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La agroamenaza sojera en Entre Ríos: “Ya le dijimos a la gente que se empiece a armar”

Publicada

hace 6 años

07/10/2019

La Coordinadora Basta es Basta denunció que un importante dirigente de una de las organizaciones de la Mesa de Enlace amenazó a los gritos a un referente del movimiento que lucha contra las fumigaciones en la provincia. Decidieron no divulgar los nombres ni hacer la denuncia penal para lograr un clima de diálogo en un contexto en ebullición: cinco fallos judiciales prohibieron las fumigaciones terrestres con agroquímicos en un radio de 1000 metros alrededor de escuelas rurales y a menos de 3000 en fumigaciones aéreas, en medio de productores que en algunos casos ya inician una transición hacia la agroecología. Desde la asamblea explican a lavaca: “Es un modelo que ya está caído a nivel económico, pero aún quedan muchos intereses en juego”.
“Yo tengo una itaka”. “Zurdo”. “Ya le dijimos a la gente que se empiece a armar”. “Cualquiera que quiera venir a prohibir las fumigaciones van a ser apuntados con armas”.
Estas son algunas de las amenazas que un dirigente de una de las organizaciones agropecuarias de la Mesa de Enlace le escupió a un integrante de la Coordinadora Por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta, a los gritos y en público en un bar frente a testigos. El contexto: cinco resoluciones judiciales que prohibieron las fumigaciones terrestres con agroquímicos en un radio de 1000 metros alrededor de escuelas rurales y a menos de 3000 en fumigaciones aéreas, luego de un recurso de amparo que presentaron el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de la provincia (AGMER), contra el gobierno provincial y el Consejo Federal de Educación.
“Están muy desesperados”, grafica a lavaca María Fernández Benetti, una de las abogadas del movimiento. “Y lo grave es que esta amenaza no fue de una persona cualquiera, sino de un dirigente de una de las organizaciones de la Mesa de Enlace, que tiene un peso: lo que él dice, lo siguen. Es una persona pública importante, no es cualquier productor. No creemos que la mayoría de los productores quieran seguir esa línea, de hecho muchos ya están en una transición hacia un modelo agroecológico, pero sí habla de la gran decadencia de los dirigentes del sector”.
Tanto en el comunicado en el que denunciaron las amenazas como en las entrevistas a lavaca, desde la Coordinadora no quieren divulgar quién es el dirigente ni quién es el amenazado. “Veníamos llevando adelante el diálogo y, por eso, nuestro compañero fue convocado al bar de una estación de servicio, pero después de una hora uno de ellos entró en un nivel de nerviosismo y se dirigió a él con mucha violencia”, explica Aldana Sasia, otra de las abogadas. “No queremos dar nombres porque estuvimos reunidos con funcionarios con el objetivo de no incentivar la violencia. Y tampoco vamos a hacer denuncia penal, por ahora, porque creemos en una mesa de diálogo”.

Qué está en juego

La resolución judicial al primer amparo no sólo despertó las críticas del lobby sojero, sino que el propio Mauricio Macri calificó de “irresponsable” la sentencia, a la que no calificó como fallo, sino como “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”.
En la primera resolución, el voto mayoritario fue el del juez Miguel Ángel Giorgio, que apuntó contra la falta de reglamentación respecto a las fumigaciones alrededor de las escuelas rurales y sostuvo que el Estado entrerriano “no pudo acreditar que una distancia menor a lo dispuesto por el juez no sea nociva para la salud”. En ese caso, afirmó, debe primar el principio precautorio ya que “falta certidumbre científica acerca del daño”. El principio precautorio indica que si algo es potencialmente peligroso, no debe usarse hasta que se demuestre su inocuidad.
Otros textuales de la sentencia:

«Hasta los galpones avícolas se encuentran protegidos con una franja de resguardo para las fumigaciones, mientras que los niños y docentes que asisten a los establecimientos educativos rurales, no lo están».
“La omisión estatal no puede ser tenida como un argumento que permita desamparar la salud de alumnos y docentes».

Política tóxica: Macri respaldó las fumigaciones cercanas a las escuelas

Explica Fernández Benetti: “El fallo aplicaba límites de 1000 o 3000 metros hasta que el Estado estableciera un límite. Ante eso, sale un primer decreto del Gobierno, que baja las distancias a 100 y 500 metros. Lo judicializamos porque es regresivo. La justicia nos vuelve a dar la razón en un segundo amparo, mientras la Corte provincial dijo que no tenía fundamentos para disminuir esas distancias. El gobierno saca un segundo decreto: insisten en 100 y 500 metros, pero suma un poco de argumentación. La Justicia vuelve a emitir un tercer amparo a favor, pero lo nuevo es que nos permitió pedir un comité de expertos. Eso fue lapidario porque logramos una prueba tremenda: presentamos 6 expertos y ellos, 2. Fue contundente: la Corte nos respaldó”.
Sasia: “Después de cinco sentencias, algunos veníamos dialogando con sectores productores para ver qué caminos se podían llegar a encontrar, para que no haya nadie perjudicado por esta medida. Siempre pensando que nos toca transitar otro año sin tener una medida política favorable y sin estimular políticas que fomenten otra producción. Entonces estamos en punto cero, como al inicio, y con una escalada de violencia y de reacción de sectores del campo”.
Desde la Coordinadora ubican las amenazas en este contexto, en el que el Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, negó la vigencia del fallo y “confundió” a los sectores agropecuarios. Sasia: “En todas las instancias donde se apela, lo que está vigente son las sentencias, y no los decretos. Rodríguez Signes salió siempre en medios públicos diciendo que los productores podían aplicar pesticidas porque decía que lo que tenía vigencia era el decreto del Estado. Eso provoca mucho enojo y confunde”.
La Coordinadora denunció penalmente al funcionario. “Por incitación al incumplimiento de la ley y poner en riesgo la salud pública. No es un tema menor: él tiene una función que el resto no. Porque si lo que él dice lo manifiesta una entidad agraria, puede ser una estrategia. Pero un fiscal, no. Y provoca lo que provocó: un caos social. Y una alianza entre la Mesa de Enlace y el gobierno”.

La deuda del lobby

Este martes habrá una movilización convocada por los dirigentes rurales hasta el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia. Sasia: “Van a cortar la avenida y exigir que la medida se amplíe a todo el territorio porque se sienten ‘discriminados’”.
¿Qué significa? Fernández Benetti: “Lo que quieren es provocar más conflicto. Que nosotros logremos 1000 o 3000 metros no soluciona el tema, porque el fallo habla solamente de las escuelas: a Juancito lo protegés en la escuela pero le permitís las pulverizaciones a 500 metros de su casa. Ellos dicen: ‘Si piden para la escuela, pidan para el resto’. Pero lo que requerimos nosotros es un consenso social, una discusión que pase por el Congreso provincial y llegue a la sociedad. Ellos tienen mucho acceso a los medios y lo que quieren es incidir mostrando que son muchos, pero el tema es que nadie discute los fundamentos del fallo: nosotros planteamos un tema estrictamente de salud”.
Las abogadas explican que desde la Coordinadora se lograron redactar propuestas, ideas y proyectos a nivel municipal y provincial, como el Foro de Agroecología. “Está totalmente frenado por el gobierno provincial. Y en todo lo que propusimos, no avanzaron en nada, y cuando anuncian capacitaciones hacia un modelo de transición, lo desactivan. Hay un lobby muy importante de CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), porque de lo que vive la mayoría es de la comercialización de los insumos”.
Las amenazas se fueron incrementando. En Paraná, una escuela debió suspender una charla porque una docente fue amenazada con que iban a ocurrir hechos de violencia. En otros casos, se llegó a ataques concretos: en Colonia Avigdor, en el departamento de La Paz, un productor golpeó en la cara a un docente diciéndole que era un activista que le impedía llevar adelante sus producciones.
Fernández Benetti destaca que hay algo más: “La mitad de los productores están fundidos, y no a causa del fallo, sino porque están endeudados. Impuestos altísimos, insumos caros. Entonces, lo que pasa, es que estamos atacando un negocio que no está brillando, sino que es un modelo que ya está caído a nivel económico. Lo que pasa es que aún quedan muchos intereses en juego”.

Lo urgente

Entre Ríos ya había dado una muestra de la resistencia social al modelo extractivo cuando la Legislatura rechazó por 29 votos a 2 una ley que favorecía a los agronegocios, una decisión que se tejió en la calle al calor de la las Rondas de los martes, y por la intervención en la Legislatura de figuras de la ciencia y la producción como el bioquímico Damián Marino, el médico Damián Verzeñassi y el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, tal como reflejó MU en esta investigación.

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La Coordinadora exige ahora instaurar algún mecanismo que promueva el diálogo, como lo hizo siempre. “Y que tenga viabilidad porque, si no, tenemos sentencias pero no garantías de que se cumplan. Y pueden seguir sucediendo hechos de violencia, mientras no hay control por parte del Estado. Por eso, se necesita sí o sí una conciliación social que aliente a que esto sea factible”.
¿Qué sucede mientras tanto? Fernández Benetti: “Hay mucha experiencia de productores grandes avanzando en la transición agroecológica. Están apostando. Los más grandes serían los que podrían hacerlo, porque tienen escala propia, mientras para los otros no hay ninguna ayuda y están remando en dulce de leche. Las ciudades y los municipios están trabajando mucho con volver a recrear los cordones hortícolas: Entre Ríos importa el 80% de las frutas y verduras que consume. Tenemos un nicho para volver a la tierra y producir nuestros propios alimentos y cultivos. Eso provocaría nuevas ruralizaciones”.
Por esa razón, desde la Coordinadora no ubican a los productores dentro de los ataques y las amenazas de algunas de las entidades del campo.
Sasia: “Lo que menos queríamos era ser víctimas de estas amenazas. Exigimos al Poder Judicial una institucionalización de algún órgano de gestión para que no haya nadie perjudicado. Eso como medida urgente: no creemos que haya otra solución porque no queremos seguir judicializando amparo contra amparo. Desde nuestro sector no hay fundamentalismo, sino un sinnúmero de evidencia científica que corroboraron cinco fallos: hay una amenaza de salud para niños y niñas que concurren a las escuelas, comprobando la existencia de daño genético. Esa es la realidad específica de nuestro territorio”.

Descargá el fallo completo acá.

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Publicada

hace 3 días

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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CABA

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Publicada

hace 4 días

06/08/2025

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Actualidad

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Publicada

hace 4 días

05/08/2025

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.