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El racismo argentino: genocidio sin fin para los pueblos originarios. Por Darío Aranda

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El crimen filmado de George Floyd en Estados Unidos revivió el debate global sobre el racismo. A nivel local la repercusión fue enorme y justificada, cosa que casi nunca ocurre cuando el problema estalla en el propio país, con los pueblos originarios como protagonistas muchas veces invisibilizados de esa discriminación. El reciente caso qom fue una excepción, por la viralización de un video. La violencia, los conflictos territoriales y los insultos en plena pandemia: “indios infectados”. Presidentes y presidentas que reinvidican para el país ascendientes europeos e ignoran a pueblos preexistentes al Estado. Un genocidio que no tiene su Nunca Más.

Por Darío Aranda

Periodista, autor de Argentina originaria (Lavaca editora).

  

Un allanamiento violento. Golpes, torturas y abuso a las mujeres.

Disparos por la espalda a un adolescente que queda al borde de la muerte. Ningún procesado.

Detienen a un referente wichí, lo mantienen incomunicado en la comisaría y lo dejan, durante toda la noche, atado y desnudo a la intemperie.

Asesinato de un abuelo qom en un corte de ruta. Ningún policía condenado.

Una decena de niños wichí mueren de hambre. Se inauguran “mesas contra el hambre”. Pasan las semanas. Nada estructural cambia.

Otro disparo por la espalda. Asesinato. Ningún detenido.

Los hechos sucedieron en Chaco, Formosa, Salta y Río Negro.

Lo sufrieron integrantes de los pueblos Qom, Wichí y Mapuche.

   Asesinatos impunes

El 10 de noviembre de 2010, la policía de Formosa reprimió el corte de ruta de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Asesinó al abuelo qom Roberto López. A casi diez años del hecho, aún no hubo juicio. Y los únicos procesados son los propios qom. No se investigó a los efectivos policiales y mucho menos al poder político que ordenó la represión.

El racismo argentino: genocidio sin fin para los pueblos originarios. Por Darío Aranda
Niños de la comunidad qom La Primvera, donde fue asesinado Roberto López.

El 25 de noviembre de 2017, la Prefectura Naval Argentina (PNA) reprimió a la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi (cercanías de Bariloche). Rafael Nahuel, de 22 años, murió por un disparo por la espalda. También fueron heridas otras cuatro personas. Se identificó quién disparó, el prefecto el cabo Francisco Javier Pintos. Está en libertad, a la espera de un juicio que no tiene fecha.

El racismo argentino: genocidio sin fin para los pueblos originarios. Por Darío Aranda
Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por el Estado, a través de la Prefectura, en Villa Mascardi (Bariloche).

Dos nombres de una larga lista.

En los últimos años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas de indígenas y campesinos (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales). Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé -beba de 10 meses- (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo del mismo año, qom de Chaco). Son sólo algunos de los nombres de una lista más extensa.

   2020

1º de abril. Pampa del Indio, Chaco. La comunidad qom Campo Medina trabaja la tierra, siembra alimentos para autoconsumo y cosecha algodón. Los qom también hacen changas fuera de la comunidad, pero se terminaron por completo con la pandemia del coronavirus. El 1º de abril, el qom Edgardo Peñaloza, de 17 años, fue al monte a “mariscar”, recolectar frutos y cazar, en el campo vecino, la estancia Don Panos, 96.000 hectáreas propiedad de Unitec Agro, empresa del Grupo Eurnekian. Cuando estaba monte adentro, fue emboscado por guardias privados y efectivos de la policía chaqueña. Lo balearon por la espalda. Estuvo al borde de la muerte. Fue trasladado de urgencia a la capital provincial y permaneció una semana en terapia intensiva. Los agresores, empleados de la estancia y policías, están en libertad y ni siquiera fueron procesados.

22 abril. La comunidad Mbya Guaraní de Perutí está ubicada en el municipio de El Alcázar (en Misiones, a 100 kilómetros de Posadas). Llegó hasta el lugar una comitiva de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes (dependiente del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones) y entregó tarjetas alimentarias e insumos al recientemente destituido cacique de Perutí. Ante los reclamos de integrantes de la comunidad (que exigían se reconozca al nuevo cacique, Hugo Cristian Cabrera, y pedían ayuda alimentaria para enfrentar la pandemia), efectivos policiales golpearon a hombres y mujeres. Dos adolescentes (de 13 y 16 años) fueron heridos.

29 de abril. A las 11.30 una patota ingresó a la comunidad mapuche Buenuleo en la ladera sur del Cerro Ventana (Bariloche, Río Negro). En el marco de una disputa territorial, golpearon a hombres y mujeres de la comunidad, realizaron destrozos en las viviendas. Hirieron con un arma blanca a uno de los referentes mapuches. La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche había emitido un comunicado ante la represión del 29 de abril: “Lo que ocurrió es de una violencia institucional inusitada y una grave responsabilidad del secretario de Seguridad de la provincia, Gastón Pérez Esteban, quien es jefe político de la policía de Río Negro y de los efectivos de la comisaría 42 de Bariloche que liberaron la zona para que se produzca la agresión”.

7 de mayo. A las 8 de la mañana, la policía de Santa Fe realizó un gran operativo policial en el barrio municipal Toba de Rosario, zona oeste de la ciudad. Los efectivos rompieron puertas y esposaron a una decena de habitantes, sin explicar qué buscaban ni mostrar orden judicial. La mayor parte de las personas del barrio pertenecen a los pueblos originarios Qom y Moqoit. Además de la rotura de puertas y otros elementos de las viviendas, también denunciaron el robo (por parte de los efectivos) de electrodomésticos y de dinero en efectivo.

13 de mayo. La organización “Guardia Comunitaria Whasek Wichí” se movilizó en Sauzalito (Chaco) denunciando la complicidad policial con el tráfico de drogas y en reclamo por falta de agua potable y postas sanitarias. La policía provincial reprimió la protesta y detuvo a uno de sus referentes (Carlos José Peñaloza). Fue liberado recién dos días después, el 15 de mayo a la noche. “Me maltrataron. A la noche me sacaron toda la ropa. Me colgaron con esposas a cada mano, estaba desnudo… Toda la noche desnudo hasta el amanecer y ahí recién me dieron mi ropa. Yo nunca he visto que los policías actúen así. Para mí es un dolor. Yo no me canso, pase lo que pase, no me voy a cansar, voy a luchar por mi gente, por mi pueblo”, relató Peñaloza. La Guardia Comunitaria denunció la detención arbitraria y las torturas. También señaló que la Fiscalía de Nueva Pompeya se negó a brindarle asistencia legal. Los wichí denunciaron al Poder Judicial y al poder político de Chaco: “A muchos les molesta que denunciemos y mostremos la realidad que vivimos como pueblo y como cultura, abandonados, sin derechos. A muchos les molesta que como Guardia tengamos voz. Simplemente a muchos les molesta que existamos”.  

El racismo argentino: genocidio sin fin para los pueblos originarios. Por Darío Aranda
Miembros de una de las comunidades wichi.

14 de mayo. A las 5.30 de la mañana, más de 130 efectivos de la policía de Salta llegaron hasta un predio ubicado en la vera de la ruta 34 (Tartagal), vecino a tres barrios de mayoría indígena. El campo, abandonado por sus dueños, había sido ocupado por 150 familias que necesitaban construir sus viviendas. El desalojo fue violento, con el saldo de una decena de heridos. La policía ni siquiera permitió que las familias retiren sus pertenencias. Luego del desalojo, además,  la policía inició una persecución por los barrios Nacional, Misión Cherenta y Misión Los Tobas.

21 de mayo. La comunidad indígena Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi (Bariloche, Rio Negro), la misma donde fue asesinado Rafael Nahuel, denunció que fue agredida por la policía local, con ataques de armas de fuego y alertaron que los efectivos también provocaron un incendio. «Hacemos responsable al Estado nacional, provincial y municipal ante cualquier suceso que les pase a nuestros peñi pu lagmien. Denunciamos los montajes y la persecución, quieren que nos vayamos de este territorio tan fértil para nosotros y tan valorado monetariamente para ellos. Nosotros somos mapuche y no nos vamos por más que tengamos otro caído en el territorio, vamos a seguir firmes luchando en este lugar. Por la memoria de Rafita Nahuel seguimos resistiendo y vamos a seguir estando acá en este territorio que nos pertenece como mapuche», advirtió en el comunicado el Lof Lafken Winkul Mapu.

31 de mayo. La policía de Chaco ingresó a los golpes a una vivienda de una familia qom, en el el barrio Bandera Argentina, en la localidad de Fontana (el Gran Resistencia). El momento fue filmado con un teléfono desde adentro de la casa. Golpes de puño para hombres y mujeres. Ya en la comisaría, las víctimas denunciaron abusos a las mujeres y torturas para todos.

El racismo argentino: genocidio sin fin para los pueblos originarios. Por Darío Aranda
Los jóvenes qom atacados, golpeados e insultados este 31 de mao. Les dierron «infectados» y les tiraron alcohol amenazándolos con prenderles fuego.

“Indios infectados”, denunció la Mesa Multisectorial Feminista de Chaco que les gritaban a los qom detenidos. También precisaron que les arrojaron alcohol y amenazaron con prenderlos fuego.

En el contexto del asesinato George Floyd en Estados Unidos, con el racismo en la agenda pública internacional, los medios de comunicación porteños dieron espacio a los hechos de Fontana.

El domingo 31 de mayo en Fontana hubo una cámara que filmó la violencia policial. Una imagen puede más que mil palabras e incluso más que años de denuncias. El hecho llegó a medios provinciales, luego porteños. Quienes habitualmente no miran a los pueblos indígenas, esta vez sí dieron la noticia. Los funcionarios no pudieron mirar para otro lado.

La Secretaría de Derechos Humanos de Chaco solicitó ser querellante en la causa. Pero el gobernador Jorge Capitanich no se refirió en ningún momento sobre el accionar de su policía.

El presidente Alberto Fernández emitió un twitt el 2 de junio: “Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”.

Cinco días antes, el Presidente visitó la vecina Formosa, gobernada desde 1995 por Gildo Insfrán, que en diciembre pasado asumió su séptimo mandato consecutivo. Insfrán acumula denuncias de todo tipo, desde corrupción hasta despotismo y vulneración de los derechos humanos. En particular quedó al descubierto su accionar desde 2010, por la violencia oficial sobre la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Amnistía Internacional, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Nora Cortiñas, entre otros, denunciaron en reiterados momentos el accionar de Insfrán.

El presidente Alberto Fernández lo abrazó en público y no dejó dudas de su evaluación sobre Insfrán: «La mayor obsesión de Gildo es que sus comprovincianos vivan cada vez mejor. Eso no habla de un buen político, que lo es, habla de su gran condición humana».

El racismo argentino: genocidio sin fin para los pueblos originarios. Por Darío Aranda

   Genocidio sin Nunca Más

Desaparecidos. Torturas. Robos de niños. Campos de concentración. Asesinatos. Son acciones que ejecutó la última dictadura cívico militar en Argentina.

Un siglo antes, el Estado argentino cometió las mismas atrocidades sobre los pueblos indígenas, pero aún hoy amplios sectores de la población (y de la casta dirigente) niegan que se trate de un genocidio.

El Ejército ejecutó campañas militares hacia el Sur (quizá la más conocida, la mal llamada “Conquista del Desierto”), al Oeste y al Norte. “La Argentina se fundó sobre un genocidio”, gritan desde hace décadas los pueblos indígenas. Diana Lenton, referente de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, lo explicó ya en 2010 con destreza docente: “No sólo el Estado se construye sobre un genocidio sino que también nuestro marco de pensamiento se construye sobre el genocidio, de tal manera que no hemos salido aún de él. El genocidio realizado por el nazismo tiene fecha de finalización. El fin de la guerra, el suicidio de Hitler, los tribunales de Nuremberg. El genocidio de la dictadura tuvo una Conadep, juicios. El genocidio indígena no tiene fecha de finalización y no hay juicios”.

¿Cuál podría ser la reparación para el genocidio indígena? Lo debieran decidir las propias comunidades originarias. Pero sin dudas incluirían algo elemental para la vida: el territorio.

Justamente el territorio es lo que los gobiernos no quieren ceder a los pueblos originarios. Si hay una política de Estado en Argentina es el extractivismo (minero, petrolero, de agronegocio, forestal). Las leyes extractivas las sancionó el menemismo y se aplicaron a rajatabla durante los últimos gobiernos. Alberto Fernández en plena campaña anunció que el agro transgénico, la megaminería (de oro, cobre, plata, litio) y Vaca Muerta serían su prioridad. Y está cumpliendo esa palabra.

   “Blanquitos y europeos”

“Todos los que estamos sentados en esta mesa somos hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Esto es la Argentina”, remarcó Cristina Fernández de Kirchner en abril de 2015.

“Soy hijo de inmigrantes. Todos los somos”, afirmó Mauricio Macri en enero de 2017. Reforzó su idea en enero de 2018, en Davos: “Yo creo que la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea es natural porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos».

Alberto Fernández, en febrero de 2020, en su visita a Francia, reversionó el dicho: «No tengo empacho en decir que soy un europeísta y eso tiene que ver directamente con la historia que tenemos en la Argentina. Nuestra sociedad se formó con gente que bajaba de los barcos que llegaban de Europa».

Ante la violencia en Chaco, el Colegio de Graduados en Antropología de Argentina emitió un comunicado de repudio y preocupación ante la represión y discriminación que sufren los pueblos indígenas. “La matriz racista con la que se han sentado las bases de la Argentina ‘que bajó de los barcos’ no ha sido más que un obstáculo en el reconocimiento de las múltiples identidades que constituyen al país, y ha servido de legitimación al genocidio de los pueblos originarios”, afirmó el Colegio de Antropogía.

La abuela huerpe Paz Argentina Quiroga, de San Juan, ya lo había alertado en 2012: “Vivimos en una sociedad con aristas bien marcadas de racismo y xenofobia. Nuestras banderas son negadas porque buena parte de la sociedad argentina reniega de su origen, muchos argentinos quieren ser blanquitos y europeos. Pero a esa sociedad le tenemos malas noticias: somos pueblos preexistentes a la propia Argentina, relegados en los 200 años de conformación del Estado, y seguiremos luchando hasta que se cumplan nuestros derechos”.

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

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Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial.  Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal.  Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos  los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en  el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia. 

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

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Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes, resaltó.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.

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