CABA

El efecto qom

Publicada

hace 14 años

27/05/2011

El 23 de noviembre fue asesinado en Formosa Roberto López. En diciembre se instalaron en el Obelisco para dejar en evidencia la raíz del conflicto. Darío Aranda lo sintetiza en esta nota que resume el legado qom, más allá del acampe.

El efecto qom Una muerte temprana. Inesperada y dolorosa. Un pueblo lo despidió. De carácter fuerte. Decisiones firmes. Enemigos poderosos. La viuda aún lo llora. Extraña al compañero de toda la vida. Lo recuerda cada día que levanta las mismas banderas que siempre compartieron. Dos hijos jóvenes, un hombre y una mujer, intentan seguir sus pasos de militancia. Él, Roberto López, murió por por balas policiales cuando defendía la única tierra que siempre habitó, trabajó y donde crió a sus hijos.
Yael Roberto López, 29 años, es hijo de este referente qom asesinado el 23 de noviembre de 2010 sobre la ruta 86. Hace dos meses llegó de Formosa para sumarse al acampe que se instaló en diciembre frente al Obelisco. Los pedidos son tan simples como concretos: devolución de tierras comunitarias y justicia por la represión. Piden una intervención de la Presidenta, creen que –explicación mediante– ese podrá ser el inicio de la solución.
Los edificios ya tapan el sol. El viento fresco de la avenida 9 de Julio castiga, y Yael López mira el Obelisco. Sentado en un cajón de madera, ofrece un balde viejo como silla y sorprende: “Papá siempre votó a Insfrán. Votó a Kirchner y también a Cristina. Si era peronista ¿por qué lo mataron?”, pregunta y hace un silencio largo.
La Corriente Clasista y Combativa (CCC) sostiene que López militaba con ellos. Su inclinación política ya no importa. Sí hay coincidencia en que luchaba por la comunidad, por el territorio. Yael reconoce que él no tuvo el mismo compromiso, y reconoce también a Félix Díaz como un luchador consecuente.
Tierra y justicia
El semáforo de Avenida de Mayo cambia a verde. Motos y autos aceleran como si fuera la última vez. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, oficinistas y otras personas con oficios inimaginables miran donde están los qom, pero no ven. Una pareja de turistas, rubios, con sus cámaras, mochilas y mapas, preguntan por las artesanías. “Quince pesos”, le ofrecen. Los turistas se miran, menos de cuatro dólares o poco más de dos euros, pero no compran. El acampe se mantuvo con múltiples necesidades, frío, escasa comida y poca ayuda de un puñado de militantes.
“Tierra y justicia. No pedimos más”, aclara Yael, mientras su hijo Brian, de 2 años, descalzo, juega a centímetros de la avenida atestada de autos. Quiere volver a su tierra, busca una pensión para su madre, reconoce que punteros de Insfrán rondan la comunidad, ofrecen planes sociales, dinero, cooptan, dividen. “Hay mucha necesidad”, explica Yael López, hace un silencio largo y define: “Es difícil”.
Provincia
El gobernador de Formosa es Gildo Insfrán, quien fuera diputado provincial entre 1983 y 1987. Ese año fue electo vicegobernador, cargo ocupado por dos períodos, como segundo del caudillo peronista Vicente Joga, su mentor político. Insfrán fue electo gobernador en 1995. Con el apoyo del Superior Tribunal de Justicia de Formosa pudo postularse a la reelección en 1999.
En la provincia son recurrentes las denuncias sobre el alineamiento de la justicia al poder político, sin embargo el máximo tribunal de Formosa no tuvo un fallo unánime. Dos jueces apoyaron el pedido de Insfrán y un magistrado votó en disidencia. Raúl Roquel, uno de los jueces que apoyó la reelección, luego fue electo diputado provincial. Carlos González, que sostenía la violación constitucional de la reelección, fue preso.
En su segundo mandato Insfrán convocó a una Convención Constituyente, que modificó la Constitución para permitir la reelección indefinida. En 2003 obtuvo el 67 por ciento de los votos y en 2007 logró el 75 por ciento del electorado. 75 por ciento también es la cantidad de hogares indígenas pobres, según el documento oficial Plan Formosa 2015, un programa publicitado como las políticas de Estado para el mediano plazo del gobierno provincial.
Insfrán siempre estuvo alineado con los distintos gobiernos nacionales. Fue uno de los pocos gobernadores que visitaron a Carlos Menem cuando estuvo preso en Don Torcuato y fue de los pocos que viajaron a San Luis para acompañar a Adolfo Rodríguez Saá en su breve paso por la presidencia. Desde 2003 es de los gobernadores más fieles a la gestión kirchnerista.
Jorge Abel González es el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo de Formosa. Es el responsable provincial de todo lo relacionado con pueblos indígenas. Y corre con ventaja: integró el equipo jurídico del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), donde conoció de cerca la realidad indígena de la provincia, ganó la confianza de muchas comunidades y conoció desde adentro a todos los actores que acompañan y apoyan las reivindicaciones indígenas.
Hijo de un comandante de Gendarmería Nacional, 42 años, formado en el Colegio Don Bosco de los Salesianos de Formosa, se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Con un juicio ganado por el Pueblo Qom (siete personas murieron en un accidente cuando eran trasladados en un camión de basura), González compró su primera casa, en la capital formoseña.
Luego experimentó un quiebre. Comenzó a trabajar como asesor en la municipalidad de Herradura, al sureste provincial. Y se asoció a un estudio jurídico con llegada a Antonio Pomelo Ferreira, ministro general del Poder Ejecutivo, mano derecha del gobernador, bautizado por las organizaciones sociales como “el López Rega de Insfrán”.
Jorge Abel González avanzó a medida que iban desarticulando las luchas indígenas. En 2005 fue designado subsecretario de Derechos Humanos de Formosa. Y luego ministro de Gobierno, pero siempre bajo las órdenes de Pomelo Ferreira.
“El gobierno formoseño mantiene diálogo permanente con la totalidad de las 180 comunidades aborígenes que habitan el territorio provincial, pero con los únicos que no se puede dialogar es con este sector de La Primavera”, denunció González a los medios de comunicación de la provincia el 26 de marzo. De inmediato fue levantado por la agencia oficial Telam, que desperdigó la noticia como verdad revelada, sin siquiera dar derecho a réplica a Félix Díaz.
Con tres días de huelga de hambre, Félix Díaz sonríe. Recuerda que hace meses que dialogan, pero la respuesta del Estado provincial fueron engaños, aprietes y, finalmente, la represión del 23 de noviembre. “Dialogamos con todos, pero el territorio y los derechos no se negocian ni se cambian por dinero”, explica el dirigente qom.
Amnistía Internacional trabaja desde hace dos años en Formosa junto a pueblos indígenas. En abril de 2010 presentó su informe Exigimos respeto, donde describió la violación sistemática de los derechos humanos de los pueblos originarios, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y denunció la existencia de aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. El escrito detalla casos de violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional, y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.
Nación
El 25 de noviembre de 2010, al mediodía, Canal 7 transmitió una videoconferencia con Formosa y Neuquén, donde se inauguraron obras eléctricas de alta tensión. La Presidenta agradeció a Gildo Insfrán que –en un discurso previo– haya recordado al ex presidente Néstor Kirchner. Hubo sonrisas y felicitaciones mutuas. No habían pasado aún 48 horas de la represión y muerte, pero no hubo mención al hecho.
El único organismo del Estado nacional que se involucró (desde 2009) en la realidad indígena de Formosa fue el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Su presidente, Claudio Morgado, visitó la comunidad La Primavera y le impactó el nivel de necesidad y de coerción que había sobre ellos. Inició una política de asistencia técnica y jurídica, y comenzó a escuchar a Félix Díaz. Lo nombró como delegado local, referido al acontecer indígena.
Desde el gobierno de Formosa no intentaron contarle al Inadi su versión de la realidad indígena. Directamente llamaron a Jefatura de Gabinete. Desde entonces, los llamados y correos electrónicos de Aníbal Fernández al funcionario mezclaron órdenes e insultos. Una decena de personas del Inadi (algunos por ser cercanos a Morgado, otros por abordar desde los profesional la situación de los pueblos indígenas) vivenciaron las presiones, y el cambio de política del organismo. Y todos apuntan que el trabajo sucio quedó en manos de María Rachid, reconocida militante por el matrimonio igualitario y nombrada vicepresidenta del Inadi el 22 de diciembre de 2010.
Quien mantuvo coherencia fue el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el espacio que debiera proteger los derechos de los pueblos originarios e implementar la Ley 26.160, que obliga a realizar un catastro territorial de comunidades indígenas y prohíbe los desalojos. El INAI siempre estuvo alineado con el gobernador Insfrán. Sus funcionarios intentaron que la comunidad La Primavera no proteste, no corte la ruta y, mucho menos, critique al gobernador. Incluso negaron una legítima asamblea, de 2008, donde Félix Díaz fue elegido cacique.
El presidente del INAI, Jorge Fernández, proviene de la dirigencia gremial, y no se le conocen antecedentes en política indígena. A cinco meses de la represión, nunca habló con la prensa. Y nunca dialogó con Félix Díaz.
Criminalización
El sábado 30 de abril sucedió un hecho tan inusual como silenciado por los medios comerciales de comunicación. La justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires ordenó liberar la 9 de Julio del acampe qom. Muchas veces la Policía Federal (dependiente del Ministerio de Seguridad de Nación) desoyó este tipo de órdenes emitidas por juzgados porteños. Pero los qom fueron una excepción: cien efectivos de azul, decenas de civil, patrulleros y un carro hidrante. Enfrente: una decena de qom en su sexto día de huelga de hambre, mujeres, niños y una decena de personas que estaban dando apoyo (aunque con el paso de la mañana, previendo la represión, el número de autoconvocados creció rápidamente).
No se llegó a un acuerdo con la Federal ni se levantó la huelga de hambre. Sólo primó el sentido común de la comunidad que, al despejar la calle, evitó la represión. “Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene”, explicó Félix Díaz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado, el 26 de abril, al Estado argentino que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad qom. La Comisión instó al gobierno a que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los qom “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por parte de miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”.
Cuatro días después, el gobierno hizo todo lo contrario: envió un centenar de efectivos para desalojar la avenida 9 de Julio. La viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, reconoció a sus colaboradores más cercanos que “no hay orden (de Presidencia) para negociar” con los qom. “Si no liberan la 9 de Julio serán detenidos. Si se suben a la plazoleta, no habrá detenciones”, afirmó un muy cercano colaborador de la viceministra y ex fiscal, de destacada labor en la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció la “criminalización de la protesta realizada en la 9 de Julio y las medidas tomadas hoy para levantar el corte vuelven a poner en juego la responsabilidad del Estado frente al sistema interamericano por las violaciones de derechos humanos padecidas por los pueblos originarios”. Con dureza, el Cels remarcó que el avance de la Policía Federal sobre los qom “implican un retroceso en la política del gobierno nacional para la resolución de conflictos sociales en el espacio público”.
Violencia estatal
Argentina cuenta con frondosa legislación que protege los derechos de los pueblos indígenas: la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene rango supralegal (está por encima de legislación local). Y la ley 26.160, que detiene los desalojos y obliga a realizar un catastro de territorios indígenas. A cinco años de sancionada esa ley, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) presentó el 3 de mayo su informe titulado Inejecución de las leyes nacionales, donde relevaron el incumplimiento de la norma en todas las provincias con población indígena rural. “Existe un notorio incumplimiento por parte del Estado argentino en relación a la ejecución de las leyes que ordenan la realización de un relevamiento técnico, jurídico, catastral de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas”, alerta. Al final del informe denuncia “el crecimiento de la violencia estatal como aparato represivo en la ejecución de los desalojos”. Cita como referencia a las comunidades Las Pailas (Salta) y La Primavera (Formosa).
Prioridades
Marcos y Alejandro Patronelli (corredores de cuatriciclo). Oliver Stone (directo de cine). Fabiana Lola Ponce (cantante y actriz). Selección española de fútbol. Seleccionado argentino de hockey femenino. Beatriz Rial (mamá del joven militante Mariano Ferreyra, asesinado en Avellaneda). Luciana Aymar (jugadora de hockey). Marcela La Tigresa Acuña (boxeadora). China Zorrilla (actriz). Bono (cantante de U2). A todos ellos recibió la Presidenta el último año.
La Comunidad Primavera aun espera su lugar en la agenda.

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Portada

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Publicada

hace 16 minutos

08/10/2025

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas de cada miércoles llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro.

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro.

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro.

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro.

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El dispositivo incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería» de la Policía de la Ciudad». El organismo también observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro.

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

“Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
“El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!”.

Foto: Juan Valeiro.

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Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

Publicada

hace 2 meses

22/08/2025

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

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CABA

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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hace 2 meses

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.