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Inscripción online: las familias que crean sus propias vacantes

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La inscripción online a jardines y primarias en la Ciudad de Buenos Aires sigue dejando chicos y chicas fuera de la educación pública, frente a un crecimiento récord de las instituciones privadas. Lo nuevo es el protagonismo y la organización de familias y docentes que  consiguieron que se construyeran dos jardines públicos que aportan, juntos, 600 vacantes más. Aquí la historia del último, bautizado «Azucena Villaflor», que mañana realiza un festival en Plaza Boedo que pregunta «¿Dónde están las 3000 escuelas?» que prometió el gobierno nacional.

Por Alejandro Volkind para lavaca.org

Este martes 21 se publicaron los resultados de la inscripción online para el ciclo lectivo 2018 y, otra vez, otro año, miles de chicos quedarán fuera de la escuela pública. 
El número preciso, con suerte, lo conoceremos dentro de meses. Se sabe que el gobierno porteño es poco afecto a brindar esta información: gran parte de este año, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, prefirió pagar una multa diaria de 100 pesos antes que dar los datos exactos de la inscripción realizada en 2016. Para conocerlos hubo que esperar hasta octubre, cuando la Justicia le comunicó al Ministerio que, de negarse nuevamente, la información sería extraída por la fuerza a través de un perito informático oficial.

Sólo así se pudo saber que en 2017 hubo 11.958 chicas y chicos que se quedaron sin vacante en alguno de los tres niveles de escolaridad obligatoria.

Los números crecen año tras año. De los 7 mil reconocidos en 2014, cuando debutó del sistema de inscripción online, la cifra trepó a casi el doble en 2017. Mientras, el presupuesto educativo va en caída libre y este año fue el más bajo de la historia, según un informe realizado por el ex legislador Patricio Del Corro. A su vez, hasta mitad de año, áreas como la Dirección General de Infraestructura Escolar habían utilizado apenas el 34% del presupuesto asignado. 
Mejor suerte corrió la educación privada, que en los últimos cinco años aumentó el monto que recibe del Estado en concepto de subsidios y hoy da cobijo a la mitad de los estudiantes de la Ciudad, récord absoluto comparado a otras jurisdicciones del país. En el nivel inicial, de 720 jardines, 245 son públicos y 475 privados. Allí se encuentra el grueso de los excluidos en las inscripciones online, que este año dejó a 10.480 niños de entre 45 días y 5 años sin lugar en la escuela pública, pese a que, según la propia Constitución de la Ciudad, el Estado tiene la obligación de brindarles escolaridad.

Caer en la escuela privada

Ante este panorama, lo nuevo es el protagonismo y la organización de familias y docentes que a través de espacios como la Multisectorial por la Educación Pública o Vacantes para tod@s  consiguieron que se construyeran dos jardines públicos, el Carlos Fuentealba y el Azucena Villaflor, único jardín maternal que se inaugurará en 2018, y sólo este año lograron que 150 chicos que habían quedado en lista de espera consiguieran vacante.
Desde el 2014, año en que se implementó la nueva modalidad de inscripción, año tras año se sucedieron historias como la de Patricia Pines, quien el primer día de aquel año llevó a su hijo a sala de un año del jardín del Hospital Ramos Mejía. Estaba emocionada, pero al llegar todas las dudas que tenía se resumieron en una: el aula, para 40 chicos, medía exactamente 3 metros cuadrados. Solo atinó a agarrarse la cabeza y salir directo al sindicato para denunciar la angustiosa situación. 

Desde el Ministerio aceptaron que habían hecho mal los cálculos y, tras la primera inscripción online, la cantidad de alumnos del jardín se duplicó. 

Los directivos tuvieron que reacomodar los espacios y en una semana desapareció la beboteca, se achicaron los espacios comunes y hasta los pasillos se convirtieron en salas para poder ubicar a los más de cien nenes que se incorporaron de sopetón.
En esos días, Patricia y otras madres del Ramos pasaron de la indignación a la organización, que después de tres años empieza a dar sus frutos.

Las historias de las aulas conteiner y en el Lenguas Vivas y el jardín Carlos Fuentelaba, contada en la MU de marzo de 2014

Hace poco más de un mes, y en sólo 40 palabras, el flamante ministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro dio de baja una de las más publicitadas promesas de la campaña 2015. “El plan de 3.000 jardines estaba muy bien diseñado, lo que pasó es que en muchos lugares no hay terrenos de la magnitud y las características que necesitamos, o los terrenos salían más caros que el jardín”, aseguró en un reportaje al diario Clarín. 
Sin embargo, fueron los propios vecinos quienes advirtieron un terreno ideal en la calle Venezuela al 3200. Fue así que las familias que asistían al jardín del Hospital Ramos Mejía propusieran transformarlo en una escuela infantil. El propietario del terreno era nada menos que el mismísimo Ministerio de Educación de la Ciudad. 
Al principio, el reclamo fue a través de una página de Facebook: “Queremos una escuela infantil en Venezuela 3269”. Luego vinieron los festivales en el barrio y los murales; las movilizaciones al ministerio y las volanteadas. Y ante el menosprecio gubernamental como respuesta unívoca, un nuevo festival y otra movilización.
En ese recorrido circular que durante meses puso en juego la perseverancia de madres y padres, empezaron a acercarse organizaciones que, protagonizando luchas similares, aportaron sus conocimientos, sus recursos y sus experiencias, como el colectivo de familias y docentes que venían peleando por poner en funcionamiento otro jardín recuperado, el Carlos Fuentealba en Parque Patricios. Ellos, a diferencia de las familias de Balvanera, habían logrado reunirse con funcionarios de la Ciudad e incorporaron las nuevas demandas: “Ahí socializamos las reuniones que veníamos teniendo con el que era el subsecretario de Gestión Económica Financiera de Recursos del Ministerio de Educación y le empezamos a exigir que en este edificio ocioso del ministerio de educación de la ciudad, tenían que construir una escuela infantil con salas desde los 45 días, que son las que más faltan”, cuenta Estefanía Barone, maestra e integrante de la Agrupación Juana Azurduy.
Inscripción online: las familias que crean sus propias vacantes
Desde entonces la pelea no fue por ser atendidos sino por ser escuchados. Desde el gobierno aceptaban la idea de crear un jardín en el galpón de la calle Venezuela pero no para generar nuevas vacantes en el barrio sino para trasladar el del Hospital Ramos Mejía que, desde hace años, no cumplía con las condiciones de seguridad.
En ese tironeo, a mediados de 2016, mientras peleaban para que el Gobierno solucionara el problema del jardín con una escalera de emergencia, se enteraron de casualidad que por decreto el jefe de Gobierno había aprobado una ampliación presupuestaria para Educación destinada a  Infraestructura. “Conseguimos el PDF que tenía el detalle y vimos que entre las 20 escuelas que aparecían estaba ésta, pero con la dirección errónea: decía Venezuela 3200”, comenta Estefanía y se ríe antes de decir que, a partir de ese momento, se volvieron  una pesadilla para los funcionarios. El 21 de septiembre se instalaron en el Ministerio bajo la consigna “Que florezcan las escuelas esta primavera”: hablaron con el subsecretario y lo comprometieron a tomar el tema.
Días más tarde se colaron en una de esas amigables y digitadas reuniones con vecinos que suele organizar el Gobierno de la Ciudad y pese a que no las dejaron hablar, lograron desplegar, ante la mirada atónita del subsecretario y de la Ministra Acuña, un pasacalle que sintetizaba todo: “No sobran chicos, faltan escuelas”. 
A las tres semanas, el subsecretario las convocó y les aseguró que hacia fines de octubre estaría la licitación. Dijo, en noviembre ya estaría adjudicada la obra.

La comunidad organizada

El 2016 terminaba con un jardín encaminado y con otro, el del Ramos, con escalera de emergencia. Ahora sólo quedaba elegirle un nombre. Para eso organizaron un festival en Plaza Boedo, a pocas cuadras del futuro jardín. Por amplia mayoría, ganó el de Azucena Villaflor. “Lo elegimos por ser la primera Madre de Plaza de Mayo, también queríamos el nombre de una mujer, de una luchadora y de alguien del barrio; y Azucena tenía mucho vínculo con la Iglesia Santa Cruz”, explica Estefanía, que sabe que aunque la elección no fue para nada caprichosa, el nombre definitivo tendrá que recorrer caminos mucho más burocráticos. “Sabemos que quienes sean designados como docentes y las familias que accedan a esta vacante son los que van a participar en la elección del nombre, pero ahí estaremos para contarles la historia de la recuperación de esta escuela”.
Gabriela Di Felice  entra a la obra y, su voz se impone por sobre el ruido de los taladros. Saluda a Francisco, el capataz, pasa lista de los avances y describe con entusiasmo lo que hasta ahora son poco más que columnas y bolsas de cemento. “Esta es la plaza blanda, allá van a estar las salas de bebes, dirección y cocina, primer piso salas de dos y de tres, y ahí tenés el comedor y dos salas”. Cualquier distraído la confundiría con la arquitecta a cargo, pero ella es una de las madres del Jardín del Ramos Mejía que, al igual que Estefanía Barone, conoce cada detalle de la obra. “Miramos los planos, hacemos que los interpretamos, vemos el dibujito y calculamos qué van a hacer acá”.
Esta es al menos la decima vez que se acercan a la obra. Las visitas no se deben sólo a la ansiedad por ver terminada la escuela sino al aprendizaje realizado tras la recuperación del jardín Carlos Fuentealba, prometido para 2015 y abierto recién a mediados de este año.

De esa experiencia, donde el Ministerio cada tanto paralizaba los trabajos por falta de pago a la empresa contratista, aprendieron que la única manera de garantizar que la obra avance es viniendo seguido. “Cuando recién empezaban yo me presenté -cuenta De Felice- pregunté qué necesitaban y claro, no tenían ni para calentar agua, entonces les conseguí un anafe”. Así fueron generando un vínculo con el arquitecto y, sobre todo, con los obreros. “Ellos nos mantienen al tanto y así vamos controlando que no baje el número de trabajadores, que lleguen los materiales, que lleguen los pagos. Es un control que hacemos como comunidad educativa para que se cumplan los plazos, porque en la medida que nosotros encontramos algo que nos alerte vemos qué otras acciones tomar”, explica Barone.
Hasta el momento, esta dinámica logró sobreponerse al de exceso de papeleo y a la poca voluntad política que suelen exhibir los funcionarios cuando no están interesados en que un proyecto avance. Tuvieron que interceder cuando la empresa constructora necesitaba vaciar el galpón y el ministerio no la autorizaba, cuando las demoliciones comenzaron a rajar las medianeras y los vecinos se pusieron furiosos y hasta cuando, en una situación delirante, el mismo gobierno clausuró la obra que llevaban adelante. En todos y cada uno de estos percances la intervención de Gabriela y de Estefanía fue fundamental para que la escuela avanzara.
 “La fecha de finalización es fines de febrero y estamos en un 40%”, asegura Martín Ramírez, el arquitecto designado por UrbanBaires, la empresa que ganó la licitación, para realizar la obra. “Tal vez falten algunos detalles, pero el edificio va a estar”. Gabriela lo escucha atenta y se despide satisfecha. “Están trabajando hasta los sábados”, le comenta bajito a Estefanía, y no puede evitar que se le escape una sonrisa. 
La alegría tiene justificación: de los tres jardines que se construyeron en la Ciudad en el último tiempo, dos son producto de la lucha y de la organización de la comunidad educativa.

Uno de ellos, el jardín Carlos Fuentealba aportó 200 vacantes; el otro, la escuela infantil Azucena Villaflor, sumará 400. 

A su vez, este año lograron que, tras presentar amparos judiciales, 150 chicos que habían quedado en lista de espera consiguieran entrar en la escuela pública. “En el momento en que lográs arrebatarle una vacante al gobierno, lo que uno siente es una gran satisfacción, asegura Patricia. “Porque sabés que ellos, con todo su poderío y toda su infraestructura, hicieron lo posible para que ese pibe estuviera afuera. Y nosotros, así, bajito, hicimos todo lo posible para que entrara. Y aunque sea da uno, le ganamos.  Y eso hay que celebrarlo”.
Sin embargo, son conscientes de lo largo de la pelea. “Sabemos que todas estas vacantes que conseguimos no resuelven el problema estructural pero entendemos que ante el abandono y la desidia del Estado, las escuelas solamente las podemos abrir organizados y luchando en conjunto”, reflexiona Estefanía, mientras ultima detalles del Festival que realizan este domingo para ir al encuentro de las miles de familias que, como todos los años, no quieren caer en la escuela privada. Allí habrá, también una mesa de asesoramiento para quienes se quedaron sin vacantes.

Domingo 26/11, de 15 a 18 horas, en Sánchez de Loria y Estados Unidos.

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Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

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El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.

Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año. 

El camino de la in-justicia

En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia. 

La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.

Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero. 

Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10. 

Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo. 

Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.

 La pericia tendrá como objetivos precisar:

-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;

-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil; 

-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.

-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.

El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena. 

Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.

Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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