Con la declaración de Alejandra Bianco y Sabrina Ortiz (foto de portada), afectadas directas por las fumigaciones, se realizó la segunda jornada del juicio contra siete productores del agronegocio y dos funcionarios municipales de Pergamino. Las audiencias se realizan en el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario. Existen pruebas de presencia de agrotóxicos en los cuerpos de las personas y en el agua para consumo humano. “Que les quede claro a esas grandes empresas, productores y multinacionales que con la salud no se juega», remarcó Ortiz.

Por Anabel Pomar–Agencia Tierra Viva*

(Foto de portada: Juan José García)

Con la declaración de Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco, víctimas y querellantes, continúa en Rosario el juicio por contaminación con agrotóxicos en la localidad de Pergamino. “No es fácil estar acá, no es la fría letra de un expediente. Son mis hijos que sufren y la impotencia de no poder hacer nada. Son los hijos de otras madres que sufren o que los han perdido. Por eso estoy acá, porque sé que la verdad va a llegar a la justicia. Ya no hay nada que probar. Quien hizo daño tiene que pagar por tanto sufrimiento, tanto abandono», planteó Ortiz. El juicio oral contra quienes contaminan con agrotóxicos constituye un hecho muy importante porque, ante este tipo de delitos, el Poder Judicial no suele avanzar.

Sacrificio humano y ambiental

Este juicio oral constituye un hito: sentó en el banquillo de los acusados a productores, fumigadores, al ingeniero agrónomo que firma las recetas de aplicación y a los funcionarios que debían controlar.

En el inicio de la audiencia, Sabrina Ortiz fue la primera víctima en brindar su testimonio. Su relato pausado, pormenorizado y no exento de lágrimas, realizó un recorrido por los padecimientos que por años ocasionaron tanto las fumigaciones como la desidia municipal y la larga búsqueda de justicia. El juicio demoró ocho años en llegar y reúne denuncias y una larga lucha que viene desde hace más de una década.

Ortiz y su familia sufrieron en carne propia las consecuencias de vivir con campos de soja fumigada frente a su casa, en el barrio Villa Alicia, de la ciudad de Pergamino. Desde 2011, tanto ella como sus hijos, padecieron y padecen graves problemas de salud. Ortiz sufrió dos ACV y perdió un embarazo de seis meses, tras una fumigación.

Según su relato, recién luego de recorrer 14 instituciones hospitalarias lograron dar con una toxicóloga ambiental que les permitió entender la causa de sus enfermedades. Estudios toxicológicos y de genotoxicidad indican que ella y su familia sufren y sufrirán las consecuencias de tener agrotóxicos en el cuerpo. Su hijo, Ciro, tiene 120 veces más veneno de lo que su cuerpo puede resistir. Su hija Fiamma tiene 100 veces más. Y ella 50, además de otras sustancias neurotóxicas. La profesional de salud que les indicó e interpretó esos análisis le aseguró que eso es un riesgo biológico muy grande. “’Esto es lo que está explotando el cuerpo de tus hijos, tu cuerpo’, me dijo la médica. Y también que hay que sacarlos de la línea de fuego, que lo que tenemos hoy ya es grave. No sabemos lo que puede pasar mañana. Nos dijo que no podíamos seguir acumulando, ‘tienen que irse ya de ahí’. Y yo no tenía los medios para irme. Y me sentía culpable por no poder irme. Y los que fumigaban lo seguían haciendo igual. Seguían enfermando igual. Aunque ya era público el daño que hacían”, recordó.

Sabrina Ortiz en Pergamino (Foto: Julia Siciliani)

En el desgarrador testimonio, Sabrina contó que su hijo casi no pudo asistir al jardín de infantes por las constantes enfermedades y que su hija estuvo dos años en una silla de ruedas. “Un día conseguí que alguien me prestara un lugar. Estaba acomodando todo para mudarme. Al regresar a mi casa del trabajo, recuerdo estaba lloviznando, que bajo del auto y la primera inspiración que hago era veneno. Habían fumigado. Estaban fumigando. Cuando entro a mi casa, mi hijo ya tenía la lengua inflamada. Ya casi no podía respirar. Como pudimos cargamos algunas cosas en la camioneta de mi papá. La silla de ruedas de mi hija. Y nos fuimos. Mi hijo iba llorando, mirando para atrás, diciendo que quería su cama y sus juguetes”.

Y relató, sobre el rol del estado municipal: “Llamé llorando a Tocalini y Naranjo (los funcionarios municipales procesados) y me respondieron que no podían ir a ver qué pasaba. Que estaban en un compromiso. En ese momento ya existía la ordenanza de control. Y esos señores, a los que recurrí muchas veces, por notas que desaparecieron todas, denuncias que desaparecieron todas, no hicieron nada”.

La historia de Sabrina es símbolo de lucha, ya que, pese a todas esas afectaciones, amenazas y situaciones de violencia, jamás eligió el silencio. Algo que en Pergamino, la «perla del norte, cuna del agronegocio concentrado, tiene un costo altísimo. Ante la falta de representación legal para sus denuncias, estudió abogacía e inició un largo derrotero ante el sistema judicial para condenar a quienes envenenan con sus negocios agropecuarios.

“Sufrí amenazas, me dejaron bidones en mi casa, me dejaron soja en mi auto. Atentaron contra la vida de mi padre y mi sobrino. Las hijas de Roces me amenazaron de muerte si no me dejaba de joder…pero no les tengo miedo, cuando se te muere un hijo en la panza ya no tenes nada que perder…ya no tengo miedo”, se escuchó decir a Ortiz ante los acusados.

“Fuimos abandonados por el sistema y por el Estado. Espero que haya justicia. Con todo lo que hemos trabajado hasta ahora y pensando en lo que estamos, en los que ya no están y en las generaciones futuras que dependen de nosotros”, reclamó.

Antes de la audiencia, Sabrina le aseguró a Agencia Tierra Viva: “Sabemos que nos enfrentamos a quienes son de alguna manera monstruos, gigantes, intereses muy grandes los que se juegan, unas potencias muy grandes, entonces no es solamente los productores que se juzgan sino acá se tiene que sentar un precedente para que quede claro, que les quede claro a esas grandes empresas, productores y multinacionales que con la salud no se juega. Ya está. Hay que ponerle un punto final. El sacrificio humano y ambiental ya ha sido demasiado”.

Glifosato en el cuerpo

Se escuchó el testimonio de la también querellante, Alejandra Bianco, vecina afectada del barrio Santa Julia, también de la ciudad de Pergamino, quien relató las enfermedades y muertes, en su hogar y en su barrio y las afectaciones que atribuyen a la probada presencia de agrotóxicos en el agua que consume la población.

Alejandra —madre de Benjamín e Ignacio (que sufrieron enfermedades relacionadas a la contaminación) y ex pareja de Sergio (quién falleció de cáncer en 2020)— realizó una encuesta vecinal en la que tristemente descubrió que todos esos cánceres y enfermedades autoinmunes no eran un problema de su casa, sino de todo el barrio.

Imagen de la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario (Foto: Juan José García)

“Sergio, mi pareja en ese momento, empieza a estar descompuesto. Le diagnostican cáncer de páncreas e hígado”, relató ante el tribunal. “El mismo médico que le hace la biopsia, al que yo le había contado todo lo que tuvieron mis hijos, me dice…‘en una sola casa tres personas enfermas, no es casual… algo raro pasa‘. Ahí me quedo pensando, sin entender lo que pasaba y empecé a preguntar en el barrio. Encontré muchos vecinos estaban fallecidos. El censo lo hice en 2018. Más de 40 vecinos encontré enfermos”.

Bianco, que siempre vivió en la ciudad de Pergamino, tiene glifosato en el cuerpo. Todas las historias clínicas que juntó y la encuesta las presentó primero en el juzgado de san Nicolás y hoy forman parte de este expediente que llega a juicio. Historias clínicas que el intendente municipal, Javier Martínez, eligió no mirar. Durante su testimonio, Bianco relató que, tras hacerse público ese censo, un día la citan a una reunión con el Intendente. “Fui con la pila de historias clínicas. Le pedí hiciera algo. El Intendente no leyó nada. Una reunión que no entendí para que fue. Al tiempo, hicieron un censo municipal, sin nuestra participación, y dijeron que no había muchos enfermos, sino pocos casos”, denunció.

Las pruebas de la contaminación

Según consta entre los elementos probatorios de la contaminación, que serán tomados en cuenta en las audiencias y sometidos al debate, las afectaciones alcanzan al ambiente y a las personas. A través de pericias, se detectaron en suelo 45 plaguicidas peligrosos para la salud, con predominancia de nueve: atrazina y dos metabolitos de degradación, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato y su producto de degradación (AMPA). En algunos casos en concentraciones mayores en los patios de los vecinos que en los campos cultivados.

En el agua se detectaron también 18 agrotóxicos, con mayor presencia de cinco de esos plaguicidas. Las afectaciones alcanzan al agua corriente que consume la población. Y al agua subterránea desde la que se abastecen en esa y otras ciudades, ya que los agrotóxicos alcanzaron al acuífero Puelche.

También hay pruebas de daño genotóxico y de presencia de agrotóxicos en el cuerpo de habitantes del lugar. Y relevamientos de altas cantidades de pacientes oncológicos o fallecidos de cáncer, entre otras enfermedades y problemas de salud.

En el banquillo

Los acusados son siete productores agropecuarios: Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, los hermanos Carlos y Hugo Sabatini, Cristian Taboada y el ingeniero agrónomo, José Luis Grattone; y dos funcionarios municipales, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini.

El sector de la fiscalía que lleva adelante la acusación. (Foto: Claudio González / Ministerio Público Fiscal).

El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, integrado por los jueces, Elena Dilario, Román Lanzón, y Eduardo Rodrigues Da Cruz. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Federico Reynares Solari, de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. La causa («Cortese Fernando Esteban y otros s/envenenamiento»), iniciada en 2018, es originaria del juzgado Federal de San Nicolás a cargo del Juez Villafuerte Ruzo, y llega hasta esta instancia unificando varios expedientes, hechos y denuncias de más de una década de contaminación, entre 2011 y 2020. Todos los expedientes fueron acumulados a requerimiento de la Fiscalía.

En la primera audiencia del juicio, el 4 de febrero, el fiscal Reynares Solari atribuyó los hechos, detalló la acusación y el encuadre legal para cada uno de los acusados; postura a la que adhirió la querella, integrada por los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro, representantes de las denunciantes Sabrina Ortiz (Paren de Fumigar Pergamino y Naturaleza de Derechos) y Alejandra Bianco (vecina afectada barrio Santa Julia).

A Cortese, Reinero Roces, Tiribó, Grattone, Taboada, Daniel y Hugo Sabatini, la Fiscalía les endilgó ser coautores del delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos, que prevé una pena de tres a diez años de prisión para la persona que, a través del uso de residuos, «envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general».

Además de contaminación, a Cortese se lo acusa de amenazas coactivas contra un familiar de Sabrina Ortiz en un hecho sucedido en 2020.

Las conductas imputadas a Naranjo y a Tocalini fueron calificadas en los términos del artículo 248 del Código Penal, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, permitiendo que desde 2015 se realicen fumigaciones con agroquímicos sin los debidos controles en los campos, contribuyendo a contaminar el ambiente.

En esta segunda jornada, además de las denunciantes declararon también el oficial Mauro Garay, y el ahora comisario retirado, Isaac Guari, personal policial que realizara pericias y diligencias en campos denunciados, dependencias municipales, locales de venta de agrotóxicos. Ambos, Guari y Garay, mayormente en sus respuestas refirieron no recordar o no poder brindar precisiones por las actuaciones de las que participaran, según consta en documentación presentada y en las que figuran sus firmas, y por las que fueron consultados.

Ciencia, territorio y justicia

Consultado por Agencia Tierra Viva, el abogado de las víctimas, Carlos González Quintana, expresó que esperan, desde una perspectiva estrictamente jurídica, que el Tribunal aplique las penas previstas por la ley para los delitos imputados. Y detalló que “en esta causa se juzgan hechos encuadrados en el artículo 55 de la Ley 24.051 (Residuos Peligrosos), en función del artículo 200 del Código Penal, que sanciona a quien contamina el ambiente de un modo peligroso para la salud pública. El marco legal prevé penas de prisión de hasta diez años, además de inhabilitaciones especiales, particularmente relevantes cuando se trata de productores, profesionales y funcionarios públicos como en este caso puntual”.

Sobre la importancia del juicio, aseguró que marca un precedente clave para la sociedad en su conjunto: “Será la primera vez que, en la provincia de Buenos Aires y en pleno corazón del agronegocio, se juzgue penalmente un entramado completo de decisiones, omisiones y prácticas vinculadas a las fumigaciones con agrotóxicos en zonas densamente urbanizadas, discutiendo en un tribunal penal las responsabilidades concretas de productores, profesionales y funcionarios públicos». «Ninguna actividad económica, por importante que sea, está por encima de la ley. Y se deja en claro que la salud y el ambiente son bienes jurídicos que merecen tutela penal efectiva. Es un escenario histórico donde se cruzan ciencia, territorio y justicia, donde el modelo productivo deja de ser intocable y empieza a ser interpelado. Donde los cuerpos hablan, la ciencia acompaña y el silencio, después de treinta años, se rompe”, afirmó González Quintana.

«La salud es un derecho humano»

En su alegato inicial, el Fiscal eligió no mencionar la palabra cáncer, aclaró que decidía omitir esa palabra. Fue el abogado Carlos González Quintana quien la pronunció. En la sala se encontraban presentes varias denunciantes y víctimas.En el recinto faltaba Florencia Morales. La vecina fumigada y denunciante falleció en 2023, de cáncer. Su ausencia física nombraba con más fuerza aún la palabra que era necesaria mencionar. En su nombre sobrevolaban también las decenas de personas fallecidas que no podrán declarar sobre las fumigaciones que sufrían.

Tierra Viva conversó con Paola Díaz (Madres de Barrios Fumigados Pergamino). Sabe en primera persona de perdidas. “La verdad que no es fácil… yo tengo una hija fallecida de leucemia”. La niña falleció en 2014 a sus 11 años. “Después que falleció, hablando con Sabrina, nos fuimos enterando de lo que hacían las fumigaciones. Nosotros estábamos enfrente del campo. Para nosotros, lo que se fumigaba mataba los yuyitos y a las personas no les hacía nada”, recordó.

Paola, según está previsto, junto a una decena de vecinas declararán como testigo frente al tribunal oral en Rosario en futuras audiencias. Sus denuncias forman parte de las causas unificadas, ya que en su momento han declarado en el Juzgado de San Nicolás. Todo ese trabajo de años que logró tanto la medida cautelar judicial vigente que aleja los venenos, como aquella primera y limitada ordenanza de protección municipal. Medidas a las que algunos de los procesados hicieron caso omiso. “Lo que espero es que la Justicia se ponga del lado de las personas. La salud es un derecho humano. Que se juzgue como deben juzgar”.

En la primera jornada también estuvo presente Sofía Gatica, de Madres del Barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba). Viajó desde su provincia para acercar en persona el apoyo a Sabrina y los demás afectados. “Escuchar que la discusión fuera por los metros, en algunos casos escasos 100 metros, o gente asegurando que el glifosato no hace nada te da mucha bronca y mucha impotencia. Por eso es que viajé, para que cesen estas injusticias. Uno ve que se sigue fumigando, que se sigue contaminando, que se sigue muriendo la gente, entonces hay que ir a apoyar a los compañeros para que se haga justicia”.

Sabrina y Alejandra en la puerta de Tribunales. La próxima audiencia será el 25 de febrero.

La próxima audiencia ya fue programada para el 25 de febrero, a las 9 de la mañana. Según lo anunciado, sobre el cierre, se espera para esa jornada las declaraciones de los funcionarios municipales imputados.

*Las denunciantes piden la colaboración de toda la comunidad para afrontar los gastos económicos que implica todo el proceso (que está previsto termine en marzo). Alias: causa.pergamino (cuenta a nombre de Sabrina del Valle Ortiz).

Edición: Darío Aranda

• *Esta nota es parte de la articulación de la Unión de Medios Autogestivos (UMA): El Ciudadano (Rosario), Revista Cítrica (Buenos Aires), El Diario del Centro del País (Villa María), Tiempo Argentino (Buenos Aires), Lavaca (Buenos Aires), Agencia Tierra Viva (Buenos Aires) y Lawen Documental (Buenos Aires).

Periodistas de distintos medios de comunicación de todo el país convocaron para mañana a las 10 una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación en defensa de la herramienta legal que protege el oficio periodístico y busca ser derogado con la reforma laboral del Gobierno. Esta nota cuenta cómo se lo logró construir este instrumento para resguardar no sólo el trabajo sino también la calidad y la diversidad de la información.

Por Claudia Acuña

La primera vez que los periodistas argentinos decidieron tener un día en el calendario tuvo una clara intención: señalar un parto. Lo que así nacía era una visión del rol político y social de la comunicación y sus actores, que hoy conviene recordar porque las circunstancias se repiten burdamente. Por entonces, lo que aquellos periodistas pretendían era un marco legal acorde con las transformaciones que habían convertido la producción de la noticia es un negocio monumental e impune, amparado en protecciones y prebendas que se justificaban con el escudo de la libertad de expresión. Aquellos periodistas se hicieron entonces una pregunta clave: ¿son las empresas las que garantizan ese derecho social? ¿O se amparan en él para defender sus privilegios?  Para responder este dilema, el Círculo de la Prensa de Córdoba organizó un Congreso Nacional de Periodistas que se llevó a cabo en la capital mediterránea el 25 de mayo de 1938. La invitación tenía objetivos concretos: evitar “las formulaciones líricas” y obtener “resultados prácticos”. El trabajo de los delegados dio como resultado el borrador del Estatuto del Periodista –que lograron imponer seis años después- y la consagración del 7 de junio como la fecha marcada en el calendario para pensar qué representa “la libertad de pensamiento”, tal como definió uno de los principales impulsores del encuentro, el periodista Octavio Palazzolo. Las dos cosas fueron resultado del cambio de paradigma con el que aquel Congreso enfrentó la cuestión: el Estado garantiza la libertad de expresión cuando protege la labor de los periodistas y no a las empresas.

El cambio que representa esta mirada es producto de dos cuestiones centrales: una definición clara sobre la identidad del periodista profesional y una coyuntura histórica tan excepcional como la de hoy.

Por eso mismo, conviene recordarla.

Ser o no ser

En Rosario y en 2007 fue publicado el libro Prensa y peronismo[1] que dedica su primer capítulo a recordar esta historia. Su autor es James Cane. Se trata de una investigación sobre el contexto, sanción y consecuencia del Estatuto del Periodista, a quien Palazzolo –uno de sus principales redactores- presentó entonces con una frase que no pierde vigencia: “Ha resultado superior a la conciencia gremial, y hasta me atrevería a decirlo, al término medio de la mentalidad de los hombres que constituyen nuestro gremio”.

¿Por qué un Estatuto que fija las condiciones laborales de los periodistas profesionales tuvo y tiene una importancia estratégica en el análisis de la historia política de los medios de comunicación comerciales en la Argentina? En principio, tal como recuerda Cane en su capítulo, porque fue resultado de un proceso de transformación de la producción de la noticia, en particular y del periodismo mismo, en general. Una síntesis gruesa:

• Hasta comienzos del siglo XX, el periodismo argentino mantenía las características que le dieron origen: una forma de expresión de ideas de sectores sociales que intentaban, por medio de la prensa, defenderlas, difundirlas e imponerlas. Medio y periodistas estaban unidos en esas tareas. Los periodistas se consideraban a sí mismos y eran considerados por los demás como intelectuales cuyo único interés era el triunfo de sus ideas.
• En 1910 comienza otra historia: la del espectacular desarrollo de la prensa escrita. Señala Cane: “Esta transformación había convertido a la capital argentina en el mercado periodístico más grande de América Latina. A mediados de la Década Infame, cinco medios impresos –Crítica, Noticias Gráficas, La Prensa, La Nación y El Mundo– mantenían una circulación que superaba con exceso los 2 millones de ejemplares diarios. Hasta un diario de baja circulación para el contexto porteño, como el socialista La Vanguardia, equiparaba su tiraje con el de los diarios comerciales más vendidos en Chile y en Colombia”.
• Esta transformación alcanzó, por supuesto, a las relaciones de producción. Semejante crecimiento no podía sostenerse con camaradas de ideas y amigos de la causa.
• El periodismo se transformó en industria, pero sin reconocerlo. “Los dueños de los diarios insistían, en forma unánime, en que el carácter económico de un periódico seguía siendo accesorio a la función normativa de la prensa como vehículo de la opinión pública fiscalizadora de los actos del Estado. Hasta en las páginas de Crítica, un órgano que tanto hacía para cambiar las características de estos medios, se negaba que el diario fuera una entidad comercial. Esto era sostenido como una posición de principios, pero también como una forma de desmentir que la relación diario-lector estuviera basada en un intercambio mercantil antes que en una relación de afinidad espiritual”, apunta Cane.
• La diferencia entre ser y no ser una empresa comercial no era un mera cuestión filosófica, sino fundamentalmente legal. La actividad entera quedaba amparada por la Constitución, pero fuera de cualquier otra ley y sus trabajadores, sin derechos.
• Los trabajadores de la industria periodística comenzaron a exigirlos, acompañando la tendencia a la sindicalización que caracterizó esa etapa del país. Los gráficos y canillitas fundaron sus sindicatos. No así los periodistas, que no aceptaban reconocerse en un espejo proletario. En palabras de Palazzolo: “Por un lado estaban los que hinchados de una enorme vanidad seguían alimentando la leyenda del periodista […] quijotesco, heroico, que sólo vivía para difundir ideas; por otra parte estábamos los que habíamos superado ese magnífico pretexto, destinado a pagar sueldos de hambre, a enriquecer a las empresas o a solventar los lujos de algún director-propietario”.
• La innovación jurídica más temida vino sorpresivamente desde el Poder Judicial. Dos jueces federales dictaminaron a favor de los periodistas Manuel Sofovich y Oscar di Leo en las demandas por despido sin indemnización que habían entablado contra los dueños de Noticias Gráficas y La Prensa, respectivamente. El juez Eduardo Broquén fue particularmente claro en su rechazo de los argumentos de los abogados de La Prensa, quienes habían declarado que su cliente no podía ser clasificado como “comerciante” precisamente porque el diario del que era propietario se ocupaba exclusivamente de la difusión de noticias. Al contrario, para el juez, se trataba de “un establecimiento eminentemente mercantil” y los periodistas, por lo tanto, debían legalmente considerarse como trabajadores cuyos derechos estaban protegidos. Conviene aclarar que en esa época el diario La Prensa contaba con 1.698 empleados “invisibilizados” por la magia del argumento de la excepción, hijo ilegítimo de la libertad de expresión.
• “Esta situación de ambigüedad y conflicto daba nueva urgencia a dos cuestiones: ¿los periodistas eran realmente trabajadores? La necesidad de respuestas llegó a ser aún más perentoria luego de una serie de contradictorias decisiones judiciales frente a las demandas de los periodistas de la ciudad de Córdoba”, consigna Cane en su investigación. Ese fue el contexto que dio origen al Congreso Nacional.
•  El 24 de mayo de 1938 –día anterior a la reunión– el Círculo de la Prensa cordobés dio un comunicado donde se buscó dejar en claro que el propósito de los delegados era, nada menos, que rearticular las concepciones hasta el momento dominantes sobre el significado de la profesión. «Sin razón que lo justifique”, declaraban los periodistas cordobeses, “se habla todavía de la ‘bella bohemia periodística’”, una noción que no hace otra cosa que inferir “un agravio a los más respetables trabajadores intelectuales con que cuenta la sociedad” en una negación anacrónica de las transformaciones que habían creado la prensa industrial moderna. El Congreso Nacional de Periodistas, en cambio, “rompe con estos conceptos novecentistas […] para colocar al gremio en primer plano, resuelto a ganar […] las garantías morales y materiales que considera justas para hacer posible su convivencia dentro del núcleo social”.

Así se proclamó el Día del Periodista y se redactó el Estatuto profesional. Cómo se logró que se convierta en ley es otra historia que también se parece a la de hoy.

La diferencia entre medios y opinión pública

Dice Cane en su capítulo:

“Además de reconocer que los periodistas eran trabajadores de empresas comerciales, el borrador del estatuto también introducía una modificación importantísima en una idea clave para la concepción decimonónica de los derechos de prensa, que a su vez servía de base para la jurisprudencia federal. Esto es, que el Estado necesariamente encarnaba la amenaza principal para el buen funcionamiento de los medios impresos de difusión”. El encargado de exponer este argumento fue el periodista Ernesto Barabraham, quien firmaba como Ernesto Maury en el diario La voz del interior. Su razonamiento fue el siguiente: “dada la complejidad de la división de trabajo en la prensa moderna, las relaciones entre periodistas y propietarios habían dejado de ser puramente privadas para convertirse en una cuestión pública. En las disputas cada vez más notorias entre periodistas individuales y propietarios de grandes diarios, sólo el Estado tiene la capacidad de ejercer una mediación y defender a los primeros, que son, al fin de cuentas, los que producen el contenido público de los diarios”. Los delegados no sólo aprobaron el borrador del proyecto presentado por Barabraham, sino que también establecieron la Federación Argentina de Periodistas (FAP), una confederación de las organizaciones de periodistas de todo el país que tendría por misión inmediata lograr la aprobación del proyecto por parte del Congreso nacional.

Pero la situación política de entonces estaba lejos de mostrar la cara de un Estado benefactor. “Si el autoritarismo del presidente Castillo hacía que el Estado pareciera cada vez más amenazador para los intereses de periodistas y propietarios, el Gobierno surgido del golpe militar de junio 1943 estuvo aún más dispuesto a usar la represión como elemento fundamental de sus relaciones con la prensa. El intento del régimen, encabezado por el general Ramírez, de crear un ambiente en el que la prensa quedara esencialmente silenciada, culminó con el decreto 18407, en el que el Gobierno dictó medidas estrictas de censura sistemática y –lo más novedoso– de carácter permanente”, sintetiza Cane.

¿Cómo un decreto de censura permanente fue derogado por otro que consagraba el Estatuto del Periodista Profesional? La respuesta tiene nombre y apellido: Juan Domingo Perón. El joven coronel que, desde el Departamento Nacional del Trabajo, venía gestando un intento de acercamiento a la prensa. El clásico razonamieto peronista de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos abrió la puerta a los periodistas delegados que presentaron el proyecto gestado en aquel Congreso de seis años atrás. “Las razones de la temprana inclusión de los periodistas en esta primera ola de reformas laborales no son difíciles de imaginar. Los periodistas ocupaban una posición clave en la producción y circulación de dos ‘mercancías’ fundamentales para la elaboración de cualquier proyecto político: información e ideología. Así, donde el régimen militar torpemente intentaba pacificar a la prensa a través de una censura férrea y no lograba mucho más que unificar a lectores, periodistas y propietarios en contra de la medida, el reemplazo del decreto 18407 por el Estatuto del Periodista significaba un cambio fundamental en la relación entre las autoridades y los medios de comunicación. Perón, en efecto, buscaba usar las divisiones de clase dentro de las redacciones no sólo para fracturar internamente a cada diario opositor, sino también para ganar la simpatía activa de los productores directos de buena parte de la información y la ideología que vastos sectores del público argentino consumían en forma cotidiana. En lugar de silenciar a la prensa, el Estatuto formaba una parte importante del intento más ambicioso de tener mayor influencia sobre la articulación de la llamada opinión pública”.

Las lecciones de ayer

“Considerar este decreto como una simple jugada por parte de Perón y las autoridades militares para ‘cautivar a los trabajadores de la prensa’ (Sirvén, 1984: 24) deja de lado el rol fundamental y consciente que los propios periodistas desempeñaron en la evolución de las relaciones entre el Estado y los medios impresos” senala Cane.

Se podría inferir algo similar de la tarea que desarrollaron quienes se encargaron de elaborar los 21 puntos para una radiodifusión democrática que sentaron la base legal y social de la Ley de Servicios Audivisuales. Fueron 300 organizaciones sociales que en 2004 redactaron un documento que se convirtió en una herramienta de acción y presión. Y que cuando fueron llamados por los enemigos de sus enemigos, ya sabían qué pedir y cómo.

La casualidad o la historia coloca aquel borrador del Estatuto y ese documento de los 21 puntos a una misma distancia: seis años tardaron en convertirse en ley. Los dos fueron, también, el resultado de un profundo replanteo sobre el rol del periodismo, el Estado y las empresas. Que el de ayer lo pudieran hacer los periodistas de las grandes empresas y el de hoy, los que trabajan en la comunicación social nos indica cuál es hoy la trinchera desde donde se defiende aquello que Octavio Palazzolo nos señaló hace casi 88 años cuando marcó una fecha en el calendario.

La de hoy, cuando nos toca defender ese legado.

Sebastián Alegre es uno de los hermanos del joven desaparecido el 31 de enero de 2009 y finalmente encontrado enterrado como NN en el cementerio de Chacarita en 2014. Una parábola que solo deja en evidencia el encubrimiento por parte del Estado y que tiene a la Policía Bonaerense en el centro de las denuncias sobre el asesinato de este joven de 16 años, crimen que jamás se investigó a fondo. El pedido de memoria, verdad y justicia sigue intacto, y también la asociación de amigos y familiares empujando desde hace años un centro de memoria y arte, todo en un destacamento donde Luciano fue torturado, hecho por el que un policía fue condenado a 10 años de prisión. Este sábado recordarán a Luciano con una radio abierta, a las 16.30 horas, en Indart 106, Lomas del Mirador.

En esta nota -que recuerda a Luciano a 17 años de su desaparición y asesinato- repasamos el derrotero del caso que se convirtió en bandera de lucha contra la desapariciones en democracia en el país de los 30 mil, pero cuya impunidad persiste cada día. Sebastián, que tenía 13 años cuando Luciano, de 16 años, desapareció, recuerda a su hermano, cuenta quién verdaderamente era y lo conecta con los discursos actuales de la baja de imputabilidad.

Lo que cambió, y empeoró, en el barrio de 12 de octubre de Lomas del Mirador, con el avance del narco y la facilidad para conseguir armas. Lo que nunca llega: oportunidades y asistencia estatal para salir de la pobreza. Lo que ellos mismos encaran: organización y cultura “para darle otro camino a las juventudes”.

Por Lucas Pedulla

Su primera interacción con la policía fue a los 13 años. 

Estaba con su hermano Luciano y un amigo de él caminando hacia la Plaza del Cañón, en Lomas del Mirador. No hacía mucho que se habían mudado a esa localidad de La Matanza tras haber vivido en una pensión porteña de Flores y, luego, en la bonaerense Ciudadela. Sebastián sabía de la hostilidad de esos oficiales porque más de una vez lo habían amenazado sólo por estar jugando al rinraje en el barrio: “Pendejo, tomatelá, porque te voy a llevar”. 

Pero esa tardenoche fue distinta. Caminaban por avenida Mosconi cuando un patrullero los abordó a la altura de la Clínica del Buen Pastor, a tres cuadras de la plaza. “Me acuerdo que se bajó un oficial con la escopeta en la mano y se la pone en el pecho al amigo de Luciano. Le dice: Ponete ahí contra la pared. A Luciano le hace lo mismo. Vos también, me dice. Luciano se da vuelta y le dice: Él es menor. ¿Entendés? Él también era menor, nos llevábamos tres años de diferencia, según la época del año cuatro. Qué me importa, dice el policía y me pegó una patada que me hizo abrir las piernas y apoyarme contra la pared. Uno me palpaba, el otro seguía con la escopeta en la mano”.

Por esos años Sebastián (13) y Luciano (16) trabajaban juntos en una fábrica a pocas cuadras de su casa, en el barrio 12 de Octubre, un asentamiento de casas humildes que abarca una manzana. Uno de los límites del barrio da a una plaza que hoy lleva el nombre de su hermano. El otro límite, justo en diagonal a la casa en la que vivían, da a una zona residencial de clase media, vecinos que pidieron la creación de un destacamento policial ante la llamada “inseguridad” en la zona. 

Por esas calles caminaban Sebastián y Luciano para ir a la fábrica de hebillas para zapatos y cinturones, en la que trabajaban de ocho a diez horas al día. Hacían todo el proceso –tirar los moldes, lijar, pulir– menos la fundición, ya que era una máquina gigante que veían con mucho respeto. A los mediodías se iban a almorzar bajo algún árbol con sombra de la General Paz, la enorme avenida que divide a estos conurbanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando llegaban los fines de semana, con sus salarios se iban a Liniers –frontera entre ambos mundos– a comprar ropa. Sebastián recuerda los consejos administrativos de su hermano: “Lu me decía: Comprate esto, comprate aquello y esto dámelo que lo guardo para casa. Todo pasaba así, hasta que hubo un momento en el que Luciano ya no estaba más…”. 

El 31 de enero de 2009, hace 17 años, Sebastián cruzó a su hermano mayor caminando por la calle Perú, la de su hogar. “Andá para casa, me dijo. Tengo el recuerdo que era de tarde, porque el sol le pegaba de frente. Fue la última vez que lo vi”.

Desde entonces comenzó un recorrido que tuvo a su mamá, Mónica Alegre, y a su hermana, Vanesa Orieta, haciendo lo impensado para saber dónde estaba y qué le había pasado. Sebastián empezó a ver cómo el nombre y el rostro de su hermano, Luciano Arruga, comenzó a imprimirse en carteles, pintarse en banderas, escribirse en paredes y gritarse en marchas. El pedido era “aparición con vida”, una consigna que se gritaba para los desaparecidos de la última dictadura militar, y congregó multitudes para saber qué había pasado con un chico pobre de 16 años. Su hermano, Luciano.

“Soy la mamá de un negro villero que se negó a robar para la policía”, escuchó Sebastián, de boca de Mónica, ese enero y cada enero en adelante, cuando se cumplían años de su desaparición. Y así, fue viviendo este doloroso camino a partir de los 13 años, la misma edad desde la que hoy quieren meter presos a los chicos con el nuevo proyecto de baja de imputabilidad, defendido por el Gobierno nacional y sus aliados. Su recuerdo de esa tardenoche camino a la Plaza del Cañón cobra entonces una triste actualidad, como las realidades que Luciano nos sigue revelando, a 17 eneros de su desaparición.

Racconto de un encubrimiento

Sebastián recibe a lavaca en el Espacio para la Memoria Luciano Arruga. El lugar está en Indart 106, en Lomas del Mirador, y es el mismo chalet donde funcionó el Destacamento Policial N°8, dependiente de la Comisaría 8°, un ex centro clandestino de detención en dictadura conocido como “El Sheraton”, una turbia ironía de los represores. El destacamento fue creado a instancias de un grupo de vecinos nucleados en la asociación Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (VALoMi). Su fundador, Gabriel Lombardo, sigue al día de hoy apareciendo en televisión reclamando “más seguridad” ante cada hecho del barrio. Sin embargo, esa dependencia, en verdad, sólo debía cumplir tareas administrativas porque no tenía las condiciones para llevar a personas detenidas, mucho menos un adolescente menor de edad. Pero allí detuvieron y llevaron a Luciano el 22 de septiembre de 2008, cuatro meses antes de su desaparición. “Vane, sacame de acá porque me están cagando a palos”, escuchó su hermana, Vanesa, que gritaba Luciano cuando lo fue a buscar a ese destacamento. Por ese hecho, en un fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza condenó al policía Julio Diego Torales a diez años de prisión por torturas físicas y psicológicas.

Familiares y Amigos de Luciano, la organización que encabezó la lucha todos estos años, logró también que ese destacamento se cerrara, aunque la Municipalidad de La Matanza, entonces encabezada -al igual hoy- por el intendente Fernando Espinoza, lo trasladó al predio Monte Dorrego, a tan sólo unas pocas cuadras. Para la familia, Espinoza y Daniel Scioli, el entonces gobernador bonaerense –antes peronista, hoy reconvertido libertario–, son los principales responsables políticos de la desaparición del joven. 

La expropiación del destacamento la consiguieron con acampes, radios abiertas y festivales multitudinarios. Allí abrieron un espacio para la “memoria social y cultural” de Luciano, que está pronto a comenzar sus jornadas de apoyo escolar para el barrio. “Queremos llenar de vida este lugar”, cuenta Sebastián, entusiasmado. 

Tras la detención de Luciano en septiembre del 2008, el hostigamiento y el verdugueo policial se acentuaron al punto de que el joven ya tenía miedo de salir de su casa. El 31 de enero de 2009, Luciano no volvió más. Según testigos, lo subieron a un patrullero y lo llevaron a la comisaría. La familia inició una denuncia en el fuero provincial que luego pasó al federal como “desaparición forzada de persona”. 

Cinco años y ocho meses después, el 17 de octubre de 2014, y tras presentar un nuevo hábeas corpus, la familia encontró el cuerpo de Luciano enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita. 

Según la reconstrucción, había sido atropellado en la madrugada de ese mismo 31 de enero luego de intentar cruzar –con ropa que no era de él– la General Paz por el medio, un lugar imposible siendo que la avenida tiene sus cruces peatonales. Herido por el atropello, Luciano fue trasladado en ambulancia al Hospital Santojanni, donde murió. Fue inhumado como NN, pese a que la familia de Luciano salió desde el inicio a denunciar su desaparición. La lupa de la familia se posaba sobre la Bonaerense, y luego la investigación les dio la razón: la persona que lo atropelló declaró que esa noche había visto una camioneta doble cabina sobre la colectora de la avenida. El conductor también dijo que Luciano “corría desesperado, como si estuviera escapando de algo”. Nunca se profundizaron estas líneas de investigación.

La autopsia de Luciano estuvo en el expediente desde 2010 pero ningún juez ni fiscal a cargo de la causa la vio. En cambio, pusieron la lupa en el entorno familiar. La fiscal Roxana Castelli derivó la investigación en la propia Bonaerense denunciada, incumpliendo el reglamento de la Procuración provincial, y el juez Gustavo Banco y la fiscal Celia Cejas pincharon los teléfonos familiares 15 veces, durante 1 año y 6 meses. Por ello, hace 12 años que Mónica y Vanesa iniciaron un pedido de destitución de estos tres funcionarios. Ni el jury ni la causa por la desaparición tuvieron avances ni detenidos. 

Palabras como negligencia, desorden burocrático, desidia o complicidad estatal son pocas para describir la impunidad que se construyó en torno a la causa de Luciano Arruga, en un país que evidenció, aún con 30.000 desaparecidos, la inexistencia de herramientas estatales para la búsqueda de personas desaparecidas.

Por eso, la familia afirma: “Lo mató la policía, lo desapareció el Estado”. 

A través de Luciano

Sebastián, aquel niño de 13, hoy tiene 30 años. Trabaja en un vivero en Ramos Mejía y está por anotarse en las últimas materias para terminar el secundario. Hace pocos años que su voz se sumó a las de su mamá y su hermana para mantener viva la memoria de Luciano. Por eso accede a hablar con lavaca, y dice: “Hay algo muy tremendo que pasa cuando empezás a entender lo que es un desaparecido. Hace poco la pandemia se llevó a un montón de personas, pero a un amigo le podés decir: Che, tu abuelo está ahí, descansando. Lo viste, estuviste con él. Para nosotros, todos esos años fueron de un proceso de no poder darle nunca ese descanso, porque no lo tuvimos y hubo que aprender a lidiar con eso. 

Se te viene la frase nefasta de Videla: No está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Es una mierda, porque es verdad. No teníamos forma de cerrar un ciclo. 

Por eso conseguir este espacio fue un hito, tenerlo para la lucha, darse cuenta que esto no era una problemática social, sino que abarcaba una problemática política más grande. Particularmente, con 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, empecé a darme cuenta de que todo era parte de un problema sistemático: Luciano no era el único, no sería el último, y tampoco había sido el primero. Fue un camino de militancia entender eso. Y atravesar la adolescencia así. Fue muy groso ver a mi mamá y a Vane que supieron entender qué había detrás. No somos una familia que haya venido de la militancia. Mi abuela vino de Corrientes, del campo, con una mano atrás y otra adelante. Aprendimos a luchar a través de Lu, gracias a él. Y también con su humanidad, porque le gustaba la música, era hincha de River, estudiaba, alguna vez se enamoró. La lucha fue un simple acto de humanidad. Creo que por eso también se acercó tanta gente. Incluso hoy. A 17 años no tenemos una verdad concreta, una justicia absoluta de lo que pasó con Luciano. Seguimos reclamando el derecho a la verdad y a saber. Seguimos preguntándonos qué pasó. Es un hecho que sigue siendo doloroso, pero lo interpelamos desde otro lugar, proyectando cosas buenas, ideas para el espacio, para brindar oportunidades a los chicos del barrio”. 

Sebastián dice eso y mira las calles del barrio con preocupación: “Veo con urgencia que están queriendo aprobar la baja de imputabilidad. Llegué a escuchar gente que pedía la baja hasta los 12 años. Podemos, si querés, meterlos desde que tengan chupete, pero sacame una ley para que eso se revierta porque en diez años, si no, vamos a tener a todos los pibes presos. No estás ofreciendo otro camino para que los jóvenes no delincan, para que no se metan en el narcotráfico. Los 13 es una edad donde el pibe está forjando su vida, pero hoy está atravesado por toda una falta de instituciones hasta llegar, finalmente, al penal”. 

¿Qué ves que cambió de hace 17 años a hoy?

Lo narco avanzó mucho, y conseguir un arma es súper accesible. Pareciera que estamos en Estados Unidos, como si la compraran en WalMart. Hay muchos pibes con problemas de adicción, falta de contención, una población hecha mierda, otra pidiendo justicia, alguna gente que hace la diferencia y otra en situaciones cada vez más marginales. 

Sebastián trae el caso de Uriel Giménez, el chico de 12 años asesinado por la policía en medio de una persecución en Tres de Febrero. Por las redes se viralizaron fotos de Uriel con un arma, lo que trajo una cloaca de comentarios estigmatizantes: “Siento que el eje de la lucha se perdió. No pasa por si somos más de izquierda o de derecha, sino entender que un chico de 12 años no tendría que estar en esa situación. Hoy llega más rápido el narcotráfico y la delincuencia a la puerta de tu casa que el asistente social. No es azar, estamos en una sociedad muy individualista, carente de valores y necesidades. Antes la maestra podía hacer un acompañamiento, pero hoy tiene que agarrar tres turnos para cubrir un alquiler que le vale el doble que cuando empezó a alquilar. A la abuela de ese chico, posiblemente, ni siquiera le alcanza lo que tiene para ir al súper. Vivimos en el medio de un montón de violencias institucionales que terminan encadenando hechos represivos”. 

Lo que decís de Uriel me hace acordar a Santiago Beltrán, un chico de 15 años asesinado por una Policía de la Ciudad en Moreno. Las coberturas mediáticas y sus comentarios festejaban la muerte de un delincuente. ¿Cómo damos vuelta esa crueldad?

Hay que conectar con el de al lado, pensar qué pasó con este vecino, en vez de mirarlo por las redes, que te queman las neuronas. Hay que recuperar el contacto físico de acercarse al vecino. ¿Qué hubiese pasado acá si los vecinos decían lo que pasaba en este destacamento? Tendríamos que volver a las raíces, como comunidad, juntarnos para denunciar hechos violentos e institucionales. Que sean los vecinos los que se pregunten por qué en la escuela del barrio dejaron de ir 10 pibes. Uno, porque nos vuelve más empáticos. Dos, porque nos conecta con el otro. Y tres: porque es entender el barrio en el que vivimos. 

Familiares y amigos recordarán a Luciano este 31 en el espacio con una radio abierta, a partir de las 16.30. Piden a quienes se acerquen que traigan como donación alimentos para la merienda y útiles para las jornadas de apoyo escolar que están por comenzar. 

“No sé si encontrar a Luciano me dio justicia o paz, a mí lo que me da paz es esto”, dice Sebastián, señalando el espacio, y completa: “Saber que hay un lugar para la contención de los pibes, para que puedan venir a hacer una huertita, hacer una murga, hacer música. Que sepan que hay un lugar en el barrio donde se puede pensar la vida. Queremos enfocarnos a que haya infancias y juventudes. A transformar el dolor en más risas. A salir del negacionismo y del individualismo que plantea día a día esta sociedad. Los pibes no son lo que nos dicen, no nacieron así. Queremos otro camino para las juventudes. Y, acá, tienen ese espacio”. 

Foto: lavaca.org