Hoy se cumple un año de la desaparición de Santiago Maldonado y su familia convocó a una movilización a las 17 en Plaza de Mayo para exigir verdad y justicia, también, por los desaparecidos en dictadura y democracia. Lavaca repasa algunos ejes de la causa que tramita como desaparición forzada. La violencia de la Gendarmería y la irrupción ilegal sin orden judicial al territorio mapuche. Cómo el Estado negó y ocultó información. Las operaciones de prensa. Las duras críticas de la ONU a los funcionarios argentinos. El Poder Judicial espiando a la familia. La movilización como motor de condena social para conseguir justicia. Por qué se exige una investigación imparcial. Qué debe resolver la Corte Suprema. Y por qué la abogada de la familia, Verónica Heredia, dice a lavaca que la investigación aún no empezó. Hechos y testimonios a un año del crimen de Estado que conmovió el país.
-Hace 365 días Santiago iba a la Pu Lof de Cushamen a solidarizarse con la causa mapuche, que él creía justa, por defender sus tierras. Llevamos un año en esta lucha y se nos hace difícil. Parece una eternidad.
Las palabras de Sergio Maldonado, a un año de la desaparición de su hermano, resuenan en el edificio de la agencia Télam, en la avenida Belgrano, donde aún permanecen pacíficamente trabajadoras y trabajadores en reclamo por los 357 despidos. A su lado, como siempre, está su compañera, Andrea Antico. Los rodean organismos de derechos humanos. Y, desde aquí, mientras por los ojos de Sergio pasa un año de marchas, de operaciones, de mentiras, de ninguneos y de injusticias, convocan a movilizar hoy a las 17 en Plaza de Mayo.

La consigna es una: “El Estado es responsable. Santiago es solidaridad”.
¿Por qué?
“Cuando decimos que el Estado es responsable no son solo palabras: es el único que tiene todo el aparato político, judicial y mediático para pasarnos por arriba”, agregó. Y convocó a Plaza de Mayo no sólo para exigir verdad y justicia por Santiago, sino por todos los desaparecidos en dictadura y democracia. “No creemos en el Estado, por eso pedimos un grupo de expertos independientes. ¿En qué contexto ocurrió su desaparición? En una represión ilegal en la que entraron 130 gendarmes a los tiros. ¿Y quién generó eso? El Estado”.
Aquí compartimos los principales hechos de una causa todavía impune.

1) La violencia del operativo

A Santiago Maldonado lo vieron por última vez con vida huyendo de una violenta represión de Gendarmería en el marco de una irrupción ilegal sin orden judicial a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, en Esquel, el 1 de agosto de 2017. Había llegado un día antes, el 31 de julio al mediodía, para sumarse al corte de ruta de la comunidad mapuche en reclamo de la libertad del lonko Facundo Jones Huala, que había sido detenido el 27 de junio. Santiago, que había cumplido 28 años cuatro días antes, iba a continuar su viaje a 25 de Mayo, su pueblo natal en la provincia de Buenos Aires, porque extrañaba a su mamá y a su abuela.
El juez federal Guido Otranto ordenó despejar la ruta. La Gendarmería llegó a las 3:30 de la madrugada del 1 de agosto, según informó el primer alférez Daniel Gómez en las actas de la fuerza. Horas después, entre 8 y 10 personas regresaron a la ruta para continuar el reclamo y los gendarmes los reprimieron con violencia pese a que, según las propias actas de la fuerza, a las 11:15 la ruta ya estaba liberada. Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las querellas de la investigación, subrayó que ningún gendarme al momento fue siquiera sancionado por las ilegalidades del operativo, que duró hasta las 17 horas:

• Ingresar al territorio sin orden judicial.
• Arrojar piedras a los manifestantes.
• Quemar las pertenencias de la comunidad en una hoguera.
• Retener durante cuatro horas a dos mujeres y dos niños.
• Ocultar fotografías y videos del operativo.
• Portar escopetas, bastones, hachas, piedras.
• Ingresar a la comunidad con cuatro camionetas y un camión.
• Bajar hasta la vera del río en persecución de los manifestantes.

2) La respuesta del Estado

Tanto la familia de Santiago y el CELS denunciaron que en las primeras semanas, claves para toda investigación, el Poder Ejecutivo respondió de tres maneras:

1. Plantear hipótesis infundadas que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que había fallecido antes de la represión (la falsa hipótesis del puestero, que insumió recursos y tiempo clave en la pesquisa, fue introducida en el expediente de habeas corpus por el propio Ministerio de Seguridad).
2. Ocultar cómo había actuado Gendarmería en el operativo.
3. No buscar a Maldonado de manera eficiente.

La postura del Gobierno nacional no se modificó aun cuando se constatara que un participante de una protesta social había muerto durante una represión desatada por una fuerza federal. Tampoco hubo cambios respectos a la figura de “flagrancia”: la Gendarmería tenía orden de la justicia federal sólo para despejar la ruta, pero bajo esa figura promovida desde el Ejecutivo y, en particular, por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti –presente en el operativo el 1 de agosto-, la fuerza ingresó a la comunidad persiguiendo a los manifestantes.
Tampoco modificó su enfoque la certeza de que el Ministerio plantó y reprodujo falsedades aun cuando contaba con las actuaciones administrativas de la Gendarmería que, si bien fue cuestionada en duros términos por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por su nulo rigor jurídico, daban cuenta de, al menos, la irregularidad del operativo.
A través de un duro informe, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU remarcó su preocupación por las falencias en el accionar del Estado en la búsqueda de Santiago y la investigación judicial por la responsabilidad en su desaparición. El informe, firmado por el jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, cuestionó la postura del Poder Ejecutivo que, en sus declaraciones públicas, rechazó “la hipótesis de involucramiento de las fuerzas federales en los hechos”. Los expertos enumeraron, en particular, algunas de las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich:

• El 7 de agosto, la ministra dijo que “no hay ningún indicio” del involucramiento de Gendarmería en la desaparición.
• El 27 de agosto, declaró a La Nación: “Estoy segura de que no fue Gendarmería porque investigamos mucho”.
• El 16 de agosto, la ministra dijo en su interpelación en el Senado que no había ningún testimonio que aseverara que Maldonado estuvo en la Pu Lof. Los expertos señalaron: “El Comité queda sorprendido con esta afirmación toda vez que ya existía una declaración incorporada a la investigación judicial en la que se ubicaba al señor Santiago Maldonado en el territorio”.

Por esa razón, concluyó: “El Comité está altamente preocupado porque estas posiciones e hipótesis fueron presentadas de forma pública antes de que se haya realizado una investigación integral y exhaustiva de los hechos y, en particular, del proceder de Gendarmería. Como resultado de esta situación, el posible involucramiento de la Gendarmería solamente fue integrado como hipótesis de investigación seria más de un mes después de la desaparición del señor Maldonado, tiempo en el cual no se ha cumplido con las acciones calificadas como urgentes dentro de los estándares básicos de personas desaparecidas”.

3) El rol del Poder Judicial

Como se marcó, la intervención de la Gendarmería comenzó con una orden judicial para despejar el corte de ruta pero luego utilizó el supuesto de flagrancia para ingresar con violencia a la comunidad. Ese mismo día, el defensor oficial Fernando Machado registró las irregularidades del operativo y que una persona estaba desaparecida. Fue el único actor judicial que intervino en persona y acorde a la gravedad del hecho el 1 de agosto. Así también lo denunció Julio Saquero, integrante de la Regional Noroeste de Chubut de la APDH, cuya denuncia abre la foja 1 del expediente que tramita como desaparición forzada. Sin embargo, ni el juez federal Otranto ni la fiscal federal Silvina Ávila dieron credibilidad a la denuncia sino que actuaron bajo la hipótesis de si Maldonado estuvo o no en el lugar y criminalizando a la comunidad mapuche. Un ejemplo: en la audiencia de habeas corpus del 4 de agosto, ni el juez ni la fiscal exigió explicación alguna a los representantes de la Gendarmería presentes.
Otras irregularidades descritas por el CELS:

• Las medidas de búsqueda fueron tardías.
• Las pericias sobre las camionetas se realizaron con demoras y los gendarmes habían sido avisados.
• El 15 de agosto –es decir, catorce días después de los hechos-, se allanaron los escuadrones para secuestrar elementos relevantes.
• Los rastrillajes en el territorio no dieron ningún resultado: el 18 de septiembre, un megaoperativo mantuvo precintado durante 12 horas a los principales testigos y no se dejó ingresar a la pesquisa ni a la familia ni a las querellas.

El juez Otranto fue apartado tras un pedido de recusación. Desde ese entonces, la causa la lleva el titular del Juzgado Federal de Rawson N°2, Gustavo Lleral.

4) La autopsia

El cuerpo apareció el 17 de octubre en el Río Chubut, a metros de donde fue visto con vida por última vez. La familia comunicó que la conclusión de los peritos fue unánime y que determinaron que la muerte de Santiago fue asfixia por sumersión coayuvada por hipotermia. La fecha de muerte no es exacta ya que se establecieron tres métodos: uno da una fecha mayor a 53 días, otro mayor a 60 y otro mayor a 73 días de fallecimiento. Las operaciones de prensa volvieron: el Gobierno buscó instalar que Santiago se ahogó solo porque no sabía “Tengo más dudas que antes”, dijo Sergio. “Lo que sí es que él no murió porque estaba de turista: estaba escapando de una represión ilegal de Gendarmería”.
En la conferencia en Télam, Sergio agregó: “En la autopsia no pudieron respondernos nada.  Ni cómo, ni dónde, ni cuándo, o si estuvo 20 o 50 días en el agua. El Estado estuvo en el mismo lugar que aparece el cuerpo el 5 de agosto y el 18 de septiembre. Ellos no lo encontraron. Ellos dijeron que no estaba. Y ellos dijeron que es desaparición forzada: no lo inventamos nosotros”.
Las fotos del cuerpo de Santiago se filtraron a la prensa. La propia fiscal Ávila advirtió que tenía elementos que “permitirían acreditar” que las imágenes salieron del médico de la Policía Federal y comunicador ligado a la actividad minera en Esquel, Werther Augusto Aguiar, uno de los funcionarios que participó del procedimiento judicial en el río y acompañó el “resguardo” del cuerpo hasta la morgue de Esquel. La denuncia no hace más que confirmar el pedido de la familia Maldonado desde el minuto cero de la causa: la necesidad de un grupo de expertos independientes ya que los funcionarios del Estado no garantizan la búsqueda de verdad.

5) Las preguntas

La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, habló con lavaca en las horas previas a la movilización a Plaza de Mayo, luego de llegar de Comodoro Rivadavia de la audiencia de recusación de la fiscal Ávila por haber socilitado escuchas de las conversaciones telefónicas de Sergio Maldonado para usarlas en una causa paralela. La doctora Heredia le remarcó al presidente de la Cámara Federal de Comodoro, Javier Leal de Ibarra, que “lo que se está definiendo en esta causa es  si consideran a Sergio como victima o a Ávila”.
-¿Cómo está la causa a un año de los hechos?
-Estamos en la impunidad, porque estamos ante un hecho en el que el protagonista imprescindible es el Estado que debe investigar al propio Estado. En junio, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito de México dictó una histórica sentencia por el amparo por los 43 normalistas desaparecidos, en Ayotzinapa, donde estableció que el Estado es incapaz de investigarse a sí mismo. Dijo lo mismo que decimos nosotros: que la investigación “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”. Y estableció que es imprescindible que las víctimas sean quienes deban llevar adelante la investigación cuando se denuncian desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado. Entonces, hasta la fecha no hemos que se realice nada de lo que la familia pidió.
-¿Cómo sigue la pericia respecto del DNI de Santiago?
-El juez Lleral, en una entrevista en La Nación, dijo que se está realizando la pericia “que pidió la familia”. Es cierto que la familia pidió el 24 de noviembre, cuando fuimos a la Morgue y los peritos de la Corte nos informaron de la autopsia, los resultados que arrojaron las pericias en los elementos encontrados junto al cuerpo: la ropa, el DNI, la plata. Dijeron que todavía no se había realizado y que debería hacerse por orden del juez. Pedimos que todo quedara a resguardo de futuras pericias, pero ese mismo día se rompió la cadena de custodia: a Sergio le entregaron el DNI en mano cuando fue a retirar el cuerpo. Por eso consideramos que el resultado va a ser falaz. Ni siquiera conocen las condiciones bajo las que estuvo y mantuvo el DNI durante 78 días. Estamos como el primer día.
-¿Cuál es la medida que aún está pendiente de resolución en la Corte Suprema?
-Pedimos a la Justicia que garantice una investigación imparcial e independiente. Se lo pedimos a Otranto, que fue separado por imparcial. Luego, el 1 de noviembre, después de que se encuentra el cuerpo, le pido a a Lleral que para garantizar esta investigación, que a la fecha no existía, se conforme un Grupo de Expertos Independientes. Según sus declaraciones, Lleral decidió hacer un nuevo rastrillaje a pedido de Prefectura, pero no pueden responder por qué antes no pudieron encontrar el cuerpo siendo que ya habían pasado por el lugar. Era un pedido para que se inicie una investigación que tenga en cuenta no solo lo que pasó el 1 de agosto, sino cómo llegamos al 1 y qué es lo que pasa del 1 al 17 de octubre. Esto fue rechazado y desde el 26 de abril está en la Corte Suprema. Cada día sin respuesta se garantiza la impunidad. Así se diluyen pruebas y testimonios. El paso del tiempo atenta contra la verdad.
–¿De esa forma también es imposible establecer una reconstrucción de los hechos?
-Lleral sostiene que hay que tener paciencia para la reconstrucción de los hechos. No, no hay que tener paciencia, hay que tener una investigación. Y eso no lo está haciendo el juez. Ni la fiscal: nunca quiso investigar a los funcionarios públicos, y eso quedó plasmado cuando ella pide la invesitgación telefónica de Sergio y los testigos. No quiso investigar nunca a los funcionarios. Pero la familia no está resignada. Está todo el tiempo trabajando, esforzándose para lograr una resolución judicial.
-¿Qué lectura hace a un año?
-A diferencia de lo que vi en los casos de Iván Torres, de César Monsalve y de Julián Antillanca, dos desapariciones forzadas y una ejecución extrajudicial, es la gente. Es la movilización. No nos resignamos a lo que tenemos, al Poder Ejecutivo, a la falta de decisión de los legisladores que también miran para otro lado. No, nos aferramos a que la impunidad no sea una cuestión de resignación. Y a la necesidad de la gente de manifestarse en las calles para tener justicia.