Pablo Pimentel, de la APDH de La Matanza. Zonas liberadas, secuestros, desapariciones y torturas forman parte del plan criminal. La diferencia: la policía terceriza el grupo de tareas, ahora a cargo de menores.

Cualquier desprevenido consideraría que la denuncia judicial presentada por Pablo Pimentel es una paradoja. En la literatura infantil, la policía y los delincuentes son gremios distintos y enfrentados, pero el conurbano bonaerense suele ser impermeable a esas ficciones. “Nos presentamos en la Fiscalía número 5 de La Matanza para denunciar la metodología de reclutamiento de adolescentes y jóvenes en bandas para delinquir, por parte de miembros de la Policía Bonaerense”. Pablo Pimentel integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, vive allí, a pocas cuadras del lugar donde Penélope Lauman fue baleada, y ha reunido suficiente experiencia sobre matanzas y violencias como para diseñar un mapa que describe parte de la genética de esos territorios: “Tiene que ver con el rol que presta la policía en la complicidad con esas bandas. Por ejemplo, cuando se hizo la misa por Penélope tuvimos que llamar a la Policía Departamental para que mandaran a alguien a garantizar la seguridad porque en la comisaria ni me atendían”.
Pimentel atribuye la inseguridad barrial “al papel nefasto de las comisarías locales cuando entran en complicidad directa y forman parte de bandas delictivas. Para mí –dice– son mixtas, porque tienen vinculación con algunos jueces y algunos políticos. Son policías que en muchos casos reclutan chicos, como lo hemos denunciado, pero además están implicados en secuestros extorsivos, piratería del asfalto, trata de personas, tráfico de droga… Por eso planteamos que hay una complicidad. Parte de la policía, parte de la justicia y parte del poder político están involucrados en esto. Sin esa cobertura no podría estar ocurriendo. Se lo dijimos al propio jefe de la Bonaerense (Juan Carlos Paggi): las comisarias son grupos estancos que funcionan según sea el comisario. Si nos topamos con alguno que tenga respeto por las leyes y derechos, puede andar más o menos bien. Pero están los otros, a los que no les importa negociar con el diablo. Ahí tenés las consecuencias: San Alberto, Lomas del Mirador, Laferrere, Rafael Castillo”. El mapa es enorme. Pimentel y la apdh realizaron la denuncia sobre el reclutamiento de chicos por parte de la policía a partir de la desaparición de Luciano Arruga, 15 años, en enero de 2008. Tiempo después, el entonces ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli terminó haciéndose eco. Más que convicción, parece haber sido una revancha contra la torpeza policial cuando se descubrió que la desaparecida familia Pomar había muerto en un accidente, sin haber sido secuestrada por naves extraterrestres ni narcotraficantes chechenios.
¿Qué pasó con la denuncia por reclutamiento policial de chicos?
La causa está prácticamente inmovilizada. En estos casos te quedás remando con un solo remo, dando vueltas. Si sigue sin haber novedades, vamos a pedir el cambio de fiscal (Juan Diomede) y saldremos a denunciar la inoperancia de la justicia, que en realidad confirma lo que estamos denunciando.
La razón por la que se acude a menores de edad es otro perfil de estos tiempos: son más fáciles de manejar, controlar y embaucar y si los atrapan no pueden ser penalizados como los adultos: son inimputables, lo cual los reubica con velocidad en el circuito “productivo” de estas bandas.
El plan criminal
Las palabras y situaciones que surgen al conversar sobre estos temas parecen provenir de los tiempos del terrorismo de Estado, pero son puro presente en estos terrorismos de barrio, locales (y a la vez globales, en la medida en que se replican en muchas grandes ciudades y sus periferias).
Desaparición: “El caso de Luciano Arruga tendría que pasar de la justicia ordinaria a la federal, y así entrar en la definición de delito de lesa humanidad. Consideramos que el juez, al no permitirlo, está cubriendo a los policías, reteniendo la causa e impidiendo que avance. En el caso de la desaparición de Julio López se tardó dos años y medio en pasar de órbita, y eso que estamos en el país de los desaparecidos”. (Dato: la desaparición de Iván Torres en Comodoro Rivadavia, en 2003, sí fue considerada delito de lesa humanidad y se tramita el juicio contra el Estado Argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Zona liberada: “La policía de una jurisdicción libera un lugar, lo deja sin custodia, contratando o reclutando pibes que roben ahí para ellos”. El mecanismo es heredado del que se usaba durante la dictadura para que los grupos de tareas militares pudiesen secuestrar personas, alertando antes a otras fuerzas de seguridad para que no intervinieran en esa zona.
Torturas: “Después de muchos debates, en la Asamblea decidimos meternos dentro del cáncer, y discutir con la policía. Les propusimos terminar con la cultura de la tortura: los golpes, la tortura psicológica, y también la picana, que sigue existiendo. Te encontrás con gente que reconoce esos problemas y quiere cambiar, pero otros te niegan todo, o te admiten a lo sumo algún maltrato, lo cual es perverso”.
Ni error ni exceso: “A veces te dicen que si pasó algo, es por algún descolgado, algún violento. Nosotros percibimos una metodología, con patrones de comportamiento que se repiten. La potestad que le da el Estado a un funcionario policial sin preparación y sin valores, es lo que lleva justamente al abuso de la fuerza y la decisión sobre la vida. Y no son errores o excesos, lo más grave es que es una convicción”.
Derechos humanos: “Hace un tiempo estábamos haciendo un trabajo en un barrio, San Petersburgo, y los chicos del lugar decidieron pintar un cartel convocando a un encuentro con la Asamblea. Pasó un patrullero. Los policías bajaron y preguntaron qué era eso de los ‘derechos humanos’. Los pibes les explicaron. Los policías contestaron: ‘¡Qué derechos humanos! ¡Acá mandamos nosotros!’. Y le pegaron cuatro balazos al cartel”.
Dilema del boludito
Los balazos al cartel sobre derechos humanos fueron denunciados. El entonces ministro Carlos Stornelli llamó a Pimentel anunciándole la visita de jefes policiales para que pudiera explicarles la cuestión, y se involucraran en el asunto. Pablo relata: “Nos reunimos con un grupo de oficiales encabezado por el comisario Claudio Fernández, que era superintendente de la Región Oeste de la Bonaerense. Había además varios compañeros de la apdh. Yo le dije: ‘Fernández, sería jodido que esto sea una cuestión ideológica’. Me contestó: ‘No Pimentel, esto fue obra de un boludito que vio peligrar su caja’. La frase es literal. La anotamos para poder presentarla como prueba. Y le contesté: ‘No es un boludito. Esto en la policía es cultural. Y masivo’. La reunión se terminó”. Como la apdh presentó el caso en la justicia, el comisario Fernández fue citado a declarar y tuvo luego un careo con Pimentel, en el que negó todo lo que había dicho delante de varias personas. Por lo tanto quedan un par opciones:
Si fuera cierta la hipótesis del “boludito” y la caja, podrían haberlo sancionado, demostrando voluntad policial de no cubrir a sus propios corruptos.
Si no es cierta esa hipótesis, tiene razón Pimentel en su sospecha de que los balazos tuvieron un contenido ideológico, de agresión hacia la sola mención de los derechos humanos.
El silencio del comisario resuelve el dilema: tanto lo ideológico como lo corrupto forman parte de un contenido que se defiende corporativa e institucionalmente.
Pimentel destaca que en esa experiencia del debate con policías, ha encontrado también otra clase de personas, capaces de reconocer los problemas. “El comisario José Raggio, también de la Regional Oeste, me dijo un día que vino a la apdh: ‘Tiene razón, esto es incorregible, estoy cansado’”.
¿A qué se refería?
Después de la desaparición de Luciano Arruga, otro chico vivió un episodio muy feo, donde un policía lo agarró con el mismo discurso que a Luciano: “Che, acompañame, sos un buen pibe, charlemos”. Lo tuvo 13 horas dando vueltas por el barrio para que le marcara quién roba, quién y dónde vende droga. Incluso lo mandó a comprar droga. Le hablaba de fútbol y chicas, le prometió regalos. ¿Cuál era la estrategia? Que el pibe se preparara para hacerle el trabajo de inteligencia y él manejaba todo desde la oficina.
La capacitación del buchón…
Claro, pero ni siquiera para impedir el delito, sino para ir a recaudar. El caso de Luciano es el de quien se niega a trabajar para la policía de este modo, o robando. Y por eso desaparece. En todo esto es que Raggio me daba la razón.
Masa encefálica
Pimentel reconoce que tuvo un “clic” con respecto al tema policial en 2001 cuando Sergio Daniel Díaz fue detenido por averiguación de antecedentes. Armaron el caso para mostrarlo como un intento de fuga, aunque en realidad le habían destrozado el cráneo. “Fue un fierrazo, con pérdida de masa encefálica. Multiplicá ese caso por mil en la provincia, y sumale todo el país. Pero esa vez se lo dimos vuelta, tuvimos que desenterrar el cuerpo, hacerle una autopsia, y condenaron a perpetua al policía. Fue en 2009”. La apdh recibió también a un policía que había cometido el “error” de devolverle un auto robado a su dueño, sin cobrarle el peaje cotizado en 1.000 pesos. “El comisario directamente le pegó un trompazo. Casi le saca la cabeza. El pibe había cumplido su deber, pero terminó renunciando a la policía”. Otro caso: “Un sargento, tipo intachable, que no se metía en los robos porque no los aceptaba, estaba persiguiendo a unos delincuentes. Sus compañeros venían detrás. Le dispararon por la espalda. La viuda de este hombre nos pidió que no hiciéramos nada. Tenía miedo por sus hijos, lo que te habla de una mafia”. Otro: “Un policía joven, del barrio, era enviado a robar bolivianos que iban a La Salada con sus productos. O a exigirles coima. A cada uno que enganchaban le cobraban 1.500 pesos. Imaginate. Pero este muchacho se negó, lo denunció y lo separaron, acusándolo de tener problemas psiquiátricos”.
Pimentel observa ambivalencia en el gobierno sobre estas cuestiones: “El matrimonio Kirchner ha puesto el título de los cambios que se tienen que producir y eso uno lo apoya; pero falta el contenido. La falta de contenido son justamente estos hechos. Hay un círculo perverso que crea todo el sistema estatal que supuestamente nos brinda protección, pero que genera una profunda inseguridad”.
¿Cuál es esa inseguridad?
La de chicos como Luciano Arruga, a quien los que tenían que garantizarle seguridad, lo secuestraron, torturaron y desaparecieron. La inseguridad es un Estado deficiente, hipócrita que propone la defensa de los derechos humanos pero tiene gente que los viola. Tenemos como nunca ministerios de Derechos Humanos o secretarías en todas las provincias, ciudades y municipios y nadie se hace cargo políticamente de la desaparición de Luciano Arruga.
Una oferta que no se puede rechazar
El trabajo barrial en La Matanza le permite a Pimentel descifrar varios enigmas: “Los pibes ven que la oferta de salir a robar la hace la policía, la autoridad, y piensan que está todo bien. Ojo: hablamos de chicos que han visto desde siempre armar o desarmar una 9 milímetros, o vieron cómo su papá le pegaba a su mamá, o cómo su mamá se prostituía, cómo sus hermanos se drogaban, o iban a visitar a sus familiares a la cárcel. Cuando el agente del Estado que es la policía se acerca y les ofrece esto, a riesgo de que si lo rechazan van a tener problemas, ¿qué va a decidir ese pibe?”. Son interesantes las palabras –casi de agencia de empleo– de la oferta policial: trabajo (nunca robo, la frase es “trabajás con nosotros”); dinero (“así vas a tener tu propia plata”), y seguridad (“tu familia va a estar protegida”). El estado de bienestar.
¿Se puede hacer algo frente a esto? Además de las batallas judiciales, el trabajo en barrios como San Petersburgo le hizo ver a la apdh cómo bandas, chicos que se drogaban y hasta referentes tumberos, pudieron entrar en una nueva frecuencia. “Hubo una trasformación al percibir la posibilidad de trabajar en serio, de hacer una placita, una cancha de fútbol, poner postes de luz, un centro cultural juvenil. La clave fue cuando cambiaron la lógica de esperar que les trajeran cosas y les solucionaran problemas, que es lo que hacen los punteros políticos, y los pibes dijeron: ‘lo hacemos nosotros’”.
La experiencia está naciendo. Dice Pimentel: “Si queremos hacer un proceso de dignidad, no puede ser que con discursos revolucionarios y de izquierda se apliquen políticas clientelares que someten al pobre a un sistema de no crecimiento y sometimiento”. Y propone: “Tenemos que terminar con ese discurso de que la construcción política se hace con barro y con mierda”. Los jóvenes de San Petersburgo ya están probando. Nadie se preocupa demasiado por el título, pero están dándole contenido al asunto, aunque les baleen los carteles.