#NiUnaMás
Observatorio Lucía Pérez: Informe octubre sobre violencia patriarcal
231 femicidios y 30 crímenes en investigación sospechados de femicidios.
89 travesticidios.
146 tentativas de femicidios.
286 infancias huérfanas.
143 marchas para exigir Paren de Matarnos, desde que comenzó la cuarentena.
13 denuncias desestimadas por la justicia previas a que Paola Tacacho fuese asesinada.
46, 12% del presupuesto subejecutado del Ministerio de Mujeres, cuando el resto del Ejecutivo supera el 74%.
0 policías sancionados por el gobierno jujeño, luego de negarse a tomar la denuncia y buscar a dos jóvenes desaparecidas en Palpalá que, tras organizarse la familia y lxs vecinxs, encontraron finalmente asesinadas.
2 femicidas linchados.
Estas son las cifras que nos indican que estamos ante un punto de inflexión de la violencia patriarcal en tiempos de aislamiento social obligatorio, una situación excepcional que requiere, eespecialmente en este tema, medidas extraordinarias.
Para las víctimas de violencia el aislamiento social obligatorio suma una dificultad más al ya difícil camino de acceso a la justicia y a programas sociales de contención y prevención. El Estado, sin embargo, no sólo no adaptó su accionar a este grave contexto, sino que delegó la atención a herramientas -teléfonos, mails, webs, zoom- sin haber garantizado previamente el acceso a esas tecnologías que la desigualdad torna inaccesibles para muchas víctimas, como consecuencia de la brecha digital, el analfabetismo, el empobrecimiento económico que produjo la restricción de actividades económicas de las poblaciones de las periferias, etc. En el marco pandémico, además, le otorgó el control territorial a una fuerza a la que no entrenó ni obligó a combatir estas violencias: las policías provinciales. Esto significó que en territorios diferentes -Jujuy, Tucumán o la bonaerense localidad de Moreno- se originaran puebladas que rodearon a aquellas comisarias que no tomaron las denuncias, no buscaron a las víctimas y que, por acción u omisión, favorecieron la fuga de femicidas.
Tampoco el Poder Judicial demuestra estar a la altura de estas urgencias sociales, algo que se hace notorio en el análisis que acompañamos de la situación de la defensa pública en denuncias de violencias de género en la Ciudad de Buenos Aires -uno de los distritos que en teoría debería tener menos barreras de acceso a la justicia- y doloroso en el caso del femicidio de Paola Tacacho, en Tucumán, en especial cuando se difunden los detalles de las 13 denuncias que realizó y los motivos por los que fueron desestimadas: el más agraviante es el que alega “falta de espacio” en el juzgado para guardar el expediente.
El resultado de todas estas irresponsabilidades de los diferentes poderes del Estado es la actual tragedia social que estamos atravesando: a la creciente cifra de femicidios se ha sumado el linchamiento de los victimarios.
Dos veces.
Ese es el punto de inflexión que queremos resaltar en este informe para remarcar así la responsabilidad que tiene el Estado sobre las consecuencias de todo lo que hace y todo lo que deja de hacer para terminar y prevenir estas violencias, y también con la esperanza de convocar a una reflexión social y urgente: pensemos en comunidad qué hacemos.
Caso testigo
Ciudad de Buenos Aires: sin acceso efectivo a la justicia
Por Cristina Montserrat Hendrickse, abogada trans.
En contexto de pandemia se verifican restricciones en la atención de los servicios de patrocinio
jurídico gratuito los que han suspendido su atención presencial sustituyéndola por medios no presenciales, a los cuales no acceden todas las víctimas de violencia, especialmente aquellas con vulnerabilidad múltiple por pobreza (Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad actualizada abril 2018, Acordada 05/2009 CSJN , Reglas 4, 15, 16 y 17). Tal situación, lejos del deber de fortalecimiento de centros de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuitos (inc. 5.1. a. del art. 11 de la ley 26485) constituye un debilitamiento que afecta el compromiso asumido por el Estado argentino de incluir medidas de acceso efectivo a los procedimientos judiciales (art. 7 inc. f. Convención de Belém do Para, reglamentados por art. 2° inc. f. de la ley 26485 y Regla 73 de las Reglas de Brasilia, Ac. 05/2009 CSJN).
También se ha verificado la persistencia de la vieja práctica de algunos juzgados, en los casos en que la víctima desconoce el domicilio preciso del denunciado, de omitir adoptar medidas para ubicar el paradero del presunto agresor -como podrían ser pedir informes a las prestadoras de servicios de telefonía celular, empleadores, etc.- y sustituirla por el requerimiento a la Comisaría del domicilio de la víctima de labrar actuaciones si el agresor viola las prohibiciones.
Este es solo un ejemplo de cómo el proceder judicial convierte una herramienta de prevención -la orden de restricción- en una mera enunciación sin posibilidad de hacerse práctica, violando así de los Principios Generales de Actuación al que se comprometió el Estado argentino en el Acuerdo de Solución Amistosa celebrado con la señora Olga del Rosario Díaz, patrocinada por la Defensoría General de la Nación en el marco de la Comunicación N° 127/2018 del registro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas aprobado por Decreto 679/2020 y que establece “…la necesidad de adoptar, ya sea en las causas civiles o penales, medidas de protección oportunas, efectivas e idóneas acordes con la situación de riesgo que enfrentan las víctimas y sus familiares, y de precisar las condiciones para su implementación, en condiciones de seguridad para la denunciante y su grupo familiar…”; y “…adoptar las medidas necesarias para la efectiva notificación de oficio a la persona denunciada de las medidas de protección dictadas…”.
Por último, advertimos deficiencias en el asesoramiento brindado a las víctimas por parte de oenegés que difunden procedimientos que el actual contexto de aislamiento torna obsoletos.
#NiUnaMás
Lucía Pérez: la trama de la injusticia

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.
Por Claudia Acuña
Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.
El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:
- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.
- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.
- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.
- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.
En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”
Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.
El doctor Gallego replicó:
“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.
El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.
En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.
#NiUnaMás
Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.
Por María del Carmen Varela
Foto: Lina Etchesuri
#NiUnaMás
38º Encuentro Plurinacional: el regreso

Por Claudia Acuña
Fotos Line Bankel
A las doce de la noche parte el micro que nos trae de regreso a Buenos Aires con el grupo de mujeres que lucen imborrables sonrisas y cachetes decorados con purpurina. La noche es para soñar y la mañana para compartir la transmisión de la asamblea que decide en qué ciudad se realizará el próximo encuentro: Córdoba.
Con el festejo llega la ceremonia que preparó la Comisión de Mística.
Estamos todas sentadas en el piso superior del micro mientras una voz encantadora nos cuenta el cuento La cabeza en la bolsa, mientras recorre el angosto pasillo mostrando las ilustraciones que dan vida a esta historia que escribió Marjorie Pouchet: la de una chica rabiosamente tímida que siempre sale a la calle con una bolsa en la cabeza, hasta que un día, regado por sus lágrimas, crece allí un jardín. ¿Qué hará entonces con esa timidez y con esas flores?
Consultar a una amiga.
Algunas compartirán en voz alta lo que ese cuento les resuena; otras sus lágrimas.
Luego, las organizadoras de la colecta para el viaje nos darán dos regalos. Cada una recibirá así una de las serigrafías creadas por el grupo de arte Vivas Nos Queremos y un pedido: que sean expuestas en lugares colectivos. El otro regalo está guardado en un sobre hecho a mano con papel reciclado. Contiene stickers, calcomanías y un papel amarillo donde nos piden que escribamos un deseo que acompañe a nuestras amigas de viaje hasta el próximo Encuentro. Una cajita de cartón recoge los mensajes y de allí cada una extraerá el suyo.
El mío:
“Seguí tus sueños, abrazá tu intuición, aferrate a tus compañeras: todo es posible”. Llegamos.


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