La Coordinadora Basta es Basta denunció que un importante dirigente de una de las organizaciones de la Mesa de Enlace amenazó a los gritos a un referente del movimiento que lucha contra las fumigaciones en la provincia. Decidieron no divulgar los nombres ni hacer la denuncia penal para lograr un clima de diálogo en un contexto en ebullición: cinco fallos judiciales prohibieron las fumigaciones terrestres con agroquímicos en un radio de 1000 metros alrededor de escuelas rurales y a menos de 3000 en fumigaciones aéreas, en medio de productores que en algunos casos ya inician una transición hacia la agroecología. Desde la asamblea explican a lavaca: “Es un modelo que ya está caído a nivel económico, pero aún quedan muchos intereses en juego”.
“Yo tengo una itaka”. “Zurdo”. “Ya le dijimos a la gente que se empiece a armar”. “Cualquiera que quiera venir a prohibir las fumigaciones van a ser apuntados con armas”.
Estas son algunas de las amenazas que un dirigente de una de las organizaciones agropecuarias de la Mesa de Enlace le escupió a un integrante de la Coordinadora Por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta, a los gritos y en público en un bar frente a testigos. El contexto: cinco resoluciones judiciales que prohibieron las fumigaciones terrestres con agroquímicos en un radio de 1000 metros alrededor de escuelas rurales y a menos de 3000 en fumigaciones aéreas, luego de un recurso de amparo que presentaron el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de la provincia (AGMER), contra el gobierno provincial y el Consejo Federal de Educación.
“Están muy desesperados”, grafica a lavaca María Fernández Benetti, una de las abogadas del movimiento. “Y lo grave es que esta amenaza no fue de una persona cualquiera, sino de un dirigente de una de las organizaciones de la Mesa de Enlace, que tiene un peso: lo que él dice, lo siguen. Es una persona pública importante, no es cualquier productor. No creemos que la mayoría de los productores quieran seguir esa línea, de hecho muchos ya están en una transición hacia un modelo agroecológico, pero sí habla de la gran decadencia de los dirigentes del sector”.
Tanto en el comunicado en el que denunciaron las amenazas como en las entrevistas a lavaca, desde la Coordinadora no quieren divulgar quién es el dirigente ni quién es el amenazado. “Veníamos llevando adelante el diálogo y, por eso, nuestro compañero fue convocado al bar de una estación de servicio, pero después de una hora uno de ellos entró en un nivel de nerviosismo y se dirigió a él con mucha violencia”, explica Aldana Sasia, otra de las abogadas. “No queremos dar nombres porque estuvimos reunidos con funcionarios con el objetivo de no incentivar la violencia. Y tampoco vamos a hacer denuncia penal, por ahora, porque creemos en una mesa de diálogo”.

Qué está en juego

La resolución judicial al primer amparo no sólo despertó las críticas del lobby sojero, sino que el propio Mauricio Macri calificó de “irresponsable” la sentencia, a la que no calificó como fallo, sino como “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”.
En la primera resolución, el voto mayoritario fue el del juez Miguel Ángel Giorgio, que apuntó contra la falta de reglamentación respecto a las fumigaciones alrededor de las escuelas rurales y sostuvo que el Estado entrerriano “no pudo acreditar que una distancia menor a lo dispuesto por el juez no sea nociva para la salud”. En ese caso, afirmó, debe primar el principio precautorio ya que “falta certidumbre científica acerca del daño”. El principio precautorio indica que si algo es potencialmente peligroso, no debe usarse hasta que se demuestre su inocuidad.
Otros textuales de la sentencia:

• «Hasta los galpones avícolas se encuentran protegidos con una franja de resguardo para las fumigaciones, mientras que los niños y docentes que asisten a los establecimientos educativos rurales, no lo están».
• “La omisión estatal no puede ser tenida como un argumento que permita desamparar la salud de alumnos y docentes».

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Explica Fernández Benetti: “El fallo aplicaba límites de 1000 o 3000 metros hasta que el Estado estableciera un límite. Ante eso, sale un primer decreto del Gobierno, que baja las distancias a 100 y 500 metros. Lo judicializamos porque es regresivo. La justicia nos vuelve a dar la razón en un segundo amparo, mientras la Corte provincial dijo que no tenía fundamentos para disminuir esas distancias. El gobierno saca un segundo decreto: insisten en 100 y 500 metros, pero suma un poco de argumentación. La Justicia vuelve a emitir un tercer amparo a favor, pero lo nuevo es que nos permitió pedir un comité de expertos. Eso fue lapidario porque logramos una prueba tremenda: presentamos 6 expertos y ellos, 2. Fue contundente: la Corte nos respaldó”.
Sasia: “Después de cinco sentencias, algunos veníamos dialogando con sectores productores para ver qué caminos se podían llegar a encontrar, para que no haya nadie perjudicado por esta medida. Siempre pensando que nos toca transitar otro año sin tener una medida política favorable y sin estimular políticas que fomenten otra producción. Entonces estamos en punto cero, como al inicio, y con una escalada de violencia y de reacción de sectores del campo”.
Desde la Coordinadora ubican las amenazas en este contexto, en el que el Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, negó la vigencia del fallo y “confundió” a los sectores agropecuarios. Sasia: “En todas las instancias donde se apela, lo que está vigente son las sentencias, y no los decretos. Rodríguez Signes salió siempre en medios públicos diciendo que los productores podían aplicar pesticidas porque decía que lo que tenía vigencia era el decreto del Estado. Eso provoca mucho enojo y confunde”.
La Coordinadora denunció penalmente al funcionario. “Por incitación al incumplimiento de la ley y poner en riesgo la salud pública. No es un tema menor: él tiene una función que el resto no. Porque si lo que él dice lo manifiesta una entidad agraria, puede ser una estrategia. Pero un fiscal, no. Y provoca lo que provocó: un caos social. Y una alianza entre la Mesa de Enlace y el gobierno”.

La deuda del lobby

Este martes habrá una movilización convocada por los dirigentes rurales hasta el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia. Sasia: “Van a cortar la avenida y exigir que la medida se amplíe a todo el territorio porque se sienten ‘discriminados’”.
¿Qué significa? Fernández Benetti: “Lo que quieren es provocar más conflicto. Que nosotros logremos 1000 o 3000 metros no soluciona el tema, porque el fallo habla solamente de las escuelas: a Juancito lo protegés en la escuela pero le permitís las pulverizaciones a 500 metros de su casa. Ellos dicen: ‘Si piden para la escuela, pidan para el resto’. Pero lo que requerimos nosotros es un consenso social, una discusión que pase por el Congreso provincial y llegue a la sociedad. Ellos tienen mucho acceso a los medios y lo que quieren es incidir mostrando que son muchos, pero el tema es que nadie discute los fundamentos del fallo: nosotros planteamos un tema estrictamente de salud”.
Las abogadas explican que desde la Coordinadora se lograron redactar propuestas, ideas y proyectos a nivel municipal y provincial, como el Foro de Agroecología. “Está totalmente frenado por el gobierno provincial. Y en todo lo que propusimos, no avanzaron en nada, y cuando anuncian capacitaciones hacia un modelo de transición, lo desactivan. Hay un lobby muy importante de CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), porque de lo que vive la mayoría es de la comercialización de los insumos”.
Las amenazas se fueron incrementando. En Paraná, una escuela debió suspender una charla porque una docente fue amenazada con que iban a ocurrir hechos de violencia. En otros casos, se llegó a ataques concretos: en Colonia Avigdor, en el departamento de La Paz, un productor golpeó en la cara a un docente diciéndole que era un activista que le impedía llevar adelante sus producciones.
Fernández Benetti destaca que hay algo más: “La mitad de los productores están fundidos, y no a causa del fallo, sino porque están endeudados. Impuestos altísimos, insumos caros. Entonces, lo que pasa, es que estamos atacando un negocio que no está brillando, sino que es un modelo que ya está caído a nivel económico. Lo que pasa es que aún quedan muchos intereses en juego”.

Lo urgente

Entre Ríos ya había dado una muestra de la resistencia social al modelo extractivo cuando la Legislatura rechazó por 29 votos a 2 una ley que favorecía a los agronegocios, una decisión que se tejió en la calle al calor de la las Rondas de los martes, y por la intervención en la Legislatura de figuras de la ciencia y la producción como el bioquímico Damián Marino, el médico Damián Verzeñassi y el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, tal como reflejó MU en esta investigación.

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La Coordinadora exige ahora instaurar algún mecanismo que promueva el diálogo, como lo hizo siempre. “Y que tenga viabilidad porque, si no, tenemos sentencias pero no garantías de que se cumplan. Y pueden seguir sucediendo hechos de violencia, mientras no hay control por parte del Estado. Por eso, se necesita sí o sí una conciliación social que aliente a que esto sea factible”.
¿Qué sucede mientras tanto? Fernández Benetti: “Hay mucha experiencia de productores grandes avanzando en la transición agroecológica. Están apostando. Los más grandes serían los que podrían hacerlo, porque tienen escala propia, mientras para los otros no hay ninguna ayuda y están remando en dulce de leche. Las ciudades y los municipios están trabajando mucho con volver a recrear los cordones hortícolas: Entre Ríos importa el 80% de las frutas y verduras que consume. Tenemos un nicho para volver a la tierra y producir nuestros propios alimentos y cultivos. Eso provocaría nuevas ruralizaciones”.
Por esa razón, desde la Coordinadora no ubican a los productores dentro de los ataques y las amenazas de algunas de las entidades del campo.
Sasia: “Lo que menos queríamos era ser víctimas de estas amenazas. Exigimos al Poder Judicial una institucionalización de algún órgano de gestión para que no haya nadie perjudicado. Eso como medida urgente: no creemos que haya otra solución porque no queremos seguir judicializando amparo contra amparo. Desde nuestro sector no hay fundamentalismo, sino un sinnúmero de evidencia científica que corroboraron cinco fallos: hay una amenaza de salud para niños y niñas que concurren a las escuelas, comprobando la existencia de daño genético. Esa es la realidad específica de nuestro territorio”.

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