( por Maristella Svampa)  En varias oportunidades hemos afirmado que, en nuestro país, la mayor experiencia de resistencia al neoliberalismo nació en los márgenes, en los límites, en el extremo de la descolectivización masiva. En efecto, fueron los desocupados, aquellos que estaban fuera del sistema, los que desde el fondo de la descomposición social fueron gestando nuevas formas de lucha y autoorganización territorial. Sin embargo, una vez dicho esto, es necesario recordar que este proceso tiene como telón de fondo un importante pasado de integración social, asociado a la vigencia de los derechos sociales. Por ello mismo, la experiencia argentina termina por ser muy ambivalente, pues si bien es cierto que en la práctica nace en el extremo de una descolectivización acelerada, en los discursos recoge diferentes tradiciones y memorias, sobre todo la asociada a la tradición nacional-popular, que alimenta la esperanza de volver a ser lo que se era, a saber, un «pueblo trabajador».
Así, pese a que mucho se ha dicho sobre la naturaleza del nuevo actor, la mayor parte de las categorías empleadas traicionan la complejidad del sujeto. En realidad, para comprender la realidad emergente del proceso social consumado en los 90 es necesario abandonar las viejas categorías sociopolíticas (así como las visiones normativas) y partir de una lectura que privilegie una doble mirada, esto es, que tenga en cuenta tanto la conformación de las bases sociales como la dinámica organizativa interna. Ni pueblo o clase trabajadora como antaño, tampoco ejército industrial de reserva, ni nuevo lumpemproletariado, las bases sociales que componen las organizaciones piqueteras presentan un carácter multiforme y heterogéneo, que suma y yuxtapone nueva y vieja informalidad con tradición obrera y militantismo político; rabia juvenil y consumista con talante antirrepresivo y anticapitalista, protago-nismo femenino con trabajo comunitario.
En suma, vistas»desde abajo», las organizaciones piqueteras son muy ambivalentes, con diferentes inflexiones políticas, que van de la demanda de reintegración al sistema, a la afirmación de una radicalidad anticapitalista. A la vez, es un fenómeno fuertemente plebeyo, proclive a la acción directa, que apunta a la afirmación de lo popular, en cuanto ser negado, excluido y sacrificado en aras del modelo neoliberal.
Por otro lado, más allá de los planteos estratégicos y de sus diferentes dimensiones, las organizaciones piqueteras son estructuras organizativas con diferentes niveles de participación. En este sentido, existe claramente un núcleo en el que se sitúan los voceros o referentes (pues, más allá de los estilos de construcción y la flexibilidad de las organizaciones, todo movimiento posee dirigentes); un primer círculo, en donde se hallan militantes y cuadros intermedios (en general, delegados barriales), que comparten la visión estratégica del movimiento y los estilos de construcción política; luego, una serie de anillos o círculos concéntricos, más alejados del centro, en el cual se sitúan otros militantes y simpatizantes, con menor nivel de involucramiento y participación y, por último, una gran periferia, constituida por familias completas que se acercan no por una cuestión de convicciones ideológicas, sino en función de sus necesidades más elementales. El gran desafío de los movimientos, esto es, de aquellos que componen el núcleo organizativo y el primer círculo de militantes (cuya cercanía, hay que subrayar, es estrecha, en función del fuerte anclaje territorial del movimiento) es, sin duda, la politización de esa amplia periferia, suerte de actualización de la figura del «humilde» o «el pobre», al cual antaño se dirigía el discurso y la práctica del peronismo histórico, en su versión «evitista».
Gran parte de las ambigüedades, dificultades y desafíos políticos residen en la manera como se articulan y relacionan estos diferentes niveles organizacionales con lo que hemos llamado «la periferia». Ello ha venido alimentando una serie de interrogantes, dudas y cuestionamientos que ponen en tela de juicio tanto la naturaleza de la acción como el horizonte político de las organizaciones. Más aún, sobre estas dificultades se han montado diferentes lecturas que recorren hoy la sociedad argentina y que están en la base de un fuerte discurso criminalizador. Lo particular de dichas críticas es que apuntan a negarle el carácter de movimiento social «auténtico» o bien, a despojarlo de su dimensión específicamente política. Podemos sintetizar dichas críticas en tres argumentos: la hipótesis miserabilista, la hipótesis de la manipulación política, y la crítica normativa.
En primer lugar, la hipótesis miserabilista parte de la idea de que la política no puede nacer del reino de la necesidad. En consecuencia, tiende a destacar el carácter defensivo y reivindicativo de la acción piquetera, circunscribiendo, de esta manera, sus logros y objetivos. Este argumento suele combinarse con otro, más ortodoxo, que subraya las «limitaciones» propias de las bases sociales (consideradas «lúmpenes»), para explicar tanto su escasa capacidad de interpelación social como los obstáculos en el proceso de formación de un verdadero movimiento social.
En segundo lugar, siguiendo esta línea interpretativa, no son pocos los que instalan en la base del cuestionamiento la hipótesis de la manipulación política, aludiendo a la «injerencia» de partidos y/o dirigentes (de izquierda), ideologizados, cuando no provenientes de otros sectores sociales. Es cierto que las organizaciones piqueteras nacen como una respuesta defensiva frente a los efectos destructivos del modelo neoliberal, en medio de un marco de precariedad e indigencia (la desocupación y el hambre). Pero estas condiciones iniciales no implican necesariamente una suerte de límite ontológico para la política, como señalan algunos invocando el pensamiento de Hanna Arendt (1988 y 1996). En realidad, sólo aquellos que -desde el punto de vista teórico- adhieren a una visión miserabilista de los sectores populares, en desmedro de la complejidad de los procesos sociales, pueden concluir que el destino de un movimiento originado en el mundo de las necesidades básicas sea una suerte de acción defensiva, reivindicativa, que no puede alcanzar la «verdadera» dimensión de la política (leída esta como autodeterminación y como creación de mundos alternativos). Sin embargo, las condiciones socioestructurales nos advierten sobre el alto grado de fragilidad de las construcciones colectivas, sobre la vulnerabilidad del lazo social solidario, en fin, sobre las dificultades de consolidación de las nuevas prácticas políticas en un medio permanentemente atravesado tanto por los llamados al individualismo como, sobre todo en la actualidad, por las diversas formas de clientelismo existente.
En tercer lugar, en los últimos tiempos tiende a instalarse una mirada normativa, que coloca el acento en la exigencia de «lo políticamente correcto». Esta visión simplificadora está difundida en ciertos sectores de las clases medias progresistas (ONGs y sectores académicos) y, como ya ha sucedido en otras épocas, suele proyectar las propias expectativas políticas -y normativas- sobre las organizaciones piqueteras (exigiéndoles que hagan lo que se espera de ellos: para el caso, que se comporten de manera «políticamente correcta», siguiendo prolijamente los manuales de ONGs, expresándose en un lenguaje «ideológicamente correcto» y, de ser posible, renunciando a la acción no institucional). En este sentido, lo que evidencia esta visión es la dificultad de elaborar o pensar la complejidad actual de las organizaciones de desocupados, que son, como hemos indicado, movimientos impuros, plebeyos y orientados a la acción directa. Como consecuencia de ello, esta mirada normativa tiende a refugiarse y legitimar sólo aquellas pocas experiencias más acordes a una visión más estilizada y estetizada de los pobreza.
Entre la criminalización y el cuestionamiento del relato identitario
Finalmente, los efectos estigmatizadores de esas tres críticas se actualizaron y difundieron entre 2003 y 2005, durante una fuerte campaña antipiquetera que se desarrolló en el marco de la pulseada política que enfrentó las organizaciones piqueteras con el gobierno nacional, los sectores de derecha y los grandes medios de comunicación. Ahora bien, para comprender el alcance de esta campaña, es necesario volver sobre los componentes identitarios que han ido surgiendo de esta experiencia de autoorganización y acción colectiva. Recordemos que, tal como lo analizamos en otro lado (Svampa y Pereyra:2003), por encima de la fuerte heterogeneidad social, de género y generacional, y más allá de las diferencias que pueden encontrarse entre las distintas organizaciones piqueteras, la historia parece indicar que ha ido constituyéndose una identidad piquetera, cuyo anclaje no es otro que un cierto relato, constituido a partir de 1996, en el que se narra la experiencia de los piqueteros. Todos los testimonios -no sólo las entrevistas sino también las crónicas periodísticas- coinciden en que ese relato comienza con el corte en Cutral-Có y Plaza Huincul, donde surge el nombre «piqueteros». Esa narración, esencial sobre todo en las fases constitutivas de los movimientos, vincula tres términos fundamentales: en primer lugar, un nombre «piqueteros», referido al agente principal de las acciones que la historia narra; en segundo lugar, y diremos que como eje central, se encuentran precisamente esas acciones que son los cortes de ruta -los «piquetes»- y, en tercer lugar, la historia se complementa con los motivos y las consecuencias de esas acciones, lo que remite centralmente tanto al vínculo entre modelo económico y crisis, cuanto a la demanda de trabajo, la recepción y administración de planes asistenciales. Ese relato es el que da sentido a los acontecimientos que recorren la historia piquetera y que finalmente explica el surgimiento de las organizaciones de desocupados como una consecuencia de la desestructuración productiva del país.
Sin embargo, la historia piquetera no fue definida de esa manera desde el principio, sino que atravesó un camino sinuoso -cruzado por otros relatos posibles-, hasta que se produjo cierta estabilización. Así, se habló de un «rebrote subversivo» en Cutral Có, de «francotiradores de la FARC» en General Mosconi y desde un «complot piquetero» hasta una «matanza entre piqueteros» en el Puente Pueyrredón. Estas operacio-
nes fueron, empero, desbaratadas por los hechos posteriores. Ahora bien, otro proceso comienza en 2003, a partir del cambio registrado en la estructura de oportunidades políticas. En realidad, el escenario remite a una contienda política por demás compleja, donde intervienen y se entrecruzan activamente las presio-
nes del poder económico, sus voceros políticos y mediáticos, con la política de control y disciplinamiento del gobierno peronista actual para con los sectores excluidos (Svampa:2004).
Más allá de las dificultades visibles de un conjunto importante de las organizacio-
nes piqueteras para reposi-cionarse frente al cambio del escenario político, respecto de 2002, esta contien-da desigual se fue traduciendo en un corrimiento del significado de la protesta social. Más simple: en poco tiempo, los piqueteros dejaron de ser la mayor expresión de la resistencia al modelo neoliberal, para convertirse en una de las consecuencias «perversas» del mismo modelo. La centralidad que adquirió la problemática de la (in)seguridad con la entrada de Juan Carlos Blumberg en escena, en 2004, sirvió también para recrudecer el lenguaje, como bien lo reflejan los titulares -casi el lenguaje de guerra- de los diarios nacionales a partir de 2003.
Así, en el contexto actual, es posible advertir que el relato sobre una identidad piquetera se ha visto sacudido por los efectos estigmatizadores que ha tenido la difusión de un sentido común antipiquetero en la sociedad argentina. Más aún, asistimos a la instalación de un marco de interpretación de la acción piquetera que busca desestabilizar este relato identitario, estableciendo un nuevo corte, diferente de los anteriores, esta vez, entre «lo auténtico» (las primeras manifestaciones piqueteras y los levantamientos comunitarios) y, por otro lado, «lo inauténtico» (su evolución a partir de 2002). Es aquí donde se expanden y se combinan los tres argumentos que hemos enunciado al principio de este apartado (hipótesis de la manipulación, la visión miserabilista y crítica normativa).
El impulso que tomó crimina-lización del conflicto social en los últimos tiempos no es ajeno a este proceso, pues a través de su constante judicialización se apunta a desdibujar el reclamo esencial de los desocupados (los derechos básicos conculcados), reduciendo la protesta a una acción «ilegal», al tiempo que se invisibilizan otras dimensiones constituti-
vas de la experiencia piquetera, por ejemplo el trabajo comunitario en los barrios.
Ahora bien, frente a ello, en un escenario de fuerte confrontación y pulseada política, las organizaciones piqueteras han venido afirmando mucho más sus componentes plebeyos. Esta afirmación de lo plebeyo, que apunta a reivindicación de lo popular, en cuanto ser negado y excluido, ha acompañado la irrupción y desarrollo de los movi-mientos piqueteros. Recordemos que en la Argentina, lo plebeyo como voluntad de autoafirmación de lo popular ha emergido como resultado de un conflicto con otros sectores sociales (clases medias y altas), que asimilan el carácter impugnador de lo plebeyo con la incultura, al tiempo que reclaman la superioridad de sus modelos culturales y estilos de vida. En este sentido, la presencia de lo plebeyo remite la historia de otros movimientos populares, tanto del yrigoyenismo como sobre todo del peronismo,. Lo particular, sin embargo, es que en la actualidad esta reivin-dicación del carácter plebeyo e iconoclasta de lo popular ya no se realiza desde el aparato del Estado (como sucedía con el peronismo histórico), sino que interpela y desafía al propio peronismo institucional que hace tiempo decidió enterrar su tradición contestaria y contracultural. Por otro lado, su emergencia se da en un contexto de gran crisis, más aún, de descenso y caída social de numerosos sectores sociales. Por ello mismo, la potenciación de lo plebeyo tiende a alimentar el «voyeurismo» y el rechazo de las clases medias, tan necesitadas de construir contrafiguras negativas a partir de las cuales afirmar una supuesta superioridad de clase. No es casual entonces que los componentes plebeyos se hayan exacerbado, a partir del ingreso de los movimientos en la escena nacional, que alcanzaría un clímax entre 2003 y 2004. Así, fue en el marco de una fuerte puja, visible en los conflictos por la ocupación del espacio público en la ciudad de Buenos Aires, donde lo plebeyo volvió a convertirse en un principio de (auto)afirmación de lo popular.
En resumen, la entrada en los espacios más tradicionales de la política nacional, sobre todo a partir de 2002, tuvo efectos sumamente contrastantes. Por un lado produjo adhesiones e importantes cruces sociales, sobre todo, con parte de los sectores medios movilizados, ligados al proceso asam-bleario, los colectivos culturales y los partidos de izquierda. Por otro lado, esta presencia inquietante y a la vez perturbadora de lo plebeyo en el centro político de la Argentina, terminó por instalar una vez más la imagen del «aluvión zoológico» como elemento importante de la dinámica recursiva entre movimientos populares y opinión pública, base sobre la cual gobierno, sectores conservadores y grandes medios de comunicación se montaron para construir el consenso negativo con relación a las movilizaciones sociales. Lo dicho aparece patentizado en un discurso social y periodístico que vehiculiza una cierta lectura político-cultural, que coloca el acento en la inferioridad antropológica y cultural y, por ende, en la peligrosidad de los sectores populares. Ello ha actualizado en amplios sectores medios y altos una (histórica) actitud de desprecio hacia lo plebeyo, tanto como acentúa el temor a las «clases peligrosas», a través de los dos estereotipos negativos, el «piquetero violento» y el «piquetero plebeyo». En fin, este desprecio a lo plebeyo reactiva la imagen fundadora de la Argentina moderna, «civilización o barbarie», que históricamente ha estado en la base de diferentes dispositivos simbólico-políticos para justificar la exclusión de lo popular.
Lo dicho no significa negar las dificultades internas que atraviesan las organizaciones piqueteras, que hemos abordado en el capítulo anterior. Antes bien, nos interesa llamar la atención sobre el modo como se han combinado y actualizado ciertos elementos presentes en diferentes tradiciones, en el proceso de redefinición identitaria de las organizaciones de desocupados: por un lado, la puja política llevó a los actores más poderosos (gobiernos, sectores conservadores, medios de comuni-cación) a actualizar el estigma de la barbarie, asociado a la representación de las nuevas clases peligrosas. Por otro lado, como hemos visto en el capítulo anterior, el gobierno peronista y las agrupaciones populistas que lo apoyan, actualizaron ciertos elementos de la tradición nacional-popular, sobre todo, aquel que hace referencia al vínculo populista, caracterizado por la subordinación de los actores sociales al líder. En definitiva, tanto la actualización de la memoria de las clases medias y altas (la estigmatización de lo plebeyo), como ciertos elementos de la memoria nacional-popular(la dependencia respec-to del líder), han venido a cuestionar el relato identitario -el piquetero-, quizá demasiado centrado en la «memoria reciente», a saber, centrada en la dimensión mítica que tomaron los piquetes y puebladas de los 90 y, sobre todo, las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.