¿Cuántas y cuáles son las mujeres asesinadas el primer mes de 2020? ¿Qué significa Femicidio de Estado? ¿Cuáles son las historias de violencia e impunidad detrás de cada familia destruida? Familias Sobrevivientes de Femicidios es una nueva organización que generó un encuentro conmocionante y conmovedor en plena Plaza de Mayo este miércoles. Las voces que describen el rol de la violencia, de la policía, del poder judicial apostando, pese a todo, a crear un futuro más allá de la impunidad y la muerte.

A las dos de la mañana en la puerta de la Catedral de Mar del Plata cincuenta y cuatro personas se reúnen para esperar un micro que pagaron con lo recaudado en un festival artístico y vendiendo mermeladas caseras que preparó Marta, la mamá de Lucía Pérez.

Lo primero que enseñan así es que a esta lucha la sostiene la autogestión.

Viajarán durante toda la madrugada para estar a las once de la mañana en Plaza de Mayo donde los segundos miércoles de cada mes se reúne el colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios. El encuentro consiste en dos acciones:

• que las familias puedan hablar sobre sus historias, sus experiencias en la justicia, las estrategias que tuvieron que desarrollar, lo que necesitan, lo que falta, lo que duele;
• y que todo el resto de los presentes escuchen, escuchemos.

Los espacios diagramados para la voz y la escucha son claros: las familias están sentadas en semicírculo, en bancos rojos. A sus espaldas una bandera dice “Estado femicida nunca más”, atrás la Casa Rosada; alrededor de ellxs, con banderas, las personas que escuchamos.

Están sentadxs: Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; Rosana, mamá de Carla Soggiu, Mónica, mamá de Araceli Fulles; Gustavo, papá de Natalia Melmann; Ana, mamá de Analia Aros; Blanca, mamá de Agustina Fredes; y Jesica, hermana de Nancy Segura.

Tienen algo en común: sus hijas o hermanas fueron víctimas de femicidios. Saben que el femicidio es un tipo de violencia que destroza un cuerpo y, a la vez, a una familia. Saben también que esa violencia afecta a toda la trama social: el colegio, el barrio, la opinión pública.

Conocen qué rol cumplen el aparato policial y judicial para dejar a estos crímenes impunes, sin condenas justas. Y también saben que no hay políticas completas y concretas para contener, acompañar y facilitar el acceso a la justicia ni a programas de asistencia social, psicológica y legal, entre otros derechos negados.

Construyeron ese saber desde sus propios dolores y con su propio cuerpo. Desde ahí hablan, eso escuchamos.

Lo que cuentan

Lucía Pérez, 16 años. El 8 de octubre de 2016 Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41, la llevaron a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Los apresaron un día después en una camioneta Fiat Strada gris donde se encontraron 38 gramos de cocaína y 250 de marihuana. Los registraron en su parada habitual: la puerta del colegio a donde concurría Lucía. Hubo un tercer detenido, Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto. En el juicio oral Farías y Offidani fueron condenados por tenencia de drogas con intención de venta, y Maciel sobreseído.

Nadie fue condenado por el femicidio, los jueces consideraron que a Lucía no la mataron -se murió- y no la violaron: conjeturaron que la actividad sexual comprobada en la autopsia había sido consentida. Todas las partes apelaron el fallo y la audiencia será el próximo 5 de marzo a las 10 horas en La Plata. En paralelo, la familia de Lucía impulsó junto a legisladores de distintos bloques el juicio político a los jueces que dejaron impune el crimen de Lucía: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata, aunque ante el juicio político comparecerán solos dos jueces, ya que Carnevale pidió la jubilación anticipada, la cual le fue concedida por la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

El Estado y los extraterrestres

Quien habla en la ronda de Plaza de Mayo es Marta Montero, su mamá, enfermera del Hospital Interzonal de Mar del Plata: “De nuevo estamos juntas visibilizando cosas que no ven o no pueden ver. Queremos que nos vean la cara. Después del femicidio de nuestras hijas, esto es como quedamos: familias desmembradas, destruidas. Esto es lo que podemos juntar. ¿Qué venimos a hacer a esta plaza? Venimos a sembrar conciencia. ¿Qué es lo que está pasando que el Estado no está presente? No está con las familias. Es como si fuésemos extraterrestres. Y a todas nos pasa lo mismo. No es casual que a todas nos traten igual. No es casualidad: es causalidad, de no hacerse cargo. Venimos acá para que haya política social. Porque esto nos atraviesa a todos, acá se destruye todo el tejido social. Nos matan en vida a nosotras mismas, porque después de la muerte de una hija quedamos como podemos, quedamos en hilachas. La que puede trabajar, trabaja, la que no, no consigue. Porque hasta eso tenés: la discriminación de ser la hermana de, la madre de, el padre de. Queremos que este Estado ausente empiece a visualizar esto. No sé de qué manera tenemos que hacerlo: si tenemos que traer el cadáver de nuestras hijas o el cadáver nuestro acá a la Plaza. Para todas las que estamos acá es un gran sacrificio: desde las 2 de la mañana estamos levantadas para venir desde Mar del Plata”.

Natalia y los policías

Natalia Melmann, 15 años. Desapareció el 4 de febrero de 2001, cuatro días después se encontró su cuerpo en las afueras de Miramar. Fue violada, torturada y luego asesinada. La autopsia reveló presencia de cinco perfiles genéticos distintos en el cuerpo. Los policías bonaerenses Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini fueron condenados por “privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas” y el policía Gustavo Fernández como entregador. Diecisiete años después fue juzgado y absuelto el ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero, pero a fines del año pasado Casación resolvió revocar la absolución.

Habla en Plaza de Mayo Gustavo, su papá: “Estamos presentes porque queremos impulsar un cambio en la sociedad. Un cambio cultural y un cambio en la justicia. Cada uno de nosotros venimos de marcha en marcha, y principalmente venimos a pedir un freno a los casi 30 femicidios mensuales que tiene la Argentina. Venimos a pedir Ni Una Menos, políticas de Estado que protejan a la mujer. Queremos respuesta rápida e inmediata”.

Nancy Segura, 27 años. Fue asesinada el 19 de junio de 2017 por su ex pareja Rafael Inglera a puñaladas. Su hija de 3 años estaba presente. Nancy tenía también un hijo de 11 años. Ambos están al cuidado de su tía. En agosto del año pasado un jurado popular en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata encontró culpable a Inglera por “homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación”. La jueza Mariana Irianni estableció 20 años de prisión.

Habla Jesica, su hermana: “A Nancy la mató el exmarido el 19 de junio de 2017. Tuvimos el juicio, le tiraron 20 años. Nada. Estoy criando a mis dos sobrinos. Me hice cargo. Ahora con la nena estoy peleándola porque tiene el apellido de él: él la mató y yo tengo que seguirla peleando para tenerla definitivamente. Para que se queden conmigo. Es lo único que me deja mi hermana. Ellos me dan fuerza para seguir peleando y que lo de mi hermana ni lo de ninguna de las chicas quede en la nada. Muchas gracias”.

Agustina, Analia, Araceli

Agustina Fredes, 19 años. Fue violada y torturada física y psicológicamente por Matías José Acevedo, hechos que fueron denunciados ante la justicia. El 18 de abril de 2017 su familia toma conocimiento de que está embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23 de abril del 2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. En junio de 2017 la familia pidió que se realizara una autopsia, que fue negada porque consideraron que no era necesaria. Ocho días después del primer encuentro de Familias Sobrevivientes de Femicidios en el diciembre pasado fue detenido Acevedo.

Habla en Plaza de Mayo Blanca, su mamá: “Cuando estuvimos acá en diciembre, a los ocho días, recién ahí, detuvieron al asesino de mi hija. En abril ella cumple tres años de fallecida. Está detenido con la preventiva, recién el lunes me van a detallar cómo sigue. Espero que sea todo para bien, que sea una condena sin beneficios. Porque van a ser tres años que mi hija está bajo tierra, y ella no tiene beneficios. Quiero y exijo que sea lo mismo para él. Porque nosotros nos quedamos sin las chicas, ellos la siguen disfrutando, se burlan de la familia, porque la Justicia los ampara a ellos. Nosotras pasamos a ser madres descartables. Nos matan a nuestras hijas y tenemos que venir de tan lejos a estar acá sentadas llamando la atención e informando de lo que pasa a la gente. Y no es fácil venir acá. Es muy triste. Gracias”.

Analía Aros, 36 años. El 21 de marzo de 2017 su ex pareja Hugo Orlando Gutiérrez la golpeó en la cabeza y estranguló con un cable de luz. En octubre de 2018 fue condenado a prisión perpetua en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata.

Quien habla en Plaza de Mayo es Ana, su mamá: “Yo siempre no puedo hablar, pero trataré. Mi hija Analía fue asesinada por su pareja. Ahora en marzo se van a cumplir tres años. Tiene perpetua, según dicen son 35 años. La perpetua también es para nosotras las madres y para las hijas que quedaron. Él está vivo, y dentro de la cárcel se burla de nosotras. Tiene un celular donde lo vemos. Se casó dentro de la cárcel, tiene un bebé ahora y se saca fotos con los deditos con la V de victoria en Facebook. Lo vemos. Son tres años de sufrimiento. Seguimos sufriendo al ver esas fotos. Mi sufrimiento es perpetuo, mi hija nunca más volverá. Estoy a cargo de su hija más chica, 13 años, que es una preadolescente que estamos con todos los tratamientos habidos y por haber. Y yo con 70 años tengo que volver a empezar de nuevo. Y me está costando muchísimo. Muchísimo. Me está costando pensar que mi hija está muerta. Y esto de llorar es todos los días, porque así nos dejan: emocionalmente destrozadas. Nos dejan hechas pedazos a todas las hermanas, las hijitas. No sé cuánto estaré yo criando una nena de 13 años. Y ese es mi miedo: llegar a que esa nena pueda ser criada lo mejor posible. Trato de hacer lo mejor posible con la fuerza que puedo sacar de mi dolor”.

Araceli Fulles, 22 años. El 1º de abril de 2017 a las 7 de la mañana le envió un audio a su mamá, Mónica, diciéndole que estaba en camino a su casa y que pusiera la pava para tomar juntas unos mates. Nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado 23 días después, destrozado, enterrado y cubierto de cal. Al día siguiente del hallazgo Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, el oficial principal José Gabriel Herlein y el numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la Comisaría 5ª de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición. El cuerpo de la joven fue encontrado en la casa de la madre de Darío Badaracco. La orden de requisar esa casa fue dada por el juzgado al comienzo de la investigación, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad. Badaracco estaba detenido en el penal de Sierra Chica cuando, en abril de 2019, lo mataron: le hicieron tragar agua hirviendo. Los otros implicados en el femicidio de Araceli son Carlos Cazals, y sus empleados Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas. Badaracco también formaba parte de su plantel. Mónica, mamá de Araceli, fue quien logró que se detenga a Carlos Cazals, pero por otro delito relacionado con el femicidio: había amenazado a una testigo que conocía su participación en el hecho; quedó libre el pasado setiembre. La familia está amenazada y con custodia policial permanente. El juicio oral ya tiene fecha: mediados de mayo de 2020

Habla Plaza de Mayo Mónica, su mamá: “Ella desapareció un 2 de abril. La encontré a los 27 días violada, quebrada. La habían puesto en un freezer. Estuvieron 27 días sin saber dónde meter el cuerpo, hasta que la enterraron en un pozo con cal. Esa carita que ven acá no se veía. Fui a reconocer el cuerpo de mi hija, nada más estaban los dientitos y los ojitos. Cuesta. Yo también estuve donde está la gente afuera, nunca me paré a preguntar por qué estaba reunida la gente, a veces en la plaza o con carteles, porque yo era muy ignorante en ese momento. Ignoraba lo que estaba pasando. Hoy me tocó a mí. Lo de mi nena fue hace 3 años ya. Fue una herida mortal para nosotros. Esa herida es como que se engangrenó. Cada día duele más. Estamos muertos en vida. No hay un día en que una no piense en su hija. Cada vez duele más y más y más, y yo sé que en algún momento nos va a llevar a la muerte. Estamos muertas en vida. Destruyeron a toda una familia. Tengo dos hijos. Mi hija tenía 22 años, hoy mis hijos tienen 23 años, y tengo que seguir luchando por ellos dos. El que encontró el cuerpo de su hermana no hay un día que no se levante y me diga: ´Ma, me duele acá´. Hicimos tratamiento, todo, y no tiene nada. Me dijeron que es psicológico. Y tiene miedo de quedar como quedó su hermana. Él, cuando vio el piecito, pensó que era un chancho, pero era el pie de su hermana: todo comido. El más chico intentó dos veces matarse. Una vez me lo trajeron porque se había tirado a las vías del tren y dijo que no quería vivir, que quería volver con su hermana. Un día llegamos y estaba ahorcado. Ya estaba morado. Le hicimos primeros auxilios y gracias a Dios reaccionó. Y yo lamentablemente estoy sola, porque mi marido cayó en una depresión. No quiere vivir. No hace mucho le preguntaron si se le aparecía la imagen de su hija, qué le diría, él dijo: `Que me lleve con ella. Que no quiero vivir más´. Entonces yo les pregunto a todos: ¿por qué tenemos que estar acá a pesar de nuestro sufrimiento?  ¿Por qué no hacen nada? En enero hubo 35 femicidios. Hacen oídos sordos o se hacen los ciegos. No estamos acá porque queremos estar: queremos que haya justicia, que se termine toda esta impunidad, que nos ayuden y que la gente que pasa no ignore nuestro dolor. Estamos acá luchando por nuestras hijas y por los hijos de ustedes. Ayuden a que tengamos justicia”.

Concluyó con una frase que sonó amable, y extraña: “Que tengan buen día. Gracias”.

Almas rotas

Carla Soggiu, 28 años. El 26 de diciembre de 2018, Sergio Nicolás Fuentes, su ex marido, la secuestró, ató, violó y golpeó. Ella tenía hidrocefalia, y los golpes destrozaron la válvula. Hizo la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica: completarla le llevó horas. Le dieron un botón antipánico y una orden de restricción y se abrió una causa por la que en diciembre del año pasado se lo condenó a seis años de prisión. Veinte días después de la violación, el 20 de enero de 2019, Carla activó tres veces en un lapso de noventa minutos el botón antipánico para avisarle a la Policía que estaba perdida y necesitaba ayuda. La lesión por la golpiza en el cráneo, según sus padres, derivó en una desestabilización y desorientación tiempo-espacio. La ayuda no llegó. Los padres de Carla aseguran tener el dato de que, justo por esos días, el GPS del botón antipánico no funcionaba. Sin obtener respuesta adecuada y a tiempo Carla murió. Su cuerpo fue encontrado tres días después. Tenía dos hijos que quedaron a cargo de sus abuelos maternos. La familia pide que, dada la condena por violación que lograron en la causa que precedió a su crimen, se cambie la carátula de la que investiga su muerte por “femicidio”.

Habla en Plaza de Mayo Rosana, su mamá: “Sigo pidiendo justicia por mi hija. Toda mi familia con el alma rota. Ya hay una condena al asesino. Están comprobados los golpes que le dieron en la cabeza, en la válvula. Ahora seguimos por el femicidio, porque a raíz de los golpes que le ocasionó es que está muerta. Vamos a seguir luchando hasta el final, para que paguen los que tengan que pagar. El asesino y el Gobierno de la Ciudad también, ya que no ayudó a Carla”.

La carta

Luego de la ronda Marta, mamá de Lucía, leyó la carta que el colectivo redactó para presentar en Casa Rosada. Luego, todos los familiares presentes la firmaron y quien entró a entregarla fue Mónica, mamá de Araceli. Lo hizo con la remera y la bandera con la foto de su hija.

En la carta, la segunda que entregan tras la que redactaron en diciembre, las Familias Sobrevivientes de Femicidios exigieron “que se reconozca el estado de dolor e indefensión en el que nos deja el asesinato de nuestras hijas, y esa forma de reconocimiento es concreta” y detallaron a continuación lo que necesitan.

Reproducimos el texto:

1. Contener y reparar el daño que la violencia produjo en nuestras familias, afectando vital, psicológica y económicamente a huérfánxs, hermanxs, padres. Estamos padeciendo depresiones, intentos de suicidio y exclusiones del mercado laboral por ser “el hermano o hermana de” o “el padre o la madre de”, estigma que muchas veces ayudan a construir la impunidad que produce el Poder Judicial al dejar sin condena ejemplar estos crímenes.
2. Hacer justicia en un sistema que favorece la impunidad de los femicidios, lo cual implica para las familias dedicar mucho tiempo, recursos y energía, además de tener que trasladarse cientos de kilómetros para las audiencias de apelaciones, por lo cual debemos  abonar pasajes, estadía y comidas; además de hacernos cargo de los honorarios de abogados penales, que como es tradición en ese fuero, deben pagarse antes de iniciarse el trámite judicial, es decir, en plena conmoción familiar y cuando tenemos que pagar hasta el sepelio de nuestras hijas masacradas.
3. Reparar el daño en el tejido social que estos femicidios producen, dejando secuelas de las que ninguna autoridad se hace cargo, ya que en ningún barrio o escuela del territorio donde se produjo el femicidio de nuestras hijas se implementó ningún programa ni se aplicó ningún protocolo para elaborar comunitariamente el trauma de estas violencias y, por lo tanto, intentar así prevenirlas.

Agrega el texto: “Son muchos más los factores que podemos enumerar, pero en esta oportunidad nos centramos en estos tres aspectos para reclamar tres medidas:

1. Que se implemente un programa para contener a las familias víctimas de violencia machista, que incluya a todos los miembros afectados. Este programa debe proporcionar asistencia psicológica adecuada y de ser necesario, recursos económicos, hasta que ese núcleo familiar este nuevamente en condiciones de insertarse en el mercado laboral.
2. Que se implemente la asistencia jurídica gratuita y, en caso de ser necesario, se proporcionen los pasajes necesarios para seguir el trámite judicial, tal como se corresponde con el pleno ejercicio del acceso a la justicia.
3. Que se implemente un protocolo de actuación territorial y especialmente en el ámbito de la educación para aplicar inmediatamente en casos de poblaciones afectadas por femicidios”.

Crímenes 2020

Las familias habían llegado a Plaza de Mayo con una bandera de tela negra en la que se leía: “enero” y 34 carteles con un dato en cada caso: “una menos”.

Cada cartel llevaba un nombre. Son las mujeres asesinadas durante el primer mes de 2020: Inés, 56 años; Sabrina, 35 años; Valentina, 19 años; Analía, 27 años; Florencia, 27 años; Luciana, 24 años; María, 25 años; Claudia, 44 años; Gabriela, 33 años; Silvia, 32 años; Marisa, 44 años; Noelia, 42 años; Alejandra, 28 años; María Mercedes, 46 años; Mariela, 40 años; Bárbara, 20 años; Florencia, 21 años; Ana Beatriz, 52 años; Isabel, 25 años; Francisca, 44 años; Bárbara, 29 años; Natalia, 16 años; Dámaris, 23 años; Romina, 17 años; Olga, 30 años; Natasha, 24 años; Deborah, 26 años; Rita, 27 años; Valeria, 28 años; Ayelén, 15 años; Antonela, 22 años; Gladys, 37 años; Antonella, 30 años y Maria Laura, 35 años.

Marta y Mónica leyeron la lista en voz alta, mientras la bandera giraba en torno a ellas, y sonaba la percusión aportada por artistas que llegaron desde Mar del Plata.

Después se hizo la performance del colectivo chileno Las Tesis que recorre el mundo y grita: “El Estado opresor es un macho violador”. Desde el Colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios plantean “Estado femicida nunca más” llamando Femicidios de Estado a “aquellos crímenes contra mujeres y personas trans cuyas condiciones para que se produzcan, concreten y queden impunes forman parte del escenario previo y garantizado por las políticas de Estado, tanto las que se llevan adelante como las que se dejan de hacer”.

El próximo encuentro será el segundo miércoles de marzo, a las 11 horas, en Plaza de Mayo.