Las causas armadas a 26 personas antes y después del Paro Internacional de Mujeres siguen abiertas, mientras los organismos de derechos humanos y la Procuraduría de Violencia Institucional juntan pruebas para demostrar que las detenciones fueron arbitrarias, violentas e irregulares y analizan el accionar de la Policía de la Ciudad. Cómo se desató la cacería desde el día 7 hasta el 8 a la madrugada y por qué el gobierno salió a cazar mujeres. Por María Florencia Alcaraz para lavaca.org
La construcción del 8 de marzo – primer Paro Internacional de Mujeres- en Argentina dejó un saldo represivo que pincela la estampa de las violencias estatales que hoy se despliegan sobre los cuerpos de quienes se apropian de las calles con reclamos y demandas concretos.
La madrugada anterior de la acción que reunió a más de 50 países en simultáneo, un grupo de 6 chicas -en su mayoría lesbianas- fueron perseguidas por tres hombres que las corrieron invocando a la “justicia de Dios”. Un operativo policial desmedido se desplegó alrededor de ellas en las calles de Almagro. Las acusaron de hacer pintadas y les abrieron una causa por “daño” que las tuvo privadas de sus libertades por más de doce horas. El multitudinario #8M terminó en Buenos Aires recrudeció esta imagen: veinte personas-15 mujeres y 5 varones- fueron detenidas, reprimidas, vejadas y torturadas tras la marcha por la nueva fuerza de seguridad de la Ciudad. Tanto en la comisaría 9na, como en la 1era, la 30 y la comuna 4ta donde estuvieron las personas presas en estas dos jornadas hubo vigilias hasta que las liberaran.
Las del #8M se fueron golpeadas y con expedientes judiciales abiertos por diferentes motivos: “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”. A dos meses de esas detenciones, caracterizadas por los organismos de derechos humanos como arbitrarias e ilegales, las 26 personas detenidas el 7 y 8 de marzo tienen aún causas abiertas en su contra. La misoginia y lesbofobia punitiva parece actuar con celeridad cuando se trata de perseguir y criminalizar a las mujeres manifestantes, una velocidad que el aparato judicial no demuestra cuando se trata de investigar agresiones y amenazas de varones o activar mecanismos de protección para víctimas de violencia machista.

Las paredes están bien

• En el caso de las chicas del 7 de marzo la causa recayó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas n° 20 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Juan Rozas. La causa tiene tres denunciantes –los defensores de las paredes-, quienes persiguieron a las jóvenes mientras iban caminando por calle Corrientes, dieron aviso a la policía y luego actuaron al servicio de las fuerzas de seguridad recogiendo, por ejemplo, unos aerosoles de las calles. Ninguno de ellos las vio pintando ni la Iglesia, ni el banco ni las sendas peatonales: todas pintadas convocando al paro que figuran como imágenes en el expediente. Actuaron casi como un grupo parapolicial. La abogada de las chicas, Gabriela Carpinetti, pidió a través de un escrito la nulidad de la causa. A partir de la declaración de una de las detenidas, Rozas resolvió ampliar en sede fiscal sus declaraciones testimoniales, que habían sido en la comisaría, y extraer más testimonios para investigar la eventual comisión de delitos de acción pública. Es decir, si hubo violencia institucional al momento de la detención y durante las horas que duró el encierro. De las pintadas por las que se las acusaba hoy solo quedan algunos rastros en sendas peatonales. Las paredes de la Iglesia Sagrado Jesús Sacramentado están blancas otra vez. Las chicas, con causas penales abiertas.

Detenciones sin orden judicial y provocadores plantados: detalles de una cacería

Las detenidas el 8

La cacería policial post 8M de detenciones sin órdenes judiciales se bifurcó en dos caminos.

• Una: tiene como imputadas a las víctimas detenidas. Se trata de 15 mujeres y 5 varones imputados por “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”. Ese expediente tramita en el juzgado de Instrucción 35 e interviene la Fiscalía en lo Penal N 8 a cargo de Fernando Fiszer. En estas causas armadas actúan distintos abogados en defensa de las víctimas. La Defensoría General de la Nación, la Defensoría General de la Ciudad-dos de las detenidas son trabajadoras de este organismo- y también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros particulares.
• Dos: un conjunto de expedientes tramitan en el Juzgado de Instrucción 59, a cargo de Laura Belloqui. La madrugada de la represión a partir de un habeas corpus presentado por la abogada Luciana Sánchez en nombre de todas las personas en las comisarías. Esa acción judicial fue declarada abstracta tras la liberación. La jueza de turno, Laura Graciela Bruniard, extrajo copia de la denuncia de apremios ilegales, la cual fue sorteada y recayó en el Juzgado de Instrucción 59. En esa misma sede judicial tramita una denuncia penal hecha por la abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta contra funcionarios porteños, entre ellos, el jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar; el Ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y Marcelo D’Alessandro, Secretario de Seguridad.

Violencia institucional

La jueza Belloqui ya cuenta con un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) que luego de tomar una veintena de declaraciones con acompañamiento de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC) elaboraron un dictamen en el que concluyen que se trató de hechos de violencia institucional que deberán ser investigados para determinar las responsabilidades de las fuerzas de seguridad que intervinieron. Balas de goma, gas pimienta en los ojos, gases lacrimógenos, requisas vejatorias, manoseos, insultos y maltratos de todo tipo relataron por las propias víctimas y testigos de la represión ocurrida pasadas las 20 horas, en plena desconcentración.
Entre ellas está el relato de una de las jóvenes que tuvo que ir al hospital Argerich después de recibir cuatro balazos de goma: dos impactaron en su estómago, otro en la mano y el cuarto en la ingle. Uno de los detenidos contó que perdió el conocimiento en la calle por los golpes y la paliza que recibió de los agentes armados. Las mujeres fueron obligadas a desnudarse más de una vez durante la detención, a algunas les revisaron nalgas y vaginas. Además, las detenidas recibieron amenazas y agresiones atravesadas por el machismo y la lesbofobia. Las trataron de “pibe” y “negra de mierda”, entre otros insultos.
Todas las detenidas en la Comisaría 30ª, por ejemplo, eran mujeres lesbianas y de tez morocha, por lo que la PROCUVIN concluyó que “la presente investigación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la particularidad del caso, pues más allá de que los hechos puedan ser subsumidos en  los tipos penales vinculados a la violencia institucional, debe sumarse que, dicha violencia fue motivada por razones de género y odio hacia la orientación sexual de las víctimas”.
Según el dictamen de PROCUVIN, las detenciones fueron arbitrarias, violentas e irregulares. La mayoría no sabía por qué estaba detenida. Los policías no se lo informaron y tampoco se identificaron. En los testimonios se repite un accionar: un grupo de varones de civil las intercepta y “entrega” a los policías de uniforme.
“Los elementos hasta ahora incorporados permitieron inferir la ausencia de recaudos especiales por parte aquellos funcionarios encargados de diagramar y coordinar el operativo policial, a fin de resguardar la integridad física y garantizar el ejercicio del derecho de reunión por parte de aquellas personas que se encontraban manifestándose en forma pacífica”, señala el dictamen que lleva la firma del titular del PROCUVIN, Félix Crous, y del fiscal ad hoc a cargo del Área de Violencia Policial, Maximiliano Medina.
En torno a la represión del 8M además, según el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, se abrió un sumario administrativo para investigar la actuación policial pero ninguno fue separado de su cargo. En declaraciones a los medios el funcionario porteño justificó el accionar policial. Dijo que “la Policía actuó en función de la escalada de violencia brutal” de la movilización. Habló de “grupos violentos” que arrojaron “bombas molotov”, sin embargo esto no se observa en los vídeos y fotos.

Cronología de la represión

El dictamen de PROCUVIN traza tres etapas de la violencia estatal desplegada el 8 de marzo.

1. Primera: Ante un principio de incendio en la zona de la Catedral metropolitana, los efectivos de la Policía de la Ciudad arrojaron gases lacrimógenos, gas pimienta y proyectiles antitumulto –desde corta distancia-. En ese mismo momento se produjeron detenciones arbitrarias, violentas e irregulares. Detenían a personas que no estaba relacionada con el principio de incendio.
2. Segunda: En las inmediaciones de las calles Bolívar y Diagonal Sur un camión hidrante comenzó a dispersar a la gente que aún quedaba en el lugar. Allí estaban el grupo Kidz y jóvenes bailando música electrónica. Hubo detenciones violentas e arbitrarias y gas pimienta. Algunas de las víctimas fueronllevadas a la rastra entre varios efectivos policiales.
3. Tercera: A las 22 horas un grupo de agentes increpó a un grupo de mujeres que cenaba en una pizzería de la calle Perú. Los agentes les pidieron que abandonaran el lugar y al preguntar las razones, muchas de ellas fueron agredidas, detenidas e introducidas en un camión de la Policía de la Ciudad.