Nota

La Patagonia en disputa. Caso testigo: la provincia del Chubut

Publicada

hace 19 años

23/03/2006

En la región sur del país los derechos humanos se violan en forma constante por la tierra y por el agua, siendo los principales perjudicados los pueblos originarios y campesinos que ocupan territorios que poseen importantes riquezas. Desde hace tiempo, la Patagonia es una de las zonas más codiciadas por los grandes capitales, nacionales y extranjeros que, poco a poco, van adueñándose de grandes extensiones de tierras y de agua, para explotarlos siguiendo la lógica de la acumulación incesante de capital.
Las grandes masas de agua que posee esta región están representadas por enormes lagos, muchos de ellos sin explotación humana de ninguna especie, y ríos correntosos que descienden de la cordillera, característica que permite que una de las formas de aprovechamiento posible sea la generación de energía.
Uno de los proyectos que existe en este último sentido es el de Aprovechamiento Hidroeléctrico de la Cuenca del Río Carrenleufú, que llevaría a la construcción de seis represas en la zona de Corcovado, localidad ubicada a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut.
Si bien durante el 2005 no se han cumplido los plazos de construcción que estaban expresados en el proyecto, en caso de concretarse implicaría la inundación de aproximadamente 11.000 hectáreas, provocando la pérdida de masa boscosa nativa, la muerte del río, que quedaría represado en su totalidad, la contaminación de sus cuencas y el desalojo y la relocalización de la población de la zona, que sería obligada a abandonar sus tierras en las que viven y trabajan.
Detrás del proyecto está la corporación española Santander, que es accionista de la planta de producción de aluminio Aluar, que está en vías de ampliación y por lo tanto, requiere de mayor volumen energético. Pero detrás de la propuesta de construcción de las represas también está el poder político nacional, provincial y local que, asociados a los intereses de las grandes corporaciones, se encargan de construir un discurso para convencer a la población de la necesidad de realizar el proyecto para lograr el desarrollo local, generar nuevos puestos de trabajo y obtener nuevas fuentes de energía para las poblaciones del lugar.
Tras los discursos basados en el progreso de la región, se encuentran las comunidades que serán afectadas por la muerte del río, las comunidades rurales de la zona, asentadas hace mucho tiempo en la región, que viven de la ganadería extensiva y de la agricultura de subsistencia; el pueblo de Corcovado, gobernado por un intendente justicialista que ejerce el poder en forma autoritaria, persiguiendo a quienes se oponen a los proyectos impulsados por la intendencia- como la construcción de las represas-, violando los derechos humanos de la población impunemente y controlando todos los resortes del poder local, factores que le permiten utilizar la violencia y manipular a la población a través del manejo de planes asistenciales; y una comunidad mapuche ubicada a 10 km. de la localidad de Corcovado.
Esta comunidad mapuche, que quedará 60 metros bajo el agua de concretarse el proyecto, es la Comunidad Pillán Mahuiza, constituida por dos familias que, en 1999, recuperaron 150 hectáreas que estaban en posesión de la policía provincial desde 1939, luego del desalojo violento de 30 familias mapuche.
Según la cosmovisión del pueblo mapuche, los seres humanos y la naturaleza constituyen un todo indivisible, un círculo perfecto de vida, y hay una relación circular y armónica entre ambos, que sería afectada en caso de realizar una transformación del ámbito natural. La relación con la naturaleza está basada en el principio de la reciprocidad -se da y se recibe a la vez- y para concretar esta relación es necesario estar en armonía con el todo, que incluye elementos naturales, culturales y espirituales que hacen a la identidad mapuche. Esta es la razón por la cual se oponen a la destrucción de cualquier elemento de la naturaleza y no permiten que se destruya el territorio.
En la lucha contra el asesinato de los ríos y por la vida de otros bienes naturales y culturales, la comunidad Pillán Mahuiza y los pobladores campesinos de la zona han conformado el Frente de Lucha Mapuche Campesino como un espacio político, social y cultural que se propone construir relaciones basadas en la reciprocidad entre la sociedad y la naturaleza y recuperar la identidad, la cultura y la espiritualidad de quienes lo constituyen, con el propósito de lograr no sólo la recuperación de las tierras, sino también el control del territorio.
En esta lucha han enfrentado las persecuciones del poder político local que ha acusado de usurpadores a la comunidad mapuche, por haber recuperado las tierras que pertenecían ancestralmente a su comunidad.
En enero de 2005 se realizó en la comunidad Pillán Mahuiza un encuentro de organizaciones sociales de la Patagonia y otras regiones del país que expresaron su apoyo a la lucha contra la represa a través de dos comunicados, uno rechazando la concreción del proyecto de construcción de las represas y otro, denunciando las violaciones a los derechos humanos que se producen en la región, tales como el derecho a la libre expresión, a peticionar a las autoridades, a la identidad cultural, incluyendo el derecho a la integridad física y a la vida, como consecuencia de las constantes amenazas que enfrenta la población del lugar debido al ejercicio de la violencia institucional.
Otra comunidad mapuche que enfrenta las amenazas de desalojo y que reclama la titularidad de las tierras es la Familia Cayún, que está localizada en Lago Puelo, a 180 kilómetros de la localidad de Esquel, también en la provincia de Chubut. La comunidad, ubicada en la margen oeste del Río Azul, está compuesta por 12 familias -55 personas en total- que ocupan una superficie de 674, de las cuales sólo siete son aptas para el cultivo, siendo el resto bosque nativo y cordillera. La familia Cayún reclama la titularidad de las tierras para evitar desalojos con el fin de explotarlas desde el punto de vista turístico o para concretar la especulación inmobiliaria de empresarios o magnates nacionales y extranjeros. La defensa de sus tierras ha traído a la familia muertes nunca resueltas de miembros de su familia y de vecinos. El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, ofrece a la comunidad Cayún 200 hectáreas para usufructuar con título de propiedad individual, con el propósito de utilizar el resto de las tierras para la especulación inmobiliaria. La familia no acepta esta propuesta porque reclama el título comunitario, siguiendo las prácticas ancestrales del pueblo mapuche. Manteniendo las tierras sin subdividir, la comunidad evita posibles proyectos de construcciones turísticas o de explotación irracional de los recursos, y permite que la población pueda tener acceso a las tierras y a sus recursos.
En la provincia de Neuquén, la comunidad mapuche Paichil Antriao de Villa La Angostura fue desalojada por la policía de sus tierras en Cerro Belvedere , en abril de 2005, por orden del juez Rolando Lima. En esa oportunidad el desalojo, con la participación de la policía local, fue violento y la camioneta utilizada para sacar las cosas era posesión de la municipalidad de Villa La Angostura. Frente a este hecho, en mayo, la comunidad volvió a ocupar un predio de 4 hectáreas, al mismo tiempo que se firmó un acuerdo con las autoridades municipales, representantes de Parques Nacionales, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de la Confederación Mapuche, a través del cual las partes se comprometieron a participar de una mesa de diálogo para esclarecer la situación y evitar que se vulneren los derechos indígenas.
Sin embargo, el compromiso de respetar los derechos indígenas sobre las tierras fue vulnerado meses después, cuando en septiembre hubo un nuevo intento de usurpación a la comunidad. En esa oportunidad el vecino de la comunidad, Miguel Barbagelatta, comenzó a realizar obras de remoción de tierras para hacer un camino de acceso a un lote situado sobre la costa del lago Nahuel Huapi y otorgado por el estado nacional a la comunidad a comienzos del siglo XX, a través de un decreto firmado paradó-jicamente por al General Roca. El interés sobre esa franja de playa se debe a que constituye un puerto natural con muelle, frente al resto de la costa que es rocosa.
En las tierras que pertenecen históri-camente a la comunidad Paichil Antriao, unas 625 hectáreas cuyo título de propiedad fue entregado a mediados del siglo XX, se han ido vendiendo lotes a personajes famosos, con la complicidad de inmobiliarias de la zona, entre ellos, Huberto Roviralta, cuyo apoderado es Leonardo Bessone, de la inmobiliaria que lleva como nombre su apellido y el basquetbolista Manuel Ginobilli, que compró un lote vecino al REWE, lugar sagrado para los mapuche.
Con el propósito de impedir que continúen los desalojos y los atropellos contra la comunidad, varios miembros de la misma se trasladaron a Buenos Aires, en noviembre, para dar a conocer los conflictos que enfrentan e interpelar a los diputados de la nación a que aprobaran la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena que reconoce la propiedad comunitaria y permite el freno de las desalojos durante un periodo de cuatro años. A través de una conferencia de prensa realizada el 30 de noviembre, exhortaron a que los diputados se reunieran ese mismo día -último día de sesiones ordinarias- para aprobar esa ley, cuyo tratamiento había quedado suspendido en junio. Si bien estaba convocada una sesión especial de la Cámara para ese día, lamentablemente no hubo quórum y la ley permanece sin aprobación, hasta que vuelva a tratase el año que viene con una cámara renovada y sin varios de los diputados que habían elaborado el proyecto e impulsado su aprobación.
En la provincia de Río Negro, la presencia de un magnate inglés ha convulsionado la localidad de El Bolsón. El propietario de Hard Rock Café, y hoy dueño de Planet Hollywood, Joe Lewis, compró en 1997, 14.000 hectáreas, que poseen cascadas y bosques naturales sobre el Lago Escondido, que quedó incluido dentro de su propiedad. La venta de estas tierras entró en contradicción con la Constitución de la provincia de Río Negro, en uno de cuyos artículos se hace referencia al acceso libre a riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público con fines recreativos, además de violar la ley provincial 279 que imposibilita la concentración de tierras fiscales y su uso indiscriminado y establece que si alguien ya posee un predio de tierras fiscales, no puede adquirir otro.
A lo largo de los años, la sociedad anónima Hidden Lake -propiedad de Lewis- ha ido comprando, con la complicidad de la inmobiliaria Van Ditmar de Bariloche, propiedades cercanas a importantes fuentes de agua en toda la cordillera, tales como el río Foyel, el río Manso, los lagos Montes y Soberanía. Para completar el enorme imperio natural que posee, Lewis está gestionando la compra de 100 has. fiscales sobre la margen del arroyo el Pedregoso, en la zona llamada Pampa de Luden ubicada en Mallín Ahogado, con el fin de construir un aeropuerto. Esta zona es de vital importancia para la población porque es una zona productora en la cual habitan antiguos pobladores que se dedican a la cría de animales y a la actividad silvopastoril. En caso de realizar la venta de estas tierras, la población del lugar dejaría de tener acceso al agua del arroyo para el riego y tendría aún más dificultado el acceso a los lagos, ya de por sí de poco acceso frente a las amenazas de gente armada contratada por la empresa. Frente a esta concentración de tierras y aguas en manos privadas y ante la posible venta de más tierras, los vecinos de la región se han organizado y constituido la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Mallín Ahogado y la Comarca Andina.
En esta región del país son muchos los magnates extranjeros que han ido comprando tierras con la complicidad de los gobiernos locales y las inmobiliarias dedicadas a la especulación. Entre ellos se cuentan los ya conocidos hermanos Benetton, que son dueños de 900.000 has en la provincia de Chubut, el empresario norteamericano de la comunicación Ted Turner , que posee 70.000 has en las cercanías de Bariloche, y los actores Silvestre Stallone y Michael Douglas que poseen hermosas estancias de miles de hectáreas cada una.
También existen problemas de violación de derechos humanos en las áreas urbanas. Algunas ciudades patagónicas están sufriendo la represión y el atropello a los derechos humanos, como es el caso de la ciudad de Bariloche en la cual organismos de derechos humanos han solicitado a la Justicia Federal, durante el mes de diciembre, que declare inconstitucionales las medidas municipales que reforzaron la cantidad de efectivos de seguridad en la ciudad y que se adopten medidas cautelares que hagan cesar los operativos policiales que se están realizando fundamentalmente en los barrios marginales de la ciudad, los de El Alto. Frente a un relativo aumento de inseguridad se declaró la emergencia en materia de seguridad en la ciudad y se solicitó la intervención de fuerzas de seguridad federales y del grupo de ataque provincial Bora. Los organismos de derechos humanos determinaron, a través de un escrito, que no se siguieron los procedimientos legales para solicitar la intervención de las fuerzas federales, ya que esta medida sólo puede tomarse en tres casos concretos que no están ocurriendo en la ciudad sureña, que son, en caso de que esté en juego el orden constitucional, durante una situación de desastre o cuando hay peligro colectivo para la vida y el patrimonio de las personas. En este último caso, las organizaciones declaran que se trató de hechos aislados y que en la ciudad no existen bandas armadas, zonas liberadas ni estructuras mafiosas que pongan en peligro colectivo los bienes y la libertad de las personas. Por otro lado, aclaran que la medida tiene carácter discriminatorio ya que los efectivos de la policía fueron destinados únicamente a los barrios más pobres de la ciudad, ejerciendo sus funciones a través de procedimientos irregulares y malos tratos. Este escrito de los organismos de derechos humanos amplió los argumentos de una Acción de Amparo, presentada una semana antes, que solicita medidas cautelares y declaración de inconstitucionalidad de la resolución municipal, del decreto provincial y de la resolución del Ministerio del Interior de la Nación que dispone la intervención de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina en operativos conjuntos propuestos por la provincia de Río Negro. La medida implementada viola derechos reconocidos por la Constitución Nacional y se enmarca en el proceso de criminalización de la pobreza que se está dando en otras regiones del país.
La mayor parte de los conflictos que se dan en la Patagonia están relacionados con los ricos recursos naturales que posee la región e implican violaciones a los derechos humanos, tanto de pueblos originarios como de comunidades rurales que habitan la región desde largo tiempo atrás y han convivido con la naturaleza respetando los elementos que la conforman, a sabiendas de que sólo así podrán seguir teniendo una relación de reciprocidad con la misma. Los grandes intereses capitalistas nacionales y extranjeros han puesto su mirada ambiciosa sobre esas tierras y recursos naturales y las comunidades que allí habitan se constituyen en un obstáculo para su apropiación y explotación. Esa es la razón por la cual llevan a cabo todas las estrategias necesarias para eliminar ese obstáculo, utilizando la protección y la asociación con los poderes políticos que, como parte del negocio, no dudan en usar la represión abierta o a hacer oídos sordos a los reclamos de las comunidades perjudicadas y que, por lo mismo, se sientan a negociar el futuro de la naturaleza y de los seres humanos con quienes les ofrezcan el mejor negocio o la mejor tajada.
Contacto:
El Bolsón:
Vecinos autoconvocados de la
Comarca Andina del Paralelo 42
[email protected]
Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza.
02945-15692319
[email protected]
[email protected]
Comunidad Mapuche Paichil Antreao, Villa la Angostura:
Mirta 15637179

Temas:derechos humanos mapuche Patagonia pueblos originarios

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La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

Publicada

hace 2 días

22/07/2025

Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.

Por Franco Ciancaglini

Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:

su salud era cada vez más delicada;
los medicamentos oncológicos no llegaban;
y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.

Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.

Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos — Mary junto a Nora Cortiñas.

Contaminada

María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.

Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.

La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.

Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.

Contaminada

La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.

Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.

Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:

“Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
“La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».

Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”

Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.

En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”

Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:

“Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.

Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.

Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.

Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”

El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

Abandonada

Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.

Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.

Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».

Sino miren este video.

María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”

El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.

Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.

Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.

Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”

Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”

La respuesta era obvia: mal.

Insurgente

Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.

Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.

El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».

Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.

Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.

Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.

Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.

Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.

La muerte es el abandono.

La muerte es el olvido.

Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.

odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.

Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.

Mary: gracias.

Hasta mañana.

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Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

Publicada

hace 3 días

21/07/2025

El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.

Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.

El camino de la in-justicia

En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.

La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.

Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.

Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.

Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.

Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.

La pericia tendrá como objetivos precisar:

-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;

-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;

-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.

-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.

El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.

Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.

Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.

Ojos bien abiertos: perfil del fotógrafo herido de muerte por la Gendarmería

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De la idea al audio: taller de creación de podcast

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hace 3 semanas

03/07/2025

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El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.
Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.
Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom
Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno
No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.