Nota
¿Qué seguridad? Emergencia, linchamientos y Pitágoras
¿Qué tipo de seguridad, o de inseguridad, es la que está en juego con el “plan de emergencia” en provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se entrecruza con el anteproyecto del Código Penal o el fenómeno de los linchamientos? ¿Hay una agudización real del delito y la violencia? ¿Qué pasa en los barrios?
¿Qué tipo de seguridad, o de inseguridad, es la que está en juego con el “plan de emergencia” en provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se entrecruza con el anteproyecto del Código Penal o el fenómeno de los linchamientos? ¿Hay una agudización real del delito y la violencia? ¿Qué pasa en los barrios?
“Había un loco, creo que era Pitágoras, que decía: ‘Si educas a los niños no será necesario castigar a los hombres’. Así que seguridad y educación son cosas que deberían ir de la mano” reflexiona Waldemar Cubilla, que vive en la villa La Carcova de José León Suárez, estuvo 10 años preso y está a punto de recibirse de sociólogo.
Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, el joven desaparecido por la Bonaerense en 2009, llama “retroceso” al paquete de medidas que acaba de lanzar el gobernador Daniel Scioli como parte de un “plan de emergencia” que considera que el problema de la provincia de Buenos Aires es la inseguridad. “Yo doy vuelta la discusión, porque no puede ser que se destinen 600 millones de pesos a la seguridad cuando a los docentes se les dijo que no había plata, cuando no hay ni un centro de rehabilitación para el paco, no hay voluntad de reinsertar a los pibes, no hay posibilidades laborales. Los hospitales en la provincia se vienen abajo y las escuelas también”, enumera Vanesa sobre lo que llama la “raíz” del problema que los políticos abordan como “inseguridad”.
La mesa está servida
¿Qué diría nuestro estómago si le diéramos de comer arroz con arvejas nueve días seguidos? ¿Qué diría un matemático si les damos a 98 niños 8 pizzas y 25 manzanas como almuerzo? ¿Por cuánto es divisible la hamburguesa? La situación en escuelas del conurbano, la desaparición del alimento, la comida en mal Estado, y cómo se logra que en los chicos ni siquiera se chupen la mandarina.
Emergencia y narcos
Para Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, la “emergencia” sigue la línea de una serie de políticas de seguridad de provincia, antes y después de los períodos en que el ex juez Carlos Arslanián manejó la cuestión: “No podemos arrancar desde la coyuntura actual sino que es un tema de larga data. En última instancia es un endurecimiento de líneas de pensamiento que dan como única respuesta al llamado problema de la inseguridad, la ocupación territorial a través de fuerzas armadas como es la policía. En el caso de la provincia se plantea todo en términos de conflictividad social como una guerra”. La cadena corta incluiría “las movidas policiales en diciembre, el golpe de mercado en enero, el repudio al código penal y los linchamientos”, dice Cañón.
La directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, Paula Litvachky, ubica los últimos acontecimientos en una serie de medidas que, a corto plazo, tienen como punto de partida “la instalación de lo narco como toda la explicación de la violencia social y delictiva” del país y la reacción del diputado nacional y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, a la reforma del Código Penal. “Esto produjo todo un encadenamiento de situaciones que pretendieron demostrar que no hay otra opción que el endurecimiento del sistema punitivo”, explica a lavaca. “No negamos la relevancia del narcotráfico, pero se lo utiliza como etiqueta para justificar estas salidas sin querer dar respuestas ni analizar el fenómeno criminal, económico y social para intervenir con políticas diversificadas”.
El CELS y la Comisión por la Memoria coinciden: “Es el quinto plan de Scioli que va en la misma línea, sin nada nuevo, y con medidas punitivas que ya implicaron un fracaso. Se está declarando la emergencia a sí mismo”.
Derechización del escenario
“Me parece increíble que ninguna fuerza política salga a discutir esta medida”, se indigna Vanesa Orieta, señalando no sólo al kirchnerismo (“estoy cansada de que 678 me pase los tapes de lo que hace la derecha. ¿Ellos qué dicen? ¿Qué proponen?”) si no por ejemplo a las fuerzas que convocaron un paro general sin discutir esta mirada de la seguridad, ni las variables que ella implica (salud, educación, prevención). Litvachky del CELS sostiene: “La sensación es que vivimos estos últimos días con un pico de generación de este escenario punitivo, y vemos con alguna preocupación que no hubo una respuesta muy articulada ni de peso del arco político que pudiera contrarrestar esa derechización del escenario”.
Las no soluciones
¿Cómo juegan los medios? “Mediáticamente se está instalando como que hay alguien que está dando una respuesta. Pero: ¿cuál es?”, pregunta Litvachky. “Pareciera una respuesta destinada a cobrar centralidad política más que a trabajar sobre los fenómenos concretos que preocupan. Nosotros no desmerecemos el problema ni negamos la preocupación social. Pero las preocupaciones son las de todos los sectores sociales, no sólo los sectores pudientes que tienen miedo. En general, la violencia social y los fenómenos delictivos afectan de forma desigual, sobre todo a los sectores populares, que tienen menos recursos para defenderse. Entonces, lo que planteamos es que eso no se resuelve con políticas de endurecimiento, porque son básicamente antipopulares: pueden traer tranquilidad mediática, efectista, pero en los hechos concretos no resuelve lo que siguen sufriendo los mismos sectores”.
Linchamientos, Recoleta y villa
Waldemar Cubilla, desde villa La Carcova (así la llaman los vecinos, sin el acento), analiza los medios con el ejemplo reciente de los linchamientos: “En los barrios donde yo vivo y camino, la justicia por mano propia muchas veces está establecida como la solución legitima. No deja de llamarme la atención el hecho de cómo la sociedad civil viene a reemplazar al Estado en materia de seguridad. Pero ha habido muchísimos casos como estos al interior de las villas y muchas veces no llegaron ni a denuncias. Me sorprende, entonces, cómo los medios de comunicación ponen este tema en escena como una cosa extraordinaria, que da sustento a campañas partidarias, pero sin embargo en muchas comunidades es habitual este tipo de resolución. Lo que digo es que si pasa algo por fuera de las villas, en Recoleta, inmediatamente repercute hacia adentro nuestros barrios. Y no al revés. ¿Por qué? Escuché testimonios de gente que estuvo en los linchamientos y todos decían: “Hay que ir a las villas, ahí están todos los chorros”. Entonces es una cuestión de clase y de ubicación geográfica. Pero si pasa algo al interior del barrio, si matan una persona o se da un caso de justicia propia entre gente de las villas, no repercute en ningún lado”.
Los barrios y 2015
La situación en las villas, explicada por Waldemar: “En este último mes aumentó la presencia policial dentro de los barrios, y ya no solo pasan con el patrullero: se bajan y paran a los pibes que andan en las esquinas”, cuenta, y dice que, como efecto culata, muchos de esos jóvenes se acercaron a la Biblioteca Popular La Carcova que él creó hace ya dos años. “Estas últimas semanas empezaron a venir muchos pibes jóvenes, de los que antes estaban en las esquinas. La biblioteca se convirtió en uno de los puntos del barrio donde encuentran un poco de tranquilidad a tanta persecución policial”, expresa. No es que la policía genera más lecturas: “Es que los pibes, que no tienen contención, que no son los barderos, están asustados”. Además, porque no son actores nuevos los que entran en el barrio para traer “seguridad”: “Es la misma policía que los invitó a robar alguna otra vez, que mantiene los negocios” dice Waldemar que, se recuerda, estuvo preso durante 10 años, estudió en el penal de San Martín gracias la instalación del CUSAM (Centro Universitario de la Universidad de San Martín) y hoy está a punto de recibirse de sociólogo en aquella universidad.
En tanto, el referente de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) de La Matanza Pablo Pimentel apunta que en 2009 habían sugerido al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación reajustar las políticas sociales como la Asignación Universal por Hijo y las cooperativas de Argentina Trabaja. “Fueron políticas positivas y concretas” rescata, pero observa que actualmente hay un desborde de los planes sociales, que además han quedado económicamente muy atrasados. “Hay un sector importante de la población que sigue excluida, y que observa que en 2015 cualquier cambio que venga de la política va a ser por derecha”, señala.
Pimental agrega otra variable. “Hace unos años que la producción de paco y otras sustancias se han instalado fuertemente en distintos barrios, generando una creación de fuentes de trabajo marginales, con chicos muy jóvenes armados. Hay una desolación en los barrios como La Matanza, donde el grado de enfrentamiento entre grupos que peleaban por el territorio era tal, que el riesgo era tener una cocina al lado de tu ventana”, explica. “Hay una instalación de grupos que antes no estaban y ahora sí, y porque se los han permitido. Ahí hago responsable a un Estado que ha sido permisivo, y no ha tenido políticas de control, de contención ni prevención”.
¿Qué hacer?
Más allá de políticas que apunten a un control democrático de la seguridad, ¿qué hacer en lo inmediato para la prevención de la violencia y el delito? Pimentel: “Hay una masificación de la violencia en la calle donde se pone en riesgo la vida de cualquiera, por lo que hay que hacer una tarea de prevención, pero en base a un tipo de seguridad democrática basada en una filosofía de respeto a los derechos humanos”. Además, el referente local sostiene la necesidad de sacar a la calle al personal de Desarrollo Social (trabajadores sociales, sociólogos y otros especialistas) para hacer trabajo territorial en zonas pobres. “Hay que marcarle a los jóvenes un camino de liberación. Así como Scioli destinará 600 millones en seguridad, hay que triplicar la cifra en políticas sociales. Yo les decía a gente del Sedronar, que tiene intenciones de trabajar en un barrio de La Matanza, que son territorios donde el Estado tiene que venir a quedarse un tiempo muy largo. Si vienen, tocan y se van, con todo respeto, mejor que no vengan”.
Por su parte, Litvachky apunta más allá de las políticas sociales: “No solo con mayor inclusión se acaba la violencia y el delito. Hay políticas concretas de seguridad para hacer, que tienen que estar dirigidas a los sectores populares. Y para eso no podés dejar la policía como está. No ha habido ni una sola medida dirigida a revisar el trabajo de la propia Bonaerense, cuando ella también es parte del problema”. Recordamos que el Ministerio de Seguridad nacional a cargo de Nilda Garré intentó una serie de reformas (descabezamiento de las cúpulas, cambio de comisarios, gobierno civil y reformulación de los planes de estudio) en la Policía Federal, la órbita en la que le correspondía hacerlo. “No estamos diciendo que no sea necesario un trabajo profesionalizado de la policía para intervenir en determinados fenómenos delictivos, ¿pero lo vas a hacer con la Bonaerense, que está corrompida y no define prioridades específicas a partir de la gravedad de la situación sino de sus propios intereses?” plantea Litvachky, del CELS.
Hugo Cañón también subraya la urgencia de reformar las fuerzas de seguridad. “Es la gran asignatura de la democracia”. Y Vanesa Orieta remata: “Hay que entender que las botas que ya pisaron nuestros barrios y que mataban a gente que tenía un discurso elaborado, hoy están matando a los pibes de los barrios”. Por su lado Waldemar filosofa trazando el puente entre la Carcova y la Antigua Grecia, Pitágoras y un proyecto de humanidad que todavía está pendiente.
Para aportar luces en un debate y un panorama desafortunado, aquí la cobertura de la presentación del Acuerdo de Seguridad Democrática que cubrimos en soledad en 2011:
El CELS realizó un informe sobre las reformas, contrarreformas, emergencias y planes de seguridad dictados por los sucesivos gobiernos de la provincia de Buenos Aires desde 2000 en adelante. «Cronología sobre el fracaso de la mano dura», se titula, y demuestra la consolidación de un sistema punitivo que, lejos de calmar la «inseguridad», reforzó los fracasos: cada vez más policías, más patrulleros, más control y más limitaciones a las excarcelaciones fueron las fórmulas que las autoridades bonaerenses aplicaron para barrer con sus propias políticas. Puede leerse completo acá.
Nota
MU 210: La batalla final
El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:
Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña
El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi
Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini
Crónicas del más acá: Al trote
POR CARLOS MELONE
El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas
La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini
Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel
Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini
Sin protección: Ley contra el Acoso y después
Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari
Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes
Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel
Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa
A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo
Nota
Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros
(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?
El podcast completo:
Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.
Ambiente
Megaminería en Mendoza: la comunidad movilizada
El gobernador Alfredo Cornejo logró aprobar hoy un paquete de leyes que promueve el desembarco de la megaminería en una provincia que resiste desde hace años la explotación contaminante e inconsulta. La iniciativa tiene el principal proyecto en la ciudad de Uspallata y ya fue rechazada en 2011 y aprobada en 2019, pero debió ser cancelada entonces tras la movilización social. Hoy la historia se repite: el gobierno vuelve a la carga con argumentos de película (reproducidos en esta nota) mientras las comunidades originarias, asambleas y vecinos de todo Mendoza (cuyas voces aquí difundimos) se movilizaron frente a la Legislatura y trazan un plan de acción para dar vuelta la historia, una vez más.
Por Francisco Pandolfi
La Cámara de Senadores de Mendoza le dio la media sanción que faltaba a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y así aprobó el proyecto de Megaminería PSJ Cobre Mendocino, conocido como San Jorge, que permite el desembarco de la industria metalífera en la localidad de Uspallata. Se trata de la iniciativa central de un paquete enviado por el gobernador Alfredo Cornejo y que contó también con la venia de otros tres proyectos mineros.
Afuera de la Legislatura, miles de personas de todos los puntos cardinales de la provincia se manifestaron en contra, cercados por decenas de policías. El lunes a primera hora el pueblo de Mendoza había empezado la “Nueva gesta libertadora por el agua”, peregrinación (a pie, a caballo, en bicis, autos) que partió desde la localidad de Uspallata, al norte de la provincia, se ramificó desde el Valle de Uco, San Rafael, Lavalle, y llegó este martes a la mañana a la puerta de la Legislatura en la ciudad capital. Allí, la Cámara de Senadores tras cuatro horas de debate avaló la primera explotación de cobre de escala mediana en el distrito: fueron 29 votos afirmativos (18 del oficialista Frente Cambia Mendoza; 5 de la Unión Mendocina –PRO, UCR, el Partido Libertario, la Coalición Cívica– 5 del PJ y uno demócrata), 6 negativos y una abstención.
Aviones & fracasos
Dentro del recinto hubo discursos pro mineros que no destacaron precisamente por su altura. Martín Rostand, de Unión Mendocina defendió al proyecto de esta manera: “Cada vez que un avión se pone en vuelo, existe el riesgo de que se estrelle; cada vez que un sistema eléctrico se pone en funcionamiento alguien puede morir electrocutado. Sin embargo, nadie propone abolir ni a la aviación comercial ni a la electricidad, al contrario, porque el beneficio supera el riesgo potencial y con la minería sucede lo mismo”.
El senador del mismo partido, Gabriel Pradines agregó: “Dicen (en relación a los manifestantes) que el agua no se negocia, pero me pregunto, ¿una finca con pozo y derecho de agua no vale más que una que no tiene?”. Ariel Pringles, también de Unión Mendocina: “Toda actividad productiva implica un riesgo, conozco de la actividad agropecuaria donde hay litros y litros de glifosato desparramados por cada producción y sin embargo es aceptada”.
Increíble, pero real.
Armando Magistretti, del Partido Demócrata aceptó que la policía minera “no tiene la expertise para controlar”, pero igual votó a favor del proyecto, aunque quien controle a la empresa sea la policía minera. Y también dijo que los informes de impacto ambiental no deberían pasar por la Legislatura, sino aprobarse directamente “porque todas las actividades económicas generan pasivos ambientales”.
Félix González es senador del Partido Justicialista y fue uno de los peronistas que votó en contra del proyecto San Jorge. “Hoy seguro votaremos divididos, por distintas cuestiones”. No profundizó en las diferencias internas, pero sí hizo algunas declaraciones clave:
- “En 2011 se rechazó casi el mismo proyecto. Esto es un Corsa repintado, no es nuevo. Y sobre ese Corsa, el gobernador Cornejo decía que no había viabilidad para aprobarlo”.
- “Pasaron 15 años y somos la misma dirigencia y los mismos empresarios. Repetimos la misma discusión que se rechazó en 2011, que se aprobó en 2019 pero cuando la gente salió a la calle debimos recular en chancleta. O sea, venimos perdiendo el tiempo desde hace 15 años con lo mismo”.
- “Somos un fracaso como dirigentes, no construimos consenso, no pusimos a la ciencia en el centro. El consenso no debe hacerse entre partidos únicamente”.
- “Hay innumerables cantidad de estudios que hablan de la contaminación que habrá si avanza este proyecto. Votamos una Declaración de Impacto Ambiental que está mal, a la que le faltan herramientas, elementos, que tiene el balance hídrico desactualizado y varios cuestionamientos técnico ambientales”.
- “Esto se va a judicializar, no hay dudas porque la Corte Suprema de Justicia ha dictado fallos que van en sentido del rechazo de la DIA. O sea a la aprobación le faltará sustento para ser sostenida en el tiempo”.
- ‘El Departamento General de Irrigación de este gobierno provincial le hizo 90 observaciones al proyecto. Solo a 5 de ellas la empresa minera que las iba a resolver, 79 que las iba a considerar y a 6 que se iba a oponer, con respuestas evasivas en temas centrales. Solo con esto Cornejo debía haberse puesto firme y obligar a la empresa a aceptar todo lo observado por el organismo, pero no. La compañía llegó a decir que el arroyo El Tigre (de donde sacará la minera el agua para extraer oro y cobre) le pertenece. Es una vergüenza que después de secir eso todo siguiera como si nada”.
- “Lo que está en juego no es el futuro, es el presente”.
Dugar Chappel, del Partido Verde, puso algunos números sobre el recinto: “La minera que nos va a contaminar –y no en un porcentaje, porque cuando se contamina se contamina todo– nos dará el 6 por ciento de lo que gastamos en el subsidio al transporte. Y el 80% de lo que gasta en empleados que no sabemos quiénes son en esta Cámara de Senadores”.
Censura & deficiencias
Mientras este lunes el presidente Javier Milei llamó a votar a favor del proyecto minero, en contrapartida hubo llamamientos de iglesias católicas y evangélicas para evitar esta aprobación poco clara. La noche previa al 26 de noviembre, cuando Diputados aprobó el paquete minero, el CONICET advirtió en una publicación que hubo “importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental. Falta de datos y de estudios sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”. La nota profundiza: “Dado que estos vacíos de información limitan la toma de decisiones responsables y pueden comprometer recursos naturales, culturales y comunitarios de alto valor, es necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo”.
Sin embargo, horas después el documento desapareció y fue reemplazado por otro escrito por las autoridades políticas del organismo.
Increíble, pero real.
PSJ Cobre Mendocino está a cargo de Minera San Jorge S.A, perteneciente a Zonda Metals GmBH de Suiza y al Grupo Alberdi de Argentina. Estima una inversión inicial de 599 millones de dólares, una capacidad de producción de 40.000 toneladas de cobre fino por año y la creación de menos de 4 mil puestos de trabajo. Este proyecto fue rechazado desde su origen, en 2007; nunca obtuvo la licencia social.
Después de la ley, tampoco.
¿Quién cumple la ley?
Dos días antes de la votación, comunidades indígenas de Uspallata y de la Cuenca del Río Mendoza le enviaron un escrito a los senadores instando al cumplimiento de los derechos de los pueblos a nivel provincial, nacional e internacional, para que no avanzaran con la aprobación de la DIA ya que, según plantean, estaba “viciada con información sesgada y falaz que omite observaciones certeras científicas de instituciones y expertos”.
Claudia Herrera, autoridad de la comunidad Huarpe de Mendoza, habla con lavaca: “Este proceso empezó en 2017 y recién en junio de este año se acercaron. En estos meses hubo hostigamientos de la empresa, presiones, visitas imprevistas. No sólo no cumplieron con la consulta libre, previa e informada, sino que anunciaron en el boletín oficial que habían realizado un protocolo. El protocolo también viola el convenio 169 de la OIT, porque fue sin la presencia de las comunidades”.
Claudia y su comunidad miran adelante: “Ya sabíamos que iban a aprobar el proyecto, pero esto es largo. Ahora se vienen denuncias a nivel local e internacional por la falta de cumplimiento del Poder Ejecutivo, el Legislativo y de la empresa minera. Decimos no a la muerte y sí a la vida”.
Saqueo y movilización
Además del DIA de San Jorge, otros tres proyectos mineros obtuvieron sanción definitiva:
1) 27 proyectos de exploración en la localidad de Malargüe, aprobados por el gobierno en un mismo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
2) El Fondo de Compensación Ambiental por si la empresa genera una catástrofe ambiental.
3) El Proyecto de ley de regalías mineras, que fija un tope del 3% pero no un mínimo, al igual que la ley nacional.
Marcelo Giraud, profesor de Geografía de la UNCuyo y miembro de la Asamblea Popular por el Agua, resume con el cansancio de las últimas horas encima: “Se votó la profundización del saqueo. Pero vamos a seguir movilizando”.
Termina la sesión y pasa lo que se sabía iba a pasar. Aprobación del proyecto San Jorge. La gente empieza a marchar por el centro de la Ciudad de Mendoza. Al cierre de esta nota, está por realizarse un ruidazo en toda la provincia. A continuación, un corte de ruta en la localidad de Tunuyán, 80 kilómetros al sur de la capital. En 2019, al pueblo mendocino le llevó 13 días revertir la instalación de la megaminería a fuerza de seguir movilizándose, cuando el gobierno provincial no tuvo otra opción que recular.
Esto recién comienza.
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