han pasado primero, por la violencia de aquel 30 de diciembre de 2004, luego por la represión a las marchas en las que sólo pedían justicia. Fueron ignorados por los medios, criminalizados, se les construyó esa imagen de “violentos”, basándose en dos o tres papás que solían ser incentivados mediáticamente al exabrupto. Y la enumeración apenas comienza. La indiferencia, la injusticia, la corrupción y el etiquetamiento tal vez sean especies sutiles de violencia, pero también de las que más duelen.
José Iglesias es el padre de Pedro, uno de los chicos que según los testimonios falleció tras sucesivas entradas a Cromañón para ayudar a sacar más gente. José además es uno de los principales abogados de la causa, forma parte del grupo Que no se repita, y de la articulación de familiares y sobrevivientes, el movimiento Cromañón. Su situación puede describirse así: entiende todo. Y todo, es ese trayecto que va desde comprender lo que ocurrió, hasta observar cómo ha funcionado la máquina política, policial y legal para mantener –en lo esencial- la impunidad. El mismo sistema que llevó a la catástrofe, sigue en pie, vivito y coimeando.

La máquina de hacer perejiles
Iglesias se ha mudado hace poco. En su casa-estudio de la zona de Parque Centenario, en Buenos Aires, parece que hay más cajas de expedientes que muebles. A lo largo de la charla va rearmando los fragmentos sobre lo que se investigó en los últimos años. “Al desmembrar la causa en muchos pequeños juicios, se pierde la visión del conjunto. Cromañón fue un hecho, en el cual confluyen cuestiones políticas y de corrupción que involucran a empresarios, funcionarios, policías, inspectores… si yo separo todo, estoy dispersando también la posibilidad de comprender y juzgar debidamente”.
Esa subdivisión –conviene recordarlo– ha funcionado también en causas por violaciones a los derechos humanos, convirtiendo los crímenes de la esma, por ejemplo, en pequeños juicios que dan la imagen de acción judicial, pero a la vez diluyen y alargan la expectativa de que genuinamente se haga justicia.
Tras ese desmembramiento, los juicios iniciados con relación a Cromañón llegaron a ser seis. “Eso muy poca gente lo supo –explica Iglesias- porque la repercusión mediática era para la Causa Cromañón, la de Chabán, Callejeros y compañía. Nunca logré que se entendieran esos otros juicios, que aparecían como accesorios, aplastados por la información de la causa con gente más famosa”.
¿El resultado? Iglesias considera que esa ignorancia pública sobre las otras causas, facilitó que dos meses antes de la sentencia de la Causa Cromañón, las otras cinco prescribieran: al pasar determinado tiempo (según el delito) sin avances en el proceso, la causa se cierra.
Para el abogado la máquina judicial funcionó del siguiente modo: “Para ocultar esa prescripción, se generó toda la polémica sobre Callejeros. Entonces la gente hablaba de eso y no de que el director de los inspectores al momento de los hechos quedó absuelto; o que las dos únicas funcionarias procesadas tuvieron una condena mínima. Toda la estructura quedó impune, funcionando como antes. Con lo cual, nos entregaron perejiles”.

La defensa
La consigna que dice “a nuestros pibes los mató la corrupción” sigue siendo, para Iglesias la descripción más exacta de lo sucedido en 2004. “Fue una corrupción con muchas patas. Es notable cómo funcionan órganos de poder, nominalmente separados pero relacionados en los hechos. Desde la policía hasta la justicia contravencional, pasando por el Gobierno de la Ciudad” (conducido entonces por Aníbal Ibarra). Los datos reunidos en estos años de investigaciones le permiten plantear: “Estos organismos trabajaban y siguen trabajando conjuntamente. No sólo permitieron que un lugar como Cromañón estuviera abierto desde el 97 –con todas sus fallas-, sino que operaron para que la investigación y el juicio sobre las responsabilidades avanzara hasta un determinado lugar”. Lo dice apoyando la mano sobre la mesa, como si fuese un dique.
¿Hasta qué lugar? “Por ejemplo, desde que Cromañón abrió en 1997, los inspectores de la Ciudad llegaban a hacer su trabajo, pero todo era infracción: desde un plano trucho que simulaba una superficie menor para figurar como local bailable de clase C; hasta la falta de un tanque de agua de 20 mil litros, que tenían que chequear los bomberos. No había certificado de habilitación posible”.
El abogado considera que empezó a funcionar lo que llama “articulación de cajas”, que no se refiere precisamente a los embalajes. “La policía articulaba su caja con estas dos instituciones: los bomberos le daban el certificado para que la Ciudad no hiciera problema con la habilitación, y la policía no denunciaba contravenciones para que el lugar siguiera trabajando y le entrara el dinero pactado con el boliche”. (Otro dato de estos años: se descubrió que por cada 500 personas de más que la policía dejara pasar por encima de lo permitido, la coima era de 100 pesos).
En el juicio el subcomisario Carlos Stortini, subordinado del comisario Carlos Díaz (condenado a 18 años por incendio doloso y cohecho pasivo, lo que implica haber recibido coimas) declaró que una vez le ordenaron inspeccionar el boliche porque estaba cerrado. Traduce Iglesias: “La coima se relacionaba con el ingreso de gente. Si Cromañón estaba cerrado, se cortaban esos ingresos. Había que evitar cualquier clausura, y ése era el papel de la policía en el sistema”.
En el juicio los comisarios fueron defendidos por el Departamento Penal de la Policía Federal. “Algo insólito y sin precedentes –define Iglesias–. Ahí se desnuda que estaban defendiendo institucionalmente la subsistencia de un sistema”.

Lo ilícito y lo trucho
Otra de las causas casi “invisibles” fue por asociación ilícita. “Durante 2005, Fabiana Fiszbin (subsecretaria de Control Comunal del gobierno porteño) iba a ser citada a prestar indagatoria, y yo inicié la causa de asociación ilícita con varios propósitos: para denunciar hechos concretos de la Causa Cromañón, y otros que habían surgido de la Comisión Investigadora de la Legislatura. Al comenzar, esta causa tenía 40 hechos comprobados de corrupción, la mayoría relacionados con locales. El control comunal de la noche estaba dirigido por algunos personajes entre los que se encontraba Fiszbin, pero eso tampoco pudo ser investigado a fondo”. En la Causa Cromañón Fiszbin fue condenada a dos años de prisión (que no debe cumplir) y cuatro años de inhabilitación, por incumplimiento de deberes de funcionario público, pero resultó otra de las condenas ínfimas según los padres y familiares, y que no apuntan al fondo de la cuestión, ni a los responsables mayores. Entre las causas prescriptas también quedó la de la Morgue. “Pero esa tiene que ver con otros aspectos de la cuestión, como el padecimiento de los familiares en ese lugar, además de lo que se hizo con el cuerpo de los chicos”.
Iglesias relata la situación producida durante un careo entre Fabiana Fiszbin y Atilio Alimena, defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires. “Fiszbin habló de certificaciones irregulares a los bomberos. En esa causa se indagó un poco más y se llega a un allanamiento a los tipos que ella menciona y ahí salta todo. Se desnuda una organización perfecta de dos empresas de prevención de incendios que tenían todo el equipamiento, el acuerdo con la plana mayor de bomberos y una patita en el Gobierno de la Ciudad. Ahí nace la causa Bomberos I”. En 2007, por ese caso se condenó al ex responsable del área de Habilitaciones de la Ciudad, Roberto Calderini y al empresario Rubén Fuertes a cuatro años de prisión, además de condenas a otros policías. Nuevamente Iglesias transmite la certeza de que no se llegó a una investigación medular. “Pero las actuaciones continuaron y se abrieron dos causas más: Bomberos 2 y 3, a partir de ciertos hechos entre los que se encontraba la propia habilitación de Cromañón. Se comprobó que era trucha, y empezaron a caer personajes: el jefe de Bomberos de aquel momento, el de la seccional y el que hizo el certificado; caen también los responsables del Gobierno de la Ciudad que aprobaron ese certificado; y los inspectores que no advirtieron nada. La Cámara del Crimen decidió juntar las dos causas, la de Bomberos y la que implicaba al gobierno. Pero todo prescribió dos meses antes de la sentencia, junto a las otras causas que estamos comentando”.

En la Legislatura
La Causa Romagnoli debe su nombre al diputado de Autodeterminación y Libertad (partido de Luis Zamora) Gerardo Romagnoli. “Ahí se investigaron y denunciaron todos los hechos ilícitos en el proceso del enjuiciamiento político de Ibarra. La mayoría se trataba de manipulación de los elementos de prueba para ocultar la realidad: apriete y compra de testigos, robo de documentación, y demás”. Las denuncias alcanzaron a la diputada del mismo partido, Noemí Oliveto, al propio Aníbal Ibarra, a funcionarios del gobierno y a legisladores entre quienes se encontraba Beatriz Baltroc. “Ella era una de las más acérrimas propulsoras de la destitución. Inesperadamente desapareció dos semanas, vuelve y vota a favor de Ibarra. En los días posteriores ella pudo solucionar una cantidad de temas económicos personales. La idea era entender qué había ocurrido. Pero la jueza Gabriela Lenz me impidió ser querellante, el caso nuevamente entró en zona muerta, y terminó emitiendo un comunicado diciendo que no se podía molestar a los legisladores por sus opiniones políticas”. En la página web del grupo Que No se Repita figuran todos lo datos que sustentan las sospechas sobre estas personas, pero en todo caso la cuestión fue otra de las que quedó sin una investigación judicial capaz de revelar claramente que pasó.

Un paseo por Plaza Once
¿Qué cambios generaron la Causa Cromañón y el metódico trabajo de denuncia de los familiares sobre todo lo que esa masacre estaba revelando? Iglesias no se hace ilusiones: “Lo único que pasó en Once, es que se cerró Cromañón. Toda la manzana y todo ese sistema corrupto sigue funcionando; la policía sigue teniendo las mismas cajas y el Gobierno de la Ciudad también hace lo suyo”.
Iglesias propone hacer una especie de tour ilustrativo: “Si uno se para frente a la estación Once, se ven celulares truchos, probablemente robados, que se venden en la vía pública sin autorización”. El abogado no cree que se trate de algo equiparable a la venta de garrapiñadas. “Además, hay denuncias sobre prostitución infantil y venta de drogas dentro de la estación. Salen ómnibus de larga distancia totalmente truchos. Al lado de Cromañón, hay un hotel que funciona como albergue transitorio, cosa que no está permitida. Y de la trata de personas también se han hecho toda clase de fundadas denuncias. La plaza a la vez está llena de policías, y la Comisaría 7° está a dos cuadras del lugar. Todas las cajas siguen funcionando”.
En esta descripción de la máquina de la impunidad, las empresas de medios juegan un rol que no ha sido precisamente “informativo”. Dice Iglesias: “Cada vez que alguno de estos hechos de corrupción aparecía, en seguida se desviaba la atención con algún lío sobre Callejeros, o con cualquier otra cosa que lo terminaba tapando”. Un ejemplo fue la campaña, la semana anterior al enjuiciamiento de Ibarra, con el rumor de que Pedro Iglesias, el hijo de José, había sido el que tiró la bengala. Ahora que se vieron por televisión las cosas de las que son capaces los políticos como Ibarra para “mejorar” su imagen (simulando “fans” que lo saludaban durante una entrevista), se entiende la química con la que se mueve ese mundo. “Otra infamia fue hablar de la supuesta guardería que había en Cromañón”, recuerda Iglesias, al extremo que los familiares armaron una enumeración de “Los mitos de Cromañón” sobre las mentiras que en estos años hicieron circular los medios. “Fueron formas de desplazar la atención de las denuncias reales. En el caso de Clarín la página web Diario sobre Diarios ha hecho una investigación que demuestra cómo funcionó esa estrategia con respecto a Cromañón”.

La sastrería del reino
La percepción de Iglesias –y de los familiares, de acuerdo a lo publicado en el último documento tras la marcha del 30 de agosto– es la de un aparato destinado a garantizar la impunidad. “Empezó con lo que mencionábamos sobre la separación de las causas como lo hicieron. Se dividieron hechos, que no se investigaron a fondo, mientras la estructura corrupta de donde se desprendió el hecho sigue funcionando”. Más allá de cada historia particular de las muchas que hierven en todo este tema, la condena a un manager (como si la banda fuera ajena), a un subcomisario (como si sus jefes fueran ajenos) o a un gerenciador (como si los dueños del local fueran ajenos) abre todas las incertidumbre.
Iglesias: “Creo que el poder judicial actuó como corporación pero en defensa de otros poderes; todo, consecuencia de un mecanismo ideológico, cultural y social previamente planeado. Haberlo visto en funcionamiento de esta manera me ha chocado muchísimo”. José recuerda un viejo cuento infantil, de Hans Christian Andersen: “Después de todos mis años como abogado y en relación con el Poder Judicial, esto fue como ver al rey desnudo”.

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Un crimen prefecto

La mina que contamina y gana

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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hace 1 semana

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

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hace 1 semana

06/08/2025

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Actualidad

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

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hace 1 semana

05/08/2025

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.