CABA

El desierto verde

Publicada

hace 13 años

24/08/2012

Misiones y la depredadora Alto Paraná. Dos barrios de Puerto Piray, municipio dominado por la empresa Alto Paraná, se plantaron en la ruta para denunciar el cerco de monocultivo y agrotóxicos que los está condenado a muerte. Darío Aranda recorre la zona de conflicto. Datos del desastre.

El desierto verde
Zona rural misionera. El camino ancho zigzaguea entre el verde. Casas humildes a ambos lados, la mayoría de madera. Gallinas, algún chancho y muchos perros. Cada parcela tiene menos de una hectárea. Ya no existen las extensas huertas, ni los animales pastando, como antaño. Están cercados por el monocultivo de pinos, de la multinacional Alto Paraná. Es la empresa propietaria del 62% del municipio de Puerto Piray, donde los campesinos denuncian los efectos de los agrotóxicos, la concentración de tierras en pocas manos, la expulsión de familias rurales y apuntan a los responsables: “Los políticos gobiernan para Alto Paraná, no para el pueblo”.
El desierto verde
Sábado a la mañana en El Dorado, ciudad cercana a Puerto Piray, 190 kilómetros al norte de Posadas. Día gris, llovizna y frío. La antigua ruta nacional 12, de tierra, está desierta. En los primeros tramos sobresale la vegetación alta, árboles añosos, con largas ramas como brazos que se extienden sobre el camino. El paisaje cambia gradualmente. El horizonte es un verde monocolor: pinos altos, en fila, sembrados hasta en la banquina. Todo es pino. Para el foráneo (o el desentendido) hasta parece un paisaje agradable, prolijo. “Es como la soja, monocultivo, con uso de agrotóxicos, desalojos de campesinos e indígenas y ganancia para pocos”, advierte Enso Ortt, técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, ocasional guía, militante 24 horas formado en la teología de la liberación junto al obispo Joaquín Piña, quien en 2006 lideró una coalición que, mediante el voto popular, frenó un proyecto de reelección indefinida del entonces gobernador kirchnerista, Carlos Rovira.
El encierro
Kilómetro 18 de la ex ruta 12. Barrio Unión y Santa Teresa. Alambrado al frente, un perro malo que recibe y una casa con techo a dos aguas. En la pared de frente, en prolijas letras negras: Productores Independientes de Piray (PIP). Una suerte de amplia antesala, sin paredes, es el espacio de reunión. Bancos largos de madera en ronda, 13 personas (mayoría de mujeres), mate que circula y pan casero recién cocinado. “Vivimos desde siempre acá, desde nuestros padres, desde nuestros abuelos. Antes éramos muchos, había chacras, animales para carnear, ni siquiera había que ir al pueblo para tener comida. Pero nos fueron encerrando”, explica Basiliza Pérez, unos 40 años, morocha, y un mate plateado que no para de cebar.
El encierro es literal. El fondo de cada vivienda limita con pinos, una suerte de pared verde que no deja pasar el sol, pero sí los agroquímicos. “Nos han arruinado así los pocos cultivos que teníamos y matado muchas gallinas. No se puede respirar cuando fumigan. Y cuando florecen los árboles, en agosto, se mete dentro de las casas, hasta en las camas y cocinas. Ahí empiezan los problemas respiratorios y las alergias de piel”, explica Germán Monges, hombre fornido, manos grandes que gesticulan.
Todos los meses se enteraban de un nuevo enfermo. Reclamaron a la Municipalidad, pero no hubo respuesta. Fueron al Hospital, tampoco los atendieron. Decidieron hacer su propio relevamiento sanitario. Asesorados por médicos, armaron una encuesta y fueron casa por casa, todos vecinos linderos a Alto Paraná. Relevaron 200 familias. Los resultados:
En la última década, en 70 familias hubo algún fallecido de cáncer (hay familias con hasta dos y tres fallecidos) y 20 abortos espontáneos.
En 12 familias hay chicos con discapacidades físicas, y hubo al menos 110 casos de problemas de embarazos.
En los últimos años hubo 136 chicos con infecciones urinarias y en 180 casos se detectaron enfermedades respiratorias crónicas. Sobre 200 familias relevadas, repiten.
José Espíndola tiene 48 años, es delgado, piel colorada y hablar pausado. Trabajó seis años como fumigador de los pinares de Alto Paraná, a través de una empresa tercerizada. De la mañana hasta el atardecer, cargando una mochila con agroquímicos. “Eran mezclas de hasta diez venenos. No sabría decirle todos, pero sí había glifosato y simazina. Se llenaban las mochilas y con el andar, muchas veces se nos chorreaba encima. Sin nada de protección, ni guantes, ni botas”, cuenta Espíndola.
Padre de siete hijos, se arrepiente de haber hecho ese trabajo, pero se excusa: “No había muchas posibilidades”. La cuadrilla de fumigadores estaba conformada por 40 personas. “El veneno te come despacio. Los primeros meses vas bien, pero al segundo o tercer año ya respirás con problemas y las manos las tenés arruinadas. Después ya te enfermás. Al principio los médicos de la empresa me decían que no era nada, que siga, después ya me largaron (despidieron). Así le hacen a todos”, resume Espíndola.
El cerco
Piray, como muchas otras regiones de Misiones, no es zona de llanura. Predominan las lomadas (“cerranías” le llaman los misioneros). Pequeñas y medianas ondulaciones donde sobresalen pinos y más pinos. En subida y en bajada, siempre el mismo paisaje. De golpe, en medio de tanto pino, un descampado, el único, en el kilómetro 19. “Hace dos años Alto Paraná intentó poner pino acá, en la única cancha (de fútbol) de toda la zona. ¡Se armó un quilombo! Hubo muchachos que hasta vinieron con machetes a defenderla”, recuerda Julio Duarte, a cargo del volante.
Menos suerte hubo en el kilómetro 22. Paredes descascaradas, el piso de cerámicos invadido por el pasto, las aberturas y el techo son un recuerdo. Son los restos de la escuela primaria. “Acá había más de cien casas. Era un pueblo pujante, pero los fueron encerrando con pinos. Y nos les quedó otra que irse. Ni bien se iba la familia, la empresa metía pino para que ya no vuelvan”, recuerda Duarte. Y advierte: no dejarán que a Barrio Unión y a Santa Teresa le suceda lo mismo.
Mucha tierra en pocas manos
El 22 de diciembre de 1881, el presidente Julio Argentino Roca decretó a Misiones como “territorio nacional” y nombró como gobernador a su hermano, Rudecindo Roca. Así, bajo el gobierno de Roca, todo el territorio misionero fue repartido entre 30 familias.
Durante gran parte del siglo 20, Misiones creció al abrigo de la actividad agropecuaria: yerba mate, té y tabaco. Aún subsistía el pequeño colono que comercializaba su producción.
Todo comenzó a cambiar en las últimas décadas, principalmente por la desregulación en la producción: las grandes empresas fijaron precios tan bajos que los colonos no podían subsistir, perdieron sus chacras y migraron a los cordones urbanos. Por otro lado, la provincia cambió el perfil productivo: dejó de lado la actividad agropecuaria e impulsó los negocios forestales. En Misiones funcionan tres pasteras: Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y Papel Misionero. Todas igual de cuestionadas por su rol respecto al medio ambiente, las condiciones laborales y el desalojo de campesinos e indígenas.
El último Censo Nacional Agropecuario (2002) confirma esa concentración:
En la provincia existen 27.000 “explotaciones agropecuarias”.
Sólo 161 de ellas (el 0,6% del total) poseen el 44% de la tierra de Misiones: 917.000 hectáreas.
En la última década y en la zona de Alto Paraná, descendió un 27% la cantidad de pequeñas chacras.
Alto Paraná es propietaria del 8,4 % de Misiones.
Puerto Piray es la capital de la desigualdad: la compañía es dueña del 62,5 % de la tierra. De las 36.000 hectáreas del municipio, la empresa domina 22.500.
De Menem a Kirchner
A finales del gobierno de Carlos Menem, en 1999, se aprobó la Ley 25.080, llamada de “Inversiones para bosques cultivados”. Sus consecuencias:
Subsidia toda la línea productiva: implantación, mantenimiento, riego y cosecha.
No deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras sembradas y están exentos de ingresos brutos.
Cuenta con devolución del IVA y pueden amortizar el impuesto a las ganancias.
El artículo 8 otorga “estabilidad fiscal” por 30 años. “No se podrá incrementar la carga tributaria”, explicita la ley.
El artículo 17 no utiliza la palabra subsidio, prefiere el eufemismo “apoyo económico no reintegrable” para explicar que el Estado cubrirá costos de implantación.
Las estadísticas del Ministerio de Agricultura de Nación muestran que en 1999, primer año de vigencia de esta ley, se extrajeron 4,7 millones de toneladas de “madera de bosque implantado”. En 2006, el tonelaje aumentó a 7,9 millón.
La Asociación Forestal Argentina (AFOA), integrada por las empresas del sector, participó en la redacción de la norma. En sus publicidades admiten sin sonrojarse que tomaron como referencia las leyes mineras, también aprobadas durante el menemismo y que aún siguen vigentes.
La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada por otros diez años por el Congreso Nacional, en noviembre de 2008.
La dueña de todo
Alto Paraná se instaló en Misiones en 1974. Fue adquirida en 1996 por la multinacional Arauco, una de las empresas líderes del sector a nivel mundial. Con su eslogan “sembremos futuro”, Arauco se autopublicita como la “mayor compañía forestal del hemisferio sur”. Cuenta con 1,6 millones de hectáreas, repartidas entre Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. En Argentina reconoce la propiedad de 256.000 hectáreas.
Entre diciembre de 2011 y enero de 2012, Alto Paraná cosechó parte de los pinos que rodean el barrio Unión y Santa Teresa. Los Productores Independientes de Piray (PIP) entendieron que era el momento para presionar y exigir que retiren las plantaciones al menos a 1.000 metros de las casas. Ni Gobierno ni empresa respondieron.
El 3 de marzo de 2011, PIP cortó el paso a la compañía. “Se dicen dueños, pero nosotros siempre vivimos acá. Además nunca mostraron ni un papel (título). Cuando pedimos en la Municipalidad, dijeron que la oficina de Catastro se había prendido fuego”, recuerda Armóa Rosalia, mujer alta, cabello enrulado y tez colorada.
El mismo día del corte, hubo respuesta de Alto Paraná: denunció por “usurpación” a tres vecinos. La Policía llegó para reprimir.
Luego de una semana de reclamos, municipio y provincia aceptaron dialogar. El jueves 10 de marzo de 2011, en la sede de PIP, el intendente Jorge Lezcano, y el subsecretario de Tierras de Misiones, Jaime Ledesma, firmaron un acta acuerdo. Los campesinos no cortarían el paso y los funcionarios llamarían a una mesa de diálogo en el lapso de 30 días para encontrar una “solución duradera”. Durante ese lapso, Alto Paraná no rociaría con agrotóxicos ni sembraría pinos.
Sólo tres días después, Alto Paraná violó el acuerdo.
En marzo y abril de 2011 se continuó con la mesa de diálogo entre las partes. Municipio, Alto Paraná, Provincia y PIP. “Era impresionante como el intendente y los ministro de la provincia parecían los empleados de la empresa”, recuerda German Monges.
Sembrar resistencia
El viento fresco se hace sentir en la sede de PIP. El mate no para de circular, y todos quieren contar sobre las reuniones con la empresa. Todos tienen alguna anécdota. “Nos ofrecían ‘proyectos’ de computación, turismo rural, cocina. Nosotros no queremos proyectos, nosotros queremos la tierra”, resume Samudio. Todos aplauden.
Asesorados por ingenieros agrónomos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, estudiaron una salida productiva. La propuesta campesina fue que cada familia cuente con catorce hectáreas, un mínimo para producir alimentos y criar animales de manera sustentable en el tiempo. En total, para 200 familias, serían 2800 hectáreas (equivalente al 1 por ciento de lo que la empresa posee en Argentina, o el 0,15 por ciento de los 1,6 millones de hectáreas que posee en Latinoamérica).
Alto Paraná nunca aceptó. Municipio y provincia miraron para otro lado.
Y volvieron a sembrar pino en Piray.
Miriam Samudio resume el sentir campesino: “Alto Paraná tiene a los políticos, a los jueces y a la policía. Pero a todos ellos los mueve la plata. A nosotros nos mueve el amor a nuestros hijos y el amor a esta tierra. No vamos a dejar de luchar”.

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Los invasores al ataque

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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hace 1 semana

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Publicada

hace 1 semana

06/08/2025

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Actualidad

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

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hace 1 semana

05/08/2025

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.