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Que viva el periodismo: las respuestas a los ataques a la prensa

En la antesala del 7J Periodistas Argentinas SIPreBA, ARGRA y FATPren reunieron a unos 200 profesionales de la comunicación en Plaza de Mayo para una acción colectiva. Periodistas Argentinas además difundió un video y un documento que refleja la situación del sector y la cronología de los ataques a la prensa. Son algunas de las respuestas frente a un gobierno que ha tomado como enemigo al periodismo. El grito por Pablo Grillo. Las estrategias para convertir al periodismo en un perro faldero, la cronología de los atropellos. Las imágenes, videos y documentos.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA), la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y Periodistas Argentinas organizaron este jueves una foto colectiva en Plaza de Mayo, a dos jornadas del Día del y la Periodista en la Argentina, bajo el lema “Basta de ataques a la prensa”.

Censura y Salarios de pobreza: dos de los signos del presente para el ejercicio del periodismo. Fotos Juan Valeiro
La convocatoria reunió a más de 200 profesionales que se instalaron de espaldas a la Casa Rosada con la bandera y el lema de la convocatoria y exhibieron pancartas con fotos de las represiones sufridas por la prensa en los últimos tiempos y un conjunto de palabras: Censura, Violencia, Persecución, Hostigamiento, Doxeo, Ajuste, Salarios de pobreza, Silenciamiento, y una que sintetiza una respuesta: Basta.

Fabián Grillo con la imagen de su hijo Pablo, que salió de terapia intensiva para continuar su rehabilitación. Fotos Juan Valeiro
Cada una de esas imágenes y palabras fueron luego pegadas en la valla que divide a Plaza de Mayo para mantener a la gente alejada de la casa de gobierno. Además de la posibilidad de encontrarse, para las y los periodistas la convocatoria tuvo un punto particularmente fuerte en los gritos de apoyo al fotógrafo Pablo Grillo, que salió de terapia intensiva y está con los ejercicios de rehabilitación tras el ataque de la Gendarmería que el 12 de marzo le disparó a la cabeza un proyectil de gas lacrimógeno que le provocó pérdida de masa encefálica.

La imagen en la Plaza, el periodismo congregándose para un reclamo frente al hostigamiento, la violencia, la censura, el acoso y la precarización laboral.
El documento de Periodistas Argentinas
Por su parte la organización Periodistas Argentinas, que también participó en la acción de Plaza de Mayo, divulgó un documento titulado Informe 7J. Que viva el periodismo: nuestra respuesta a los ataques a la prensa, que acompaña con un video que reproducimos aquí más abajo.

Georgina Barbarossa durante la filmación. Fotos: Paloma García para Periodistas Argentinas.
Grabado en Mu Trinchera Boutique, intervienen Nancy Pazos, Georgina Babarossa, Rolando Graña, Silvia Naishtat, Carlos Ulanovsky, Analía Argento, Ezequiel Fernández Moores, Cynthia García, Gabriela Pepe, Agustín Lecchi, Fernanda Guillot, , Ernesto Lamas, Franco Torchia, Larisa Kejval, Verónica Castañares, Javier Borrelli, Sabina Mina, , Sebastián Lacunza, Silvina Márquez, Alejandra Benaglia, Telma Luzzani, María Cafferata, Gabriela Navarra, Luisa Valmaggia, Eugenica Morea, Valeria Cantor, Claudio Mariani, Leticia Martin, Adriana Lorusso, Ana Cacopardo, Gisela Busaniche, Martín Ulacia, Delfina Torres Cabreros, Facundo Pedrini, Silvina Quintals, Gabriela Vizental, Miriam Lewin, Jessica Ferradas y Sergio Ciancaglini.

Nancy Pazos. Fotos: Paloma García para Periodistas Argentinas.
El informe explica de qué modo se busca convertir al periodismo en un perro faldero con “una campaña verbal que busca desmoralizar y cansar a través de la apología del odio”. Detalla el objetivo de adoctrinamiento y destaca: “Cuando el periodismo es atacado la víctima es el Estado de Derecho”.
Explica las estrategias del oficialismo: usar los tribunales para castigar y amedrentar, la sustitución y reemplazo de periodistas por propagandistas, la represión directa por parte de fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas, y las políticas de salarios miserables y condiciones de precarización laboral. Y detalla una cronología de los ataques sufridos por la prensa por parte del poder oficial. Las tres consignas que plantea el documento:
- Que viva la libertad de expresión.
- Que viva el periodismo.
- Que viva la democracia.
Aquí, el informe completo de Periodistas, seguido por el video elaborado para el 7 de Junio.

Cynthia García, Franco Torchia y Miriam Lewin. Fotos: Paloma García para Periodistas Argentinas.
INFORME 7J
Ǫue viva el periodismo: nuestra respuesta a los ataques a la prensa
El rol que cumple el periodismo en una democracia está bajo ataque directo. Las razones no son ningún secreto: cuando se ha logrado coartar la capacidad del periodismo de informar a la opinión pública sobre los manejos del poder, actuar con impunidad es más fácil.
En tiempos así, la función misma del periodismo es considerada enemiga por tres motivos:
- Cuando el aumento de la desinformación y las noticias falsas erosiona nuestra realidad compartida, el periodismo garantiza un flujo de noticias e información confiables que la opinión pública necesita para tomar decisiones, ya sea sobre la política, su economía personal o sus vidas.
- Mientras que la polarización tensa al extremo nuestras relaciones sociales, el periodismo fomenta ese entendimiento mutuo que permite que una nación diversa y dividida se comprenda. La información veraz tiende puentes entre los reclamos y necesidades sociales y el poder que debe asumirlos y resolverlas.
- A medida que la creciente desigualdad socava la confianza de la sociedad, el periodismo plantea preguntas difíciles y expone verdades ocultas, permitiendo que la ciudadanía exija respuestas e identifique claramente a los responsables de darlas.
Si el periodismo está diseñado para ser un perro guardián, el objetivo ahora es domesticarlo para que se convierta en un perro faldero.

Ezequiel Fernández Moores y Analía Argento. Fotos: Paloma García para Periodistas Argentinas.
¿Cómo intentan lograrlo?
La primera parte de la estrategia consiste en sembrar la desconfianza y fomentar el acoso a periodistas y a sus organizaciones. Se trata, en gran medida, de una campaña verbal que busca desmoralizar y cansar a través de la apología del odio. Hoy en día, quienes informamos sobre personas poderosas o investigamos temas controvertidos recibimos una catarata de amenazas y mensajes intolerantes. Ese ruido en las redes sociales puede extenderse rápidamente al mundo real. Y por más que nos hayamos preparado para esos ataques, nos preocupamos enormemente cuando las amenazas se extienden a nuestros hijos que están en la escuela, a nuestros familiares que están en su trabajo, y a nuestros padres que están en casa.
El objetivo no solo es asustarnos.
Es adoctrinar a la gente para que nos deteste y desconfíe de nosotros. Es adoctrinar a la gente para que nos deteste y desconfíe de nosotras.
Es condicionar a la gente para que crea que merecemos cualquier cosa que nos pase.
A corto plazo, esto tiene un efecto disuasorio, obligando a preguntarse si se justifican las inevitables consecuencias de investigar un caso. A largo plazo, lo que se genera es un clima propicio para extinguir la libertad de expresión plural y diversa, que no es un derecho exclusivo de la prensa, sino de toda la sociedad. Cuando el periodismo es atacado la víctima es el Estado de Derecho.
La segunda parte de la estrategia es usar los tribunales para castigarnos. Hasta la demanda más intrascendente es costosa e invasiva, y defenderse consume mucho tiempo. Desgasta y erosiona la reputación de las personas y del oficio.
La tercera parte de la estrategia apunta a la sustitución. No basta con atacar a las y los periodistas: buscan reemplazarnos con propagandistas, quienes simulan desempeñar un papel periodístico, cuando en realidad lanzan preguntas fáciles a los funcionarios y repiten fielmente los argumentos del partido gobernante.
La cuarta parte de la estrategia es física: golpearnos, gasearnos, atropellarnos con las fuerzas de seguridad cuando estamos cumpliendo nuestra tarea. El objetivo es impregnar la cobertura de noticias de miedo real y concreto.
La quinta parte de la estrategia es someternos con salarios miserables y condiciones laborales de total precariedad y multiempleo que generan remuneraciones de pobreza.
No somos la oposición de nadie.
Tampoco somos los aplaudidores de nadie.
Nuestra lealtad es con la verdad y con una opinión pública que merece conocerla. El miedo es contagioso, pero también el coraje.
Este 7 de junio, juntas, juntos, más que nunca y como cada día, queremos y debemos expresar aquello que nos impulsa a ejercer este oficio maravilloso, que es también un trabajo que tiene derechos y una vocación que merece respeto.
Que viva la libertad de expresión. Que viva el periodismo.
Que viva la democracia.1
1 Declaración basada en las palabras del presidente y editor de The New York Times, A.G. Sulzberger.

Silvia Naishtata, Carlos Ulanovsky y Claudia Acuña. Fotos: Paloma García para Periodistas Argentinas.
Un método global y su aplicación en Argentina
El texto que antecede está basado en una conferencia que ofreció el
14 de mayo el editor de The New York Times, adaptado al contexto argentino que, como queda claro en sus palabras, es global y es de peligro: somos el blanco de un sistema de destrucción de la información periodística que no tiene precedentes históricos por su forma, su persistencia y su método, repetido en diferentes países y aplicado a una diversidad de periodistas. Argentina no es la excepción, sino la regla, pero esta generalización tiene características que en este informe tratamos de sistematizar, para exponerlas públicamente, comprender sus mecanismos y organizarnos para cuidarnos, tanto al oficio como a nosotras y nosotros mismos: estamos en riesgo.
Identificamos así tres factores que caracterizan este ataque sistémico:
- Los ataques a la libertad de informar.
- Las agresiones a las y los periodistas que cubren hechos sociales que el gobierno no quiere que se informen a la sociedad.
- El incumplimiento de los derechos laborales de quienes ejercemos este oficio.
Frente a este panorama exigimos:
Al Poder Ejecutivo:
- Que garantice la plena vigencia de los derechos a la libertad de expresión y de información.
- Que instruya y capacite a las fuerzas de seguridad para que respete el trabajo de la prensa.
- Que cese su apología del odio hacia la prensa.
Al Poder Judicial:
- Que tramite con la celeridad que corresponde las denuncias sobre ataques a personas y organizaciones, así como los amparos y habeas corpus colectivos presentados y que hoy se encuentran en el limbo de la indefinición de a qué ámbito judicial le corresponde cumplir con la tarea de investigar y garantizar el firme cumplimiento de las leyes vigentes.
- Que sancione a los responsables de los ataques a la libertad de expresión y de informar de manera ejemplificadora, como forma de detener la impunidad de la reiteración.
A las empresas:
- Que cumplan con las leyes laborales vigentes y el Estatuto del Periodista Profesional.
Que garanticen que las negociaciones paritarias sean un ámbito de escucha respetuosa de las demandas, que parte del reconocimiento de sus incumplimientos y la voluntad de regularizar acorde a la ley vigente la situación de todas las y los trabajadores de prensa.
- Que asuman la responsabilidad que tienen cuando se ataque a la o el periodista que trabaja en sus medios, poniendo a su disposición las herramientas legales y de contención que requiere una violencia de este tipo.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Que el Relator Especial para la Libertad de Expresión realice una visita in loco para documentar los ataques a la prensa.
- Que considere que la situación argentina es una oportunidad para crear mecanismos de protección y prevención que impidan que estas violencias escalen: nuestro país y el mundo necesita urgente que paremos de contar víctimas.
Los datos
- Ataques a la libertad de informar
El informe del Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), elaborado en 2024 y titulado “El asedio al periodismo debilita la democracia”, registró 179 agresiones en el país, el segundo número más alto desde que se inició el relevamiento en 2008. En promedio, hay un ataque cada dos días. Esta cifra representa un aumento del 53 % en los casos registrados respecto a 2023 y un 103 % en comparación con 2022. Del total de agresiones, 56 fueron atribuidas al presidente Javier Milei.

Agustín Lecchi. Fotos: Paloma García para Periodistas Argentinas.
Entre los tipos de ataque más frecuentes, el 45,25 % correspondió a discursos estigmatizantes, el 25,14 % a agresiones físicas y el 11,73 % a restricciones en el acceso a la información.
Los periodistas de televisión fueron los más agredidos, con 73 víctimas, seguidos por los de radio (47), organizaciones periodísticas (30), medios digitales (25) y diarios (23).
En cuanto a la distribución geográfica, las regiones más afectadas fueron la ciudad de Buenos Aires, con 105 casos, la provincia de Buenos Aires (14), Tucumán (10), Córdoba (7) y Río Negro (7).
Según reporta la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe de abril de 2025, “el presidente Milei no ha ofrecido ninguna rueda de prensa desde su asunción en diciembre de 2023. Sólo concede entrevistas a un grupo reducido de periodistas” y “más de medio centenar de periodistas y medios han sido blanco de insultos o de acusaciones de hechos de corrupción sin presentar ninguna evidencia” .2
Un estudio de la consultora Methodo para Fopea que analizó más de 2,4 millones de interacciones en redes sociales reveló que las agresiones desde el poder amplifican la violencia digital contra la prensa y contabilizó 240.000 menciones peyorativas al periodismo por parte del Presidente Milei y su entorno.3
Por su parte, Reporteros sin Fronteras (RSF) expresó en su último informe: “RSF se encuentra en estado de alerta ante las crecientes amenazas al periodismo en Argentina desde la
2 https://www.sipiapa.org/2025-reunion-medio-ano/argentina-n1300094
3
https://www.infobae.com/america/agencias/2025/04/29/ataques-a-la-prensa-crecieron-un-53-en-argentina-e n-2024-segun-foro-de-periodismo/
asunción de Javier Milei. Además de una retórica extremadamente agresiva e inaceptable, el jefe de Estado y los poderes públicos han fomentado la concentración de los medios de comunicación y limitado el pluralismo y la diversidad, afectando especialmente a los medios más vulnerables. Esta combinación de retórica hostil, violencia física, acoso judicial y digital evidencia un profundo deterioro de la libertad de prensa. Es imperativo que esta ofensiva llegue a su fin y que el gobierno argentino respete y garantice el ejercicio del periodismo en el país”.

Grupo de Periodistas Argentinas. Fotos: Paloma García para Periodistas Argentinas.
2. Las agresiones a las y los periodistas que están cubriendo hechos sociales que el gobierno no quiere que se informen a la sociedad: cronología de la represión a la tarea de informar
No existen registros completos de la cantidad de periodistas que han sufrido agresiones por parte de las fuerzas de seguridad mientras hacían cobertura de noticias y esa falta dice mucho acerca de la situación de indefensión que atravesamos. Lo que sigue entonces es incompleto y enumera solamente las agresiones registradas por Periodistas Argentinas y otras organizaciones de prensa y resume las gestiones ante el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, todas hasta hoy sin respuesta. Ninguna de las denuncias o acciones legales (amparos, habeas corpus colectivos) han sido resueltas por la justicia hasta el momento de presentar este informe y esa indefinición dice mucho acerca del deficiente funcionamiento de las leyes y procedimientos de protección que están vigentes, pero desactivadas en el accionar concreto.

Gabriela Vizental, Facundo Pedrini y Silvina Quintans. Fotos: Paloma García para Periodistas Argentinas.
26 de diciembre de 2023: Periodistas Argentinas y la Asociación de Revistas Culturales (AReCIA) presentaron un habeas corpus colectivo porque “mañana miércoles 27 de diciembre, en el marco de una movilización, deben cumplir con su trabajo que entienden se siente amenazado”. Las medidas de protección solicitadas fueron dos: “se le requiera al Ministerio de Seguridad de la Nación y de CABA las instrucciones que impartieron a las fuerzas de seguridad para interactuar con los trabajadores de prensa y que se ordene a esas fuerzas que no repriman ni dificulten su trabajo”. Los habeas corpus son medidas de protección de la violencia estatal que no requieren firma de abogados y que el Poder Judicial debe resolver en 24 horas, máximo. El juzgado de turno –Contencioso Administrativo Federal Nª7– decide reconducir la presentación como “una acción de amparo” –que requiere patrocinio legal– y se declaró incompetente.
27 de diciembre de 2023: La Cámara de Apelaciones en los Contencioso Administrativo Federal confirmó la resolución. Ese mismo día, en tanto estaba el proceso de sorteo del juzgado que trataría el amparo, fue detenido el periodista Martín Brunas, hecho que motivó una nueva presentación de Periodistas Argentinas ante la Cámara de Apelaciones y derivó en un nuevo hábeas corpus. En la movilización también fueron agredidos los cronistas Heber Ybañez (Telefé), Manuel Jove (TN), Alan Ferraro (TN) y Emanuel Herrera. Se determina que el juzgado de turno sería el Nª 6.
29 de diciembre de 2023: Periodistas Argentinas y AReCIA realizan una presentación para solicitar la excepción para que se trate el amparo presentado a pesar de la feria judicial en
virtud de las movilizaciones previstas por distintas organizaciones sociales durante enero de 2025.
3 de enero de 2024: El fiscal Miguel Ángel Gilligan determina que no hay razones para habilitar la feria judicial y tratar el amparo. Ese mismo día la jueza de turno del tribunal Nª 11 resuelve que sí y habilita su trámite.
4 de enero de 2024: El juzgado de turno se declara incompetente.
9 de enero de 2024: La fiscalía general de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo solicita elevar el trámite a la Corte para que resuelva la competencia.
11 de enero de 2024: La Cámara desestima el pedido fiscal, ratifica la habilitación de la feria y remite la causa a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de CABA.
15 de enero de 2024: El juzgado de turno en el que recae la causa la remite al juzgado de origen, el Nª 11, donde originalmente se radicó el pedido.
16 de enero de 2024: El juzgado Nº 11 reitera su incompetencia y la remite al Juzgado Criminal y Correccional Nª 10.
18 de enero de 2024: El juzgado Nº 10 se declara incompetente.
19 de enero de 2024: La causa se elevó a la Corte Suprema de la Nación para que resuelva la competencia. Hasta ahora –mayo de 2025– no se expidió. El pedido de amparo a las y los trabajadores de prensa ya cumplió 17 meses y acumuló 366 fojas.
20 de enero de 2024: Periodistas Argentinas presentó un informe de las agresiones y el recorrido de la causa judicial ante la CIDH para solicitarle que “requiera al Estado argentino que se “abstenga de realizar actos que comprometan la vida, la integridad personal, la seguridad y la labor profesional de las y los periodistas durante las movilizaciones sociales”.
31 de enero de 2024: Durante la movilización que se realizó en el marco del tratamiento de la llamada Ley Bases en el Congreso de la Nación fue agredido el periodista Lucas Pedulla, que fue golpeado con un palo en el cuerpo y su celular, al caer de su mano, destrozado por las fuerzas de seguridad. El periodista de revista MU fue uno de los dos firmantes del habeas corpus presentado en diciembre. También fueron quemados por el gas disparado por las fuerzas de seguridad los fotógrafos Ignacio Yuchark (MU) y Rodrigo Abd (AP).
1 de febrero de 2024: En el marco del tratamiento legislativo de la llamada Ley Bases fueron agredidos por las fuerzas de seguridad al menos 35 trabajadores de prensa, la mayoría heridos por balas de goma y quemados con gas pimienta.
9 de febrero de 2024: La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se reunió con la Academia Nacional de Periodismo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Fopea, Fundación Led y Periodistas Argentinas. Estuvieron presentes también el secretario de
Seguridad Nacional, Vicente Mario Ventura Barreiro; el secretario de Medios, Eduardo Serenellini, y el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni. Periodistas Argentinas describió ante la
ministra la coreografía que se repetía en el accionar de las fuerzas de seguridad: mientras reprimen la protesta, al mismo tiempo y como parte de la misma operación, gaseaban, golpeaban o detenían al periodista que estaba registrando el hecho, con lo cual no sólo se agredía a la prensa, sino que se atentaba también contra la circulación de la información que transmitían. Se le preguntó, entonces, si se habían dado instrucciones de golpear a la prensa y/o obstaculizar su tarea. Respondió la ministra: “Sería de brutos o de idiotas pretender que no circule la información en estos días porque es imposible. La puede registrar cualquiera, desde un balcón o desde dónde sea. Tenemos el caso de Kostecki y Santillán, por ejemplo”. Bullrich se refirió así a un caso de represión de la protesta social que tuvo como consecuencia dos asesinatos y por el que fueron condenados varios agentes de las fuerzas de seguridad, entre ellos, el responsable del operativo. La reunión se realizó el mismo día en que la CIDH expresó su preocupación por la falta de garantías de la prensa y los derechos de la protesta social; también, la misma jornada en que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), acompañados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron ante el Juzgado Federal 6 una denuncia penal para que “se investigue a los responsables de las represiones del 31 de enero y del 1 de febrero en el Congreso”.
1 de marzo de 2024: Durante la jornada de votación de la llamada Ley Bases en la Cámara de Diputados de la Nación fueron detenidos, gaseados y golpeados al menos cinco trabajadores de prensa, la mayoría mientras transmitía en vivo.
18 de marzo de 2024: En el marco de una movilización de organizaciones sociales realizado en la el Puente Pueyrredón fueron agredidos el cronista Carlos Ferrara (Canal 9) y su equipo técnico -quien sufrió golpes y una lesión en los ojos por el gas pimienta, por lo que debió ser trasladado al hospital para recibir asistencia mediante oxígeno y sedación-; Leo Godoy (A24) y su equipo técnico -quien fue reprimido mientras transmitía en vivo-; y Rodrigo Abad, fotoperiodista de Associated Press (AP), también afectado por los gases.
26 de marzo: El fotógrafo Damián Dopacio (NA) había sacado la foto de una nena que fue gaseada durante la marcha de los jubilados. Luego lo gasearon.
10 de abril de 2024: Varios periodistas y reporteros gráficos sufrieron agresiones por parte de las fuerzas de seguridad mientras hacían su trabajo de cobertura de la marcha de organizaciones sociales. Diego Ricciardi, del canal Crónica TV, recibió un balazo de goma en el mentón. Fue trasladado al hospital Ramos Mejía, donde lo anestesiaron y extrajeron la bala. La cronista de radio Continental Flor Fossatti fue golpeada en la nuca por una tonfa policial. Dijo haberle gritado al policía que estaba haciendo una cobertura periodística mientras le mostraba el carnet de la radio, pero el agente igual la golpeó. La fotorreportera Paula Acunzo -freelance para la agencia fotográfica Zuma Press- fue golpeada por una tonfa policial en el estómago por un policía que le exigía que se fuera. Mientras corría, la Policía de la Ciudad le disparó un balazo de goma en la parte trasera de la pierna izquierda.
El fotoperiodista Federico Rotter, que hacía un trabajo para la agencia italiana Nur Photo, recibió cuatro balazos de goma: uno en el tobillo y tres en la pierna derecha.
6 de junio de 2024: El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona denuncia penalmente, en vísperas del Día del Periodista, a la periodista Nancy Pazos, presidenta de Periodistas Argentinas “por la presunta comisión del delito de instigación a cometer delitos”. En otro juzgado el ministro presentó otra denuncia contra el periodista Darío Villarroel.
11 de julio de 2024: La CIDH realiza una audiencia para tratar el tema de la criminalización de la protesta en Argentina y las restricciones a la libertad de expresión. En ese marco, el CELS cita el caso de la periodista Nancy Pazos, denunciada por el ministro de Justicia.
12 de junio de 2024: En el marco de la movilización convocada durante el tratamiento de la Ley Bases el equipo del Grupo América, integrado por el periodista Christian Balbo y su camarógrafo, Rocío Bao (Infonews) y Diego Fernández (C5N) fueron afectados por el gas pimienta lanzado por las fuerzas de seguridad responsables del operativo. En tanto, Mariano Dalaison (fotógrafo independiente) recibió disparos de balas de goma en la cara.
28 de agosto de 2024: Este miércoles, durante la habitual marcha de jubilados en la zona del Congreso de la Nación, la Policía Federal agredió con gas pimienta al cronista Pablo Corso (LN+), al camarógrafo Marcelo Baldasarre (Canal 9) y al equipo de C5N. En la transmisión en vivo de LN+ se ve cómo la cámara de ese canal es rociada por gas pimienta mientras se escuchan los gritos de los manifestantes y de los periodistas.
29 de agosto de 2024: El juzgado Criminal y Correccional Nª 4, a cargo del juez Ariel Lijo, desestimó la denuncia del ministro de Justicia contra la periodista Nancy Pazos.
16 de septiembre de 2024: Periodistas Argentinas presenta el “Informe sobre ciberacoso a Periodistas Mujeres: la tecno censura”. Denuncia que “En la Argentina, en los últimos meses, se ha observado una escalada significativa de trolling contra mujeres periodistas, pero con una particularidad: las agresiones ya no solo provienen de usuarios no verificados o bots, sino también y principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial, quienes utilizan sus cuentas personales en las redes sociales (especialmente las de X) para multiplicar mensajes que descalifican y desacreditan la credibilidad de estas comunicadoras”. El informe resume 16 casos de periodistas acosadas.
5 de marzo de 2025: En el marco de la marcha de los miércoles de los jubilados al Congreso de la Nación fueron agredidos varios periodistas, entre ellos, Claudia Acuña, fundadora de la revista MU y lavaca.org , vicepresidenta de Periodistas Argentinas, una de las dos firmantes del habeas corpus colectivo presentado en diciembre de 2024 y quien participó de la reunión con la ministra de Seguridad realizada un mes antes. Acuña “fue impedida de realizar su trabajo, hostigada, amenazada, y acusada falsamente de estar haciendo un piquete (corte de la vía pública). Un policía federal la empujó y la hizo perder el equilibrio, en una técnica que repetidas veces hacen las fuerzas de seguridad sobre los manifestantes, dejándola atrapada detrás del cordón policial con la intención de restringir sus movimientos”. También fue agredido con gas pimienta el fotógrafo Juan Valeiro, quien la
acompañaba en esa cobertura. Por su parte, Gabriela Navarra, integrante de Periodistas Argentinas, fue herida con balas de goma en piernas, torso y brazos.
12 de marzo de 2025: En el marco de la marcha de las y los jubilados al Congreso de la Nación, el fotógrafo Pablo Grillo (trabajador independiente) recibe el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la intersección de las calles Yrigoyen y Solís cuando estaba haciendo su trabajo. El disparo fue ejecutado por un gendarme.
25 de marzo de 2025: Otro miércoles de marcha de las y los jubilados al Congreso. Miguel Lo Bianco, camarógrafo de la agencia Reuters fue atropellado por la policía motorizada. El fotógrafo Damián Dopacio (NA) y la cronista Maru Malpeli (IP) fueron algunos de los trabajadores de prensa que sufrieron las consecuencias del gas pimienta arrojado por las fuerzas de seguridad en forma dirigida y a pocos centímetros de distancia. También sufrieron agresiones por parte de las fuerzas de seguridad el cronista Francisco Pandolfi (MU/lavaca) quien fue amenazado por un policía, y Tadeo Bourbon, el fotógrafo que lo acompañaba en la cobertura fue gaseado en cuello, brazos y manos.
2 de abril de 2025: Durante la marcha de los jubilados el reportero Diego Gómez fue atropellado por efectivos de la policía motorizada en Callao y Mitre. Tuvieron que sacarlo en andas mientras lo atendían en la calle porque un cordón de gendarmes casi lo pasa por arriba de nuevo.
16 de abril 2025: Como saldo de la marcha de las y los jubilados al Congreso la Comisión por la Memoria reporta una persona detenida y al menos 116 personas heridas, entre ellas una niña de 13 años. Muchos de los afectados fueron periodistas que estaban cubriendo los hechos, incluso un reportero gráfico fue lesionado por el disparo de un arma Byrna. Entre ellos, el cronista Lucas Pedulla (revista MU/lavaca), los fotógrafos Edgardo Gómez y Eduardo Sarapura, fotógrafos de Tiempo Argentino y Rodrigo Ruiz, fotógrafo de la revista Cítrica.
17 de abril de 2025: Periodistas Argentinas presentó ante la CIDH un resumen de las agresiones a la prensa y solicitó la visita in loco del relator especial de Libertad de Expresión.
19 de abril de 2025: El Presidente Javier Milei utiliza sus redes sociales para transmitir el siguiente mensaje: “Creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Si los conocieran mejor los odiarían aún mucho más que a los políticos”.
22 de abril de 2025: El periodista Norberto Navarro fue agredido violentamente por una persona aún no identificada. Fue internado tras recibir un golpe en la cabeza por la espalda.
29 de abril de 2025: El asesor presidencial Santiago Caputo amenaza al reportero gráfico Antonio Becerra, del diario Tiempo Argentino.
3 de mayo de 2025: El Presidente Javier Milei utiliza sus redes sociales para reiterar el mensaje “no odiamos suficientemente a los periodistas” y lo ilustra con fotos de los periodistas Carlos Pagni, Jorge Fontevecchia y Jorge Rial. También retuiteó un mensaje en el
que se acusa de operadores y se nombra a los periodistas Marcelo Bonelli, María O’Donnell, Ignacio Ortelli, Luis Novaresio, Flor Donovan, Ramón Indart, Martín Rodríguez Yebra, Andy Kusnetzoff, Matías Martin y Sofía Martínez.
7 de mayo de 2025: Este miércoles, durante la marcha de las y los jubilados al Congreso, la cronista de IP Noticias Aldana Flores quedó en medio de un amontonamiento cuando golpeaban y detenían al sacerdote Paco Olveira. El camarógrafo que la acompañaba logró salir del tumulto, pero ella quedó atrapada. En las imágenes que se vieron de la cobertura, se escucha gritar a la periodista que no le pegaran. “Los agentes de policía me pegaron con los escudos y me patearon”, contó después. Al menos cinco fotógrafos y cronistas recibieron en los ojos gas lanzado por las fuerzas de seguridad.
9 de mayo de 2025: El presidente Javier Milei presentó ante la Cámara Federal denuncias penales contra Carlos Pagni, de La Nación, Viviana Canosa, de Canal 13, y Ari Lijalad, de El Destape, por calumnias e injurias. La presentación contra Pagni fue realizada en los tribunales de Comodoro Py y la investigación quedó a cargo, por sorteo, del juez Rafecas. Allí también se recibió la denuncia contra Lijalad, ya que recayó en el Juzgado Federal N°6, que está vacante y es subrogado por Rafecas. Mientras que la denuncia contra Canosa quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos.
14 de mayo de 2025: Durante la habitual ronda de jubilados en el Congreso de la Nación al menos cinco reporteros fueron agredidos con gas pimienta arrojado a corta distancia por las fuerzas de seguridad. El periodista Lucas Pedulla (revista MU) recibió gas en los ojos y cuello que le produjo quemaduras. Rafael García Palavecino (C5N) y el camarógrafo que lo acompañaba fueron atacados con gas pimienta tirado por los efectivos policiales a poca distancia de sus caras, lo cual interrumpió la cobertura que estaban haciendo del momento en que efectivos de las fuerzas se llevaban detenidas a unas personas. El cronista debió ser atendido por los paramédicos. Nicolás Munafó (C5N) fue otro de los cronistas agredidos.
21 de mayo de 2025: Los fiscales federales Ramiro González y Paloma Ochoa dictaminaron para que se declare «la falta de acción pública» en el caso de Pagni y Lijalad. El juez federal Daniel Rafecas deberá decidir si archiva la denuncia o continúa solo con el impulso de la querella. La fiscalía que le corresponde a Viviana Canosa todavía no emitió dictamen.
21 de mayo de 2025: Tras la brutal represión policial durante la cobertura de los reclamos de los jubilados frente al Congreso, varios trabajadores de prensa resultaron heridos y otros detenidos. La fotógrafa Mariana Nedelcu (Clarín, Reuters y El País de España), el fotógrafo Rodrigo Ruiz, (revista Cítrica), el periodista Pablo Corso (LN+), el camarógrafo Diego Pérez Mendoza (LN+), la periodista Lula González (El Destape) y el periodista Francisco Pandolfi (revista MU) fueron agredidos con gas pimienta y golpeados por las fuerzas de seguridad. Corso fue alcanzado por una bala de goma. Además, los fotógrafos Javier Iglesias (trabajador independiente) y Tomás Cuesta (AFP/La Nación/Amnistía Internacional) fueron detenidos brutalmente. Cuesta fue liberado esa misma noche. Iglesias recuperó su libertad el jueves 22.
23 de mayo de 2025: Mediante la resolución Nª 1319/2025 de la Secretaría de Medios, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno restringió las acreditaciones en la Casa Rosada. Entre los nuevos
lineamientos establecen: un máximo de 25 acreditados en la Sala de Periodistas y, de 36, en la Sala de Conferencias; control de métricas de los medios acreditados, código de vestimenta formal, moderación de preguntas y limitación para circular en algunos espacios.
25 de mayo de 2025: El periodista Hugo Alconada Mon revela en el diario La Nación un informe secreto de la Secretaría de Inteligencia del Estado que habilita tareas de inteligencia sobre actores que «erosionen la confianza pública» en los funcionarios del Gobierno nacional o que generen una «pérdida de confianza» en las políticas económicas oficiales. El plan establece como foco de interés a periodistas, economistas, académicos y otros actores que pudieran influir en la opinión pública. La Oficina del Presidente admitió en un comunicado que existe el informe, pero afirmó que no contempla actividades de persecución política. Después de publicar la nota Alconada Mon fue atacado con diez intentos para tomar el control de su cuenta de WhatsApp. También sufrió un intento de ingresar a su cuenta en la red social X, además de enviarle insultos y amenazas a su teléfono celular desde cuatro números telefónicos distintos, y registrarlo con su nombre en una página pornográfica.
27 de mayo de 2025: En la marcha de jubilados, el fotógrafo Antonio Becerra –que había sido amenazado por Santiago Caputo– es gaseado mientras cubría la protesta.
4 de junio de 2025: El juez Rafecas desestimó denuncias del presidente Javier Milei contra los periodistas Pagni y Lijalad, al considerar que no existió delito y que sus expresiones están amparadas por el derecho a la libertad de expresión.
3. El incumplimiento de los derechos laborales de quienes ejercemos este oficio
La mayoría de las y los trabajadores de prensa perciben salarios por debajo de la línea de pobreza y enfrentan condiciones de precariedad laboral. Para alcanzar un ingreso digno, muchos se ven obligados al pluriempleo y a jornadas laborales extensas.
Los datos de la encuesta realizada por Sipreba en 2025 son alarmantes:
- El 70,4% de las y los trabajadores de prensa cobran salarios por debajo de la línea de pobreza.
La situación es peor si se analiza por rama periodística:
- En el sector prensa escrita los sueldos por debajo de la línea de pobreza escalan al 80,57% y trepan hasta el 92,12% en la categoría redactor/a.
- En las radios el 66,7% tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza.
- En la prensa televisada el porcentaje desciende a 40,48%. No obstante, supone un aumento de 40 puntos respecto al año anterior.
- Esto implica que apenas el 4,8 % del total de las y los periodistas tiene un sueldo que le alcanza para vivir.
- El 52,2% de las personas encuestadas afirmó tener dos o más trabajos remunerados. Del total, el 37,5% tiene dos empleos y el 17,5% tres trabajos o más.
Por otra parte, cada vez son menos quienes acceden a empleos en empresas periodísticas que garanticen derechos básicos como aportes jubilatorios, licencias pagas o aguinaldos. La figura del monotributo o “facturero” se ha convertido en la norma.
Los pagos por nota con entrevistas y producción oscilan entre los trece mil ($13.000) y los cuarenta mil ($40.000). A esto se suman plazos de cobro que, en muchos medios, superan los 30 días e incluso se extienden hasta seis meses. Solo para llegar a cubrir la canasta básica de alimentos (de $1.110.000) se necesitan producir entre 85 y 30 notas al mes.
Los llamados “colaboradores” deben asumir además los costos de aportes sociales, Internet, luz y teléfono, servicios indispensables para producir las notas que luego los medios reproducen.
En contexto de agresiones de las fuerzas de seguridad, las y los periodistas contratados deben además proveerse de los elementos de protección y no cuentan con seguro ni médico ni de compensación de daños.
A esta crisis, se sumó el ajuste y desfinanciamiento de los medios públicos, que dejó a más de 300 trabajadores y trabajadoras de prensa sin empleo, en un contexto de mercado cada vez más reducido. Tal como sintetizó Reporteros Sin Fronteras en un informe, “el cierre, el 4 de marzo de 2024, de la agencia pública de noticias Télam, una de las más antiguas de América Latina, fue uno de los golpes más duros asestados al periodismo en Argentina en los últimos años. Los estatales Radio Nacional y Canal 7 también han sufrido despidos y sus presupuestos y programación han sido diezmados, mientras que los canales Encuentro y Paka-Paka han sufrido recortes todavía más severos”.4 Télam contaba con 27 corresponsalías distribuidas en todo el país que fueron desmanteladas, su página web bloqueada y el servicio de cables informativos para sus abonados no volvió a producirse.
Otro sector precarizado es el de las oenegés, donde las y los periodistas cumplen tareas de comunicación en condiciones que no respetan los marcos legales y que pagan su trabajo como servicio contratado y, en la mayoría de los casos, solo en los periodos que reciben financiación.
Testimonios
“Todos los miércoles me golpean”
“Sé que hoy es miércoles. Sé que hoy debo cubrir la ronda de las y los jubilados alrededor del Congreso. Sé que hoy me golpean y me queman con gas. Sé que después no debo bañarme hasta el día siguiente porque el agua resucita el poder lacerante de ese gas, que no sé cuál es porque, aunque pedí su composición, mediante el procedimiento de acceso a la información pública, para saber con qué curarme, todavía no recibí respuesta. Sé que tendré que agradecer volver con los dos ojos a mi casa y con el cráneo entero. Sé que el próximo miércoles voy a volver. Y el siguiente también”.
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https://rsf.org/es/argentina-primer-a%C3%B1o-de-mandato-de-javier-milei-marcado-por-un-fuerte-retroceso- de-la-libertad-de
“Me dicen que facture 13.000 mil pesos”
“Llegan los primeros días del mes y mando mensaje al diario para ver cuánto tengo que facturar. La ilusión de que me digan que la colaboración es más que el mes anterior se diluye en el aire. Por una nota que me llevó días, me dicen que facture 13.000 pesos. Pienso qué puedo comprar con eso: no me alcanza para pagar Internet, ni ningún otro servicio y para el súper tampoco es mucho, a lo sumo algunas leches, papel higiénico y un kilo de yerba. Llevo mi hastío a la asamblea y todos mis compañeros y compañeras están igual que yo, incluso quienes están mensualizados porque, aunque hace más de veinte años que trabajan ahí, perciben salarios de 520 mil pesos. Lo mismo pasa con los y las fotógrafas. En colectivo definimos llevar adelante medidas de fuerza y la respuesta de la empresa es descontar los días de paro. Seguimos confiando, igual, que la lucha es colectiva”.
“No tengo para pagar el subte porque todavía no cobré”
“Trabajo en periodismo desde hace quince años. Estudié, me especialicé, aprendí dos idiomas, acumulé experiencia y finalmente, accedí al trabajo de mis sueños: el área de comunicación de un hermoso centro cultural del Estado. Hoy cuando fui a trabajar le pedí a la guardia del subte que me dejara pasar porque todavía no había cobrado el sueldo. Me contestó: ‘Pedí prestado’. Le respondí: ‘Ya lo hice, pero para pagar la luz’”.
“Tengo pánico a que me echen”
“Soy periodista y hace 18 años que trabajo en medios. Bajada de línea hubo siempre. Hace varios años trabajo en el Estado, pero lo que veo y escucho no lo puedo comunicar porque tengo pánico a que me echen. Me enfermo al punto de pedirme mis vacaciones solo para estar en mi casa. Viajar ya no puedo. Me pagan poco. Siento y veo que nos están mintiendo en la cara, como burlándose. En la marcha de los jubilados, me gasearon y empujaron varias veces. Me afecta tanta violencia”.
“En verano no me pagan”
“Me contrató una ONG con recursos internacionales para trabajar en comunicación institucional. Iba a ser una tarea part time y presentando factura, me dijeron. Las cuatro horas se convirtieron en ocho: no solo era armar la estrategia de comunicación y redactar textos institucionales, también escribir las gacetillas, las notas para la web, diseñar las placas, editar los videos, hacer los copys de redes sociales, entre otras múltiples tareas. El trabajo de tres personas, en una. Me había quedado sin uno de mis trabajos fijos y necesitaba esa plata: era poca pero segura. Juntar peso a peso con colaboraciones de notas es muy difícil. La semana de año nuevo avisaron que en los dos meses de verano no había actividades, ni paga. Tuve que salir a buscar otros trabajos urgentes o en febrero me quedaba con la mitad de las cuentas en rojo”.
“Si voy presencial todos los días gasto más de lo que cobro”
“Trabajo hace veinte años en una empresa periodística. Cobro 560 mil pesos, pero hay redactores que ganan 450 mil. Desde la pandemia, el trabajo pasó a ser home office o
híbrido. Este año empezaron a exigir que vayamos presencial todos los días. Muchos nos negamos porque la distancia hace que gastemos mucho en viaje y con el sueldo que tenemos no alcanza. De hecho,
nos empezaron a descontar los días, no por no trabajar, sino por no ir a la redacción. La exigencia es cada vez mayor, incluso, llegaron a pedirnos que trabajemos un domingo gratis. Quieren que nos desgastemos y nos terminemos yendo sin cobrar nada”.
“Todo el estrés influyó muchísimo en que me enfermara de cáncer”
“En 2016 me quedé sin trabajo en relación de dependencia en un histórico diario. Los ‘frilos’ se convirtieron en la única fuente de ingresos, y además de sumarlos en cantidad, tuve que diversificar: ghostwriting, prensa, contenidos para redes… En 2021 entré a trabajar en un medio en tareas de edición, pero cobro sueldo de redactora, y además facturando. En 2023 llegué a trabajar 16 horas por día. Me levantaba a las 6 por el colegio de mis hijos y ya calculaba: «45 minutos de mate para despejarme, una hora para las compras, una hora para cocinar y comer…». Siempre en casa, con el WhatsApp sonando: las noticias en el medio de mi vida. Tuve que medicarme por problemas de insomnio, y comencé con mareos por el agravamiento de un pinzamiento cervical. En 2024 me diagnosticaron cáncer. Sé que todo ese estrés influyó muchísimo en que me enfermara”.
“Trabajar en los medios públicos hoy es padecer inactividad y censura”
“Cuando era chiquita soñaba con ser fotógrafa y periodista, contar historias con palabras y con imágenes. Cuando me recibí de comunicadora entendí que lo que me gustaba de contar historias era aportar para construir una sociedad más justa. Trabajé en revistas que ya no existen como La Maga, me metí de lleno en la investigación periodística y tuve la chance de tener grandes maestros que me enseñaron a profundizar. Saqué fotos de diciembre de 2001: había que esperar el revelado para poder verlas. Después me atrapó la tele y pude aportar mi granito de arena por más de quince años desde el noticiero de la TV Pública cuando recién empezaba a llamarse así. Cuando finalmente me dijeron que iba a ser parte de la Agencia Nacional de Noticias, que había sido creada para tener autonomía informativa y llegar a los rincones más lejanos del país, no lo podía creer. Pero la emoción duró poco: ahora voy solo a fichar, calentar la silla y mirar las horas pasar, porque lo que producimos no lo ve nadie».
“Pueden suspendernos o expulsarnos por repreguntar”
«Si bien las pautas básicas en una conferencia de prensa suelen conversarse entre los organizadores y la prensa en la previa, el periodista debe poder preguntar y repreguntar en libertad, al igual que el que responde, puede optar por hacerlo o no. La nueva resolución para las conferencias de prensa de la Casa Rosada establece como falta grave la repregunta, ya que ordena ´el micrófono debe ser devuelto al moderador concluida la formulación´. A partir de ahora por hacer una repregunta pueden suspendernos la acreditación o expulsarnos».
“No podemos garantizar programación local”
“Trabajar en Radio Nacional en la actualidad es un desafío de
resistencia. Desde fines de 2023 enfrentamos despidos, amenazas de privatización y un vaciamiento constante de las emisoras. En 2024 nos quitaron las redes sociales y la web, lo que limita la difusión de contenidos y vulnera el derecho a la comunicación. En Chubut tampoco podemos transmitir por streaming debido a que no están los equipos necesarios y por falta de mantenimiento de las consolas. Se impusieron programas desde CABA y se emite de forma obligatoria la conferencia del vocero presidencial, Manuel Adorni, lo que afecta especialmente a emisoras como LRA9 Esquel, que no pueden garantizar los mensajes a pobladores y programación local. A pesar de todo, el compromiso de las y los trabajadores sostiene el servicio. Los sueldos están congelados hace ocho meses y no hay diálogo paritario”.
“Las y los trabajadores de la radio cortamos el pasto”
“Hoy la emisora de Radio Nacional Misiones está fuera de aire por la falta de reposición de fusibles quemados en el equipo de FM. La programación local sale únicamente por streaming. El mantenimiento edilicio se hace cada vez más difícil sin presupuesto asignado. En LRA 19 de Puerto Iguazú las y los trabajadores –operadores, locutores y periodistas– se turnan para hacer el corte de pasto del predio que, por las características de la región, sin mantenimiento se vuelve peligroso. Por culpa de esta política de descuido, en dos oportunidades se prendió fuego el patio, llegando las llamas casi al edificio de la radio.
Por la falta de renovación de contratos, la planta quedó con un plantel mínimo, que puede cubrir solamente el turno de la mañana y la primera tarde. Solo dos programas son locales. Por primera vez desde la recuperación de los medios públicos, no se otorgó espacio a candidatos legislativos para que hicieran llegar sus propuestas a la sociedad. La línea editorial establece que haya temas que no se puedan tocar y se prohibió el uso del lenguaje inclusivo”.
“Estamos preocupadas y tristes”
“La Televisión Pública está bajo amenaza todo el tiempo. Primero la iban a cerrar, después cerraron la programación y pusieron latas, por último cerraron ediciones del noticiero. No hay paritarias desde el año pasado. Hay quienes cobran entre 500 mil y 600 pesos de salario: nadie puede llevar adelante una familia con ese sueldo.
La Televisión Pública llega a todo el país, es la única señal que cumple esa función junto a Radio Nacional. Es muy desmoralizante hacer nuestra tarea cada día. Estamos preocupadas y tristes. No hay diálogo con las autoridades y para abrirlo organizamos acciones, como el abrazo a los medios públicos: necesitamos ser escuchadas”.
“Los discursos de odio se materializan”
“Estaba en un bar de Belgrano, esperando a mi hijo. Al ir al baño,
noté la mirada fija de un hombre que, al pasar, murmuró: ‘Las kukas, las cucarachas salieron a la luz’. No respondí y volví a mi mesa. Siguió mirándome, hizo gestos obscenos e insistió con los insultos. Bajé la cabeza por precaución. Miré el café con leche sobre la mesa y, más que miedo, sentí asco. Luego se levantó y volvió a decir algo sobre ‘las cucarachas’. Ahí sentí temor. Llamé al mozo, y el hombre aceleró el paso. Cuando finalmente se fue, logró articular y gritar el insulto final: ‘Cucaracha ensobrada’.
Este relato no es una mera anécdota personal (aunque también lo es), sino un punto de partida para reflexionar sobre cómo se generan y materializan los discursos de odio y las violencias. Asistimos a la legitimación cotidiana de lo deshumanizante. Si un ser humano ve a otro como una cucaracha… ¿qué se hace cuando se ve una cucaracha? Se la pisa, se la elimina. Esa es la lógica del exterminio”.
*Periodistas Argentinas es una red nacional integrada por más de 200 profesionales del periodismo y la comunicación.
El video
Actualidad
El rey está desnudo

Coimas, indignación, huidas en moto, jubilados y gatillo fácil: palabras clave de un miércoles en Argentina que congregó varios de los conflictos de estos tiempos. Los hermanos Milei y su candidato José Espert tuvieron que suspender su caravana por Lomas de Zamora ante el repudio del público reunido, en medio del debate sobre coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. La caravana recorrió 150 metros, casi sin adherentes. Duró 4 minutos, hasta que vecinas y vecinos se acercaron a reclamar ante la camioneta descubierta, desde la que se vieron provocaciones empezando por las del propio Milei. No hubo heridos ni lesionados, y Espert terminó huyendo en moto sin casco. Mientras tanto en Congreso los jubilados marcharon cantando un nuevo hit con música de Guantanamera y personificando a Karina Milei. La manifestación se sumó a la que habían realizado las familias de víctimas de gatillo fácil.
Por Lucas Pedulla Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
Mientras el presidente Javier Milei, su hermana Karina y el diputado José Luis Espert tuvieron que suspender su caravana de campaña en Lomas de Zamora por el repudio tras la explosión del escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), otra caravana, la de los jubiladas y jubilados de todos los miércoles, cruzaba la 9 de Julio con uno de los hits del día:
“Alta coimera, Karina es alta coimera”.
La canción tiene la melodía de Guantanamera y se popularizó el mismo día en que los audios del exabogado de Milei, Diego Spagnulo, fueron conocidos por la opinión pública. Desde entonces, en la previa del rechazo de Diputados al veto de Milei de la ley de Emergencia en Discapacidad, el escándalo solo escaló.

Como cada miércoles, jubiladas y jubilados se expresaron marchando y con carteles. Foto: Juan Valeiro para lavaca.
Por eso el diputado Espert, que suele pedir “cárcel o bala”, terminó huyendo en una moto por las calles del sur conurbano –sin casco–, y la comitiva presidencial se disgregó en camionetas oscuras tras una caravana que no era caravana y que duró apenas cuatro minutos ante la hostilidad espontánea del vecindario de Lomas en ese tramo de 150 metros. Se arrojaron objetos contra la camioneta: algunas filmaciones detectaron que se trataría de unas plantas de brocoli. La situación vivida este miércoles tal vez revele bastante sobre aquel cuento de Andersen en el que un niño decía lo que nadie se atrevía: que el poderoso rey, en realidad estaba desnudo.

La manifestación por Avenida de Mayo. Foto: Juan Valeiro para lavaca.
Al mismo tiempo, en Congreso, jubiladas y jubilados hacían oir el segundo de los hits de la jornada:
Gritalo fuerte, no te quedes con ganas,
gritalo fuerte, no te quedes con ganas,
que se vaya Milei,
que se vayan los Menem,
que se vaya Karina,
la coimera es su hermana.

Además de los manifestantes, la mira de la policía siempre en la prensa. Foto: Juan Valeiro para lavaca.
3%
El humor fue parte de otra marcha de jubilados que desde el Congreso marchó por Avenida de Mayo en su miércoles de lucha con intención de ir hacia la Plaza de Mayo. El operativo para frenar o diluir esa manifestación estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad, que al principio autorizó un carril para marchar y después hizo un show con efectivos motorizados, principalmente para amedrentar.

Familiares de víctimas de gatillo fácil. Foto: Juan Valeiro para lavaca.
Pero la movilización los bordeó y siguió su camino cantando sus estribillos hasta la Plaza.
Por todos lados había carteles que hacían referencia a la corrupción en discapacidad. Si bien el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habla de “una operación” en el Congreso, hoy salieron nuevos audios de Spagnuolo, quien no dejó a funcionario de alta jerarquía sin pedirle una selfie: Milei, la propia Karina, Eduardo “Lule” Menem (otro de los apuntados en los audios, segundo de la hermana del Presidente en la Secretaría General de la Presidencia), la vicepresidenta Victoria Villarruel, y el propio Espert, a quien varios memes ya lo sindicaban con otro mote, tan común para su discurso de mano dura: “Motochorro”, confirmando que no es fácil volver del ridículo.
En uno de los audios del día de Spagnuolo dijo: “Estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano y cobrar”. En términos generales: se quejaba de cobrar (hace un año) apenas 3 millones de pesos y tener que pagar ganancias (soltero y sin hijos), pero sin poder hacer otros extras en el Estado debido a que las cajas eran manejadas desde arriba suyo, por los Menem. También explica por esa razón la salida de cantidad de funcionarios que viven en los countries, cobran poco en el gobierno y no podían hacer diferencia, porque la diferencia se derivaba hacia el bloque formado por los hermanos Milei y los primos Menem.

Turistas solidarios con la manifestación. Foto: Juan Valeiro para lavaca.
Aunque Milei habló por primera vez del tema y dijo desde arriba de la camioneta que todo lo que dijo su exabogado “es mentira” y que lo va a llevar a la justicia, la misma justicia, bajo la instrucción del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, realizó el segundo día de allanamientos en Nordelta, el barrio de lujo donde vive Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, la firma envuelta en la supuesta trama de maniobras truchas y de recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos.
En Congreso, Rolando tiene un cartel que dice “Karina Coimera”, y las letras están atravesadas por rayas que simulan barrotes carcelarios. Rolando es entrerriano, vive en Moreno (oeste bonaerense), y trabajó toda su vida de jardinería. Está esperando recuperarse de un “problemita de salud” para changuear algo, porque “con la mínima no alcanza”. Se ríe porque dice que le vendría bien algún “3%”, en referencia al porcentaje de coimas que Spagnuolo refirió que se efectivizaba a Karina Milei: “Ya lo dijo el Papa Francisco –dice Rolando, antes de seguir la marcha–. La corrupción es de los pecados más grandes”.

Rostros. Foto: Juan Valeiro para lavaca.
“No tendríamos que estar acá”
La marcha llegó a Plaza de Mayo cuando estaba terminando la concentración de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, organizada por familiares de personas asesinadas por la policía. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), hay al menos 600 asesinados y asesinadas por diversas fuerzas de seguridad. El acto de las familias fue al mediodía, previo a la marcha de jubilados, y contó con la presencia de Fabián Grillo, el papá de Pablo, el fotógrafo herido por un disparo a la cabeza perpetrado por el gendarme Héctor Guerrero en la marcha de jubilados del 12 de marzo.

Fabián, el padre de Pablo Grillo, intercambiando fotos con lavaca en Plaza de Mayo.
Pablo sigue en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía tras la operación en la que le colocaron las placas en ambos hemisferios del cráneo. En su último comunicado, la familia informó el estado del joven: “Clínicamente estable en terapia intensiva. Neurológicamente, está en una meseta. No está teniendo la evolución que se espera. El Líquido Cefalorraquideo (LCR) no es suficiente para cubrir todo el cerebro”. Fabián dice que hay que esperar. Por lo pronto, la semana que viene la querella deberá recibir los informes periciales que reconstruyeron el momento del disparo. La jueza María Servini postergó la indagatoria a Guerrero: estaba prevista para el 2 de septiembre, y ahora sería el miércoles 17.
Fabián dijo: “La tragedia es algo que nos une. Ninguno de nosotros tendríamos que estar acá”.
Uno de los abrazos a Fabián se lo dio Angélica Urquiza, mamá de Jonathan “Kiki” Lezcano, asesinado el 9 de julio de 2009: “Hace 16 años venimos luchando pero la lucha que se pierde es la que se deja. No soy una superhéroe, soy una mamá como vos y vos. Kiki me dijo ‘ahí vuelvo’ y me lo devolvieron tres meses después en un cajón. No voy a caducar. Queremos justicia”. Sus palabras y el tono representaron un momento especialmente conmovedor.

Recordando a Kiki, con una propuesta. «No le caguen más la vida a nadie». Fotos: lavaca.
Otro abrazo a Fabián se lo dio la familia de Santiago Beltrán, un joven de 15 años de Moreno, asesinado a fines de junio último. Su mamá estaba desconsolada. El que habló fue su tío Justo: “La policía le tiró siete vainas a mi sobrino. Lo dejaron morirse desangrado. Dijeron que éramos narcotraficantes. Dijeron barbaridades en la tele que tuvimos que salir a desmentir. No le caguen más la vida a nadie”.

Mensaje tras los barrotes. Foto: lavaca.
Lo narco
Sobre el cierre de la jornada, las familias leyeron un comunicado donde dijeron: “Este gobierno, que llegó hablando contra el narcotráfico, es el primer narcotraficante”. Además del escándalo de las coimas, de Spagnuolo, de los audios, los allanamientos y sus derivaciones en plena campaña electoral –las elecciones legislativas bonaerenses son el 7 de septiembre–, otro nexo del gobierno es el empresario Federico “Fred” Machado, que está detenido y en pleno proceso de extradición a Estados Unidos por narcotráfico y lavado.
Uno de los personajes vinculados a Machado es José Luis Espert, acusado de utilizar uno de sus aviones durante la campaña presidencial de 2019.
El mismo Espert que hoy, en Lomas de Zamora, huyó subiéndose a la moto de un libertario, sin casco.

Foto: lavaca.
Actualidad
Caputo ignora al Congreso y al Poder Judicial, y despide a cientos de trabajadores del INTA

Un total de 247 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sumados otros que integraban los institutos de Semillas y Vitivinicultura pasaron a “disponibilidad” lo cual implica un despido en términos prácticos de unas 400 personas, según la Agencia Tierra Viva. La medida del ministro de Economía Luis Caputo ignora lo decidido por la Cámara de Senadores la semana pasada, que dejó sin efecto el decreto de Javier Milei que modificaba la estructura del INTA. La jueza Martina Forns había ordenado además que no se realicen cambios en el organismo. Reproducimos aquí el artículo completo que explica la situación, y detalla los pasos a seguir frente a la medida ilegal tomada por Caputo.
Por Agencia Tierra Viva
(agenciatierraviva.com.ar)
El Gobierno despidió a 400 trabajadores del INTA, del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Lo hizo luego de que el Senado rechazara —por 60 votos afirmativos contra diez negativos— el Decreto 462 que «reorganizaba» el INTA y el Inase, y eliminaba el INV y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar (Inafci). La decisión ignora además la admisión, por parte del Poder Judicial Federal, de una medida cautelar que presentaron los sindicatos para evitar nuevos despidos. “Esto muestra el perfil de un Gobierno que avanza sobre una lógica poco democrática y que no contempla nada que frene sus ideas y sus proyectos”, dijo Sebastián Fajardo, trabajador y delegado del sindicato ATE.
La Resolución 1240 emitida por el Gobierno echa de sus trabajos, bajo el eufemismo de «pase a disponibilidad», a 247 personas del INTA. Con base en la eliminación del Inase echa a ocho trabajadores; y en la transformación del INV, despide a otros 51. Los gremios anticiparon que harán una nueva presentación legal.
Mario Romero, secretario de la Asociación del Personal del INTA (Apinta), señaló, sobre lo ocurrido en el Senado: “Ni en el mejor escenario que nos habíamos planteado teníamos ese número de votos en rechazo al decreto del Presidente. Esto nos pone muy orgullosos por la valoración que se hace sobre la labor de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras del INTA en todo el país”. En relación a la posterior resolución del Gobierno, afirmó: “Cuando el Ejecutivo tiene una derrota en lo judicial o en lo legislativo, profundiza su postura y no analiza si es legal o ilegal. Se lleva por delante la institucionalidad, la división de poderes y la legislación”.
Y subrayó: “Esta situación afecta a la salud mental y emocional de los trabajadores y de las trabajadoras. Cualquier cosa que le pase a algún trabajador del INTA de los que están en esa lista, será responsabilidad de Nicolás Bronzovich (actual presidente del organismo) porque él firmó esa resolución”.
Los trabajadores ingresaron el viernes 22 de agosto a las oficinas, ficharon y cumplieron sus tareas habituales. Sebastián Fajardo, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), manifestó: “Las medidas del Gobierno desconocen lo que definió el Congreso y la respuesta que hubo a la cautelar. La resolución no tiene validez porque está apoyada sobre un andamiaje que ya no existe debido a la caída del decreto 462. Vamos a seguir dando la pelea porque el Gobierno está flojo de papeles”.
Sobre la votación en el Congreso, consideró que hay “una coyuntura política en la que se está teniendo un comportamiento distinto al del año pasado en relación a la independencia de poderes, que se cruza con el cierre de listas” y señaló que se suma a “una gran tarea que hicimos los trabajadores y distintos sectores en defensa del INTA”. Destacó la presencia en las calles con protestas, en los medios de comunicación y en reuniones que mantuvieron con diputados y senadores.
Explicó que se mantienen en pie de lucha ante la nueva resolución. “Pasar a disponibilidad significa entrar en una bolsa general y, depende de la antigüedad que tengas, hay un mínimo de seis meses y un máximo de doce donde te pagan aproximadamente el 50 por ciento de tu salario. Es una ‘oportunidad’ para que consigas otro lugar en el Estado Nacional donde te acepten. Pero eso, por los antecedentes que hay por ejemplo en el Ministerio de Desarrollo Social, es imposible. Es una agonía hacia el despido”, describió. Él mismo, pese a ser delegado gremial, está incluido en los listados publicados junto con la resolución en el Boletín Oficial.
Para Fajardo, la nueva resolución “marca claramente la intención de desguazar al INTA”. Y marca el “sesgo ideológico” del listado: “Queda claro que todas las unidades que veníamos teniendo tareas con la agricultura familiar y con la agroecología quedan cerradas y con pase a disponibilidad”.
Ricardo Garzia, secretario adjunto de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y presidente del Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (Cipaf), añadió que “el Cipaf, los institutos y la políticas de agricultura familiar son los más atacados”. Y adelantó que se reunirá con gremios y organismos para «transformar la crisis en un cambio de representación en la mesa directiva del INTA, para romper con las falacias con las que el Gobierno atacó al sector».
“El INTA estaba haciendo muy bien las cosas para el modelo agroexportador, así que el INTA que queremos salvar no es el que teníamos. Es uno que incluya al 100 por ciento de la ruralidad argentina, no para el asistencialismo sino para la producción, la dignidad y el arraigo”, adelantó.

Del Decreto 462 al Senado
El 7 de julio, mediante el decreto 462, el Gobierno había disuelto, entre otros organismos, el Inafci, el Inase y la Comisión Nacional de Semillas. Y ordenó la «transformación» del INTA y el INV.
Eliminó la autarquía que tuvo históricamente el INTA. Depositaba en un presidente designado por el Gobierno las decisiones respecto a bienes, patrimonio y acuerdos con organismos públicos y privados. Y delegaba en él la prerrogativa de proponer la estructura organizativa y determinar qué centros de investigación, estaciones experimentales, institutos de investigación y laboratorios eran necesarios para el cumplimiento de las funciones del Instituto.
También reemplazaba el Consejo Directivo, formado por cinco representantes del ámbito público y cinco del privado, por un Consejo Técnico de siete miembros elegidos por el Ejecutivo, cuatro de ellos en representación de los productores agropecuarios. El decreto había sido impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Javier Milei lo rubricó en el marco de las facultades delegadas por el Congreso, que vencieron en julio pasado.
Tras la firma del Decreto 462, el Ejecutivo firmó otro (466) que nombraba a Nicolás Bronzovich como presidente, cargo que ya ocupaba desde octubre de 2024.
Sólo un mes después, la Cámara de Diputados rechazó el decreto que desguazaba al INTA. Sin embargo, el Gobierno aceleró el proceso de “transformación”. Con ese marco normativo aún vigente, el 12 de agosto, a través del Decreto 571, disolvió la Dirección Nacional del INTA. A través del Decreto 585 pasó a disponibilidad a los trabajadores de la Estación Experimental AMBA. Y firmó otro decreto, el 585, que eliminó cerca de 60 áreas. Entre ellas, el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) de las regiones Pampeana, NOA y Patagonia.
Las medidas de Bronzovich motivaron el accionar judicial de los sindicatos ATE y de Apinta. Presentaron una medida cautelar y la jueza del Juzgado Federal N°2 de San Martín, Martina Forns, hizo lugar a la petición el miércoles 20 de agosto. Ordenó al Estado Nacional que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTA”. Estableció el plazo de la medida por seis meses.
Tras la derogación en el Senado, Romero aclaró: “Los decretos 571 y 585 hacen referencia al 462. O sea que si se cae el 462, los otros también tendrían que caer. El lunes se tiene que hacer cargo el Director Nacional que estaba antes de la disolución de la Dirección y los consejeros nacionales del INTA que venían en representación de las entidades del campo, de las universidades y del Gobierno. El INTA tiene que volver a ser un organismo autárquico, con su fuente de financiamiento y su gobernanza”.

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Coimas: los próximos pasos de la investigación que acorrala a los Milei

La revelación de los audios del abogado Diego Spagnuolo mientras dirigía la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) hablando sobre la estructura de corrupción en la que aparecen involucrados los hermanos Javier y Karina Milei, Eduardo y Martín Menem, estalló esta semana en la que el gobierno intentó vetar, justamente, la emergencia en discapacidad. Entre tantas cosas, se escucha a Spagnuolo (amigo y abogado del Presidente y afín a su círculo íntimo) explicar que le dijo al propio Milei: “Javi, vos sabés que están choreando. Sabés que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo”. En la foto de portada se ve a Spagnuolo rodeado por los hermanos, y detrás suyo asoma Martín Menem.
Publicamos aquí el artículo del diario cooperativo Tiempo Argentino, en el que se explica el rumbo de la investigación.
La decisión de la fiscalía de analizar los celulares por el Ministerio Público para excluir a las fuerzas federales (dirigidas por Patricia Bullrich). Los documentos que confirman el estrecho vínculo del ex titular de la ANDIS con el presidente de la Nación. La posibilidad de que se adhiera al régimen del arrepentido. Qué dicen los juristas.
Por Ariel Stemphelet
Diario Tiempo Argentino
Uno de los principales motivos que mantiene el nerviosismo en la plana mayor del gobierno de Javier Milei es la posibilidad de que el removido titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hable en la Justicia y lo que pueda llegar a decir. Nadie descarta que Diego Spagnuolo, cuya voz protagoniza la grabación en la que quedó expuesto un presunto esquema de corrupción en la compra de medicamentos, pida convertirse en arrepentido para intentar mitigar una eventual condena.
Spagnuolo es uno de los investigados en la causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, iniciada a partir de una grabación revelada por el equipo periodístico de Jorge Rial. Ahí se lo escucha describir un presunto entramado de retornos millonarios del que serían parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su ladero Eduardo “Lule” Menem, el exdirector de Acceso a Servicios de Salud Daniel Garbellini, y la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker.
De momento, sobre Spagnuolo, este abogado y exfuncionario que mantuvo una relación por demás cercana con el presidente, pesa una prohibición de salida del país ordenada tras el allanamiento a sus viviendas y el secuestro de dos celulares cuyo análisis marcará, en parte, el devenir de la investigación.
Fuentes inobjetables confirmaron a Tiempo que la extracción del contenido será llevada a cabo por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal. Es decir: no intervendrá ninguna de las fuerzas federales a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La denuncia inicial que presentó el abogado Gregorio Dalbón tras la difusión del audio comenzó a analizarse en Comodoro Py el miércoles pasado y para el jueves a la noche Casanello había ordenado una batería de allanamientos en los que se pudo recolectar prueba clave. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de la Ciudad y se llevaron a cabo en domicilios de Spagnuolo, la sede de ANDIS y la de Suizo Argentina, además de las viviendas de sus propietarios.
Con secreto de sumario de por medio y la posibilidad de que se produzcan nuevas medidas en los próximos días, Picardi trabaja con hermetismo en el análisis de las pruebas. En los allanamientos encontraron documentos vinculados a la compra de medicamentos, dispositivos electrónicos y sobres con más de 200 mil dólares secuestrados a Emanuel Kovalivker, uno de los directivos de la droguería.

Spagnuolo, en selfie con Eduardo «Lule» Menem, Karina Milei y Martín Menem.
¿Se arrepiente Spagnuolo?
Con las pruebas sobre la mesa y a medida que haya nuevos elementos se abre la posibilidad de que Spagnuolo sea llamado a declarar y, eventualmente, de que pida acogerse a la figura del arrepentido o de imputado colaborador.
“Para que eso ocurra tienen que cumplirse varios requisitos, dos de ellos insoslayables: que el arrepentido involucre a alguien con más poder o autoridad que él y que los datos que proporcione se corroboren por algún medio probatorio. Y tiene que haber una evaluación preliminar del fiscal”, explicó a Tiempo el abogado Gustavo Feldman, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Un conocido juez federal lo ratificó ante este medio: el arrepentido siempre tiene que apuntar para arriba, nunca por debajo de su nivel jerárquico.
El vínculo Spagnuolo-Milei
Como Spagnuolo estaba entre los hombres de confianza del presidente, la expectativa y el nerviosismo en torno a sus movimientos en la Justicia son altos. Se trata, nada menos, que de una de las personas que más veces se juntó con Milei en Olivos y la Casa Rosada; de un hombre que fue más que “abogado en alguna causa” vinculada al mandatario, como intentó minimizar el viernes el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
De hecho, sobre ese último punto, Tiempo accedió a un documento legal que grafica el nivel de confianza que había entre Milei y este exfuncionario. Se trata de un “poder general para asuntos judiciales” con el que el mandatario facultó a Spagnuolo para actuar en su nombre en “las acciones judiciales y/o extrajudiciales pendientes o que se inicien en las que el poderante (Milei) esté interesado”.

El abogado Spagnuolo, que describió el sistema de corrupción en el gobierno, a quien su amigo Milei había firmado un poder general para asuntos judiciales.
El poder también se lo extendió a Francisco Oneto y Bibiana Bianco, sus otros dos abogados, y fue firmado el 8 de octubre del 2024 ante la escribana pública Wanda Liberztein.
Este instrumento legal fue presentado en al menos dos demandas civiles que promovió el presidente contra periodistas y contra la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, según pudo saber este medio. En esas causas, Spagnuolo todavía figura como abogado de Milei.
El documento toma aún más relevancia si se tiene en cuenta que habría sido firmado unos meses después de la supuesta advertencia que Spagnuolo le hizo a Milei sobre que su hermana obtenía retornos económicos a partir de los contratos en la Agencia de Discapacidad. “Javi, vos sabés que están choreando. Sabes que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo”, le habría dicho, según se lo escucha contar en la grabación.
Complejo escenario judicial
La potencia de este escándalo, que podría traerle al gobierno consecuencias incalculables, agravó aún más un escenario judicial por demás complicado para la gestión libertaria.
El audio atribuido a Spagnuolo se conoció la misma semana en la que el juez federal Ernesto Kreplak no solo detuvo a las principales autoridades de HLB Pharma en la causa del fentanilo contaminado sino que también apuntó la investigación hacia el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones, hombre del asesor Santiago Caputo. Hasta hace unos pocos días esa cartera era querellante.
No menos complicado para Milei es el derrotero de la causa $Libra, que obligó a la defensa de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, socios del mandatario en el lanzamiento y la promoción del token sospechado de estafa, a apelar un congelamiento de fondos aparentemente vinculados con posibles pagos a funcionarios públicos.
Como ocurrió en mayo, otra vez el abogado Daniel Rubinovich no solo presentó un escrito para desligar a sus defendidos, también dedicó sendos párrafos a desacreditar la teoría que sostiene que habrían existido pagos de empresarios cripto al presidente o su entorno.
“No se identifican montos, lugares ni destinatarios y se llega al extremo de reconocer que no se sabe si el supuesto pago habría sido al presidente o a un ‘círculo cercano’ nunca identificado”, planteó.
También dijo que “las visitas (de Novelli y Terrones Godoy) a Casa Rosada y Olivos fueron todas registradas oficialmente”. Si bien Milei no tiene designado defensor en la causa está claro que tiene quienes lo defienden.

Imagen de la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad.
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