Nota

Servicios públicos y empresas privatizadas. Caso testigo: los detenidos en la estación de Haedo (provincia de Buenos Aires)

Publicada

hace 19 años

23/03/2006

Los hechos: El 1 de noviembre de 2005, «los usuarios y usuarias» del ex-ferrocarril Sarmiento (hoy el servicio es brindado por la concesionaria de ferrocarriles TBA Transportes de Buenos Aires, de la familia Corigliano), una vez más tuvieron que soportar hasta el hartazgo el pésimo servicio de la empresa concesionaria TBA: el mal estado de los trenes, el hacinamiento en los vagones, el agua que entra cuando llueve porque las ventanas están rotas, los pocos ganchos que hay en los furgones para que los trabajadores cuelguen sus bicicletas, la suspensión permanente del servicio sin previo aviso, demoras sistemáticas, accidentes continuos, incendios y desper fectos técnicos cotidianos que ponen en riesgo la integridad física de los pasajeros (más de 400 muertes por año), son sólo algunas de las situaciones que atraviesan habitualmente los usuarios y usuarias de esta línea.
Ese martes 1 de noviembre el cansancio y el hartazgo de «usuarios y usuarias» de la línea de trenes que une la Capital Federal con la zona oeste del conurbano bonaerense, se expresó en una espon- tánea acción-manifestación pública de sus reclamos.
El tren que partió de Moreno en horas de la mañana y que iba para la estación de Once, ya venía con un atraso de más de media hora y tenía serios problemas, al punto de que se incendió uno de los motores por lo que se conoce como «falta de retorno eléctrico». En otras palabras, por la sobrecarga de motores y los cableados hubo un recalentamiento que deriva en un incendio. Son numerosos los testigos que cuentan que era imposible subirse a ese tren como a uno posterior porque estaban repletos, con la gente colgada, por lo que ya los pasajeros acumulaban una hora de atraso. Cuando la formación llegó a Haedo con el primer vagón incen- diándose, les dijeron que el tren no continuaría viaje y que debían bajarse. Se juntaron entonces tres trenes. Había miles de pasajeros varados y a la deriva; así, los pasajeros de uno de los trenes debieron bajarse como pudieron en medio de las vías electrificadas y caminar los 500 metros que los separaban de la estación de Haedo. Allí estalló la bronca: los pasajeros ya no veían chances de llegar a la Capital, perdían el premio por presentismo -que en muchos trabajos es casi tan alto como el sueldo- y la furia se desató.
Varios pasajeros denunciaron que los incidentes sucedieron tras un intento de la Policía Bonaerense de desalojar a los miles de usuarios de los andenes con balas de goma y gases lacrimógenos (algunos testigos dicen que también dispararon con balas de plomo).
Hubo quince vagones quemados, parte de la estación de Haedo incendiada, algunos comercios saqueados y roturas de vidrieras. Pasaron más de cinco horas, y con la llegada al lugar de más de 40 móviles de las policías Federal y Bonaerense y de la Gendarmería Nacio- nal, se desató una cacería humana indiscriminada en busca de los «culpables». Llegaron las detenciones, más de ochenta, luego las torturas y el encarcelamiento.
Ante estos hechos y a pesar de que los mismos aún no fueron clarificados, siete jóvenes de entre 19 y 30 años están presos en los penales federales de Ezeiza y Marcos Paz y un menor de edad se encuentra internado «en resguardo» en el Instituto Roca. Seis de los jóvenes junto al menor son defendidos por FIDELA. Existen más de 60 personas que están procesadas por los mismos hechos, entre los que se encuentran trabajadores, estudiantes, cartoneros y deportistas, a quienes se los responsabilizó de los incidentes ocurridos en ocasión de dicha protesta. Todos estos pasajeros están siendo acusados por los delitos de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra efectivos de las fuerzas de seguridad, atentado y resistencia a la autoridad, obstrucción al transporte público, incendio agravado por el peligro común para los bienes y peligro de muerte para alguna persona, daño agravado por ser ejecutado en perjuicio de bienes de uso público, entre otros. Delitos cuyas penas van desde los 3 hasta los 30 años de prisión.
Rodrigo Valdez, José Gutiérrez, José Freddy, Roberto Canteros, Cristian Wenk, Matías Barreto, Julio Gutiérrez y Eduardo Navarro, son los nombres de los siete presos que están en los penales de Ezeiza y Marcos Paz y del menor internado en el Instituto Roca.
El juez federal que les niega la excarcelación es Germán Castelli, a cargo del juzgado nº 1 de Morón y argumenta que como la escala penal es muy grave -va de 3 a 30 años- los acusados pueden intentar fugarse. Además de los procesamientos y las prisiones preventivas, el juez trabó, sobre varios de los procesados, embargos de más de $ 3.000.000. Varios de los detenidos que están en la causa nº 13.806, tienen un embargo por $ 3.186.000 pesos. Si cualquiera de los detenidos tuviera bienes por más de $ 3.000.000, ¿viajaría todos los días en el tren Sarmiento para ir hasta un trabajo, a ganarse $ 600 aproximadamente?
Cabe destacar que ninguno de los detenidos tiene antecedentes penales y que los testigos que acusan con nombre y apellido a los supuestos culpables son casi en su totalidad policías, que previo a declarar habían visto los videos de seguridad en el Ministerio del Interior.
Según el gobierno nacional estos son los supuestos «activistas» de partidos de izquierda, de organizaciones populares y sindicalistas ferroviarios que «planifi- caron» la reacción ante el hartazgo de la cancelación de servicios. Son los «culpables» de haber organizado previa- mente los hechos sucedidos y aún no esclarecidos en la estación de trenes de Haedo. Estudiantes, cartoneros, depor- tistas y trabajadores son algunas de las víctimas del maltrato y la violencia a que TBA somete a miles de usuarios y usuarias todos los días y a los que hoy junto con el gobierno nacional hace responsables de los incidentes.
Los hechos de Haedo aún siguen confusos y lo cierto es que hay pasajeros encarcelados y que soportan vejámenes dentro de las cárceles argentinas, en las de Ezeiza y Marcos Paz.
Además del encarcelamiento y el procesamiento de decenas de pasajeros, la respuesta del gobierno a una semana de sucedidos los hechos, fue la de premiar a Trenes de Buenos Aires, junto a otras empresas ferroviarias conce- sionadas, aumentándole los millonarios subsidios que le brinda a esta empresa desde que obtuvo la concesión del servicio.
Por aquellos días, los pasajeros decían:
«La gente sale del tren de manera irracional y como viene acumulando bronca, sale enardecida. Lo primero que pensas es ‘este tren de mierda’.»
«Cuando vos estás ahí adentro y hay problemas técnicos, querés salir, porque no sabes la gravedad de lo que sucede. El miedo produce desesperación y violencia»
«Te da bronca, pagas el boleto y es todo un desastre».
«Las condiciones del viaje hace que la gente se vuelva insensible, porque son condiciones dignas de un animal».
«Se viaja como perro».
«Era sabido que iba a pasar algo así».
«Este tren para siempre. Es un desastre. Tomo el que viene de Temperley, pasa una vez por hora, así que uno viaja como ganado».
La criminalización: La posible conno- tación política de lo sucedido no fue alimentada, por los funcionarios que se hicieron presentes desde temprano en el lugar de los hechos.
A las dos y media de la tarde, el subsecretario de Seguridad bonae- rense, Martín Arias Duval negó la presencia de «infiltrados» entre la multitud que prendió fuego. Para Arias Duval, los incidentes fueron generados por «pasajeros comunes, en su mayoría trabajadores, que reaccionaron de esta manera frente a la incomodidad que, debe ser frecuente en la manera que viajan».
Sin embargo, dos horas después, el ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian planteó, en conferencia de prensa, la posibilidad de un complot, tal como lo había señalado antes el ministro del Interior.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, sostuvo que se trató de «un delito preparado y pensado para producir el desmán», del que hizo responsables a «grupos de sindicalistas ferroviarios opositores, partidos de izquierda y agrupaciones políticas». Aníbal Fernán- dez realizó una conferencia de prensa donde presentó a los hechos como un «armado» de organizaciones políticas y delegados gremiales de la oposición ferroviaria.
A su vez, el comisario Iglesia declaraba que «algunos de los detenidos son de organizaciones sociales y es posible que estuvieran viajando hacia Mar del Plata, para la Cumbre, pero por el momento no tenemos identificados políticamente a los detenidos.» Al día de la fecha no apa- reció ninguna prueba que de cuenta de estos argumentos y acusaciones; así como tampoco hay evidencias de que los detenidos se conocieran con anterioridad y de que hayan «planificado» lo sucedido en Haedo.
Los principales gremios ferroviarios convalidaron el discurso del Gobierno sobre lo que ocurrió en la estación de trenes de Haedo. Dirigentes de La Fraternidad acusaron por los incidentes a «agentes de izquierda» y el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, avaló incluso lo dicho por la empresa TBA: «Eran grupos organizados que viajaban con destino a la anticumbre en Mar del Plata». Tanto Omar Maturano, de La Fraternidad, como José Pedraza, de la Unión Ferroviaria, repudiaron los hechos y responsabilizaron a «sectores mino- ritarios, amparados en las necesidades que aún anidan en el seno de nuestro sociedad». Maturano se refirió direc- tamente a Edgardo Reynoso y otros «dirigentes de ultra izquierda que buscan manchar la democracia y desestabilizar».
Desde el Gobierno nacional, la voz que se pronunció fue la del ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien insistió en que se trató de un «sabotaje» y confirmó la denuncia penal contra los sindicalistas Edgardo Reynoso y Armando Rivas. Hacia ellos y hacia los «grupos de ultra izquierda» apuntó el gobierno nacional. Los dos trabajadores que el ministro del interior acusó, Reynoso y Vivas, ambos fueron dirigentes de la resistencia contra las privatizaciones, en los años 91 y 92, quedaron en la calle, junto a 85.000 ferroviarios.
Cabe recordar que fue Aníbal Fernández -cuando era ministro de Producción del entonces presidente Duhalde- quien le convalidó a TBA su contrato de concesión y le amplió los subsidios.
Contrariamente a los dichos y supuestos del gobierno nacional, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, responsabilizó a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) por los graves episodios de violencia registrados el 1 de noviembre en la estación ferroviaria de Haedo, al señalar que fueron conse- cuencia de «flagrantes violaciones a los derechos humanos que padecen millones de usuarios diariamente». El ombudsman recordó que en julio de 2005 promovió una acción judicial (la cuarta presentación ante la justicia) contra las empresas concesionarias del transporte ferroviario de pasajeros del área metropolitana «por prestar un servicio público en pésimas condiciones, con grandes desidias en el mantenimiento, que incluso en algunos casos acarrea un grave riesgo para la vida de las personas».
Gobiernos y empresarios: La empresa privada concesionaria de ferrocarriles Transportes de Buenos Aires (TBA), donde el Grupo Plaza-Cirigliano es el principal accionista (controlado por los hermanos Claudio y Mario Cirigliano), tiene en concesión a los ex-ferrocarriles Sarmiento y Mitre, además de ser propietarios de las líneas de colectivos 61, 62, 104, 133, 141 y 129, entre otras. Bajo el control de Plaza, los hermanos Cirigliano reclutaron a varias empresas colegas y armaron la compañía Cometrans para participar en las privatizaciones ferroviarias. Tras el reparto de las concesiones que había ganado con el grupo Roggio, Cometrans se quedó con el manejo de los ferrocarriles Mitre y Sarmiento y una participación en los subtes. Además de los trenes, el grupo Cirigliano explota los ex talleres militares de San Martín e integra el consorcio operador del Metro de Río de Janeiro.
A partir de 1983, el desguace del ferrocarril se intenta primero con Alfonsín de la mano de Terragno y, luego Menem, con toda la iconografía peronista y el embuste privatiza los ferrocarriles y expulsa a 85.000 trabajadores ferro- viarios a la calle. Las huelgas de 1991 y 1992 fueron los actos de resistencia por parte de los trabajadores ferroviarios. Los burócratas de los gremios ferro- viarios no sólo se opusieron a esas resistencias sino que fueron cola- boracionistas con las políticas nefastas del menemismo. Hoy las políticas implementadas por el menemismo conti- núan. El ferrocarril continúa conce- sionado, subvencionados con millonarios subsidios.
Durante la década del 90, los grupos empresarios se repartieron las conce- siones ferroviarias de la siguiente manera: Cirigliano, patrón de TBA; Taselli, de Metropolitano; Roggio, de Metrovías. Ellos dieron su gran salto cuando Carlos Menem privatizó los trenes metropolitanos. La privatización subsidiada desde el gobierno de Menem hasta el de Kirchner significó la eliminación brutal de puestos de trabajo, desocupación masiva, el vaciamiento de la empresa, la tercerización y la flexibilización laboral, como así también la carencia de inversiones en man- tenimiento y seguridad que dejan como resultado un servicio colapsado y en riesgo permanente. Juan Carlos Cena, miembro fundador del MoNaReFA (Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos) , autor del libro El Ferrocidio, denuncia toda esta situación y llama la atención sobre lo que vienen sosteniendo hace casi un año en relación a que en cualquier momento se produciría un «Cromañón ferroviario».
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, aseguraba hace tiempo, cuando se decretó la emergencia ferroviaria a través de un decreto firmado por Eduardo Duhalde, nunca derogado, que se está frente a un vaciamiento. En consecuencia elevó un informe al Ministerio de Economía recomendando que: «se abstenga de asignar subsidios, porque se transformarían en premio a la ineficiencia…además, no existen garan- tías de que el subsidio se utilice para lo que fue creado, mejorar el servicio».
A su vez, el presidente de la Auditoria General de la Nación, Leandro Despouy, viene advirtiendo hace varios años el deplorable estado de los trenes, a través de diferentes informes. «En varios casos hemos recomendado la rescisión de los contratos».Despouy dejó claro que la CNRT tampoco hace nada: «El Estado tampoco cumple con obligar a las empresas a realizar las inversiones comprometidas obligatoriamente. Enton- ces incumplen las empresas con las inversiones y también incumple el Estado con los controles y no solo eso, en lugar de penalizar a las empresas, las subsidia».
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), es el ente regulador que debería obligar a las empresas a cumplir con los contratos y en caso de incumplimientos está facultada para aplicar sanciones; depende de la Secretaría de Transporte. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime es cordobés, durante la década de los 80, se radicó en Santa Cruz, fue funcionario del gobierno provincial de Kirchner, y un tiempo después recaló en la Capital Federal como Secretario de Transporte. Ricardo Jaime tiene varias causas penales y la denuncia del Defensor del Pueblo, Mondino, por la violación de los Derechos Humanos. En noviembre de 2005, la Cámara Federal ordenó reabrir una causa penal contra el actual secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el subsecretario de Transporte Ferro- viario, Julio Tito Montaña. Es por el pago de subsidios millonarios a em- presas concesionarias de ferrocarriles a pesar de que seguían sin cumplir con las mínimas condiciones de seguridad y confort exigidas por contrato. La inves- tigación, impulsada por la Oficina Anticorrupción (OA), había sido archiva- da por decisión del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Rodolfo Canicoba Corral.
En lo que respecta a las líneas Sarmiento y Mitre, la empresa TBA transporta por mes algo más de 9 millones de pasajeros y cobra un subsidio compensatorio de casi 7 millones de pesos mensuales. Pese a la ayuda estatal, la empresa entró en convocatoria de acreedores a mediados del año 2005. La mayor parte de la deuda corresponde a los embargos judiciales por accidentes. De los dos ferrocarriles que tiene a su cargo, el Sarmiento es el que acumula los mayores reclamos de los usuarios.
A menos de diez días de ocurridos los hechos en la estación de Haedo, el gobierno nacional decidió, gracias a las «facultades extraordinarias» delegadas por el Congreso al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aumentar los subsidios a las empresas concesionarias de los trenes y subtes. Mediante las «facultades extraordinarias», que permi- ten modificar el Presupuesto 2005 votado en el Congreso, Alberto Fernández modificó sensiblemente los subsidios a los trenes que figuraban en el Presupuesto 2005. Por ley corres- pondían 60,2 millones de pesos de subsidios al total de concesionarios, pero hacia mediados de noviembre, ya se llevan gastados 244,7 millones de pesos. Se destinaron en subsidios cuatro veces más de lo presupuestado; por ejemplo, a la empresa TBA le correspondían 18 millones de pesos durante todo el año 2005, pero faltando un mes y medio para que termine el año ya había recibido 70,9 millones de pesos. La regla es clara: cuánta más deficiencia en los servicios, más transferencias de dinero a los conce sionarios de los trenes suburbanos.
El ya citado Juan Carlos Cena, miembro del MoNaReFA, comenta en relación a la actitud y decisión del gobierno nacional, que: «este es el costo que debemos pagar y sufrir como consecuencia de las políticas de Estado impuestas por este gobierno: que es la de haber elegido continuar con la política ferroviaria de los 90, con la agravante de que los concesionarios han demostrado sus ineficiencias destruyendo y saqueando parte del patrimonio nacional». Denuncia que: «el gobierno ha definido toda una política referente a los ferrocarriles: censura toda información donde se muestre la depredación y el desguace, o se informe sobre su estado calamitoso en manos de los industriales nacionales (se refiere entre otras cosas a la censura al programa televisivo «Huella Digital», que iba a realizar una emisión en relación a la situación de los ferrocarriles hoy), la otra, es judicializar a los trabajadores ferroviarios. Sintetizando: censura a toda información y penaliza a los trabajadores que luchan por un ferrocarril al servicio del pueblo, ambas acciones son partes de una misma política: Silencio y Represión».
Silencio al que están sometidos los «olvidados» pasajeros que se encuentran presos desde hace más de cuatro meses en las cárceles federales.
Contacto:
[email protected]

Temas:alerta derechos humanos detenidos en Haedo empresas privatizadas represión protesta social trenes

Criminalización de la protesta: hacia los juicios masivos. Los 52 procesados de Suteba Bahía Blanca

La persistencia de la impunidad. Caso testigo: la situación en General Mosconi, Salta

Nota

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

Publicada

hace 2 días

22/07/2025

Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.

Por Franco Ciancaglini

Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:

su salud era cada vez más delicada;
los medicamentos oncológicos no llegaban;
y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.

Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.

Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos — Mary junto a Nora Cortiñas.

Contaminada

María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.

Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.

La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.

Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.

Contaminada

La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.

Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.

Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:

“Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
“La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».

Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”

Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.

En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”

Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:

“Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.

Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.

Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.

Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”

El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

Abandonada

Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.

Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.

Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».

Sino miren este video.

María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”

El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.

Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.

Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.

Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”

Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”

La respuesta era obvia: mal.

Insurgente

Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.

Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.

El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».

Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.

Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.

Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.

Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.

Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.

La muerte es el abandono.

La muerte es el olvido.

Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.

odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.

Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.

Mary: gracias.

Hasta mañana.

Seguir leyendo

Nota

Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

Publicada

hace 3 días

21/07/2025

El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.

Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.

El camino de la in-justicia

En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.

La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.

Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.

Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.

Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.

Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.

La pericia tendrá como objetivos precisar:

-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;

-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;

-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.

-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.

El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.

Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.

Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.

Ojos bien abiertos: perfil del fotógrafo herido de muerte por la Gendarmería

Seguir leyendo

Nota

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Publicada

hace 3 semanas

03/07/2025

Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.

Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.

¿A quién está dirigido?

A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.

Contenidos:

El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.
Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.
Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom
Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno
No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.