Mientras la Ley de Educación Sexual Integral da pasos significativos dentro del Congreso y es reclamada por lxs jovenés en particular desde el debate por el aborto, grupos conservadores realizan una campaña para que no se aplique. La caracterizan como parte de una «ideología de género» y alertan sobre la destrucción de la familia, la «hipersexualización» y el binarismo sexual. Qué está en juego y cuál es el verdadero espíritu de una Ley que se sancionó hace 12 años pero todavía no se aplica de manera efectiva.

Por Florencia Paz Landeira y Marcela Bilinkis
“Con mis hijos no”. “No te metas con mis hijos”. “Los hijos son de los padres, no del Estado”. “No a la ideología de género en la escuela”.
Los debates parlamentarios sobre la legalización del aborto, en los que había un aparente consenso sobre la necesidad de educación sexual en las escuelas, parecen haber quedado lejos. Buena parte de los argumentos en contra de la legalización del aborto se sostuvo con llamados a la “prevención” y a la “educación”. Ya entonces resultaba poco creíble: se trataba de los mismos diputados, senadores y sectores – grupos de poder vinculados a las iglesias católicas y evangélicas, entre otras – que habían batallado en contra de la propia Ley de Educación Sexual Integral previo a su sanción en 2006 y que durante todos estos años articularon diversas estrategias para que no se implementara en sus escuelas y provincias. Hicieron falta apenas semanas para que quede claro que la educación sexual, a pesar de que es Ley hace 12 años, también será un campo de batalla.

12 años, poca implementación

La Educación Sexual Integral rige en Argentina desde el 2006, cuando se sancionó la ley 26.150. En su artículo 1 establece: “Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”.
Dicha ley también creó un programa nacional a cargo de elaborar los lineamientos, los materiales curriculares y recursos didácticos, de planificar y dictar las capacitaciones y de realizar un seguimiento de su implementación. La ESI fue durante estos años una política de Estado que, desde su sanción, no cesó de actualizarse para estar en sintonía con los debates sociales que se cristalizaron en leyes como la de Matrimonio Igualitario, de Identidad de Género y el proceso de democratización del derecho de familia que se plasmó en el nuevo Código Civil y Comercial.
Entre estos avances se inscribe la resolución del Consejo Federal de Educación 340/18 que firmaron los ministros de educación el pasado 22 de mayo, mediante la cual se estableció que la ESI esté presente en la formación y evaluación docente y planteó la realización de las jornadas “Educar en Igualdad” para la prevención y erradicación de la violencia de género. En Capital esa jornada fue eliminada en 2017 por el gobierno porteño para recuperar días de paro docente.
El debate también tuvo lugar en el Congreso. Empujado por la centralidad que tuvo la educación sexual en los debates por aborto y con el impulso del Frente de Educación Sexual Integral y el Frente de Docentes por el Derechos a Decidir, el 4 de septiembre, el Día Mundial de la Salud Sexual, se alcanzó un dictamen de mayoría en reunión plenaria de comisiones de Educación y de Mujer, Niñez y Familia de la Cámara de Diputados. Las modificaciones apuntan a incluir explícitamente el respeto por la diversidad sexual y de género, el carácter científico y laico de la ESI, y a establecer que esta ley es de orden público y, por lo tanto, de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, en instituciones de gestión estatal o privada, más allá del “ideario institucional y de las convicciones de sus miembros”. En el marco del plenario que terminó con dictamen de mayoría, Silvia Lospennato (Pro), una de las diputadas que se posicionó por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, recordó que los diputados que votaron en contra “se comprometieron” a trabajar por la educación sexual. “Queremos saber si van a cumplir con su palabra”, agregó.
Sin embargo, la realidad nacional muestra que la ESI continúa siendo en gran medida una deuda. En las pruebas Aprender del año 2016, más del 75% de estudiantes requirieron la enseñanza de educación sexual y en género. Otro estudio, del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, reveló que en la CABA, 1 de cada 3 estudiantes no recibió ESI en sus escuelas, y de los que sí sólo tuvieron dos horas al año.

¿Por qué ahora?

Las manifestaciones en distintas ciudades del país en contra de la educación sexual en las escuelas, los audios escandalosos que se viralizan en los grupos de whatsapp de las familias alertando que les van a pedir a sus hijos que se desnuden y manoseen en el aula, los afiches que se están viendo en Rosario y Córdoba, las charlas y conferencias sobre cómo combatir la “ideología de género”: últimamente hubo reacciones frente a los intentos de avanzar con la implementación de la ESI en todo el país, como muestran las fotos que ilustran esta nota.

El sábado 15 de septiembre de 2018, la Alianza Cristiana Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) realizó una convocatoria en la Ciudad de Buenos Aires, que se promocionaba con el siguiente mensaje: “Durante el desarrollo del encuentro ‘La Problemática de Género y Educación Sexual’ se brindarán herramientas para contrarrestar el avance de dicha ideología. El propósito es que los padres sepan cómo actuar ante semejante avasallamiento contra sus hijos, que los líderes y pastores sean instruidos para concientizar a las congregaciones para los tiempos que se avecinan y cómo los docentes deben hacer frente a este flagelo que atenta contra nuestras familias”. El mismo día, Mar del Plata ocurrió el encuentro “Alerta Padres”, en una casa del Opus Dei, con una agenda similar. Abrazos a los ministerios de educación provinciales y nuevas asociaciones de padres surgen en torno a la consigna “No a la ideología de género”.
El propio Bergoglio, en sus vestiduras de Papa Francisco, ha hecho declaraciones en sintonía: “En Europa, América, América Latina, África, en algunos países de Asia, hay verdaderas colonizaciones ideológicas. Y una de estas –lo digo claramente con nombre y apellido– ¡es la ideología de género! (…) Hoy a los niños –¡a los niños!–, en la escuela se les enseña esto: que el sexo cada uno lo puede elegir”. 
Estas estrategias, pergeñadas en las cúpulas eclesiásticas y de amplia circulación en todo el continente, también tienen su edición local. En 2016, Agustín Laje y Nicolás Márquez publicaron un libro con un título sin desperdicio: El libro negro de la nueva izquierda: ideología de género o subversión cultural. En el libro el movimiento feminista, las prácticas sexuales no-reproductivas y la diversidad sexual aparecen asociadas con patologías, la caída de la Nación y sus valores, a la derecha del doctor Albino. Esta argumentación se suele teñir de nacionalismos y acusa a la presunta “ideología de género” de ser, paradójicamente, «un discurso colonialista». Se trata en general de una cruzada reaccionaria en defensa de un orden que se presenta como natural, que estaría siendo corrompido por los derechos sexuales, los movimientos de mujeres y LGTBI.
Esta estrategia de postular al género como ideología pretende inscribirlo en el terreno de las creencias, donde probablemente los sectores católicos y evangélicos se sientan más cómodos. Esta noción de “ideología de género” es solidaria a pensar la educación y las prácticas escolares como disciplinamiento y dogmatismo, a través de las cuales se buscaría prescribir un comportamiento adecuado para las niñas y los niños. Por el contrario, la ESI es una oportunidad para pensar la educación no desde un lugar prescriptivo, sino como terreno para poner a disposición los debates que nos atraviesan socialmente. No es una “bajada de línea”, sino la apertura al diálogo sobre las tensiones y dilemas que tenemos entre manos. Esa es tanto su potencia como su desafío.

¿Alguien quiere pensar en los niños?

La campaña #ConMisHijosNoTeMetas pone a niños y niñas en el centro del debate. Es en su nombre que se sostiene la mayoría de los argumentos en contra de una educación plural, crítica de toda forma de fundamentalismo. La fórmula denota claramente una idea de propiedad, apelando a una patria potestad irrestricta sobre los hijos. No sólo tal figura ya no existe en el ordenamiento jurídico, sino que desde principios de siglo XX el Estado legisló sobre los límites de esta patria potestad, reconociendo que la situación y los derechos de los niños también eran responsabilidad estatal. En 2005 se sancionó en Argentina la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en donde se los reconoce como sujetos de derecho y se establece al interés superior del niño como principio rector. El espíritu de esta ley impactó también en el nuevo Código Civil y Comercial, que rige desde 2015, y que establece la corresponsabilidad entre distintos actores para velar por los derechos de los NNyA. Es también en esta normativa que se avanzó en sancionar los malos tratos físicos y cualquier forma de vulneración de la integridad física de los niños. La ESI, justamente, es central para trabajar cuestiones relativas al respeto por el propio cuerpo, el consentimiento y para identificar situaciones de abuso.
La reemergencia de esta discusión debe ser situada en la historia de los debates por la ESI. La cuestión de las demarcaciones de límites entre la responsabilidad de las instituciones educativas y de las familias es una marca de origen de la educación sexual como política pública. Pero es que es justamente esta visión de los niños como propiedad, subordinados y asociados a una supuesta pureza e inocencia original sobre la que se montan las ideas de que deben ser disciplinados y normalizados.
Estas reacciones encarnan, a su vez, las disputas por restablecer límites tajantes entre lo “público” y lo “privado”. Se trataría de recuperar ese terreno de lo “privado”, “familiar” e “íntimo”, sobre el que las familias – o los patriarcas, diríamos – podrían ejercer un poder sin límites. Eso que llaman “ideología de género” nos ha permitido problematizar la distinción público/privado como centralmente política y como una forma histórica y cultural de justificar diversas formas de dominación y jerarquización social.
Lo que está en conflicto entonces y ahora es qué educación sexual queremos y no la imposición de una ideología. La verdadera discusión es si se trata de una educación sexual inscripta en el enfoque de derechos y el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, en correspondencia con el marco normativo vigente en nuestro país, o, al igual que priorizan las creencias y el status quo.
Las escuelas siempre fueron espacios en donde se reguló el género y la sexualidad de los niños, niñas y adolescentes. Aunque no estuviera incorporado a los contenidos curriculares, a través de aquello que se llama “currículum oculto” se asignaron roles de género a varones y mujeres, modos de vestir, de comportarse, gestualidades y hasta la educación sentimental de cómo expresar socialmente emociones. El silencio sobre la sexualidad también fue y sigue siendo una forma de educar. Sin dudas, la peor.